29/03/2023
Memoria, verdad y justicia en Brasil
Una democracia colonizada por actores autoritarios
Las sucesivas frustraciones al intentar investigar y juzgar los crímenes cometidos por la dictadura cívico - militar de 1964 son parte del contexto que favorece las expresiones abiertamente antidemocráticas en Brasil, como el reciente intento de golpe del 8 de enero. Sin embargo, el modo en que el Estado está investigando este hecho puede cambiar esa situación.
El 8 de enero de 2023, una semana después de que Luíz Inácio Lula da Silva asumiera por tercera vez la presidencia de Brasil, una multitud de verde y amarillo invadió las sedes del Congreso Nacional, de la Casa de Gobierno y del Supremo Tribunal Federal de Justicia del país con la intención de impulsar un golpe de Estado. Los tres poderes del Estado Federal, símbolos de la democracia republicana, fueron violados en plena luz del día en la capital de Brasil.
Si bien la destrucción material del patrimonio público fue algo sin precedente, la violencia hacia las instituciones democráticas no germinó de la noche a la mañana, sino que fue progresiva y sistemática. Los discursos autoritarios fueron la regla durante toda la gestión bolsonarista, movimiento ideológico que combina, entre otras anomalías, la nostalgia por la dictadura y el desprecio por las instituciones democráticas.
Para comprender por qué hoy casi la mitad de los electores brasileños van a las urnas para votar a un candidato de posiciones antidemocráticas es necesario observar qué memorias se construyeron, o no se construyeron, de la última dictadura cívico militar en Brasil (1964), ya que la distancia entre la (in) justicia de transición y los actos antidemocráticos de la actualidad es más corta de lo que se suele pensar.
Nunca está demás recordar que en 2016, en el proceso de impeachment de la Presidenta Dilma Rousseff, Bolsonaro realizó impunemente un homenaje al General Brilhante Ustra en el Congreso Nacional. Dicho General fue uno de los torturadores de la Ex-Presidenta durante el periodo de su prisión política. Ustra fue el primer militar “reconocido” por la justicia brasileña como torturador; “reconocido”, ni juzgado ni condenado, cómo ninguno de los demás militares que cometieron crímenes de lesa humanidad. Bolsonaro, que al homenajear a Ustra en el Congreso era diputado, profirió su discurso de odio sin significativas pérdidas de popularidad. Dos años después se convertiría en Presidente del país.
Para comprender mejor el Brasil de hoy es necesario retroceder al período de transición de la dictadura a la democracia (1979-1988). Observar cómo una dictadura que duró 21 años se transmutó en democracia ayuda a explicar la compleja relación entre la sociedad civil brasileña y el autoritarismo.
¿Por qué los actores autoritarios se sienten cómodos en las instituciones democráticas del país? ¿Qué tipo de democracia logró construir Brasil? ¿Dónde estaban los Bolsonaristas antes de Bolsonaro?
Los actos de vandalismo llegaron hasta el Palacio del Planalto, la sede del poder ejecutivo del Gobierno Federal brasileño donde simpatizantes de Bolsonaro exhibieron sus banderas. 8 de enero, 2023. Foto: REUTERS
Aarão Reis Filho, historiador brasileño y profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Federal Fluminense (UFF), describe el periodo de transición de la dictadura a la democracia en Brasil de la siguiente forma: “se observa, finalmente, cómo se fue extinguiendo la dictadura militar en Brasil, redefiniéndose, transformándose, transitando hacia una democracia sobre formas híbridas, cambiando de piel como un camaleón cambia de color, en una lenta metamorfosis, a punto de provocar polémicas respecto de cuándo, efectivamente, terminó.”
En el texto, publicado en 2011, Aarão critica la idea de que hubo una ruptura drástica entre el pasado dictatorial y el presente democrático; para el autor el proceso de transición en Brasil fue lento y complejo. La dificultad de identificar cuándo termina la dictadura y empieza la democracia se debe a que muchos de los liderazgos y mecanismos de poder político, jurídico, económico y militar del período dictatorial se mantuvieron en las estructuras de la débil y jóven democracia brasileña. Más aun, según el autor, “de la dictadura se hizo democracia como un parto sin dolor, sin grandilocuencia, cordialmente, brasileramente".
