A partir del año 2003, tras la asunción de Néstor Kirchner como presidente, se fomentaron desde el Estado nuevas políticas de memoria caracterizadas por la marcación de ex centros clandestinos de detención, la creación de espacios de memoria, la incorporación al calendario oficial del feriado del 24 de marzo, la inclusión del tratamiento del período de la última dictadura cívico militar en la currícula escolar, entre otras medidas que impulsaron el debate sobre el pasado reciente. Se institucionalizaron los reclamos por Memoria, Verdad y Justicia, que habían sido impulsados, por más de 25 años, por el movimiento de derechos humanos en Argentina.

La capacidad de crear hegemonía del kirchnerismo estuvo íntimamente relacionada con la elaboración de un relato que diera cuenta de un proyecto político que reconocía tradiciones y una historia común, con el que amplios sectores de la sociedad se vieron identificados. Cabe preguntarse, entonces, si la alianza del gobierno macrista intentó construir un nuevo relato y analizar sobre qué elementos y con qué instrumentos procuraron asentar sus bases.

Intentaremos aquí responder estos interrogantes, a partir del análisis de los nudos discursivos fundamentales en torno a lo sucedido en los años ‘70 y ‘80 en la Argentina, a través de declaraciones de sus funcionarios y de las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno de Cambiemos.

Memoria y DDHH en los discursos de los funcionarios de Cambiemos

La primera señal de oposición a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia fue la abstención del macrismo en la votación en la Cámara de Diputados del proyecto que declaraba la intangibilidad de los juicios de lesa humanidad a fines de 2014.

En diciembre de 2014, cuando aún la alianza Cambiemos no existía, Mauricio Macri en una entrevista con el periodista Jaime Rosemberg del Diario La Nación se refirió al “curro de los derechos humanos”:

Periodista: Organismos de derechos humanos temen una "marcha atrás" en los avances conseguidos con el kirchnerismo...

Macri: Mi gobierno ha sido defensor de los derechos humanos, de la libertad de prensa, acceso a la salud y la educación. Ahora, los derechos humanos no son Sueños Compartidos y los "curros" que han inventado. Con nosotros, todos esos curros se acabaron.

En la entrevista, Macri reducía la lucha de los organismos al programa de edificación de viviendas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Sueños Compartidos, cuestionado por la justicia, e intentaba asociar el accionar del movimiento de derechos humanos a la corrupción.

Más adelante, ya avanzada la campaña electoral del 2015, aparecería la idea de que instituciones claves en la búsqueda de verdad y justicia, por ejemplo la CONADEP, resultarían una garantía de transparencia para la investigación de la corrupción. Tal como señaló Verónica Torras en un artículo publicado en la Revista Haroldo a comienzos del gobierno macrista ese tipo de maniobras pueden interpretarse como un intento de trasvasar la legitimidad obtenida en la lucha por los derechos humanos a otros ejes que formaban parte del programa de gobierno de Cambiemos.

Ya en campaña electoral del 2015 Macri^[1] procuraba eludir el tema de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia o si debía referirse a ellas, las señalaba como una etapa que debía clausurarse o que estaba bajo sospecha.

Se realizaron encuentros y debates en la UCA y en la Universidad de San Andrés, relacionados con el pasado reciente, con la participación de políticos, académicos y religiosos, en los que se esbozaron algunos nudos argumentales que, luego, se convertirían en la base del discurso opositor a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Algunos de los conceptos vertidos fueron los de reconciliación (colocando el caso sudafricano como un ejemplo a seguir), justicia completa, revisión de los años setenta y de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

El término reconciliación fue uno de los pilares que el macrismo tomó como base para su política de derechos humanos. “Es importante recordar el pasado, aprender de los errores y proyectar hacia el futuro. Pero apostar a la convivencia y al pluralismo incluye apostar a la reconciliación de la sociedad. Transitar en este proceso de democratización de nuestra sociedad requiere pensar en clave de reconciliación. Una palabra esquiva estos años, pero que tenemos que reivindicar, porque nos acerca como sociedad y nos pacífica”, explicaba Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos.

En su discurso de asunción como presidente, el 10 de diciembre de 2015, reconocido como el Día Internacional de los Derechos Humanos, Macri no hizo referencia a las políticas de derechos humanos, ni contó con la presencia en el recinto de referentes de organizaciones de DDHH.

