Algunos sectores de la derecha política argentina hablan hoy de Derechos Humanos: los integran a su discurso, conforman su propia perspectiva sobre este campo, generan su sistema particular de referencias, debaten con las políticas públicas del gobierno nacional. El PRO es un ejemplo de ello. Sin ofrecer un programa decantado, hay sin embargo ciertas líneas que han sido trazadas. Algunas resultan contradictorias con sus propias políticas, o asumen revisiones que son controversiales. Otras, aunque implican una novedosa evolución, no han sido suficientemente analizadas.

¿Esta preocupación por el tema, es un dato coyuntural o nos habla de una transformación de más largo plazo?¿Es producto de la fortaleza de un proceso colectivo de acumulación que ha generado un piso muy alto de consenso; o un mero acto de pillaje ideológico y/o especulación política? ¿Se diferencia esta moderna derecha de otras tradiciones del mismo signo en cuanto a sus posicionamientos respecto de estos temas? ¿Cómo valorizar esas rupturas si las hubiera? Y por último ¿en qué medida hay correspondencia entre las prácticas discursivas y  políticas?

Revisiones del campo 

Diferentes referentes del PRO, que no necesariamente convergen en las mismas líneas internas, ni en todas sus posiciones, comparten una serie de tópicos sobre la agenda de memoria, verdad y justicia. Se trata de revisiones del campo en su mayoría generadas por actores políticos, académicos, intelectuales de otros ámbitos, que el partido suscribe, promueve, y a veces financia.

-El reclamo por verdad, que históricamente estuvo asociado a conocer qué sucedió con los detenidos-desaparecidos y asesinados y con los nietos apropiados, se reformula bajo otro anhelo: el de “acceder a la verdad histórica, sin relatos sesgados, con  pluralidad de voces”, cuyo objetivo ya no es develar el destino de los desaparecidos y de sus hijos aún buscados, sino el de analizar las causas de la violencia política, poniendo a debatir en igualdad –y asimilación– de condiciones a todos los actores. Esta nueva agenda de verdad es funcional a ciertos usos que se han planteado, tanto en el ámbito académico como político y jurídico, del “modelo sudafricano” (N. de R: sobre el caso Sudáfrica, ver artículo de Matías Cerezo) como moralmente superior al modelo de justicia argentino.

-El programa político-cultural que se insinúa es el de “trabajar por la reconciliación y el diálogo entre víctimas y victimarios”. Así como el Estado pidió perdón por medio de Néstor Kirchner en 2004, algunos funcionarios del PRO sostienen que ahora deberían repetir ese pedido de perdón todos los actores involucrados en la “espiral de violencia”. Un intento de reformulación ecuménica de los dos demonios: ya no se trataría de oponerlos para que se justifiquen, sino de restaurar su unidad originaria en un acto de mutua comprensión. Según advierte el diario La Nación los diálogos entre organismos que reúnen a víctimas del terrorismo de Estado –a los que no identifica– y familiares de víctimas de diferentes “grupos guerrilleros” ya comenzaron bajo el paraguas del PRO. Este programa sería antitético al del revanchismo que preocupa a Macri. Bajo un espíritu un poco menos condescendiente se escribió, sin embargo, el último 7 de enero el comunicado de su partido en repudio al atentado sufrido por los trabajadores de la revista Charlie Hebdo en París, que concluyó recordando que los argentinos “supimos vivir enfrentamientos fratricidas que han quedado sepultados en el pasado y que allí deberían quedar por siempre”.    

-El modelo elegido sería El diálogo entre Graciela Fernández Meijide y Héctor Ricardo Leis. Tanto la película como el libro contaron con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El documental fue presentado en la 16º edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici) como el relato del “encuentro entre dos íconos de los 70, década en que el accionar de las guerrillas clandestinas fue sucedido por el terrorismo de Estado”. En el estreno estuvieron presentes el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi; la senadora Gabriela Michetti y la diputada Laura Alonso; el ex fiscal del juicio a las juntas militares, Julio César Strassera, recientemente fallecido; y el senador de la UCR Ernesto Sanz, entre otros. Se trata de un producto cultural que tiene el mérito de haber acercado vastos sectores no asociados al universo de los derechos humanos a la discusión sobre estas temáticas, bajo el costo de introducir conceptos que relativizan las bases del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina.  

