Graciela ceba mate con una pava ennegrecida, que calienta sobre la salamandra. Está junto a Alejandro, en la casa que fue de Rafita. Es una barrosa tarde de agosto de 2019 y faltan pocos meses para que se cumplan dos años del asesinato de su hijo. Graciela y Alejandro van a la casa para recordar y acomodar algunas cosas en el patio.

Allí charlamos sobre Rafita, mientras filmamos el documental que -junto al director Guillermo Costanzo- estrenaremos el año que viene.
Graciela señala un tirante de madera y dice que ahí su hijo había colgado un montón de cd, que le gustaba mucho la música, que siempre estaba escuchando. Alejandro detalla que la cumbia, que le gustaba la cumbia.

La casa del barrio Nahuel Hue es un solo ambiente de cuatro por dos y medio, la salamandra, los cables colgando, una mesita mínima, un sillón viejo. Paredes con retazos de madera. La letrina al fondo del terreno.

Alejandro dice que un día estaba en la cama y apareció Rafita, todo vestido de blanco, que se le acercó y no le dijo nada. Y que otra vez lo vio mirando desde la tranquera. Ahí viene Rafita, pensó.

- Y después me desperté.
- Él lo sueña. Yo una sola vez lo soñé -se culpa Graciela-. Como que me mostró que en la comunidad estaba toda la Gendarmería, nada más. Fue el único sueño que tuve con mi hijo-, la mate y la pava olvidados por la charla.

Graciela no lo sueña, pero lo piensa. Demasiado.

^{Graciela Salvo, madre de Rafael Nahuel. Foto: Santiago Rey}

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El 25 de noviembre de 2017, un escuadrón del grupo de élite Albatros de la Prefectura Naval Argentina ingresó al territorio que la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu había recuperado en Villa Mascardi: unas 12 hectáreas de las 710 mil que posee el Parque Nacional Nahuel Huapi. Los uniformados tenían la orden judicial de custodiar el predio y evitar nuevos ingresos, luego de un violento desalojo realizado dos días antes, el 23 de noviembre. En esa oportunidad fueron detenidas cinco mujeres integrantes de la comunidad. Los hombres huyeron montaña arriba.

El sábado 25 de noviembre, el grupo de uniformados formado por Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, armados con pistolas Beretta 9 milímetros y subfusiles MP5 se topó territorio adentro con integrantes de la comunidad. Tras dar la voz de alto, y arrojar una bomba disuasoria, recibieron piedrazos como respuesta y comenzaron a disparar, primero con munición no letal, luego con balas de plomo. En total tiraron entre 114 y 129 veces con proyectiles 9 milímetros. Hirieron a dos jóvenes y mataron por la espalda a Rafael Nahuel.

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Graciela no deja de pensar en Rafa. Comparte en Facebook un desafío virtual: “Cuál es la tristeza profunda dentro de ti? ¡Explota los globos para averiguarlo!” En la imagen, globos de colores y uno con la cara de Rafa. Y la sentencia: “Estás pensando demasiado”.

^{Alejandro Nahuel, padre de Rafael Nahuel. Foto: Santiago Rey}

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Rafael Nahuel decidió que iría a vivir a la comunidad mapuche en Villa Mascardi. En varias oportunidades durante el mes de noviembre de 2017 había ido a visitar a sus familiares que protagonizaron la recuperación territorial, entre ellas a su prima Betiana, la machi.
Quería construir su casa, su ruka, quería criar gallinas y conejos, y tener un caballo.

- Él se fue con esa ilusión de hacer otra vida y no la pudo hacer -dice Graciela-. No tenían derecho a quitarle su vida por más que haya querido ser mapuche.
Alejandro identifica las responsabilidades: “Parques Nacionales hizo que le quitaran la vida a mi hijo”, dice. Y es que ese organismo estatal promovió la denuncia por “usurpación” que derivó en la orden de desalojo del juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva y en el operativo posterior que concluyó con el asesinato.

Graciela con la mirada perdida y la voz firme agrega: “Parques tiene las tierras para la gente rica”.

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A principios de diciembre de 2021 el expediente judicial por el asesinato de Rafael Nahuel fue elevado a juicio, y solo resta que el Tribunal Oral de General Roca -con una integración especial- ponga fecha al comienzo de las audiencias. Será, seguramente, durante 2023.