En la apertura de sesiones del Congreso del  1 de marzo de 2016, mencionó por primera vez el tema: “Este año se cumplen 40 años del golpe militar, un golpe que consolidó la época más oscura de nuestra historia. Aprovechemos este año para gritar todos juntos: Nunca Más a la violencia institucional y política”, en un claro intento por igualar ambos conceptos de manera anacrónica.

La conmemoración del 24 de marzo de 2016 coincidió con la visita a Argentina del entonces presidente de los Estado Unidos, Barack Obama. Ambos presidentes visitaron el Parque de la Memoria, lugar en que se recuerdan a los desaparecidxs. Allí brindaron una conferencia de prensa. El presidente argentino volvió a decir que pedía por el Nunca Más a la violencia política e institucional y se refirió a las “víctimas que pagaron con su vida estas intolerancias y divisiones entre los argentinos”.

Posteriormente, en una entrevista concedida al medio BuzzFeed el 10 de agosto de 2016, Macri manifestó: "Es importante saber bien lo que pasó y darle el derecho a los familiares que sepan definitivamente después de esa horrible tragedia, que fue esa guerra sucia, que sepan qué fue lo que pasó".

En el mismo reportaje, Macri retomó la discusión que había abierto en enero el entonces ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, en torno a la magnitud de la represión. Lopérfido había sostenido que no eran 30 mil los detenidxs -desaparecidxs y que esa cifra, de hecho, se había concertado en una mesa para reclamar subsidios. "No tengo idea. Es un debate que no voy a entrar si son 9 mil o 30 mil, si son los que están anotados en un muro o si son mucho más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido", sostuvo el ex presidente. 

En numerosas ocasiones las declaraciones del ex presidente fueron reformuladas. Inclusive las referencias a lo sucedido durante los años ’70 y las valoraciones al movimiento de derechos humanos no fueron monolíticas dentro de la administración de cambiemos. Macri, al referirse a lo sucedido durante los años ’70 y principios de los años ’80 en el país, nunca hizo mención a los crímenes de lesa humanidad – como fueron definidos por la Corte Suprema de Justicia –, al terrorismo de Estado o al genocidio, tal como definieron al período distintos tribunales orales que tuvieron a su cargo el juzgamiento de los hechos.

En junio de 2016 la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Nación reeditó nuevamente el Nunca Más en el marco del 40° aniversario del golpe de Estado de 1976. Fue presentada como la reimpresión de la primera edición de 1985, contenía el prólogo original de la Conadep, pero se eliminó el elaborado en 2006. Durante la presentación del libro, Claudio Avruj explicó que esta edición presentaba al Informe “tal cual fue”, “sin aditamento ideológico”. Agregó que “era una deuda que teníamos desde la política, desde el Estado” e invitó a “pensarnos” en estos 33 años de la democracia para ver “qué aprendimos”. En otras palabras, volvía a la explicación de los dos demonios vigente durante la transición^[2].

La intención de volver el 24 de marzo un feriado movible también fue percibida como un elemento que hacía a la configuración de un nuevo relato de lo sucedido en los últimos 43 años en la Argentina. No fueron pocos los funcionarios del gobierno de Macri que predicaron que, en realidad, lo que debería conmemorarse es el día del regreso de la democracia, el 10 de diciembre. Avruj volvió a poner en tela de juicio la fecha del 24 de marzo para conmemorar el mayor genocidio en la Argentina y dijo que “el día de la unión de los argentinos" debiera ser "el 10 de diciembre”, fecha en que, desde 1983, asumen los presidentes elegidos en democracia.

Otros dos funcionarios, al menos, negaron la sistematicidad de los crímenes de la dictadura. El ya mencionado Darío Lopérfido, quien además de relativizar estos delitos sembró dudas sobre quienes siempre los denunciaron, alegando que había razones económicas detrás. Sin desautorizar a su ministro, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que él no suscribía a la teoría de Lopérfido.

