1.
En uno de los recovecos que tiene la democracia argentina, están los anónimos asesinados por la policía, los que no integran la nómina de los muertos célebres. Encontrar algún rastro que nos permita identificarlos es difícil; si tuvieron suerte habrán sido alojados dentro de una cifra.

2. 
No hay camino para saber a quiénes mató la policía en la Argentina, dónde, por qué, de qué modo particular. Contar cada una de esas muertes -en sus dos sentidos: cuantificar y narrar- no ha estado en ninguna lista de tareas oficial. Hay que salir a recoger historias una por una, en el fondo de internet, en los archivos de los diarios de papel con los que se armaron las primeras sistematizaciones, en muros de Facebook. Luego, hay que despejar la versión policial de esas muertes, quedarán pocos rastros de los acontecimientos.

Entonces, usamos cifras: desde 1996, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, al menos, 3873 hombres, mujeres y adolescentes murieron como consecuencia de una acción policial. “Al menos” subraya la incompletitud del registro. “Históricamente la Policía Bonaerense concentra la mayor cantidad de hechos de violencia letal. En los últimos años la creación de policías locales profundizó esta tendencia” (CELS).

 ^{Marcha en reclamo de justicia por el asesinato del joven Lucas González, baleado por la fuerza de seguridad porteña, noviembre, 2021. Fuente: https://www.dataclave.com.ar}

3.
Desde que comenzó a operar, en enero de 2017, hasta noviembre de 2022 la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a 136 personas. Si abrimos más el número, tal vez podamos imaginar cada situación, hacer el esfuerzo de verla. La estadística dice que la mayor parte de las veces (96) ocurre en el conurbano bonaerense, y nos indica que nos paremos en una esquina del sur de ese territorio, La Matanza es la regla, San Isidro, la excepción. El policía no tiene puesto el uniforme. Tiene una moto. Alguien se cruza, se la quiere robar. El policía dispara a matar. Otra imagen posible: el policía porteño maneja un Uber, alguien le quiere robar, el policía dispara a matar. Otra: el policía porteño cree que está por ser asaltado, dispara a matar, era su hermano a quien confundió con una amenaza. Otra: el policía porteño usa el arma contra su mujer, dispara a matar. 80 de las 96 veces que el policía porteño mató en el conurbano bonaerense la cosa parece personal: nadie le dijo que lo hiciera, daño colateral. El poder judicial dirá “legítima defensa”.

“La particularidad en el caso de la Policía de la Ciudad es la exportación de la violencia letal. Como la inmensa mayoría de los integrantes de esta fuerza viven en el Conurbano, la habilitación a portar armamento fuera de servicio implica la existencia de miles de armas listas para ser disparadas todos los días en el territorio de la Provincia. Al mismo tiempo, esta violencia está invisibilizada: como no son acciones que tengan lugar durante el servicio policial, el gobierno porteño se desentiende del problema remitiéndolo a la esfera privada de los funcionarios, eludiendo las responsabilidades institucionales por sus consecuencias”. (Mapa de la policía)

4. 
Es febrero de 2023. B y R viven en La Matanza, tienen una hija que muere a los 21 días de haber nacido. El hospital público pide una investigación. Alguien le pasa un “dato” a uno de los periodistas policiales con más audiencia del país. Sale tuit: “Estos son los padres asesinos que abusaron y asesinaron a su bebé”. El mensaje incluye sus nombres y las fotos de ambos, con un banner de una seccional policial de La Matanza a sus espaldas. El tuit tiene más de tres millones de visualizaciones. En la comisaría donde quedan detenidos B y R,  los policías los maltratan, los extorsionan, los amenazan. Dejan que las detenidas castiguen físicamente a la madre, en medio del pánico moral construido alrededor del homicidio del niño Lucio Dupuy. Algunos días después, la autopsia de la bebé dice que no hay indicios de violencia. B y R son inocentes. Los liberan. El circuito de la violencia estatal queda ahí, en pocas semanas nadie lo recordará, salvo quienes la padecieron.

^{Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Jornada cargada de reclamos, lucha y emoción motivada por salir a las calles a denunciar la represión estatal que ya mató a más de 5000 personas y las prácticas que persisten en democracia. Entre los miles de nombres de víctimas se repetía constantemente uno: el de Santiago Maldonado, desaparecido por el estado desde el 1 de agosto de 2017, agosto, 2017. Fotos: China Diaz. Fuente: https://www.laprimerapiedra.com.ar}

5.
Un dispositivo de linchamiento virtual se despliega en la superficie de las redes sociales. Su materia es la imagen captada por las cámaras de vigilancia. Muestra, todo el día, a cualquier hora, un robo. Muchas veces es solo eso: alguien aprovecha una distracción para llevarse sin pagar una camisa, un celular, una botella de vino. Otras veces hay violencia, un arrebato, un roce. Otras hay armas, disparos. Esas imágenes salen de dependencias policiales y de fiscalías. Nadie lo detiene. Nadie dice ey, por qué eso está en twitter. Otras imágenes son producidas por la policía: personas detenidas, el cartel de la Policía Federal Argentina atrás, a los fotógrafos no los desalienta ningún escenario. Se trata de una política del gobierno nacional que consiste en exhibir a los capturados, que todavía son legalmente inocentes pues no han sido juzgados. 

