El editorial del diario La Nación, titulado “No más venganza” y publicado el lunes 23 de noviembre denuncia que en la actualidad están ocurriendo “nuevas violaciones de derechos humanos”. Los y las trabajadores del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti reafirmamos la legalidad y la legitimidad de los juicios avalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Estos procesos se realizan con todas las facilidades defensistas (posibilidad de apelar, recurrir a un defensor oficial), con respeto por los derechos y garantías, por la defensa en juicio y por el debido proceso.

Desde hace tiempo, el diario La Nación busca instalar que los juicios por delitos de lesa humanidad no son justicia sino venganza. Los números lo desmienten: entre 2006 y agosto de 2015 hubo 622 condenados y 307 personas fueron absueltas, sobreseídas o se les dictó la falta de mérito porque no había elementos suficientes ni para absolverlos, ni para procesarlos. El dato lo aportó Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en septiembre último durante el VIII Seminario Internacional Políticas de Memoria que se llevó adelante en el Conti. 

Desde los organismos de Derechos Humanos, históricamente, se reivindicó que el camino a seguir frente a los crímenes y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura era la Justicia. La lucha de Madres, Abuelas, Familiares e Hijos siempre fue en pos de la Memoria sin pretender venganza ni sembrar un espíritu de revancha. 

A largo del editorial aparecen conceptos como “guerra sucia”, “verdad completa” y “cultura de la venganza”, entre otros, que intentar afirmar que en estos años se construyó una memoria sesgada de la historia reciente y que legitiman la teoría de los dos demonios, refutada jurídicamente en decenas de juicios de lesa humanidad que se llevaron adelante en la Argentina desde el 2006.

En esta línea, el diario pretende aportar su visión de la historia a partir de argumentos falaces. 

Falacia 1: “…el vergonzoso padecimiento de condenados...”

El editorial de La Nación cuestiona el revocamiento de la prisión domiciliaria de varios militares de “avanzada edad”: los coroneles Carlos Saini y Oscar Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio y el almirante Antonio Vañek.

Los jueces no están obligados a conceder el beneficio de la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años. Según la ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad (26.472) el juez tiene la potestad y no está obligado a disponer la detención domiciliaria a los internos enfermos que no puedan tratarse en un establecimiento hospitalario dentro de las cárceles; a quienes padezcan una enfermedad incurable en período terminal o al interno mayor de setenta (70) años.

El uso de argumentos vinculados con la ancianidad y los problemas de salud son una estrategia constante de los abogados defensores de los imputados para demorar, obstaculizar y desalentar el avance de los juicios. Sin olvidar que decenas de represores no llegaron a ser juzgados y murieron sin condena durante los casi 20 años en que estuvieron vigentes las leyes de impunidad.

Falacia 2: “Actos de persecución” en la causa Hooft

El editorial denuncia “actos de persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro” como el juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft, investigado por su actuación durante el secuestro de un grupo de abogados laboralistas y militantes políticos ocurrido en junio de 1977, que se conoció como la “Noche de las corbatas”. El magistrado está acusado por sobrevivientes de visitar centros clandestinos de detención.

Según la denuncia penal presentada en 2006, Hooft no tramitó los habeas corpus ni las causas judiciales “a sabiendas de que” los secuestrados se encontraban en poder de las Fuerzas Armadas. En la causa “Noche de las corbatas” se investiga la actuación de Hooft en 19 casos entre los que se encuentran los del letrado Jorge Candeloro y su esposa, Marta García; y las detenciones ilegales de los abogados Norberto Centeno, Salvador Arestín, Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz de Fresneda, embarazada de 4 meses. De ese grupo, sólo sobrevivieron Marta García, Ricci y Bozzi.

Se le abrió un juicio político y en abril de 2014 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses lo absolvió y reintegró en su cargo.

El editorial habla de “nuevos ataques” que afronta Hooft. Confunden avances en la investigación con “ataques” personales: en octubre de este año, el magistrado fue citado nuevamente a declarar por presuntos delitos de lesa humanidad junto a sus ex secretarios Federico Lhomme y Ricardo Monterisi pero Hooft no se presentó y fue declarado “en rebeldía” por el juez Martín Bava aunque permanece vigente su “inmunidad de arresto”. En su estrategia defensista, Hooft denunció por falso testimonio a familiares de víctimas.

Falacia 3: “Proceso irregular” contra Néstor Montezanti.

La Nación cuestiona el “proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti”, quien fue enviado a juicio político por presuntos vínculos con la Triple A. 

La apertura del jury contra el camarista de Bahía Blanca obtuvo 11 votos a favor: se pronunciaron por la apertura del juicio todos los representantes del estamento político del Consejo de l Magistratura (diputados y senadores de la Unión Cívica Radical y del Frente para la Victoria), los abogados y una de las juezas.  Sólo dos jueces votaron en contra.

El juez Montezanti, docente y presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, es investigado por su participación en 22 homicidios cometidos por la organización paramilitar ligada al ex ministro de Bienestar Social José López Rega, la Triple A, entre 1974 y 1975.

Montezanti además había sido denunciado en numerosas oportunidades por maltrato laboral por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato.

Falacia 4: “persecución” al juez Ricardo Lona

El editorial “No más venganza” afirma que se “persiguió por más de diez años” al ex juez federal de Salta Ricardo Lona, asimilando “persecución” al hecho de estar bajo un proceso judicial.

El fiscal Francisco Snopek, probó que el ex juez Lona no investigó 11 denuncias que llegaron a su conocimiento como único juez federal de Salta, sobre desaparición de personas, homicidios y privaciones de la libertad antes y durante la dictadura. Para el fiscal, su rol fue determinante porque era el único juez federal de la provincia y le permitió “un pacto de impunidad a los represores”.

El editorial señala que Lona “se encuentra en prisión preventiva por supuestas fallas en la investigación de la muerte del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976”. El fiscal Horacio Azzolíni ubicó a Lona “en colaboración” con los autores de los hechos. Entre otras acciones y omisiones, dijo que Lona no tomó declaración testimonial a la sobreviviente y testigo, Margarita Martínez; que entregó el cadáver de Arredes sin la previa realización de la autopsia, y que dispuso el sobreseimiento provisional de la causa el 31 de mayo de 1976, sin ordenar ninguna medida de prueba, apenas doce días después de haber recibido las actuaciones en el juzgado. Los familiares de Ragone aseguran que el ex juez los traicionó: “Ese día nos dijo: no se preocupen, vamos a hacer todo lo posible para saber qué pasó. Nosotras éramos ingenuas –dijo la mujer–, porque creíamos que nada menos que este juez tenía el caso, pero resulta que a los dos meses el caso estaba cajoneado”.

Creemos que los históricos reclamos de Memoria, Verdad y Justicia, asumidos como política de Estado desde 2003,  fueron legitimados por la sociedad en su conjunto.  Los repudios generalizados a la editorial y la contundente respuesta de las y los trabajadores de La Nación frente a estos argumentos obsoletos, son un signo de la irreversibilidad de un proceso histórico que compromete a todos los argentinos.