En noviembre del año 2014, en un viaje que realizamos trabajadores del RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) a la Localidad de Río Seco, Provincia de Tucumán, nos esperaban referentes de una asociación de trabajadoras agrarias. El objetivo de este contacto, que no era el primero, era el de identificar qué tipo de formación requerían y así planificar mejor nuestro trabajo de fortalecimiento de organizaciones agrarias.  La dirigente del grupo (una de esas mujeres que no tienen que explicar demasiado quiénes son ni hacia dónde van, porque su mirada, sus manos y la firmeza de sus palabras no dejan lugar a dudas) nos entregó un papel irregular, con unas líneas escritas a mano que no superaban la  media carilla. Se leía lo siguiente: 

“PLANIFICACION DE LOS TEMAS QUE SOLICITAREMOS A RENATEA:
Importancia de nuestra mano de obra para que funcione la industria del limón, la caña, arándano, uva, papa, etc. Como tucumanas desconocemos el valor económico de estas producciones y el rol nuestro en ellas. Son productos de exportación y tienen muchas ganancias. Cómo afianzar este modelo de país. Discernir entre una política partidaria y la política que como Asociación realizamos. Conocimiento sobre cómo se forma la inflación, el costo de los productos que nos afecta todos. Poder tener elementos políticos, y económicos para saber discernir y defender con más elementos este proyecto. Relacionar toda la información recibida con nuestra vida de dirigentes e ir desterrando la vieja política y construir una sociedad justa para todos”.

Cada tanto releo ese papel. Asombra la sabiduría y la claridad de esas trabajadoras sobre lo que necesitaban para sostener una lucha inmensa a la que sabían justa, y que no estaba perdida. El despliegue del proyecto nacional y popular había logrado ese nivel de conciencia del sector más postergado del mundo del trabajo. Intuían que estaba en peligro. ¿Sospecharían lo que ocurriría pocos meses después?

Releer ese papel, (cuyas palabras conservo celosamente en ese lugar donde recalan los aprendizajes que emocionan y duelen a la vez) me sirve para entender por qué, pocos meses después, vinieron a destruir las políticas impulsadas para los trabajadores agrarios, y su organismo rector, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios, RENATEA. 

Me sirve también para entender por qué, dos días después del balotaje de noviembre 2015, la Corte Suprema falla a favor del aliado del macrismo, Gerónimo Venegas, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores - UATRE -  y le devuelve la gestión del organismo, a partir del cual resucitan al RENATRE, esa curiosa experiencia en la que la Mesa de Enlace y representantes gremiales comían asado, tomaban vino y jugaban a las cartas en el mostrador de recepción de denuncias por explotación laboral en el campo. Me permite comprender por qué, modificaron en 2016 por decreto la Ley 26.727 del 2011 del Nuevo Estatuto para el Peón Rural, aprobada por amplia mayoría en el Congreso. Me ayuda a explicar por qué nos despidieron a 600 trabajadores en menos de 8 meses. Y entender también por qué, meses después, se constituía el nuevo Directorio del organismo con dirigentes de la Mesa de Enlace. 

Desarmaron en menos de un mes todas las políticas territoriales nacionales destinadas a la prevención y control del trabajo infantil y la trata laboral, a la fiscalización de condiciones de trabajo, los espacios de cuidado para niños y niñas agrarias y los cursos de recalificación laboral. El trabajo agrario retrocedió 20 casilleros en un juego en el que pocas veces pudo tirar los dados. 

^{Trabajador rural de la provincia de Buenos Aires, 2022}

Los asalariados del campo

El 8 de octubre de 1944, siendo Juan Domingo Perón Secretario de Trabajo y Previsión Social, se aprobó el Estatuto del Peón Rural, redactado por Tomás Jofré, por medio de un decreto-ley (luego aprobado en el congreso y reglamentado). Hace 68 años las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados del campo no era muy diferente a la esclavitud que se había pretendido abolir en la Asamblea del año 13 del siglo anterior.  

