Lo presuntamente curioso de este horror es que se habla de él con las jergas de los brokers financieros; y eso sucede desde hace al menos 20 años. Fortune Magazine, por ejemplo, en 1997, refirió al tema con este título: “Cómo enriquecerse gracias a las empresas que crecen más rápido”. En el texto se destacaba esta pregunta: “¿Aspira usted a obtener retornos elevados de sus inversiones, pero desconfía de las acciones sobrevaluadas de las grandes empresas?”. Respuesta: “Las acciones de Corrections Corporation of America crecieron en un 746%, lo cual es un magnífico montón de plata”. De lo que hablaba Fortune Magazine era del brillante negocio de invertir en cárceles privadas en Estados Unidos. Publicado y vuelto a decir ya en 2009 en The Wall Street Journal: “Las empresas que gestionan cárceles privadas se están preparando para una ola de nuevos negocios, ya que la recesión económica dificulta cada vez más que los funcionarios del gobierno, tanto a nivel federal como estatal, construyan y administren sus propias cárceles”. Octubre de 2013, definición de Harley Lappin, vicepresidente ejecutivo de Corrections Corporation of America: “CCA asegura ahorros, seguridad y más”. Esa es la jerga.

Desde que los –llamémosle- analistas de mercado entrevieron esos espectaculares niveles de rendimiento, el negoció se multiplicó de modo magnífico. Hacia fines de los ’90 el número de prisiones privadas era de 163 repartido en 30 estados; la mitad de ellas ubicadas en el duro Texas, pago de los Bush y paraíso de la pena de muerte. Hacia 2010, en todo EE.UU., aproximadamente el 8% de los presos estaban en cárceles privadas. Hoy, American Civil Liberties afirma que más del 16% de la  población de presos está alojada en cárceles privadas. Si se trata de inmigrantes detenidos, la proporción llega hasta el 50%.

El modelo de cárceles privadas estadounidense –sus lobistas han hecho todo lo posible por exportarlo a América Latina: Chile, Costa Rica, Belice, Venezuela, México, Brasil- es un subsistema de espanto dentro de un infierno general. EE. UU., con sus 2.300.000 presos, es el país récord del mundo en población carcelaria y lo es también en cantidad de detenidos por cantidad de habitantes. Según un informe de la organización Stop the Drug War, el gasto penitenciario de ese país ocupa el cuarto lugar en los presupuestos estatales detrás de los rubros salud, educación y transporte. Hace años surgió en varios estados una discusión acerca ya sea de la necesidad de establecer ajustes en los gastos penitenciarios o de flexibilizar los modelos de prisionalización –eliminando detenidos- para bajarlos. La situación de colapso y de crisis de las políticas penitenciarias y de “seguridad” debe entenderse en su contexto histórico: desde los tiempos neoconservadores de Ronald Reagan y la “guerra contra las drogas”, ajustes, crisis económicas y financieras, desempleo, fenómenos inmigratorios. En ese marco, en los últimos 30 años la tasa de encarcelamiento creció en un 500%.

Mientras se discute qué hacer, el infierno carcelario estadounidense puede describirse mediante un despliegue discreto de cifras. Hay casi 750 encarcelados por cada 100.000 habitantes; una cifra ocho veces superior a la media europea. La cantidad de detenidos en 1970 era de 200.000 personas. En 1985 eran 750.000. En 1999, 1.800.000. Hoy son los mencionados 2.300.000. Con apenas el 5% de la población mundial, EE.UU. tiene bajo llave a la cuarta parte de todos los presos del planeta. El 63% de los reclusos son negros y latinos, las minorías más pobres, que sólo constituyen una cuarta parte de la población. La otra superpotencia, China, que se supone que ya emparda con EE.UU. la primacía en términos de poderío económico, y que cuadruplica la población estadounidense,  ocupa el segundo lugar en términos de población carcelaria: 1.600.000 presos (la cifra deja afuera a cientos de miles bajo “detención administrativa”, con una mayoría de disidentes políticos que se “reeducan” mediante el trabajo en la órbita de un sistema extrajudicial).