La carátula con la que la causa llegó a esta instancia desanima a las querellas que representan a la familia, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche: “Homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”. Es decir que la instrucción realizada en el Juzgado Federal de Bariloche -que sucesivamente encabezaron los jueces federales Gustavo Villanueva (el mismo que ordenó el desalojo de la comunidad mapuche en 2017), Leónidas Moldes (era el titular del Juzgado pero dejó el cargo), Gustavo Zapata y Silvina Domínguez- hizo propio el relato de enfrentamiento a mano armada entre los Albatros y los mapuche que impuso el Gobierno de Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de los medios de comunicación dominantes.

Al momento de los procesamientos, el juez Zapata interpretó que “los imputados (los Albatros) pudieron considerar que su vida y la de sus compañeros estaban en peligro”. Y agregó que “en determinado momento decidieron dejar de lado el armamento no letal para comenzar a utilizar munición letal al sólo fin de proteger sus vidas y retirarse del lugar, es decir, terminaron siendo perseguidos”.
Sin embargo, la inspección ocular realizada en el lugar los primeros días de diciembre de 2017, determinó que los Albatros persiguieron a los integrantes de la comunidad mapuche: la mayor cantidad de vainas servidas correspondientes a las armas de los integrantes de Prefectura se encontraron montaña arriba, más allá de los límites del territorio en disputa.
Esa misma diligencia judicial permitió determinar que los únicos disparos con armas de fuego realizados durante el operativo fueron efectuados por los miembros de la Prefectura Naval Argentina.

El mismo resultado arrojó la pericia realizada sobre las manos de los involucrados en el hecho. Finalizado el operativo y por orden judicial se tomaron las muestras de las manos de los cinco Albatros que participaron del ataque, así como del propio Nahuel -ya fallecido- y de los dos jóvenes que bajaron el cuerpo en busca de ayuda: Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.
Pocos días después del hecho, las muestras fueron analizadas en el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche y permitieron determinar que los únicos que efectuaron disparos fueron los uniformados, de acuerdo a la cantidad y ubicación de partículas de pólvora en las manos.

A pesar de lo concluyente del estudio, el diario Clarín tituló el 8 de febrero de 2018: “Autopsia al mapuche muerto en Mascardi: le habrían encontrado restos de pólvora en la mano”.

La doctora en física Adriana Serquis, jefa del departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche rechazó esa afirmación y dijo para el documental que verá la luz el año próximo que de la lectura de esas muestras es imposible determinar que los jóvenes mapuche, incluido Nahuel, hayan efectuado disparos.

Por su postura Serquis sufrió el ataque mediático del diario Clarín, desde cuyas páginas se aseguró que su interpretación de la pericia no era técnica sino política, que respondía a su “militancia kirchnerista” y que tenía como objetivo criticar al Gobierno de Mauricio Macri.
Reconocida internacionalmente por su labor y con un currículum intachable, cuatro años después de aquella “acusación”, en 2021 Serquis fue designada Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

El abogado de la querellante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, aseguró a este cronista que durante la instancia oral del juicio se insistirá en desbaratar el relato sobre el enfrentamiento armado que sustenta la calificación de homicidio cometido en exceso de legítima defensa. “La acusación no nos satisface; no estamos de acuerdo con esa figura. Para nosotros es homicidio calificado. Eso se va a discutir, está abierto a resolverse en el debate oral”, explicó.

^{Marcha por justicia por el asesinato de Rafael Nahuel, 2017. Foto: cadenadelsur.com}

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El 24 de noviembre, algunas horas antes del asesinato, Rafael Nahuel pasó por la casa de sus padres. Con su coche ayudó a su papá a acarrear leña.

- Yo tenía una yegua que no era de carro, entonces fuimos con su cochecito, llevamos la motosierra, él no la quería usar. Sobró leña ese día- recuerda Alejandro.

Rafita le decía “la petisa” a su mamá. Ese viernes le pidió a la petisa que le lave la ropa, “para venir a ver a las chichis el fin de semana”. Graciela se quedó con la ropa mientras Alejandro y su hijo salieron a andar a caballo, terminada la tarea de cortar y acarrear leña.
Después se fue a Mascardi, a la comunidad, para llevar comida y abrigo a los hombres que quedaron desperdigados por la montaña. El papá recuerda que desde la ventana “decía chau, así con la mano. Iba a venir el fin de semana. Y la petisa se quedó esperando”.