A principios del 2017 Juan José Gómez Centurión, ex carapintada, luego funcionario cambiemita y candidato presidencial por el Frente de Nos en las últimas elecciones, sostuvo, en un programa televisivo  que "En términos históricos, no es lo mismo ocho mil verdades contra 22 mil mentiras (…) Vos estás diciendo que fue un plan genocida, yo no comparto esa visión de la historia. Fue una reacción desmedida combatiendo un plan de toma del poder concretamente (…) Se generó un plan caótico, no sistemático (…) Yo no creo que haya sido un plan para hacer desaparecer una persona. Fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento”.

El ex ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, después de la conmemoración del 41° aniversario del golpe de Estado asoció a las organizaciones defensoras de los derechos humanos con quienes reivindican la violencia política. “Al reivindicar a los que plantearon la violencia política como camino, los organismos decidieron abrir una posibilidad. Mientras algunas voces señalan livianamente que el gobierno elegido por el voto popular en elecciones libres y sin proscripciones representa una ‘dictadura’, otras podrían soñar con la reedición de las aventuras político-militares que acaban de ser reivindicadas con irresponsabilidad histórica por los organismos de derechos humanos. Desconozco cuál fue la finalidad detrás de la reivindicación. Pero no desconozcamos sus posibles efectos. Ya lo sabemos: la realidad empieza siempre en las palabras”, escribió en el diario La Nación.

El jefe del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, para el mismo aniversario del golpe organizó unas fotos de la bancada oficialista – en la cual también se encontraban distintos referentes del radicalismo – con carteles que reclamaban “Nunca más a los negocios con los derechos humanos” y “Los derechos humanos no tienen dueño”. Massot reivindicó la foto y pidió una “historia completa” en la que no se llamara militantes a los “terroristas de los años ‘70” en una entrevista con Radio Con Vos. En un comunicado del bloque se refirieron a  las “celebraciones” del 24 de marzo: “Creemos que es fundamental apoyar las celebraciones del Día de la Memoria, establecido en 2002 (…) Los derechos humanos no pertenecen a ningún partido político ni deben ser utilizados para hacer negocios personales”, afirmaron.

Posteriormente, Patricia Bullrich, entonces Ministra de Seguridad, declaró en el programa de Mirtha Legrand: “Yo no avalo que Argentina vuelva a la violencia, ni avalo que el mundo era de ángeles y demonios. Eso no es la verdad. Mientras la Argentina tenga un relato de que el mundo era de ángeles y demonios nunca vamos a asumir la verdad, porque la verdad es que los demonios no eran tan demonios ni los ángeles tan ángeles”,  declaraciones que también pueden leerse en la línea de una revisión histórica y como reclamo de una memoria completa de lo sucedido en los años ’70. Según denunciaron un grupo de organismos de derechos humanos, Bullrich pretendió con sus dichos reducir explícitamente la gravedad de las acciones criminales perpetradas en el marco del terrorismo de Estado, que han sido sólidamente probadas por el sistema de justicia argentino y en tribunales de otros países, restando responsabilidad a los perpetradores e inculpando a las víctimas.

Desde el principio de su gobierno Macri pretendió revalorizar el rol de las fuerzas armadas con alusiones veladas al pasado. Durante la celebración del Día del Ejército, en  mayo de 2016, realizada en el Colegio Militar de la Nación, el ex presidente pidió “dejar atrás enfrentamientos y divisiones”. También afirmó: “Las fuerzas armadas vienen de años en los cuales el Estado las ignoró”. Después del desfile del 9 de julio de 2016 – en el que participaron carapintadas y ex-combatientes del Operativo Independencia – Macri hizo caso omiso a las objeciones y comentó a la prensa: “Era la primera vez que desfilaban los héroes de Malvinas, la verdad que uno no entiende por qué no lo han hecho antes, pero lo importante es que hoy estamos en esta etapa, que es de reconstrucción, de reconciliación, de reconocimiento del otro”.