Entiéndase “brasileramente” como ausencia de justicia y de reformas estructurales. El problema en cuestión es que así como no existe parto sin dolor, no existe democracia sólida desatendiendo a los tres pilares que la sostienen: memoria, verdad y justicia.
La (In) Justicia de Transición
En Brasil, desde la redemocratización, fue negado a las víctimas de la dictadura el derecho a la justicia. A pesar de haber avances en lo que se refiere a la memoria y verdad, la justicia no entró en pauta, ya que responsabilizar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad implicaría cruzar la línea de la “cordialidad”, tan característica de la transición de la dictadura a la democracia en Brasil.
Es sabido que el Estado es un actor privilegiado en la construcción de políticas de memoria ya que, en términos prácticos, es quien tiene la facultad de investigar, juzgar, producir discursos en nombre de la sociedad civil, crear espacios de memoria, gestionar las informaciones disponibles en los archivos públicos, entre otras atribuciones.
Así como el Estado puede ser un socio en las políticas de memoria junto a la sociedad civil, este también puede operar en camino contrario, sistematizando el olvido. Según Nadine Borges, Doctora en Sociología y Derecho por la Universidad Federal Fluminense (UFF), el Estado brasileño promueve lo que ella llama “comando del olvido”. Para Nadine, el olvido fue impulsado por el Estado brasileño y sectores significativos de la sociedad civil que buscan producir un apagamiento de la memoria de las víctimas de la dictadura civico -militar.
Acto por la Ley de amnistía en la Praça da Sé, en São Paulo. Foto: Ennco
El principal ejemplo del “comando del olvido” según Nadine es la Ley de Amnistía de 1979, que hasta la actualidad garantiza impunidad a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.
La Ley de Amnistía, que nació de la lucha de los familiares y perseguidos políticos por una amnistía “amplia, general e irrestricta”, terminó siendo apropiada e interpretada de forma controversial por sectores autoritarios en búsqueda de impunidad.
La falta de vocación política para juzgar a los crímenes perpetrados durante la dictadura se hizo evidente en la resistencia de los tres poderes a recurrir al derecho internacional para anular las amnistías concedidas a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Se desarrollaron complejas discusiones dogmáticas que en las entrelíneas camuflaban la inclinación al olvido.
La Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMDP), realizada en 1995, fue la primera vez en la historia de Brasil que se reconoció que hubo personas muertas y desaparecidas durante la dictadura militar, hecho que ocurrió 10 años después del fin de la dictadura.
A pesar de haber realizado avances considerables, la Comisión no recuperó la consigna de justicia y se limitó a lo que se refiere al acceso a la verdad. La CEMDP tenía el deber de canalizar esfuerzos para la localización de los cuerpos de las víctimas y emitir dictámenes sobre los requerimientos relativos a los pedidos de indemnizaciones formulados por familiares de los muertos y desaparecidos políticos.
Sin embargo la Comisión tenía limitantes en el proceso de justicia y verdad, ya que no disponía de autoridad para solicitar documentos públicos clasificados como secretos, lo que acotaba la investigación de los delitos. Tampoco tenía jurisdicción para convocar testigos y no podía escuchar personas bajo la cláusula de confidencialidad. Por último, también estaba inhabilitada para requerir protección a personas bajo riesgo o amenaza, lo que limitaba la posibilidad de obtener testigos que estaban bajo amenaza. Dado las mencionadas
limitaciones, la Comisión se centró en la posibilidad de ofrecer solamente reparación económica a las víctimas.
Ya en los años 2000, durante el primer año de Gobierno de Dilma, fue realizada la mayor política de memoria de la dictadura, que consistió en la creación de la Comisión Nacional de la Verdad-CNV que, de forma inédita, tenía el papel de reconocer a las víctimas y verificar la responsabilidad del Estado y de otras instituciones involucradas en crímenes de lesa humanidad. Con atribuciones mucho más amplias que las comisiones que la antecedieron, como la CMDP y la Comisión de Amnistía, la CNV posibilitó un mayor acercamiento a la verdad, siendo el principal paso, con todas sus limitaciones, en la historia del país para la construcción de la memoria de la dictadura.