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La causa FGR 027423/2017 caratulada “Pintos, Francisco Javier y otros sobre homicidio simple, usurpación y atentado agravado a mano armada” de la cual es querellante “Alejandro Nahuel y otros”, tiene procesado al cabo primero Sergio Guillermo Cavia por el delito de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa” y a los otros cuatro integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, como “partícipes necesarios” del hecho.
El complejo proceso de instrucción incluye una contradicción en el resultado de una pericia clave: la balística.

La resolución de procesamiento de los Albatros -firmada por el juez Zapata- avala el resultado de la tercera pericia balística en detrimento de la primera, efectuada por peritos independientes que cotejaron el proyectil que causó la muerte de Nahuel de manera directa y a las pocas horas de producido el homicidio. Esa diligencia determinó de manera taxativa que la bala que mató al joven mapuche salió del subfusil MP5 que portaba el cabo primero Francisco Javier Pintos.

Sin embargo, el Juez que ordenó el desalojo e inició la instrucción por el homicidio, dio paso a una nueva pericia y se la solicitó a la Gendarmería Nacional, una fuerza de seguridad que, al igual que la cuestionada Prefectura Naval, dependía institucionalmente de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Para lograr habilitar una segunda pericia balística fue necesaria la opaca participación en el expediente de dos abogados que representaron por pocas semanas a la familia de Rafael Nahuel. Fuentes con acceso directo a la causa calificaron como “inentendible” el desembarco de los dos profesionales sin antecedentes en defensa de casos de derechos humanos ni de derecho indígena.
Tal como era previsible, esa segunda pericia realizada por Gendarmería determinó que el proyectil que mató a Nahuel no fue disparado por el subfusil de Pintos, y abrió el llamado a una tercera diligencia, que se realizó en una dependencia del ministerio Público de la Provincia de Salta, proceso que incluyó la “pérdida” durante dos días del proyectil extraído del cuerpo del joven mapuche.

La tercera pericia concluyó que el proyectil que acabó con la vida de Rafael Nahuel provino del arma que poseía el cabo primero Sergio Cavia, a pesar que su cargador estaba intacto, sin faltante de balas.

La contradicciones en las pericias permitirá al abogado de Cavia y Pintos argumentar a favor de la falta de pruebas necesarias para determinar la responsabilidad de uno u otro. La carta de la “falta de mérito” será jugada durante las audiencias. El profesional que representa a los dos uniformados más comprometidos es Marcelo Hugo Rocchetti, un hombre del corazón del macrismo: fue Jefe de Gabinete del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, durante la gestión de la Gobernadora María Eugenia Vidal. Además representó en un juicio por homicidio al ex jefe de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, mientras el operador judicial del macrismo, Daniel Angelici, era Presidente del club.

^{Manifestantes marcharon en las ciudades de Buenos Aires y Bariloche para repudiar el asesinato de Rafael Nahuel, mapuche de 27 años, noviembre, 2017. Foto: REUTERS/ I. Alvarado}

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“Rafita era un pibe joven muy pegado a su mamá”, dice Alejandro -el mate blanco de cerámica en la mano-, casi todos los días pasaba por la casa de sus padres.

- Siento mucho angustia porque no está mi Rafita -cuenta Graciela-, como cuando iba a la casa, abrazaba, y decía que nos quería mucho, mamá te quiero mucho decía, y también agarraba y decía vamos a tomar unos mates, siempre me decía vos tenés que estar bien mami, siempre tenés que estar bien, sí sí yo estoy bien, le decía. Siempre le tenía hechas tortas fritas, porque le gustaban. Tomábamos mate y después se iba a hacer una changuita.

Con su buzo y su remera de Boca, con la gorrita visera para atrás “pasaba al frente de la casa, a la carrerita, ahora ya se me fue, me la paso mirando por la ventana y ya mi hijo no pasa más”.

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La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación irá por la condena de los cinco procesados por el delito de homicidio calificado. Una estrategia que podría sumar a los representantes de la familia y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche, también querellante en el expediente.

Más allá de que la figura del cierre de la instrucción apunte al cabo primero Cavia como responsable del disparo mortal, la estrategia que desarrollará el abogado Przybylski apunta a demostrar la “coautoría de los cinco” implicados.