En relación a los juicios de lesa humanidad, en su primera conferencia de prensa como presidente electo, cuando le preguntaron por su continuidad sólo atinó a decir: “La justicia tendrá total independencia para continuar con su tarea”. La fórmula de la separación de poderes para responder a cuestionamientos u obstáculos al proceso de Memoria, Verdad y Justicia se repetiría también en otras ocasiones, como por ejemplo, frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en mayo de 2017, habilitó el 2x1 para represores de la última dictadura. El 2 de mayo de 2017, a pocas horas de que la Corte Suprema se expidiera, Claudio Avruj respaldó el fallo: “Estoy de acuerdo con el 2x1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley. Hay que ser respetuosos del fallo de la Corte al respecto. Por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley", manifestó en el programa Detrás de lo que Vemos, emitido por AM 750. Un día después, el ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo que no le parecía "bueno" los fallos del 2x1 "en ningún escenario". Cuatro días más tarde y ante el repudio generalizado y la multitudinaria marcha convocada por los organismos de derechos humanos, Avruj afirmó: “El Gobierno cuestiona la aplicación del 2x1, es un convencimiento inequívoco. Esto no tiene nada que ver con el compromiso inquebrantable por la lucha contra la impunidad. Es un error confundir la decisión de la Corte como una decisión del gobierno”. Unos días antes, el jefe de Gabinete Marcos Peña había declarado: "Rechazamos el 2x1, y rechazamos más que se aplique a los delitos de lesa humanidad. Esperamos que sea muy restrictiva".

Vale la pena resaltar algunas de las declaraciones del ex secretario de Derechos Humanos en el marco del 41 aniversario del golpe: "Los argentinos no hemos procesado todo lo que pasó durante la dictadura porque la política metió mucho la cola, la ideología metió la cola". El giro interpretativo que rozaba la teoría de los dos demonios estaba en sintonía con el tópico preferido de los dirigentes de Cambiemos para criticar a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a quienes acusaban de "politizar" una etapa de la historia argentina, como si la historia no fuese política. Avruj, durante una entrevista por Radio Mitre, diferenció las políticas de su área con las anteriores gestiones, a las que cuestionó por haber efectuado un recorte ideológico de los hechos históricos: “En la actualidad hablamos de ‘memoria y educación’ porque si no solo te vas a quedar con un congelado ideológico de la memoria”. Como se verá más adelante, esta afirmación no condijo con  lo que sucedió durante el gobierno de Cambiamos en los programas de educación y memoria. También sugirió la necesidad de que haya un “reencuentro y reconciliación” entre las víctimas de la represión de Estado con sus victimarios. “Tienen que entender que en democracia los derechos humanos son para todos”, dijo e hizo referencia al encuentro que mantuvo a pocos días de la asunción presidencial, en el predio de la ex ESMA con miembros del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una asociación que defiende a los perpetradores del terrorismo de Estado^[3].

Para Avruj “fue la misma democracia la que generó grupos” de organizaciones con diferentes líneas políticas y de trabajo, y añadió que esto tuvo que ver con “una lucha de poder” por parte de sus dirigentes, en una claro ataque a los organismos de Derechos Humanos. Afirmó que “durante muchos años se ha alimentado un falso debate sobre la legitimidad para asumir la defensa de los derechos humanos, como un atributo exclusivo de ciertos actores sociales y políticos”.^[4]

Germán Garavano, entonces ministro de Justicia, se reunió con Cecilia Pando, quien integra una asociación llamada Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, fervorosa defensora del terrorismo de Estado y un símbolo de las posturas más ultras entre quienes consideran a los represores “presos políticos” y a los juicios de lesa humanidad como escenarios de venganza. La reunión no fue difundida por el Gobierno.

Al interior de la alianza Cambiemos, Carrió fue quien, desde antes de la llegada al gobierno, tuvo un discurso abierto de reclamo de una verdad completa. Durante la campaña electoral de 2017 sostuvo que había militares condenados sin pruebas y pidió revisar los juicios. Además, reivindicó que "los derechos humanos son para todos" y afirmó que los mayores de 70 años debían cumplir su pena con arresto domiciliario. "Espero el consenso necesario para ver juicios de revisión en los casos que no haya pruebas. Porque realmente hay juicios donde no hay pruebas, hay otros juicios que tienen que quedar firmes (…) Yo soy autora de la ley de nulidad de obediencia debida y punto final pero nunca busqué la venganza (…) La verdad es que el kirchnerismo usó esto como venganza (…) A una determinada edad, la prisión puede ser domiciliaria, y esto rige para todos. No puede ser que se mueran en las cárceles enfermos. Los derechos humanos son para todos (…) También los que ejercieron la violencia tienen que arrepentirse. Los que estuvieron en la guerrilla… ¿Por qué no tienen que respetar a la derecha? Porque resulta que hubo millones de argentinos que no estábamos con la guerrilla ¿Está claro? No estábamos con la violencia”.

