Para quien los mida en tiempos históricos, esos que cuentan las grandes transformaciones a lo largo de la historia de la humanidad, la propia del patriarcado que lleva miles de años, una década es casi nada. Para quien se adentre en los 10 años de vigencia de la ley de matrimonio igualitario (MI) y la radicalidad de los cambios que produjo en las bases del sistema de poder entre géneros que oprime a las mujeres y a todas aquellas subjetividades que desafíen el rol binario varón/mujer, ha pasado mucho y muy bueno.

La ley de matrimonio igualitario significó la protección del Estado para un porcentaje de la sociedad argentina que en base a ningún argumento objetivo sino porque sí, estaba vedada para acceder a derechos básicos de salud, seguridad social, patrimonio, conformación de una familia con hijes, entre muchos otros, y a derechos inmateriales, subjetividades y simbolismos, que se derivan de una relación afectiva conyugal.

Sin embargo, no se trató solamente de derechos concretos -que impactaron mayormente a la población LGBT con menos recursos económicos- sino de ingresar a la ciudadanía, de irrumpir como sujeto político y de la libertad de poder ser quien se es a viva voz.

Aquel proceso social y parlamentario, además, sacó del closet a casi la totalidad de los sectores políticos. Junto al movimiento LGBT se encolumnaron sindicatos, otros organismos de derechos humanos, universidades, colegios secundarios, colegios profesionales, artistas, deportistas, periodistas y hasta sectores de distintos credos religiosos. Se trató de una de las claves de su aprobación.

Las diversidades sexuales e identidades de género no hegemónicas hemos sido siempre objeto de estudio y, como tal, se nos ha venido desautorizando estructural e históricamente desde la religión -como pecado-, desde el derecho penal -como de delito-, desde las ciencias incluyendo a la psiquiatría y la psicología -como enfermedad-.

La plaza de aquella noche del 14 de julio, los amparos judiciales anteriores, las parejas besándose, la sociedad que de repente recordó que su familiar, amiga/o, compañera/o de trabajo, peluquera/o, medico/a, artista preferida/o, científica/o era lesbiana, gay o bisexual o trans, fue contundente y demoledora. Nadie, o casi nadie, deseaba vivir en un país indigno. Esto también fue clave para que el Senado no tuviera margen para un voto negativo.

Se hace camino al andar

Resulta que, para empezar, la institución civil con la que el Estado legitima qué es, y qué no, familia, la modalidad más formal da origen a una nueva rama en el árbol genealógico, ya no se basa en el consentimiento conyugal de un varón y una mujer, sino que puede haber consentimiento conyugal entre dos mujeres o entre dos varones, y la cuestión entonces es que ya no es un requisito conyugal la existencia del varón “pater familia”.

Y seguidamente, la pregunta por el acto, ese de la consumación de esa unión, el sexual, desestabiliza ya por completo la institución matrimonial clásica: resulta que ahora que es para todes, que al Estado lo que es del Estado –de verdad- y a la Iglesia lo que es de la Iglesia, el acto sexual y la reproducción son asuntos separados, no ya en la intimidad, que lo son hace mucho claro está, sino en la ley. No porque se hubiera eliminado como requisito legal, no lo era, sino porque ahora la ley no permitía sostener ese mandato.

La cuestión es que esas dos rupturas que sembró la ley 26.618, matrimonio entre iguales y no solamente como cristalización de una relación de desigualdad entre géneros, y acto sexual -reproducción como asuntos separados, cosecharon frutos antipatriarcales muy rápidamente.

Dos años luego de su aprobación, el Boletín Oficial publicaba la ley de identidad de género (LIG) y la ley 26.682 de acceso a las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). Hasta la ley de identidad de género y la incorporación de la 3er fuente filial por técnicas de reproducción humana asistida (TRHA), no existían en el ordenamiento jurídico leyes que otorgaran efectos al deseo y a lo volitivo, la voluntad. Y mucho menos que éstos primen sobre lo biológico.

A lo largo de sus 15 artículos, la Ley de identidad de género, se ocupó de no contener las palabras “trans” o “travesti” o “transexual” o “transgénero” eligiendo no cerrar terminología para declarar el derecho humano a autopercibirse y expresarse en el género deseado.

La ley 26.682 de TRHA logró sancionarse, luego de la de MI, habiendo proyectos presentados desde fines de los ´80 y al saldarse como una ley que reconoce a las TRHA como un medio para acceder al derecho a la salud reproductiva por sobre la idea del derecho a la cobertura de una enfermedad.

Profundicemos un poco más sobre estas afirmaciones, y sobre cada una de estas dos normas y su relación con aquellas dos rupturas que produjo en nuestra legislación la 26.618. Para quienes el acto sexual en el matrimonio tiene como fin la reproducción, la dificultad o imposibilidad de que ello ocurra “naturalmente”, bien merece la categoría normalizadora de “enfermedad”, aun cuando en muchos casos sea tan solo un diagnóstico “clínico”, es decir, una determinada cantidad de tiempo en que se tienen relaciones sexuales y no se consigue la consecución de un embarazo.

Y adscribiendo a una definición similar, la inmensa mayoría de los proyectos presentados en el Congreso, por no decir todos, establecían como requisito para la cobertura la declaración de la infertilidad como enfermedad. Hasta que se tropezó con las organizaciones LGBT con el simple pero contundente argumento de que ese requisito de “diagnóstico de infertilidad” discriminaba, excluía del acceso a la cobertura de las TRHA, a las parejas de lesbianas y a aquellas personas que querían conformar una familia monoparental, como las mujeres sin pareja.

Al abandonar el deber ser de sesgo biologicista al que acostumbra la medicina, y dejar de prestarse al sostenimiento de ideales y mandatos sociales de cómo debe constituirse una familia, ha liberado de esos mandatos no solo a las identidades disidentes sino también a las parejas heterosexuales.

Acá la medicina, y en particular la psiquiatría y la psicología -en sus corrientes dominantes- son responsables directas del daño a la salud mental de personas cuyas identidades han patologizado. Y han podido hacerlo sostenidas y sosteniendo el paradigma biologicista sobre el que se construye el ocultamiento de la construcción social de los géneros, y el doblegamiento de la voluntad personal irremplazable de cada quien para autopercibirse sin la intromisión de terceros. Han contado y abonado, claro, con sociedades que naturalizan la desigualdad de géneros y con ella los géneros mismos.

En 2014, sin dar respiro, y solo contando lo que ocurrió en clave de las leyes que fueron acompañando y consolidando lo que ocurría puertas afuera del Congreso, se sanciona un nuevo Código Civil y Comercial. Este nuevo texto que nos regula en tanto personas y en nuestras relaciones receptó estos avances y protegió a distintas diversidades familiares, el derecho de las mujeres y de la niñez.

Al existir ya la posibilidad de hacerlo en una pareja de lesbianas, se habilitó la colocación del apellido de la mujer en una unión heterosexual en cualquier orden para inscribir a les hijes. Se introdujo la adopción por integración incorporando las figuras de padre o madre “afín” al garantizar la adopción de hije del cónyuge, permitiendo que un/una niña/o tenga tres filiaciones.

Por su parte, la voluntad procreacional es la columna vertebral de la filiación por TRHA, es decir, quien o quienes expresen su voluntad de engendrar un hije serán su o sus progenitores, sin importar el dato genético.

Y si nos podíamos casar, tener hijes, etc, que no pudiéramos donar sangre fue ya injustificable, porque sanitariamente ya lo era hacía bastante, no se trata de personas de riesgo sino de prácticas, pero ahora que no éramos ciudadanos de segunda, tuvimos más fuerza para conseguirlo.

Los desafíos

Tenemos por delante lograr que la Educación Sexual Integral (ESI) sea efectivamente implementada en todas las jurisdicciones sin restricciones. Además, abandonar el eje de la Ciudad de Buenos Aires y profundizar todos estos avances en las provincias, donde aun existe muy dispar aplicación de las leyes igualitarias. Debemos desarmar la violencia institucional, sobre todo la que se da en el ámbito de la salud, la justicia y, principalmente, en las fuerzas de seguridad.

Hay que acompañar el desarrollo del debate por las identidades no binarias. La libertad se trata, quizás, de poder imaginarlas. ¿Y dónde dice la LIG que los géneros son dos? si afirma que son tantos como autopercepciones posibles. Ya existen fallos judiciales, proyectos legislativos y el proceso de debate está abierto.

Sin embargo, el principal desafío es el aborto legal, seguro y gratuito porque lo que está en juego aquí es quizás la dominación más profunda y el mayor disciplinamiento para nuestros cuerpos, que naturaliza su apropiación.

Y acá es donde sumamos nuestra experiencia como grupo disidente de los mandatos biologicistas y patriarcales. Las personas LGBT sabemos de la condena a la clandestinidad, de falta de acceso a la salud, de violencia institucional, del castigo de la justicia, del desprecio social y de las violencias hacia nuestros cuerpos e identidades. En esta lucha, se engloban todas nuestras luchas.

Por ello, demandamos que el Estado respete la voluntad de quien gesta sobre sí misma, y por lo tanto sobre su cuerpo. Le demandamos al Estado que reconozca nuestra capacidad indelegable de decidir. Ello significaría que las mujeres y demás cuerpo gestantes dejemos de ser objetos para el Estado; objetos de mandatos religiosos, de maternidades obligadas, de mandatos de reproductivos.

Así como a las lesbianas se nos reconoció el derecho a conformar una familia en comaternidad, sin discriminaciones, así como puedo ser madre de mis dos hijas, sin haberlas gestado en mi vientre aún pudiendo hacerlo porque el deseo con mi compañera fue que ella las gestara, así como reivindico esta voluntad, este derecho a otras maternidades, reivindico el derecho a no ser madre.

Estamos discutiendo acá de política; no del comienzo de la vida, no de cuestiones médicas, psicológicas, biológicas, o en todo caso de todas ellas en tanto discursos de poder sin capacidad crítica, de una política que se esparce como control y dominación de nuestros cuerpos y nuestros deseos.

Este debate debe saldarse a favor de la libertad; la criminalización ya demostró su rotundo fracaso, porque ese es el resultado inevitable cuando se pretende arrebatar a las mujeres, como a cualquiera, su autonomía, su libertad.

Y finalmente, el legado a las nuevas generaciones. A 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, podemos estar absolutamente todes orgullosxs como sociedad de haber construido y seguir colectivamente profundizando un país con mayor libertades, menos violencia y, por qué no, con más amor.

*Abogada, periodista, activista lesbiana feminista de 100% Diversidad y Derechos.