El nuevo Estatuto incorporó a esa enorme peonada al mundo de los derechos laborales, con condiciones que era imposibles siquiera de soñar para los “braseros” de entonces, aquellos, que, despojados de otros recursos,  alquilaban la fuerza de trabajo de sus brazos por jornadas “de sol a sol”.

Así como para otros sectores de trabajadores, los peones rurales accedieron a derechos tan básicos como los alcanzados por otros convenios colectivos: que su remuneración se pague en moneda “de curso legal”, y que no se pueda descontar mercaderías de las proveedurías de su patrón, que se remunerara su antigüedad y que se limitara su jornada a 8 horas diarias y a 44 hs de trabajo semanales. También se dispuso el descanso dominical y las fundamentales condiciones de seguridad e higiene para un sector de actividad en el que el lugar de trabajo y de residencia se confunden; salarios mínimos, alojamientos dignos, provisión de alimento y ropa de trabajo, asistencia social y vacaciones pagas. 

Luego del Estatuto del Peón Rural (EPR), con las sucesivas reglamentaciones y adecuaciones, en 1980 se crea el Régimen Nacional de Trabajo Agrario  (RNTA) y la Comisión Nacional de Trabajo Agrario bajo órbita del Ministerio de Trabajo y, posteriormente en 2011, el llamado “Nuevo Estatuto del Peón Rural”, (Régimen de Trabajo Agrario), con la Ley 26.727. El mundo del trabajo agrario se fue complejizando, resultando un mosaico de condiciones diversas que combinan desordenadamente trabajo asalariado formal e informal, trabajos temporarios relaciones de mediería, arredamientos usurarios, agricultura familiar, trabajo infantil, trata laboral y maltrato agravado por condiciones de género y diversas formas de vulneración de derechos de las infancias y adolescencias.

El trabajo asalariado convive y muchas veces se confunde con múltiples formas de trabajo familiar, especialmente en una actividad que fue ganando visibilidad como la agricultura familiar, colectivos de campesinos, migrantes, comunidades originarias, afrodescendientes que resisten el desalojo y el avance de las fronteras productivas sobre sus territorios en disputa, en nombre del tan mentado “desarrollo”. A esa compleja trama de condiciones de vida y de trabajo se la aborda desde las políticas públicas desde al menos dos áreas del Estado de competencias y herramientas diferentes y no complementarias, Agricultura y Trabajo, fragmentando las intervenciones del Estado y, una vez más, dejando amplios espacios vacíos de olvido y abandono a más de 2 millones de personas.

^{Trabajador rural de la provincia de Buenos Aires, 2022}

Un Estado presente trunco

Con la aprobación de la Ley 26.727 del 2011 se recupera como organismo público de derecho privado al RENATEA (ex RENATRE, que estaba a cargo de la UATRE, el gremio regentado hasta entonces por el Momo Venegas, desde su creación en 2001). El RENATEA llegó a tener cerca de 800 trabajadores en todo el país. Ese número obedeció a una gran descentralización del organismo para poder abarcar un territorio rural muy disperso, garantizando una fuerte presencia territorial en las delegaciones del interior, que hasta ese momento no existían: 25 delegaciones provinciales 107 unidades territoriales; más de 200 Unidades de Gestión Local, que ya no estaban en las sedes de la Sociedad Rural o de la UATRE local, sino en organismos e instituciones públicas. 

La Ley de 2011 crea un nuevo régimen de trabajo que, como sucedería con las trabajadoras de casas particulares, eran los sectores asalariados más postergados del llamado mercado laboral. Desde su creación, el RENATEA registró 155 mil trabajadores, 11.700 empleadores, alfabetizó a más de 3700 trabajadores en 250 puntos de alfabetización, recalificó en oficios agrarios a 11.500 trabajadores, realizó 1780 fiscalizaciones sobre 31 mil trabajadores, detectando 4200 situaciones irregulares y 1000 casos presuntos de trata. Incluyó a 3000 niños y niñas en espacios de cuidado y atendió mediante campañas de vacunación y controles de salud (oftalmología y odontología) a trabajadores migrantes. 