El hecho de que una investigación minuciosa de los crímenes de la dictadura fuera realizada recién en 2012 evidencia que el Estado, responsable por investigar los crímenes de la élite política, jurídica, económica y militar, fue omiso en sus facultades. Es importante mencionar que el Informe Final de la CNV fue titulado como "Memoria, Verdad y Reconciliación". La formalización de la reconciliación impone límites morales a la sociedad brasileña. El informe, que contenía centenas de nombres de torturadores que no fueron juzgados y condenados por los crímenes que cometieron, entre ellos, el mencionado General Ustra, evidencia que solo el eje memoria y verdad son insuficientes para la construcción de una democracia sólida.
Tener acceso a la memoria y a la verdad sin justicia genera un sentimiento colectivo de impunidad. Nombrar los autores de desapariciones forzadas, ocultamiento de cadaveres, tortura y muerte y no juzgarlos es típico de “olvidadores”. Mario Benedetti, poeta uruguayo, en su libro El Olvido Está Lleno de Memoria, realiza un alerta en forma de poesía sobre la diferencia entre olvidadizos y olvidadores. Los olvidadizos serían los desmemoriados, que se olvidan por distraídos. Ya los olvidadores son los que manejan la “falsa amnesia”, que se llevan por “las taras del olvido”, “la amnesia de los impiadosos".
Manifestantes presionan ante el Congreso por la Ley de Amnistía. Foto: Archivo Público del Estado de São Paulo. Fuente: Agencia del Senado
El Regreso del Partido de los Trabajadores y la Memoria
Actualmente, el escenario es de optimismo entre las alas progresistas. Después de 4 años de ausencia de diálogo entre gobierno y organismos de derechos humanos, lo que se espera es un reposicionamiento de la agenda. ¿Cuál será el lugar de las políticas de memoria en el gobierno de Lula? Las decisiones tomadas tras el intento de golpe son importantes tendencias de lo que se vendrá. Si por un lado el escenario es bastante hostil, teniendo en cuenta que hace muy poco tiempo el país pasó por un intento de golpe, por otro, el tema justicia con respecto a los militares está en debate público. El Ministro de Justicia y Seguridad, Flávio Dino, afirmó que los militares que participaron del intento de golpe del 8 de enero de este año serán responsabilizados. Habló de punir no toda la institución, sino dar nombre y apellido a los involucrados.
Por otro lado, el Ministro del Supremo Tribunal Federal de Justicia de Brasil Alexandre de Moraes determinó que es competencia de la Corte procesar y juzgar los crímenes del 8 de enero, independientemente de si los investigados son civiles o militares. Moraes también autorizó a la instauración de una investigación de parte de la Policía Federal para apurar eventuales crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar del Distrito Federal.
En lo que se refiere a lo simbólico, el avance está asegurado. Un ejemplo de esto fue la iniciativa del Núcleo del PT en Argentina que organizó, durante la campaña de Lula, el Encuentro con los Organismos de Derechos Humanos. En esa ocasión, el núcleo del PT en Argentina, país con el mayor número de electores brasileños en latinoamérica, organizó una visita guiada a la casa de las Abuelas de Plaza de Mayo a cargo de Guillermo Amarilla, nieto restituido. En el encuentro también fue organizada una mesa de diálogo con representantes de distintos organismos de Derechos Humanos de Argentina.
El gran desafío es cruzar la línea de lo simbólico e investigativo hacia la justicia retroactiva. Una de las principales demandas con respecto a la memoria de la dictadura es la revisión de la Ley de Amnistía. El desafío es saber si Brasil seguirá reciclando estructuras viejas o si va a caminar en dirección a transformaciones estructurales. Que la memoria sea un hábito, que la verdad sea un valor y que la justicia sea un derecho.
Paula Rosanne Da Silva Batista
Licenciada en Relaciones Internacionales y maestranda en HistoriaEconómica. Guionista y presentadora del podcast Memória PopularBrasileira.
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