Si es por rankings, EE.UU. tiene –según sea la fuente- entre 716 y 751 personas presas por cada 100.000 habitantes; Rusia, 627; Inglaterra, 151; Alemania, 88; Japón, 63. Brasil, con 274 presos por cada 100 mil habitantes, ocupa el puesto 46 del ranking mundial. Argentina, con 147 presos, el 105. El promedio entre todas las naciones es de casi 125, lo que equivale aproximadamente a menos un sexto del índice norteamericano. Según el Consejo Nacional de Investigaciones de EE.UU., que depende de la Academia Nacional de Ciencias, casi uno de cada 100 adultos está en prisión. Más del 60% son afroamericanos o latinos; los más pobres. Se calcula que entre 75 mil y 100 mil detenidos padecen o padecieron prácticas de confinamiento solitario. En 2011, más de 95.000 personas menores de 18 años estaban encerradas en prisiones y cárceles para adultos.

Satisfacción garantizada

De las 20 empresas dedicadas al ¿commodity? de las cárceles privadas, sobresalen dos corporaciones particularmente poderosas: Corrections Corporation of America (CCA, que también maneja contratos en Puerto Rico, Inglaterra y Australia) y Geo Group. Entre ambas, son dueñas del 75% de todas las camas de las cárceles privadas. Asunto crucial: la rentabilidad de las empresas es directamente proporcional a la ocupación de plazas; cuanto más duras sean las leyes, cuanto más presos fabrique el sistema, mayores ganancias. La mayor empresa, Corrections Corporation of America, fue la pionera. Las primeras cárceles fueron construidas en pequeñas ciudades en crisis con el compromiso hipotético de generar empleos, subir la recaudación, bajar los costos derivados de encanar tanta gente, costos imposibles de afrontar para las administraciones estatales. Se comenzó con los municipios, luego los gobiernos de los estados, principalmente en el sur de EE.UU., cerca de la frontera con México. Finalmente, a partir de la era Clinton, llegó el turno del Estado nacional. CCA posee 66 cárceles con capacidad para 91 mil presos, con ganancias de 1700 millones de dólares. Geo Group posee 65 prisiones y una ganancia anual de 1600 millones de dólares.

Las garantías de rentabilidad obtenidas por las corporaciones carcelarias antes de iniciar sus emprendimientos son acaso el rasgo más perverso del sistema. Según un informe de una entidad civil con sede en Washington y especializada en procesos de privatizaciones, In the Public Interest, del análisis de 62 contratos de prisiones privadas esparcidas a lo ancho de EE. UU., un 65% exhiben cláusulas que establecen pisos mínimos de reclusos a arrojar sobre camas vacías. Se necesita ese mínimo de ocupación de plazas (de 40 a 60 dólares por preso/ por día de estancia) para que los números resulten atractivos. En los contratos, los estados se comprometen a que el piso de ocupación mínima de camas sea del 80%, y si el delito disminuye, problema del Estado. Sucede que el delito no disminuye no tanto por razones sociales, criminalísticas o económicas, sino que la lógica del sistema impactó en un endurecimiento general de las leyes, mayor prisionalización por delitos menores, nuevos modos y feroces de castigar a los inmigrantes. Sostener la rentabilidad del negocio de las cárceles privadas implica y genera la necesidad de encarcelamientos masivos: entre 1970 y 2010, la cifra de presos creció un 700%.

Así como de estas cosas se habla en jerga financiera, los resultados se miden en las bolsas, donde cotizan empresas como CCA o Geo Group. Grandes entidades financieras y bancos invierten en el rubro. Las corporaciones carcelarias se franquean con soltura: en sus informes a los accionistas admiten –o más bien publicitan- que cuanto más presos, mejores resultados bursátiles. Advierten también que los inversores correrían riesgos si se relajaran las normas de detención de inmigrantes o se ablandaran o acortaran las penas. Las diversas organizaciones civiles que cuestionan y denuncian este modelo aseguran que las empresas son diestras a la hora de elegir cuándo y dónde construir cárceles nuevas. Lo hacen allí donde los estados no saben qué hacer con sus presos excedentes. Se presentan entonces como oferentes y aseguran sus ganancias extraordinarias.