-La oposición entre los derechos del pasado y del presente, cuyos principales corolarios son: 1)  la prioridad casi excluyente otorgada a la agenda de tercera y cuarta generación de los Derechos Humanos, es decir, derecho de las minorías, cuidado del medio ambiente, pluralismo cultural (colectividades, pueblos originarios, diversidad sexual), lucha contra la discriminación, entre otros; y 2) el intento de trasvasar la legitimidad obtenida en la lucha por los Derechos Humanos al campo de la lucha contra la corrupción y el autoritarismo. Es interesante observar que al mismo tiempo que se habla de prevenir los curros y los abusos en Derechos Humanos como si fuera el rasgo que definiera este campo en la actualidad, se insiste en extraer de allí el sustento ético para convalidar la luchas del presente (para muestra, la iniciativa de crear la Conadep de la corrupción).

-En lo que respecta a la relación entre los organismos y el Estado, el propósito sería desplazar del centro de la escena a los organismos de derechos humanos históricos más vinculados con el actual gobierno, al mismo tiempo que legitimar nuevas voces en el debate, tanto de organismos “no alineados” del movimiento tradicional, como de otras organizaciones no gubernamentales a las que se pretende colocar en pie de igualdad. Un detalle de la muestra organizada por el gobierno porteño en el Centro Cultural General San Martín a propósito de los 30 años de creación de la Conadep, en septiembre de 2014, es ilustrativo al respecto: los organismos aparecían nombrados como “asociaciones de derechos humanos”, categoría extraña a su historia pero cercana al modo de concebirlos del PRO. Hilachas de una iniciativa loable.

Al mismo tiempo es importante consignar que en los últimos años el PRO ha sostenido posiciones públicas de valorización del proceso de justicia. El partido avaló el proyecto de declaración propuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 2010 en el Congreso de la Nación cuyo texto comprometía a los firmantes a “asegurar el proceso de verdad y justicia como una política de Estado de carácter irrenunciable, que debe completarse en plazos razonables dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso”. Con anterioridad, y en respuesta a una carta que le fuera enviada por el mismo organismo en diciembre de 2009 a raíz de declaraciones del entonces ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Abel Posse, respecto de los juicios por delitos de lesa humanidad, Mauricio Macri respondió: “La opinión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya fue hecha pública oportunamente, ratificando que las violaciones a los Derechos Humanos deben ser juzgadas, y los responsables de esos delitos deben cumplir con el castigo que les corresponda y en nuestro país no debe haber más lugar para la impunidad”.

En noviembre del año pasado se evidenció que prefiere las declaraciones cuando se trata de ratificar estas posturas: recurrió a “argumentos técnicos” para no acompañar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley del oficialismo que sostiene que las penas o procesos penales abiertos sobre delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable. Un mes después, el diputado nacional Federico Pinedo hizo una aclaración pública tras una entrevista ofrecida por el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al diario La Nación que sembró dudas. Allí remarcó: “En un eventual gobierno en 2015, la visión del PRO va a seguir siendo semejante a la actual, en el sentido de permitir y facilitar el juzgamiento de las violaciones de los Derechos Humanos, porque es algo nacional, clarísimo y que no está en discusión”. Y más recientemente, en una nota de opinión publicada en el mismo diario en vísperas del último 24 de marzo, el actual Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad, Claudio Avruj, señaló: “Recordar y honrar a las víctimas de la dictadura constituye un deber sagrado, así como castigar a los victimarios”.

No se trata de pronunciamientos que se producen en el vacío, sino que se corresponden con una configuración histórica y un estado de opinión respecto de esta cuestión: llegan luego de más de treinta años de lucha ininterrumpida de los organismos, de un sólido respaldo social al proceso de justicia, y de doce años de gobiernos kirchneristas que han colocado a los derechos humanos, como nunca antes desde el inicio de la transición democrática, en un lugar jerarquizado de la escena pública. Es probable que los posicionamientos del PRO ecualicen con el humor social prevaleciente en esta materia, pero dar por supuesto que sus afirmaciones sólo son un acto de especulación, desvaloriza las amplias bases de respaldo que un proceso de esta magnitud y complejidad requiere.