“Independientemente de quién disparó la munición que termina matando a Rafael -dijo- todos dispararon a los miembros de la comunidad que se estaba escapando montaña arriba, dispararon con intención de matar, hubo dos heridos además del asesinado, está acreditado”. Y agregó que “para nosotros fueron los cinco. Todos tuvieron dominio del hecho, todos dispararon, todos tuvieron intención de matar, uno le pegó a Rafael, otro u otros hirieron a otras dos personas. Son coautores de homicidio calificado, todos calificables con prisión perpetua”, concluyó.

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“Bullrich y Macri tienen que hacerse cargo porque destruyeron una familia, los hermanos lo extrañan. Ezequiel, el más chico, era muy apegado, venía acá, Rafael le cocinaba, compartían, se quedaba con su hermano acá. Ahora ya no es lo mismo. Su hermano Alejandro que vive atrás ahora mira la casa y ya no está. Sus sobrinos eran su adoración. Las dos hijas y el hijo de Pablo, el hermano mayor. Macri y Bullrich tienen que pagar”. De corrido, Alejandro apunta al centro de la responsabilidad política del relato de demonización del pueblo mapuche que tuvo su pico de correlato represivo en 2017 y provocó, además del asesinato de Rafael Nahuel, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

Sin embargo fue el Gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien completó el trabajo de desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu. El 4 de octubre último, más de 250 efectivos de fuerzas de seguridad nacionales, fundamentalmente la Policía Federal, irrumpieron en el territorio para cumplir la orden de desalojo emanada del juzgado federal de Bariloche, que subroga la jueza Silvana Domínguez.

Gases lacrimógenos, disparos de postas no letales, y la detención de siete mujeres fue el saldo del operativo que duró unas diez horas. Una vez más los hombres de la comunidad huyeron montaña arriba y evitaron ser apresados.

En un proceso denunciado por organismos como el CELS y la APDH, las mujeres detenidas sufrieron un trato contrario a las normas mínimas de derechos humanos, fueron trasladadas por pocas horas al Penal de Ezeiza sin que medie una explicación de la medida, no fueron informadas sobre la imputación que pesaba en su contra y se les negó, durante varias horas, el acceso y contacto con sus abogados.

Betiana, la machi de la comunidad, relató el desalojo en una entrevista colectiva realizada por Ana Cacopardo, Agustina Frontera, Cora Gamarnik y Florencia Werchowsky.
- “Era temprano a la mañana -dijo-. Justo el día anterior había lavado la ropa del bebé (de apenas meses), entonces no tenía nada de ropa limpia. Terminé de vestir a Lemu (hijo de 4 años) y le dije que baje y vaya con el resto de las chicas, las lamuen. Ahí ya se escuchaban los tiros y los gases. Baja él solito y todavía al bebé lo tenía acostado en la cama, porque estaba preparando el bolsito con sus pañales y sus cosas y en eso escucho ‘al piso o las matamos’, entonces bajé para ver a Lemu y cuando veo por la ventana ya estaban entrando, así que subí a buscar al bebé corriendo y en eso escucho un ruido, como que alguien destroza la puerta. Ahí tiran una bomba de estruendo y un gas lacrimógeno, que cayeron en el piso cerca de la cocina a leña”.

Cuatro de las mujeres fueron detenidas quince días después procesadas por “usurpación” y se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria. Otras cuatro personas también fueron procesadas y se encuentran prófugas.

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Mientras esperan la fecha del juicio oral, Graciela y Alejandro recuerdan que hace unos 22 años que la familia llegó al barrio Nahuel Hue. “Mucho barro, hay mucho barro todavía -dice Alejandro-, se pone jodido cuando viene la nieve. Leña seca no se consigue tampoco”.
Pelean cotidianamente para que se haga justicia por el asesinato de su hijo y para conseguir algo de leña seca que les permita pasar los fríos del otoño, el invierno, la primavera barilochense.

Siguen yendo a la casa de Rafita, hubieran querido armar un merendero. “Un recreativo para los chicos del barrio”, dice Graciela.
Graciela y Alejandro hablan y ponen los brazos atrás, como pidiendo disculpas, como si una culpa atávica los persiguiera, como si fueran responsables de la pobreza y la tragedia que les toca vivir.
- Me pongo a pensar y me pongo triste porque ya no lo voy a ver más- alcanza a decir Alejandro.
- Siempre nos falta algo. Siempre nos falta algo- repite Graciela.