El 1° de agosto de 2017 gendarmería nacional ingresó de manera violenta e ilegal al territorio de la Comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en Cushamen, provincia de Chubut. Una de las peores consecuencias del operativo fue la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. A partir de entonces, y en consonancia con la agenda de seguridad del gobierno marcada por “la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, los discursos oficiales sobre la RAM estallaron: los integrantes de las comunidades mapuches fueron catalogados como “terroristas de la RAM”. Tanto Patricia Bullrich como Elisa Carrió dijeron que Santiago pertenecía a esa organización justificando y defendiendo el accionar de gendarmería. La frase de la ex ministra: “no voy a hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana” abriría el camino a la impunidad en el accionar de las fuerzas de seguridad. El asesinato de Rafael Nahuel y el establecimiento de la doctrina Chocobar, que habilitó a las fuerzas de seguridad a disparar sobre personas en situación de fuga, constituyen ejemplos claros de la profundización del paradigma violatorio de los derechos humanos adoptado por el gobierno de Cambiemos.

Debilitamiento y destrucción de las políticas públicas de memoria

Las regresiones en términos de políticas públicas enumeradas a continuación están basadas en sendos informes elaborados por los organismos de derechos humanos y el observatorio de políticas públicas en derechos humanos de ATE Capital.

Dichos informes analizan las regresiones en relación con el proceso de memoria, verdad y justicia en sus diferentes ámbitos -debilitamiento de las políticas públicas que deben alimentar y sostener los procesos judiciales y fortalecer la reconstrucción de la verdad y la memoria colectiva; y fallos alarmantes incluso del máximo tribunal del país-:

• A fines de marzo de 2016, se disolvió la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, entidad encargada de contestar requerimientos del poder judicial sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante la dictadura. En su ámbito funcionaba el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) creado en 2011 para relevar y analizar documentación en poder de las fuerzas de seguridad que pudiera contribuir a la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos.

• Entre las medidas adoptadas para evitar la repetición de amedrentamientos y la revictimización de testigos sobrevivientes de la última dictadura, el Estado nacional cuenta, en el ámbito del Ministerio de Justicia y DDHH, con el Programa Verdad y Justicia, el Centro Ulloa y el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Sobre los dos primeros debemos señalar que sufrieron despidos de personal durante el 2016.

• En el Ministerio de Defensa funciona la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Esta dirección interviene anualmente en el control de personal de las fuerzas armadas en condiciones de ascenso, remite a los organismos de derechos humanos los listados con los nombres de los candidatos para su consulta con los archivos de estas organizaciones. El gobierno saliente abandonó la práctica de realizar esta consulta que permitía verificar que no se otorgasen ascensos a personas vinculadas a violaciones de derechos humanos durante la dictadura y en democracia.

• En el ámbito del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en marzo de 2016 se concretó la disolución de la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos, luego de haber despedido a todos sus trabajadores. Dicha subgerencia se encargaba de relevar documentación que vinculaba al Banco Central y otros actores económicos con delitos de la dictadura y el endeudamiento externo ilegal.

• Existieron graves deficiencias estatales en las condiciones de otorgamiento y control de las prisiones domiciliarias. Fueron emblemáticos los casos del ex comisario de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, y del ex jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, Luis Trillo.

• Políticas educativas: Desde principios de 2000 en adelante fueron varias las leyes que impulsaron que las temáticas de memoria se incorporen a las aulas a través de las efemérides; los contenidos curriculares; la producción y difusión de materiales educativos gráficos, audiovisuales y virtuales; la formación docente; la existencia de programas específicos en las provincias; y la invitación a que las escuelas produzcan investigaciones sobre las memorias locales. Un informe elaborado por trabajadorxs del Ministerio de Educación de la Nación afirmaba que, desde diciembre de 2015, hubo, por un lado, una disminución de la cantidad de materiales sobre educación y memoria publicados y distribuidos por ese organismo a nivel nacional.
  