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Contrastes

Por otro lado, los pronunciamientos deben contrastarse con las intervenciones políticas concretas en esta materia que el PRO viene desarrollando en el territorio que gobierna desde 2007. En lo que respecta al desarrollo de los mega-juicios por delitos de lesa humanidad que se sustancian desde 2006 en su distrito, recién en 2014 y por orden judicial, el Jefe de Gobierno reglamentó la Ley 2939 de creación del Programa de Asistencia y Contención a querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado que había sido sancionada en 2008 con el propósito de brindar acompañamiento a quienes llevan la parte más pesada en estos juicios.

También es elocuente su decisión de ceder la potestad de ejercer políticas de memoria en la ciudad, plasmada en el abandono previo que se hiciera de los espacios destinados a tal fin y el destrato a los trabajadores que los sostenían, y ratificada mediante el acuerdo que firmara con el gobierno nacional en febrero del año pasado, cuya flaca compensación fue la creación de un Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria, que a casi un año de su sanción legislativa, aún no se ha conformado. Desde 2007 a hoy, y fundamentalmente a partir de 2010, el presupuesto destinado a las políticas de memoria y de asistencia a las víctimas ha decrecido en términos relativos, al compararse con el asignado a otras áreas como las vinculadas a colectividades y diversidad cultural, tal como denunció y documentó la Junta Interna de ATE-CTA de la propia Subsecretaría de Derechos Humanos y la diputada del FPV, Gabriela Alegre. Vale recordar también que el Jefe de Gobierno vetó, entre otras iniciativas, la creación en el ámbito de la Ciudad del Comité contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (coherente con la decisión, hoy aparentemente desistida, de equipar la Policía Metropolitana con pistolas Taser, objetadas por el Comité contra la Tortura de la ONU).

Línea de demarcación

La novedad que los pronunciamientos del PRO sobre los juicios por delitos de lesa humanidad implican no es desdeñable. En el curso de nuestra historia nacional nunca existió un partido político competitivo electoralmente que representara los intereses de los sectores de poder. La apelación a la intervención de las Fuerzas Armadas subsanó esta deficiencia en seis oportunidades en poco más de medio siglo. La expresión política más nítida que esos sectores habían tenido desde la última transición democrática fue la UCeDé, partido fundado durante la última dictadura por Álvaro Alsogaray, quien personificó la simbiosis entre el poder económico y el poder militar,  defendió la actuación represiva, clandestina e ilegal del “partido militar” y negó la existencia del terrorismo de Estado.  El surgimiento, a casi cuatro décadas del último golpe cívico-militar, de una nueva expresión política de amplios sectores de centro-derecha que reafirma el valor del proceso de justicia en curso, habilita el interrogante de si estamos ante un nuevo umbral en cuanto a la conciencia colectiva y política respecto de estos crímenes.   

Que el PRO ratifique su apoyo a los juicios por delitos de lesa humanidad, que sus alianzas lo ubiquen en una posición de menor margen relativo para desentenderse de estos compromisos, evidencia la fortaleza de este proceso en la sociedad argentina, al punto de convertir estos juicios en uno de los pocos asuntos de acuerdo transversal del sistema político luego de más de treinta años de democracia ininterrumpida. 

Muchos son los actores políticos, intelectuales, incluso del campo del activismo, que han abonado a la construcción de un revisionismo cuyo centro de disputa visible son los derechos humanos pero que abarca vastos problemas. El PRO se nutre de estas producciones, pero no solamente; y también a la inversa. Es importante seguir estos desarrollos y fundamentalmente cuidar que la línea de demarcación de la defensa de los juicios por delitos de lesa humanidad se mantenga como un límite inamovible.

La deriva actual de este proceso, que conduce al escrutinio social y judicial de la responsabilidad de los actores civiles, será seguramente un nuevo Rubicón en este largo camino. Sería muy interesante conocer qué piensa el PRO al respecto, y cuánto lo tensionará en este punto su política de alianzas y su propia base de sustentación, teniendo en cuenta que alguno de los empresarios implicados en estos juicios fondea hoy la campaña presidencial de Macri, y que su mentada candidata a Procuradora de la Nación, Elisa Carrió, habla cada vez más de verdad y menos de justicia, y adelanta públicamente que impulsará la revisión de las “causas írritas” en materia de lesa humanidad.

Licenciada en Filosofía por la UBA. Actualmente cursa el Doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Desde 2011 coordina el Programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación.