A diferencia de otras expresiones de la derecha política argentina, el macrismo no construyó panteones, ni héroes, ni se aferró a retóricas reivindicativas respecto del pasado. Por el contrario, abjuró del pasado, convirtiéndolo en una dimensión problemática, un obstáculo que debía ser superado. Sin embargo, resulta imposible hacer política pública de memoria en Argentina sin tomar posición respecto del pasado reciente.

Mauricio Macri recibió su bautismo inaugural en materia de memoria, verdad y justicia con un editorial del diario La Nación publicado al día siguiente de su consagración como presidente electo. Esa micro-experiencia, vista a la distancia, resulta expresiva del modo en que su gobierno se vinculó con esta agenda. La editorial, como sabemos, reclamaba: 1) “debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico” 2) poner fin al “vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso sospechosos de la comisión de delitos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad”.

La pieza periodística pone en evidencia que para el diario de doctrina de quienes ejecutaron y se beneficiaron con los delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas armadas y de seguridad durante la dictadura, resultaba en 2015 imposible referirse de modo vindicativo al accionar de estas fuerzas en el marco de la denominada lucha anti-subversiva. La forma que el medio elige para eludir ese enunciado imposible y abordar los dos temas que pretende imponer como agenda al nuevo gobierno podría denominarse como el reclamo de los mínimos, en la medida que ya implica una rebaja importante de las demandas sostenidas desde el fin de la dictadura por el mismo periódico. En concreto, no reivindica el terrorismo de Estado, al que califica como aberrante, sino que pide reimplantar la teoría de los dos demonios; y tampoco exige amnistías o indultos, sino prisión domiciliaria para los condenados y acusados por la comisión de delitos de lesa humanidad.

La respuesta social a este editorial “de mínimos” marcó de modo todavía más significativo la profundidad del cambio de época luego de años de trabajo de memoria sostenido. El mismo día que salió publicado los trabajadores del diario se organizaron en asamblea y lo repudiaron públicamente. Este repudio, al que se sumaron también investigadores, artistas, referentes del campo intelectual y cultural, organizaciones sociales, sindicatos, y los organismos de derechos humanos, evidenció que la vara estaba colocada por encima del cálculo. El rechazo al terrorismo de Estado y la demanda de juzgamiento de sus crímenes, tenía una base social más amplia y consolidada que la esperada. Fue la primera alarma.

Probablemente el nuevo gobierno tomó nota por entonces de las coordenadas de inicio de su gestión en esta materia: 1) una sociedad civil muy activa, en la que los organismos históricos de derechos humanos mantienen un lugar de referencia ética; 2) un proceso consolidado de juzgamiento a los responsables de los crímenes de la dictadura y el compromiso de la mayoría de los actores políticos y judiciales con su continuidad; 3) un socio electoral, la UCR, ligado a antecedentes emblemáticos de este proceso: la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y el Juicio a las Juntas; 4) un acompañamiento social mayoritario a la política de memoria, verdad y justicia; 5) un reconocimiento internacional muy sólido al lugar de nuestro país como referente en el mundo en materia de derechos humanos; 6) el precedente de un gobierno que había colocado los derechos humanos en un lugar central de la agenda política nacional entre 2003 y 2015.

A partir de entonces, el gobierno de Macri se orientó a gestionar este escenario fluctuando entre las demandas de La Nación y la “herencia” recibida.

En relación con la discusión sobre verdad completa que el diario reclamaba, el gobierno de Macri llevó las cosas más lejos de lo solicitado: no sólo repuso la teoría de los demonios, sino que habilitó la emergencia de un discurso de sectores pro-impunidad que permanecía agazapado, y dejó correr tesis relativistas en relación con el terrorismo de Estado, en su mayoría surgidas de boca de sus propios funcionarios.

La administración de Macri navegó permanentemente entre la habilitación y la regulación táctica de estos discursos/memorias. A cada declaración relativista de sus funcionarios, respondió con comunicados de la Secretaría de Derechos Humanos que tomaban distancia de los dichos. Así sucedió con los casos más mentados: el de Darío Lopérfido y el de Juan José Gomez Centurión.

Fue el primer gobierno democrático desde 1983 que recibió a organizaciones que representan los intereses de los militares que están siendo enjuiciados por delitos de lesa humanidad, a quienes presentó públicamente como pares de los organismos de derechos humanos. El discurso oficial intentó ubicarse en una posición equidistante entre los organismos históricos y estas organizaciones, como un primus inter-pares, propiciador del diálogo. Sin embargo, consciente de la irritabilidad social que podían generar, mantuvo en sordina los encuentros con estos grupos, que se hicieron públicos por sus redes sociales.

Surgidos en plena transición y reorganizados durante el kirchnerismo, estos sectores se orientaron a construir unas memorias reivindicativas de la denominada lucha antisubversiva pero sobre todo a evitar el juzgamiento de los responsables de su planeamiento y ejecución. Por primera vez en los últimos cuatro años tuvieron un espacio para la incidencia habilitado públicamente desde el gobierno. Y su agenda fue efectiva: tanto el reclamo de verdad y de reparación completa, como el de prisiones domiciliarias para los condenados y procesados por delitos de lesa humanidad fueron tomados y desarrollados por el gobierno saliente.

Otras memorias subterráneas, no alineadas con el discurso predominante de la etapa kirchnerista pero tampoco con el discurso de derechos humanos más próximo a los sectores radicales y liberal-progresistas, se expresaron en estos años en el ámbito social, cultural y educativo. Las plazas del macrismo y las escuelas fueron escenarios de circulación de esas memorias, proclives a promover censuras, respuestas autoritarias y posiciones fuertemente discriminatorias en relación con los sectores sociales más castigados por la política económica del gobierno.