El sistema, amén de las ganancias que provienen de ingenierías financieras, pone a trabajar todos los días del año a un ejército de trabajadores. El número de integrantes de ese ejército se multiplicó en un 358% solo en el período 1980-1994. A mediados de los ’90 ya se contabilizaba una masa de 600.000 presos-obreros; las cárceles privadas como tercera empresa empleadora de los EE.UU. (solo General Motors y Wal-Mart emplean más gente).

Hay otros ingresos según sean los contratos con cada estado: traslado de presos, tercerización de servicios, además de la referida explotación de los presos-obreros que previsiblemente no llegan a rozar el salario mínimo. La Agencia de Migración y Aduanas, complementariamente, maneja contratos millonarios por los que las empresas se ocupan de gerenciar todo lo que suceda con inmigrantes detenidos: transporte, alimentación, cuidados médicos. Detalle no menor: según sean los contratos los presos-obreros pierden parte de su salario. Ese dinero que no perciben se destina a gastos de alojamiento o a indemnizar a las víctimas de los delitos que eventualmente hayan cometido. Bastante más que precarizados, a menudo los presos trabajan para subcontratistas de empresas de primer orden: Boeing, TWA, Konika, Texas Lockhart Technologies, Microsoft, Starbucks, Colgate Palmolive.

La ley del lobby

Según Open Secrets.Org –una organización dedicada a analizar y denunciar tráficos de influencias y lobbying-, CCA invirtió 17,4 millones de dólares para buscar y encontrar la simpatía de políticos y funcionarios solo entre años 2002 y 2012. Geo Group fue más prudente: 2,5 millones. Otras cantidades interesantes de dinero van a sufragar los gastos de las campañas electorales. Casi dos millones en el caso de CCA para influir en políticas penales, judiciales o penitenciarias. Un informe reciente de la cadena Telesur basado en datos aportados por Center for Responsive Politics, el segundo nombre de Open Secrets.Org, añadía que miembros de los dos grandes partidos estadounidenses recibieron donaciones, muy específicamente para evitar riesgos con la reforma migratorio. Parte de esos dineros fueron a parar a los bolsillos de ocho senadores que trabajaban el tema.

Alvin Bronstein, de la Junta Directiva de Reforma Penal Internacional (PRI), analizó también el problema de la presión de los grupos de interés como motor del fenomenal crecimiento de las cárceles privadas. Las corporaciones carcelarias forman parte del estratégico Consejo Americano de Intercambio Legislativo (ALEC es la sigla en inglés, se trata esencialmente de un sistema de conexiones entre empresarios y legisladores conservadores). Entre los logros conjuntos obtenidos por este sistema puede citarse que se hayan evitado “desbordes” con los nuevos regímenes de libertad condicional, o endurecer las penas para que las sentencias sean más prolongadas, es decir las estadías de los presos ocupando plazas. Desde que esta industria ganó en poder de lobby, y más desde los inicios de este siglo, las excusas para llenar cárceles se hicieron cada vez más elásticas: es delito no excarcelable en muchos estados trabajar con un número de seguro social prestado, conducir sin licencia o con un foco averiado, tener un pichicho en exceso ladrador.

Lo social, lo racial, los inmigrantes

Peor aún es la situación para la población indocumentada que sufre detenciones y deportaciones sistemáticas. A la cárcel sin paradas intermedias van a parar quienes hayan estado en territorio estadounidense y vuelvan sin la documentación que se les exige. La cuestión racial, o de segregación social y económica, se dijo desde el principio, es otro rasgo esencial del sistema carcelario estadounidense, como suele serlo en todo el mundo. interdum.

Aun cuando apenas conforman el 13% de la población, los afroamericanos llenan cerca de un tercio de las estadísticas de arrestos.  Según la Oficina de Estadísticas Judiciales, aproximadamente el 3,1% de los hombres afroamericanos, el 1,3% de los hombres latinos y el 0,5% de los hombres blancos están en prisión.  Blancos, afroamericanos y latinos consumen drogas en proporciones más o menos similares. Pero las tasas de judicialización y detención no lo son. La tasa de detención de afroamericanos por delitos relacionados con los drogas triplica la de los blancos.