En lo que va del 2020 ya son al menos 13 las personas trans y travestis asesinadas por crímenes de odio. Recién en 2018, a partir del juicio que se llevó adelante por el asesinato de Diana Sacayán -activista travesti por los derechos humanos- la justicia utilizó por primera vez el término travesticidio¹, al considerar que se trató de un “crimen de odio a la identidad travesti” y en el que medió la violencia de género. Este fallo inédito e histórico fue producto de la lucha de muches compañeres trans, travestis y organizaciones que incansablemente pusieron el cuerpo para sentar un precedente. Para que las cosas, por fin, empiecen a llamarse por su nombre. 

Aún así, un número altísimo de travesticidios continúan siendo invisibilizados por los medios hegemónicos. Este tipo de homicidio es uno de los motivos que explican por qué la población travesti trans tiene una supervivencia promedio de tan sólo 35 años de vida. Como se desprende del informe que llevó adelante la activista Lohana Berkins en el libro Cumbia, copeteo y lágrimas (2006) ², la principal causa de muerte de las personas travestis y trans son las enfermedades relacionadas al VIH/sida, seguidas por el asesinato. 

En los 14 años que han pasado desde la elaboración de ese informe se han alcanzado avances significativos, como la Ley de Identidad de Género 26.743 sancionada en 2012, que posibilitó un cambio de perspectiva en torno al acceso a derechos de la población travesti y trans, como la identidad autopercibida, la salud y la educación. Sin embargo, todavía falta un largo camino por recorrer para lograr una auténtica situación de igualdad. El derecho al trabajo o a la vivienda, entre otros, siguen representando obstáculos difíciles de sortear. 

Otro logro en términos institucionales fue la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con una Subsecretaría específica dedicada al abordaje de las políticas de diversidad bajo la coordinación de Alba Rueda. Este compromiso oficial del nuevo gobierno para trabajar cada día por una realidad accesible y justa para todes implica un gran avance producto de las luchas históricas del colectivo. 

En el ámbito de la sociedad civil y las organizaciones, una de las experiencias más visibles y reconocidas es la puesta en marcha del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, una escuela pública y gratuita, inclusiva y no excluyente, con orientación en Diversidad de Género, Sexual y Cultural. El Mocha es un espacio crítico frente a las desigualdades que funciona desde finales del 2011 en el quinto piso de un edificio en el corazón del barrio de Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires. Fue pensado desde su origen para incluir a las personas trans, travestis, transexuales y transgénero, pero también asisten estudiantes que no son trans.

Su nombre rinde homenaje a la Mocha Celis, una travesti tucumana que fue asesinada, una luchadora que siempre enfrentó el abuso y la violencia policial. En palabras de Lohana Berkins³, el bachillerato lleva su nombre “Porque Mocha no sabía leer ni escribir. Cuando llegábamos a las comisaría detenidas, ella siempre me pedía a mí que le leyera. Me acuerdo de que cuando estábamos en los calabozos había otra trava, que era una chica super erudita, y yo le dije: ‘Aprovechemos que estamos acá adentro y enseñale a Mocha. Pero hacelo de manera que ella no se sienta mal, que no se sienta menos’.”

Francisco Quiñones, Director del Bachillerato, explica a Haroldo que la institución no cuenta con un financiamiento integral que permita cubrir los gastos necesarios para su funcionamiento: “Solo tenemos cubierta una parte de la planta docente, que cobra un salario, pero sólo por 75 horas cátedra y con 3 puestos de coordinación. El resto de los profesionales y las profesionales -trabajadoras sociales, psicólogas, talleristas, personal de maestranza- no está incluida en ese reconocimiento por parte del Estado”

Quiñones detalla que, en consecuencia, “el sostenimiento económico del bachillerato, incluidos los servicios como el gas y la luz, quedan en manos de la comunidad docente”. En este sentido, cuenta que las contribuciones llegan a partir de los eventos y actividades que realizan, donaciones de la comunidad y los aportes de las y los docentes que perciben salarios. 

“Nosotros funcionamos en Federico Lacroze 4181, 5to piso, en la Mutual Sentimiento. Ya vamos a cumplir casi 10 años. No tenemos edificio propio, los costos de mantenimiento son cada vez más elevados y no los podemos sostener más. Esta situación ya estaba complicando el inicio de las clases”.

La emergencia sanitaria y la cuarentena obligatoria por la crisis del Coronavirus agravó aún más esta realidad. Frente a la imposibilidad de salir a trabajar para generar ingresos, la extrema vulneración en materia alimentaria y habitacional de las personas travestis recrudece día a día en este nuevo contexto. 

“Ante la pandemia y cuarentena en curso, un grupo grande de compañeres travestis trans está en situación de inminente riesgo habitacional, de recursos y de salud. El despliegue de asistencia por parte del Estado es grande, pero todavía no ha podido llegar a todos los rincones. Por eso, nos estamos organizando para responder a las necesidades más básicas y urgentes de les compañeres”, explica Quiñones. Con este objetivo, desde el Bachillerato diseñaron un dispositivo de acompañamiento y contención para les alumnes que brinda la posibilidad de realizar aportes económicos y también de colaborar en la distribución de alimentos y elementos de higiene.  

Les directores del Bachillerato y sus más de 130 estudiantes convocan a la solidaridad y a la construcción de redes de contención como herramientas indispensables para poder sostener este espacio único, que busca continuar brindando una respuesta educativa integral frente a la exclusión histórica del colectivo travesti trans.