El clima relativista fue acompañado por una serie de encuentros propiciatorios del “diálogo” por parte de la Iglesia Católica. Según algunos sectores, el carácter supuestamente amañado y vengativo de los procesos de justicia por crímenes de lesa humanidad, ha reconvertido a los responsables en “víctimas”. En esa condición se alentaba su participación o la de sus familiares en estos conversatorios. Se buscaba hacer aterrizar el relativismo en una puesta en escena dialoguista entre “víctimas”, incorporando en este dispositivo a familiares de desaparecidos y familiares de perpetradores o de víctimas civiles de las organizaciones políticas que optaron por la vía armada.  

Visto a la distancia, tanto el clima relativista como estas escenas dialógicas que se reprodujeron en diferentes ámbitos, en su mayoría universidades privadas, pretendían preparar el terreno para el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la aplicación de la cláusula del 2 por 1 en casos de lesa humanidad. En mayo del 2017 el gobierno tuvo la segunda alarma. Una Plaza de Mayo repleta y plural rechazó el fallo del máximo tribunal del país. La multitud convocada por los organismos de derechos humanos obligó al gobierno a tomar distancia de la iniciativa y limitar su alcance mediante la aprobación súbita de una ley que impedía aplicar esta doctrina en caso de graves violaciones a los derechos humanos. Esa plaza puso en la escena pública de modo masivo lo que la editorial de La Nación había mostrado en un zoom.

La puesta en riesgo del proceso de justicia y la rehabilitación de discursos reivindicativos y relativistas permitieron la emergencia de otras memorias, urgidas por el temor de los retrocesos. Son las memorias desobedientes, las de las hijas e hijos de los responsables de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, que eligieron desmarcarse de sus progenitores y reconstruir sus historias, acercándose a la demanda colectiva por memoria, verdad y justicia. Su emergencia, también inesperada, habla de los alcances y profundidad del proceso argentino.

Pocos meses después de la plaza en rechazo del 2 por 1, se produjo la desaparición de Santiago Maldonado. Este caso, sobre todo luego de ser encontrado el cuerpo de Santiago, fue utilizado por el gobierno como una advertencia a los organismos de derechos humanos y un acto de escarmiento colectivo por lo que oficialmente se consideró como un movimiento de denuncia y movilización “excesivo”. Así, resultaron primero amonestadas las comunidades machupes, luego los familiares de la víctima, más tarde los organismos que acompañaron el reclamo de aparición con vida, y finalmente la sociedad en su conjunto que masivamente se plegó a la pregunta sobre su paradero y la exigencia de búsqueda. Una vez hallado el cuerpo de Santiago y en el marco del proceso electoral de medio término, el gobierno confrontó a los organismos como opositores políticos. Fue un punto de quiebre.

Lo que se produjo después marca la línea que se ha mantenido hasta el último día de gobierno: dificultado para hacer una defensa abierta del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y para garantizar impunidad en relación con sus actos criminales en el pasado reciente; el gobierno decidió centrar su apuesta simbólica en las fuerzas de seguridad y optó por una defensa cerrada de sus actuaciones en el presente. Para esta operación, eligió de modo privilegiado a la Gendarmería. La misma fuerza que llevó adelante el operativo represivo violento e ilegal contra la comunidad mapuche de la Pu Lof el 1 de agosto de 2017 en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut, que culminó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

El gobierno no sólo defendió la actuación de la Gendarmería en esa represión y otras que le siguieron, sino que endureció su discurso de justificación del uso indiscriminado de la fuerza. La apuesta por fortalecer a la Gendarmería como fuerza modélica se perfeccionó hace pocos meses con la creación del Servicio Cívico Voluntario, cuyos antecedentes más inmediatos se remiten al momento en que Antonio Domingo Bussi estaba al frente de esta policía militarizada.  La devolución de los favores prestados le fue ofrecida a la ministra en un reciente acto donde fue conminada a leer una leyenda de despedida grabada sobre un sable por los gendarmes. La frase había sido pronunciada justamente por Bullrich en el marco de la investigación del caso Maldonado (“no voy a hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana”) pero fue extendida como nuevo patrón al conjunto de las fuerzas de seguridad, desembargando sus acciones de toda posibilidad de sospecha e imputación.

La importancia de esta frase debe ser subrayada en este escenario regional, en el que los avances judiciales por los crímenes del pasado aparecen como un obstáculo para el accionar de las fuerzas represivas en el presente y la solicitud que emerge en diferentes países por parte de estas fuerzas, es la de impunidad futura. La memoria, verdad y justicia sobre los crímenes del pasado, ya difícilmente reversible, parece estar siendo manipulada para garantizar inmunidad en el tiempo presente (el estado de sospecha retrospectivamente justificado debe detenerse para dar paso a una confianza sin límites, en el mejor de las casos, hasta que se pruebe lo contrario). Así, los procesos de justicia, que fueron garantes en la región de la fundación de democracias sólidas en el marco de las últimas transiciones, ahora son vistos como amenazas u obstáculos a superar.

El gobierno de Cambiemos hizo su avanzada en estos asuntos dentro de los límites que le marcaba la sociedad argentina, movilizada por este tema como pocas en el mundo. Aunque mantuvo los juicios, sometió la condena del terrorismo de Estado, consolidada en nuestra sociedad como una especie de roca base del proceso de memoria, verdad y justicia, a un proceso de fuerte tensión o “fracking”. Su objetivo parece haber sido el de licuar la memoria de ese pasado y fracturar su impacto en el presente, tanto en materia de condena a la represión como de lucha por la igualdad. Las emergencias y oscilaciones de memorias durante los últimos cuatro años son parte de una disputa social cuyo resultado está abierto.