  
• Sitios de memoria: hubo despidos en varios ex Centros Clandestino de Detención como el ESIM (Mar del Plata), “La escuelita de Famaillá” (Tucumán), “Virrey Cevallos” (CABA) y ex “Brigada de Investigaciones de Las Flores” (provincia de Buenos Aires). En algunos casos las trabajadoras eran el único personal del lugar. Algunos trabajadores luego fueron reincorporados. Fue evidente la falta de recursos y financiamiento para avanzar con obras fundamentales que asegurasen la preservación edilicia de los sitios y el funcionamiento de los espacios de memoria, en muchos de los cuales no estuvieron  garantizadas las condiciones laborales de seguridad e higiene, tanto para los trabajadores como para los visitantes.
  
  
• Señalizaciones: La ley 26.691 obliga al Estado a marcar o señalizar los Sitios con una leyenda que dé cuenta de lo ocurrido en ese espacio. Estas señalizaciones, a cargo de  la red Federal de Sitios de Memoria, dependiente de la SDH, no cesaron gracias al impulso de los trabajadores. Sin embargo, el número de sitios marcados descendió con relación a los años del gobierno de Cristina Kirchner y lxs trabajadorxs denunciaron la falta de fondos provenientes del Estado nacional para cumplir con las tareas de señalización, lo que lxs obligó a buscar recursos con las autoridades y organizaciones provinciales para afrontar los costos en pos de continuar realizando las marcaciones.
  
  
• Justicia lenta y regresiva: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocido como el fallo del “2 x 1” fue señalado como el punto máximo de regresión judicial en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad^[5]. La enorme movilización popular, la rápida respuesta del Congreso Nacional a través del dictado de la Ley 27.362 y el apartamiento de los tribunales inferiores de la doctrina instaurada por la Corte, demostró el enorme consenso social sobre el sostenimiento de la Memoria, la Verdad y la Justicia y la necesidad de repeler cualquier decisión en sentido contrario a estos pilares que contribuyeron a la consolidación democrática. 
  
  

• Muchas de las causas judiciales se vieron casi paralizadas. Dada la avanzada edad de los imputados y de las víctimas, la necesidad de una mayor celeridad en la tramitación de los procesos se torna primordial y urgente. En general, en todas las jurisdicciones la falta de integración de los tribunales y la baja periodicidad de las audiencias, hace que una vez integrado el tribunal e iniciado el debate, se demore su tramitación y el dictado de la sentencia. 
  
  

• Inacción del Poder Legislativo en la investigación de complicidades económicas. En noviembre de 2015, el Congreso de la Nación mediante ley 27.217 dispuso la creación de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar que tiene por objetivo la elaboración de un informe, con la participación de la sociedad civil. El informe debería analizar los aspectos más importantes y las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptadas por la última dictadura cívico militar e identificar a los actores económicos y técnicos que contribuyeron y/o se beneficiaron con la dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza. Al día de hoy, la Comisión no ha sido conformada y su implementación concreta está aún por verse.

Neoliberalismo y memoria

El neoliberalismo afecta todos los campos de la sociedad. Por lo tanto también la relación que nuestras sociedades establecen con el pasado y la manera de pensar la historia. El historiador Enzo Traverso sugiere pensar el neoliberalismo como régimen de historicidad de principio del siglo XXI, que transforma las formas y los procesos de elaboración de la memoria colectiva. Es decir, un modelo de vida, un modelo antropológico que se impone en la sociedad y en los individuos. La vida se organiza como una empresa, una forma de individualismo competitivo. El mercado como modelo que moldea no solamente la economía y la sociedad, sino también las mentalidades y las pautas de pensamiento. Este fenómeno, dice Traverso, se impuso como hegemonía global. Este nuevo modelo antropológico tiene implicaciones en la manera en que nos relacionamos con el pasado.

El régimen neoliberal de historicidad y de memoria podría ser definido por la correlación de tres tendencias.

La primera es el fin de las utopías. El pasado no anuncia más el futuro, no contiene ninguna promesa de redención. Pasado y futuro están encapsulados en el presente. Las víctimas sustituyen a los vencidos. Y toda la dialéctica que hay en la historia entre víctimas y vencidos, que es una dialéctica muy compleja y profunda, es completamente aplastada.

La segunda tendencia es la despolitización del pasado. Las nuevas formas de la organización de la vida social y de producción, las nuevas formas del capitalismo, progresivamente, destruyen lo que Halbwachs llamaba los marcos sociales de la memoria, los marcos dentro de los cuales se construye una memoria colectiva, se elabora una representación del pasado. El neoliberalismo tiende a destruir esos marcos sociales de la memoria y a transformarlos en recuerdos y memorias individuales, en un conjunto de emociones y de imágenes que destruyen toda reflexión crítica y excluyen toda idea de acción colectiva.

La tendencia a la reificación del pasado, es la tercera. El fin del pasado como experiencia transmisible. Lo cual genera los lugares de memoria como un conjunto de sitios, de objetos, de imágenes, de símbolos, que organizan el pasado como un patrimonio, como una propiedad heredada, que se puede exhibir en un museo, y que es reificada en el sentido mercantil de la palabra, que se transforma en bien de consumo, en mercancía, por medio de la industria cultural. La percepción del pasado está casi exclusivamente dominada, orientada, al consumo global.

El presentismo, régimen de historicidad neoliberal, es un mundo en el cual la percepción, la representación del pasado está encerrada en un horizonte, que es el horizonte del presente. Se caracteriza por una aceleración permanente, espasmódica, todo anda muy rápido y tenemos la ilusión de que todo cambia permanentemente para que nada cambie. No hay capacidad de pensar otro mundo, de pensar utópicamente una alternativa.

En nuestro país ya pasamos, durante la década del noventa, por un período de neoliberalismo, ahora bien ¿qué caracterizó a este nuevo régimen neoliberal que imperó durante los últimos años? En principio existen supervivencias y mutaciones con respecto a aquel.

Una de las principales premisas que guiaron las políticas del gobierno macrista fue una radical condena a la orientación adoptada por el gobierno kirchnerista. Ante el “descalabro”, ellos vendrían a implantar el “orden” y la “normalización económica”. Generalmente los proyectos liberales conservadores y/o reaccionarios tenían una ideología que recuperaba una visión verosímil del pasado y proponían un futuro posible y deseable. Ese no pareció ser el caso del gobierno de Cambiemos. ¿Se trató de un neoliberalismo que no reivindicaba ningún pasado y que carecía de un futuro prometedor para ofrecer?^[6]

Algunas características que identificamos a partir de las medidas y discursos antes enumerados, y que se combinan de diferentes maneras son:

1. Borradura del pasado: El pasado es visto como herencia indeseada que persiste en comportamientos y hábitos censurables. El otro y sus tradiciones - el inmigrante, el diferente, el que no piensa como yo- deviene naturalmente en sospechoso y, aún, en enemigo. A su vez, el gobierno saliente reivindicó poco y nada la historia y las tradiciones políticas en las que se podría inscribir, a diferencia del liberalismo conservador tradicional (representado, por ejemplo, en muchas intervenciones del Diario La Nación), no reivindicarían ninguna tradición, más allá de la empresarial.
   
   
2. El negacionismo implica quitar trascendencia o, inclusive, negar los hechos más atroces que ha sufrido nuestra sociedad. Diferentes funcionarios del gobierno –incluyendo al propio ex presidente- relativizaron, cuando no negaron, los efectos de las acciones del terrorismo de Estado o la existencia de él. Como vimos anteriormente, no se trata sólo de discursos. Hay praxis negacionista cuando se desarticulan las políticas de memoria, verdad y justicia, con particular énfasis en desactivar, vaciar y desfinanciar las dependencias abocadas a la recolección, producción y sistematización de información de las estructuras represivas, las que acompañan a víctimas y testigos y en general, las de apoyo a los juicios por los crímenes de lesa humanidad que continúan en marcha.

También se negaron las dimensiones de lo ocurrido cuando dieron trato preferencial a las demandas de condenados por delitos de lesa humanidad, a cuyos representantes el Ministerio de Justicia recibió sin la republicana publicidad del encuentro.

Con el negacionismo convergieron la incipiente práctica de criminalización de las disidencias y la apelación constante a la guerra contra el enemigo de turno, la agenda global de guerra contra el narcotráfico y el terrorismo deben ser comprendidas en esa dirección. De allí surge lo que algunos denominan el punitivismo del capitalismo emocional.