Si bien faltaba mucho por hacer, se habían realizado avances muy importantes para la inclusión activa y participativa de sus trabajadores, promoviendo además la asociatividad y los primeros pasos hacia organizaciones sindicales que permitan democratizar estos derechos en todo el país, en base a las particularidades productivas de cada sector: los trabajadores tareferos, frutícolas, hortícolas, entre otros, fueron punta de lanza de muchas otras organizaciones proto sindicales. En este impulso fue especialmente estimulante la participación de las mujeres agrarias, como las que protagonizan las primeras líneas que he compartido en esta nota, y el financiamiento de proyectos productivos asociativos que permitieron sostener ingresos en el periodo intercosecha y así evitar el desarraigo y la fragmentación de las familias agrarias.

En los 4 años que funcionó el organismo (2012 a 2015) la recaudación aumentó un 121 por ciento. Llamativamente, las denuncias aumentaron de 25 por año a 15 por día, facilitadas por la preservación de los datos del denunciante y, sobre todo, porque ya las denuncias ya no se presentaban frente a quien era cómplice del maltrato o explotación. Todo eso, especialmente las fiscalizaciones en los lugares de trabajo,  dejaron de funcionar a partir de diciembre del 2015. Hoy persiste una fachada de actividades gentilmente acordadas entre verdugos y cómplices.

^{Trabajador rural de la provincia de Buenos Aires, 2022}

Desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2016 se planificaron los despidos de manera extorsiva, como así también se dió de baja el muy recientemente creado Convenio Colectivo de Trabajo del RENATEA CCT 1453/E. Esta medida fue acordada entre las nuevas autoridades y el gremio agrario, de la mano de un innumerable rosario de casos de acoso laboral, persecución ideológica y presiones a trabajadores, en un contexto de fuerte presión del gobierno de Cambiemos a la Justicia en general y a la justicia laboral en particular. Hoy como sociedad tenemos la confirmación de que la estrategia de la Mesa Judicial era la del espionaje, las amenazas, y la persecución judicial para lograr sus objetivos: liberar los controles a los dueños del campo argentino par que profundicen su saqueo y ganancias extraordinarias gracias a la pauperización y sometimiento de los trabajadores, tanto del Estado como en el campo. Nuevamente la historia demostró que el miedo y la codicia son las dos armas más eficaces para un modelo económico que se nutre del capitalismo financiero globalizado, alentado por los vientos  neoliberales-conservadores. Menos Estado, menos derechos.  
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Mientras esto sucedía, la violación a los derechos de los trabajadores agrarios avanzó sin restricciones y volvieron a ser invisibilizados, con un RENATRE cuyo personal que no supera los 250 personas y con el vaciamiento y destrucción de todas las políticas inclusivas previas. Los casos de trabajadores migrantes o golondrina abandonados a su suerte a 1000 kilómetros de sus hogares, la profundización de la explotación laboral y la complicidad del organismo con sus patrones fueron noticias corrientes pero nunca visibilizadas por los medios hegemónicos.  De todas estas violaciones a los derechos humanos y laborales de este sector, lo más preocupante es la no intervención en situaciones que favorecen la trata de personas con fines sexuales, el abuso de niñas en los campamentos agrarios y el trabajo infantil agrario.
 
Como hace 68 años, hablar del trabajo agrario es hablar de Estado. Las condiciones de trabajo son el mejor espejo de lo que somos capaces de tolerar como sociedad. A pesar del deterioro generalizado de las condiciones de trabajo y de los ingresos reales de la mayoría de lxs trabajadores, quizás sea momento de sacar de debajo de la alfombra esas acciones que le debemos como nación a un sector que está muy lejos de gozar de los derechos legítimamente aspirables en nuestra sociedad. Nunca es tarde.