Hasta que sí, la micropolítica de construcción de monstruos triunfa y el linchamiento sucede en el mundo de los cuerpos. Los vecinos matan al ladrón. Eso no los convierte en asesinos.

^{Familiares y amigos reclamaron la prisión perpetua para los tres policías acusados de asesinar a Lucas González. "Le tiraron a matar", dijeron. Cientos de personas se concentraron frente a los tribunales porteños para pedir justicia por este crimen, noviembre, 2021. Foto: Alejandro Santa cruz. Fuente: https://www.nuevodiariodesalta.com.ar}

6.
Reconstruyo de memoria un tuit publicado hace algunos días por el ensayista Alejandro Kaufman: "Decir inseguridad en lugar de violencia social es hablar el lenguaje de la derecha". 

7.
En los últimos años, se estabilizó un género discursivo: el autor o la autora, ubicado en la centroizquierda, interviene en la conversación pública para decir que "el progresismo no tiene una propuesta para el problema de la inseguridad”.

Esto sucede, en general, ante un episodio que empieza como un robo y termina como un crimen. Este tipo de homicidios no son la mayoría de los cometidos: representan un 15,9% en la provincia de Buenos Aires, contra un ​​23,7% de asesinatos que son el desenlace de un conflicto interpersonal y un 11,3% de femicidios. Sin embargo, se dibuja una y otra vez “la inseguridad”, se arma un problema único, como si fuera lo mismo que te roben el celular en el subte sin que te des cuenta, un sicario arriba de una moto en Rosario, una emboscada para hacerse de un auto en Avellaneda, dos socios que discuten hasta que uno saca esa arma que tiene en el cajón de la mesa de luz. Como si todo conflicto social amenazara de la misma manera nuestra convivencia. Como si toda infracción a la ley fuera violencia. Como si toda violencia social requiriera una violencia mayor del Estado. La propiedad privada en la misma bolsa que la vida. 

8.
En el periodo en el cual Patricia Bullrrich gobernó a las fuerzas federales, dos personas que participaban de la lucha del pueblo mapuche por recuperar su territorio murieron por responsabilidad estatal, durante operativos desplegados en la Patagonia. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Ocurrió entre agosto y fines de noviembre de 2017. Más de cinco años después, y aunque fueron muertos rodeados de denuncia y activismo, ningún funcionario fue sancionado y la entonces Ministra de Seguridad está en la cima de la competencia electoral por la presidencia de la Nación.

No hubo castigo; tampoco verdad. La eficacia del macrismo para justificar, sin titubear, la violencia estatal fue descomunal. De un lado, construyó laboriosamente un enemigo interno. Del otro, presentó a las fuerzas que portan las armas del Estado como si fueran víctimas: acusados falsamente por la muerte de Santiago, forzados a disparar para defenderse de Rafael.

Contra eso, no pudimos articular una praxis de reconstrucción de la verdad igual de firme, igual de eficaz. Ahora, con la ultraderecha en el umbral está en el aire la pregunta sobre cómo vamos a investigar la violencia estatal que sus discursos de campaña ya ni siquiera disimulan. 

9.
Es marzo de 2023. La inseguridad zurce un tramo de la grieta, empujada por la cantidad de votantes que se desplazan hacia la derecha de la derecha. Las imágenes del encierro masivo, humillante, antihumanitario de salvadoreños ocupan dos días enteros. Luego, dejamos de verlas. Quedan los discursos inflamados de los referentes en el combate al delito. Sergio Berni, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires: “no me sonroja decir que creo que Bukele me copió lo que tengo en la cabeza".

10.
Esto es una celda de una comisaría en la provincia de Corrientes.

11.
Una leyenda medieval cuenta la historia de Jorge y el Dragón. La criatura vivía sobre la fuente de agua de un pueblo al que le exigía un tributo diario para dejarlos beber. Primero fueron ovejas. Luego, tuvieron que entregar cada día a uno de sus habitantes. Por sorteo, elegían quién sería el sacrificado. Un día le tocó morir a la princesa, a cambio de la condescendencia del dragón. Recién entonces, llegó Jorge, y mató al temible animal fantástico.

El encarcelamiento de personas en celdas en las que no alojaríamos a nuestra mascota. Vidas que valieron menos que las cosas. Esos son los núcleos de la violencia estatal que persisten, un fondo de crueldad con el que convivimos. Las víctimas a las que se presume culpables están del otro lado de la frontera de la democracia. Como si sus existencias pudieran sin más sacrificarse en el altar de la seguridad.