3. Despolitización y banalización: la vuelta a la teoría de los dos demonios vuelve a la idea de una sociedad inocente que fue víctima de dos violencias (Macri hablaba de violencia institucional y violencia política, mezclando todo). Por otro lado, los derechos humanos, en un contexto de integración al orden mundial, devienen marca global. Verónica Gago, en los albores del gobierno de Cambiemos sostuvo que “la inscripción espacial de los DDHH en lo que podría convertirse en una suerte de parque temático de la corrección política internacional tendría un efecto de despolitización perdurable: aplanar tal excepcionalidad, esa que hizo que en Argentina los derechos humanos se nutran de una prosa militante, se conjuguen con combates callejeros capaces de hacer de la democracia algo más que un conjunto de procedimientos formales. Los derechos humanos como un humanitarismo edulcorado y discurso legítimo apto para la escena internacional devienen así sólo un archivo de víctimas”. La restauración fue novedosa justamente en su producción de banalidad. La banalización reconduce todo a una especie de escena pacificada. Como el “Nunca más a la violencia” de Macri en la apertura de las sesiones parlamentarias.
   
   

¿Qué es lo que se intentó neutralizar y banalizar? el uso del terror como fundamento político de la concentración económica pasada, presente y futura. El 24 de marzo no es un simple recuerdo de las víctimas. Es un modo de denuncia de las continuidades recurrentes entre violencia y explotación, entre seguridad y criminalización de la pobreza y la protesta, entre normalización de la diferencia y miedo difuso.

4. Impugnación a los organismos de derechos humanos: bajo el eslogan, esgrimido por el gobierno cambiemita, “los Derechos Humanos son de todos” se escondía un ataque sistemático a los organismos históricos. Desde las primeras declaraciones sobre los curros, los organismos fueron el blanco predilecto. Se los asoció a la idea de corrupción, se los presentó como grupos que sólo actuaban por ansias de poder e intentaron igualarlos con los grupos de memoria completa, relativizando su importancia ética y política y su centralidad en las luchas por la Justicia, la Memoria y la Verdad, y se los vinculó a intereses partidarios. El ex secretario de DDHH Claudio Avruj, en la audiencia pública celebrada en Montevideo, en 2017, en el marco del 165° periodo de las sesiones ordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respondió al diagnóstico realizado por los organismos, en el que le reclamaron al Estado por la regresión discursiva y de políticas públicas en el proceso de memoria, verdad y justicia; sosteniendo que eran “falsas afirmaciones fundadas en prejuicios basados en intereses partidarios”.
   
   

Algunas otras características del gobierno de Macri fueron la instalación del paradigma de reconciliación como opuesto al de la judialización; la estigmatización del proceso de justicia como ejercicio de venganza, y la impugnación al modo en que se llevan adelante los juicios y la pretensión de convertir a los condenados, procesados e imputados en víctimas.

Sabemos que las memorias no son neutrales, tienen una dimensión política, albergan conflictos, antagonismo, oposiciones, distintos relatos sobre hechos del pasado. Existen memorias hegemónicas que pasan a constituirse como sentido común, lo que Emilio Crenzel llama “Régimen de Memoria”. En Argentina las memorias hegemónicas, decimos memorias, en plural, porque no tienen un dueño, ni un solo relato, se podrían sintetizar en la consigna de Memoria, Verdad y Justicia. Paula Canelo sostiene que “estas memorias hegemónicas” se constituyeron en nuestro país como parte de pacto social e instituyente de la democracia. Sin duda el macrismo con sus amenazas constituyó un peligro sobre ellas.

Si bien el gobierno anterior desplegó un conjunto de políticas públicas tendientes a revertir la orientación general de los gobiernos kirchneristas, no lograron pasar de una actitud defensiva una ofensiva debido al consenso social extenso de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

El triunfo electoral del Frente de Todos confirma el consenso social sobre las políticas de memoria y nos permite tener esperanzas en que volverán a tener un lugar central como fundamento ético de nuestro país.

* Matías Cerezo y Valeria Moris son integrantes del Centro de Estudios de Memoria e Historia del Tiempo Presente de la Universidad de Tres de febrero (UNTREF) y trabajadorxs del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.