Son las dos de la mañana, la humedad de la noche no parece molestarle a Fefo Velasco, uno de los socios del centro cultural La Gran Jaime. Está terminando de ordenar la barra, es 1 de abril, la noche inaugural en la que el espacio vuelve a funcionar después de dejar atrás el edificio de Matienzo 2424. Fefo es músico, tocó un par de veces con su banda Trapem ahí y llegó a socio transpirando durante tres años como empleado para mejorar el espacio. Está agotado, pero feliz. Y hoy La nueva Gran Jaime en Villa Crespo se llenó.

Fefo se relaja, organiza la grilla de programación, se toma una Imperial, pero un amigo viene hacia él. “Hay unos inspectores en la puerta”, le dice. La cara se le transforma en cuestión de segundos, sabe que las noticias no son buenas. Está pensando qué va a contestar cuando uno de los inspectores le haga la misma pregunta que a los otros 300 encargados de centros culturales de Buenos Aires:

 -¿Cuál es la actividad principal de este espacio?

En milésimas de segundo, Fefo consulta en su catálogo mental de nombres que contengan la palabra cultural. ¿Club Cultural? ¿Centro Cultural? ¿Espacio Cultural? Finalmente se decide por las palabras que están escritas en su habilitación.

-Teatro independiente-, responde, mientras busca el trámite en una carpeta recién estrenada.

Como en una serie policial estadounidense, un agente hace de bueno y el otro de malo (si es que se puede llamar bueno al otro). El malo lo mira fijo y no se le mueve una pestaña. Ordena:

-Mostrame el plan de evacuación.

El bueno no desvía su mirada del papelerío. Fefo le explica que al ser un centro cultural con capacidad para menos de 100 personas, según la Ley de Salas de Teatro Independiente (N- 2147, artículo 19) sólo necesita un plano de evacuación, que no es lo mismo que un plan de evacuación. El inspector se queda pensando, mira a su compañero y con un gesto cómplice le dice que va a volver la semana próxima, que por favor tenga preparado aunque sea un papel con el trámite iniciado. A Fefo le empiezan a caer gotas por la frente. “Otra vez sopa”, piensa, mientras vuelve a la barra y los inspectores se alejan. No pasan ni cinco minutos. Le vuelven a tocar el timbre. “Che, sabés que me olvidé de anotar un número en el aviso de visita”, le dice el inspector bueno. Fefo no entiende nada, pero busca la carpeta que acababa de cerrar, ve el aviso de visita y se lo entrega.

-A partir de este momento este papel no tiene más vigencia y te voy a tener que clausurar. Me acaban de llamar de la central y te tengo que clausurar sí o sí.

Fefo no lo puede creer. “Es muy desleal lo que pasó, yo confié en que le faltaba un dato y me boludeó en la cara porque lo apretaron por teléfono”, dice ahora. El bueno y el malo se encerraron en la camioneta ploteada con las siglas AGC (Agencia Gubernamental de Control, el organismo responsable de habilitar, inspeccionar y sancionar por infracciones a todos los locales comerciales de la ciudad) para redactar la clausura. Al mismo tiempo, llegaban la Metropolitana, la Federal, con un fondo de varios vecinos de Aráoz al 800 que salían a ver lo que pasaba en el barrio.

Las nuevas listas negras

El Teatro del Perro, el Café Vinilo, Vuela el Pez, La Oreja Negra, el Teatro Mandril, el Café de los Patriotas, Casa Brandon, La casa de Teresa, El Emergente, El Quetzal, La vieja guarida, La Casona de Humahuaca, Compadres del Horizonte, y sigue. La lista de nuevos espacios culturales autogestionados que fueron clausurados al menos una vez en los últimos dos años es larga y no termina ahí.

El primer párrafo de la Ley de Centros Culturales sancionada el 18 de diciembre de 2014 por unanimidad en la Legislatura porteña dice que tiene esa denominación “cualquier espacio experimental o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas que deriven en espectáculos de interpretación directa; pueden ser obras de teatro de cualquier género, espectáculos de danza, clases de lectura o fotografía y demás actividades relacionadas con el arte. En estos espacios, además, pueden realizarse talleres o dar clases en cualquier parte del establecimiento”. La ley está aprobada. Lo que sucede es que para cualquier rubro nuevo habilitatorio no sólo hay que modificar el Código de Habilitaciones sino también el de Planeamiento Urbano, cuyo principal propósito es regular cuestionadas relacionadas con las habilitaciones, organización del tejido edilicio y distribución de usos. Esto quiere decir que normaliza dónde se puede o no hacer una actividad determinada y, entre otros puntos, si tiene impacto ambiental o no. La incorporación de la ley a Planeamiento Urbano implica un procedimiento de Doble Lectura; un proyecto de ley se tiene que aprobar, después someter a una audiencia pública y, por último, se tiene que volver a votar. La Ley de Centros Culturales se encuentra en ésta última instancia.

Para el sociólogo especialista en cultura joven y autor de una tesis sobre cultura emergente, Julio César Barcala, un centro cultural visibiliza que la esencia misma de la cultura es pública, que lo que uno hace tenga repercusión social. Y agrega: “Que sean independientes y autogestivos significa un reto mayor para los productores y los artistas porque deben remarla y promocionarse solos para tener llegada al público”.

Se estima que actualmente existen más de 300 espacios culturales autogestionados en la ciudad de Buenos Aires. No existen datos oficiales porque el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires no aprobó un presupuesto para realizar un censo presentado por la organización que nuclea a los centros culturales. De esos 300 espacios estimados, al menos 200 fueron sistemáticamente clausurados durante los últimos dos años.

Los tiempos cambiaron, la cultura cambió, los artistas y productores apostaron a abrir nuevos espacios de expresión. Pero las leyes quedaron desactualizadas. Ninguna de las habilitaciones municipales vigentes contempla las actividades que se desarrollan en un centro cultural. La mayoría de estos espacios funcionan de acuerdo a las leyes de las Salas de Teatro Independiente (Nº 2147 y 2542 -años 2006/7-) que además de ser la que más se acerca a los requerimientos del centro cultural, permite al espacio iniciar las actividades al otro día de comenzado el trámite. Pero la realidad es que hay un vacío legal para su regulación y, según explica Barcala, “que todo el mundo esté utilizando la habilitación de salas de teatro no está bueno porque cuando los funcionarios inspeccionan un teatro independiente que en realidad es otra cosa ya los miran de otra manera”.

Por un lado quedó la nueva forma de hacer cultura, y por el otro, el Gobierno de la Ciudad, con cara de villano, porque la AGC, clausura por las dudas y, en algunos casos, porque sí. Se plantean entonces dos preguntas centrales: ¿cuál es el conflicto entre los espacios culturales y el Gobierno de la Ciudad?, ¿de qué manera los ampara la nueva Ley de Centros Culturales?

Del cajoneo a la iniciativa popular

Algunas semanas insistiendo y varios mensajes “vistos” fueron necesarios para que Claudio Gorenmann tuviera el tiempo para dar una entrevista. Esto habla de la repercusión social que alcanzó el tema en la ciudad. Gorenmann es uno de los principales impulsores de la ley. Es el fundador, director y abogado del Club Cultural Matienzo, además de la cara visible dentro del Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA), organización que creó junto a otros 20 representantes de centros culturales independientes para defender la cultura emergente. A su vez, existe una agrupación madre, Cultura Unida, que reúne y organiza a los artistas por ámbito (músicos, actores, poetas). En 2011 redactaron una primera versión de la ley, pero con bastante desconocimiento de la dimensión del problema. Para Gorenmann, más que una ley era un parche. “Ese primer proyecto entró a la legislatura y se cajoneó. Después estuvimos casi todo el 2013 debatiendo punto por punto otra versión más concreta de la ley. Nos tomamos el tiempo para que fuera sólida, entendimos que había una coyuntura política que íbamos a tener que sortear (el PRO tiene mayoría en la Legislatura), así que decidimos meter el proyecto no a través de algún legislador sino por medio de una iniciativa popular, más participativo”.

Había que juntar 40 mil firmas, sin plata ni apoyo de ningún sector político, pero lo lograron en una semana y media, con un nivel de impacto impresionante y con el gran empuje de las redes sociales. Más tarde, en julio de 2014, se generó una seguidilla de clausuras: casi un centro cultural por día. Plan de evacuación, centímetros de las puertas, ruidos molestos, los motivos de las clausuras se repetían y los productores empezaron a acudir a Abogados Culturales, otra organización que lidera Gorenmann cuyo objetivo es capacitar, asesorar y ayudar a los centros culturales en el proceso habilitatorio y personería jurídica.

Así fue como la tarde del miércoles 13 de agosto de 2014 la vereda de la Jefatura y el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad se llenó de docentes, vecinos, productores, bailarines, actores, estudiantes bajo el lema “La cultura no se clausura” para hacer visible el conflicto. “Hacedores y espectadores” -como se autodenominaron en la página oficial de Facebook-, eran cientos de personas frente al edificio de Avenida de Mayo 525 reunidas en defensa de los centros culturales autogestivos. La marcha fue tan masiva que las agrupaciones políticas se acercaron a MECA. “El interbloque compuesto por Seamos Libres, Nuevo Encuentro, Frente Progresista y el Frente Para la Victoria decidieron acompañarnos. Nos dijeron que el tema estaba políticamente candente y que iban a proponer el proyecto de ley con nosotros o sin nosotros. A partir de ahí, con 20 legisladores de 60 a nuestro favor, todos los partidos presentaron un proyecto. Ése fue el proceso de iniciativa popular en octubre de 2013 y finalmente en agosto de 2014 ingresó el proyecto de ley con las 20 firmas de los legisladores”, explica Gorenmann.

Ecos de Cromañón

Los 194 muertos de Cromañón y el derrumbe del boliche Beara en 2010 dejaron una herida abierta en la sociedad argentina que hoy le duele a los espacios culturales. Como analiza el sociólogo Barcala, “Que los centros culturales sean los herederos de Cromañón es un discurso que está instalado, el público y los medios lo ven así. Se evidenció que la falta de regulación llevaba a la muerte, a la tragedia y a la desidia del gobierno. Sucedió en un recital de rock de clases populares, lo que marcó el fin del rock chabón”. Barcala se refiere al fenómeno cultural que se dio en distintos locales bailables de Capital y el conurbano desde fines de los años 90 cuyo epílogo fueron las 194 muertes. El miedo a otro Cromañón parece ser una razón de las clausuras. Sin embargo Barcala está convencido de que nada asegura que no vuelva a suceder otra tragedia. “Son otros comportamientos sociales -dice-. A los pocos días de la tragedia, Fito Páez declaró: ‘esto es lo que pasa con estos muchachos que están con la bengala saltando, eso a nosotros no nos pasa’. El incidente se trató como una división de clases en la que el rock chabón era el culpable de lo sucedido. La gente popular era la responsable de la tragedia”. En los años ’90 las clases populares le arrebataron la hegemonía del rock a la clase media y ahora los escenarios independientes revirtieron la situación. Se volvió a relegar a las clases bajas a la cumbia y el folklore. Barcala remarca que la cultura independiente es para gente de clase media, híper educada, que tiene una facilidad de manejo de la información y una educación que no generaría un avasallamiento como el que se dio en 2004.

El caso de Beara, donde murieron dos chicas por el derrumbe de un entrepiso, fue el primero en la historia de la ciudad en que los funcionarios porteños fueron acusados por las fallas en los controles. Martín Farrell y Pablo Saikauskas, ex empleados públicos porteños lograron un sobreseimiento que luego fue revocado por la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

A partir de estos dos hechos clave, la actividad de los boliches pasó a ser de alto riesgo. La AGC fue endureciendo las inspecciones y las condiciones para que estos lugares permanezcan abiertos. También, según Gorenmann, “se fue metiendo toda actividad nocturna en una misma bolsa”.

El director del Club Cultural Matienzo explica que están intentando lograr instancias de trabajo para demostrarles a las autoridades de la AGC que si un centro cultural es clausurado arbitrariamente o por causas que realmente no justifican tal medida, significa una pérdida enorme, tanto económica como artística, porque los ingresos que manejan estos espacios son tan exiguos que una clausura los arruina económicamente. Lo mismo sucede con los artistas a los que los productores les tienen que cancelar una y otra vez porque no saben cuándo van a poder volver a abrir. “Hace 10 años para poner un centro cultural tenías que estar en una zona transitada, había que contratar un prensa, un programador, había que conocer a la gente del medio, volantear e invertir en un gran presupuesto. Hoy un centro cultural son tres amigos, la casa del abuelo y un Facebook. Realmente nacen así. También se cierran así”, aclara Gorenman.

Martin Arcidiacono, de Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de la AGC, no para de recibir llamados de los medios. A todos les dice lo mismo: “No hay un problema entre la AGC y los centros culturales, es un conflicto que ocurre en un plano mediático”. Cree que lo mismo podría pasar con los restaurantes si la gente y los medios se pusieran a analizar la cantidad que se clausuran, porque así también parecería que están enemistados con ellos. Y reconoce, por supuesto, el cambio de paradigma social y cultural, pero asegura que aún no se reestructuró el sistema para que se pueda accionar de una manera más equitativa. Arcidiacono considera que se viene dando un fenómeno social que aún está siendo analizado, “pero nosotros hacemos nuestro trabajo, no estamos para ponernos a dar notas ni explicar una y otra vez el porqué de nuestro accionar. Los directivos se dedican a hacer su trabajo, los inspectores también, seguimos un procedimiento estipulado. Cumplimos un operativo de control y si el centro cultural no lo cumple, se clausura”, aclara. Les toca ser los malos de la película, pero como dice Gorenman, “la clausura no es un castigo, es una medida preventiva cuando se está poniendo en riesgo a la gente, se cierra el lugar porque se está poniendo en peligro real la seguridad de las personas. Se trata de medidas preventivas, solo que a veces extremas”.

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De hecho, el líder de MECA cuenta que tuvo roces con sectores de la cultura cuando le pidieron que la ley incluyera un artículo de resguardo para los centros culturales organizados en casas tomadas. Tuvo que apoyarse en el argumento real de que actualmente la ciudad es gobernada por el PRO, y es muy probable que la gobierne durante cuatro años más. Entonces, ante este panorama, propone una ley que sea factible en la realidad actual. Según Gorenmann, acceder a ese pedido es “matar una ley que necesita el 95% de la ciudad, es cierto que van a estar en offside, pero ésta es la mejor ley que se puede crear hoy”.

-¿Existen intereses políticos y económicos de parte del Gobierno de la Ciudad?

-Por supuesto -dice el fundador del Club Cultural Matienzo-, existe un sistema de multas y recaudación del que la AGC depende. No dejemos de lado la obviedad de que la AGC responde a intereses de la administración de Mauricio Macri en la ciudad. Un jefe de gobierno que no comparte las mismas formas de ver la cultura que el gobierno nacional... no es un dato menor.

Con ley, sin ley, a media ley

Para Pablo Ferreyra, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de la agrupación política Seamos Libres, “al día de la fecha, la ley no tiene sanción definitiva por lo que no ha sido implementada”. Por otro lado, Claudio Gorenmann asegura que todo lo que habían negociado de la ley -excepto el área de Planeamiento Urbano- se aprobó en diciembre y ya es ley. Las respuestas de Pablo Ferreyra y Claudio Gorenman hablan de lo mismo. A través de la modalidad de Doble Lectura, los artículos de la ley que ya fueron aprobados por el gobierno porteño entran en vigencia a pesar de que falte modificar aspectos de la ley de Planeamiento Urbano. Por eso, para Ferreyra la ley está en proceso pero para Gorenmann ya existe y, aunque sea sólo en un porcentaje, es suficiente para cumplir con sus metas.

Con una sonrisa en la cara, le dice a sus colegas que la gran batalla ya se ganó, que ahora deben debatir cosas más profundas como el rol del Estado, la incorporación de materias de gestión cultural en las carreras, el fomento de la cultura desde la educación pública, porque “somos un país cultural sin políticas culturales reales”, explica. Y agrega: “Ahora el flyer tiene que decir: Tenemos Ley de Centros Culturales, vengan de a uno. Vamos a habilitar toda la ciudad de Buenos Aires, mandenme un mail, manos a la obra”.

Fefo está parado detrás de la barra, atento a los mensajes del grupo de Whatsapp “Inspecciones” donde se mantienen comunicados los productores y artistas de los centros culturales. Es una noche tranquila. Ya pasó por tres clausuras, en las tres la AGC le terminó dando la razón. Sabe que, ante cualquier problema, Abogados Culturales tendrá una respuesta para él. Toma un sorbo de Imperial y mira orgulloso una pared que recién pintó de azul. A la pared de al lado la van a graffitear el fin de semana mientras se recita poesía. Abre el Facebook y postea: “La grilla de programación de La Gran Jaime está llena de fechas de nuevos artistas, gracias a todxs!