En abril de este año, se procesó por primera vez en nuestro país a una decena de militares, ex policías y civiles por persecución, detenciones y torturas cometidas a un grupo de travestis y mujeres trans durante la última dictadura cívico-militar, más específicamente en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio conocido como Pozo de Banfield.  Esto tuvo lugar en un fallo histórico firmado por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak a partir de una investigación llevada a cabo desde el Ministerio Público Fiscal, en la que se relevaron casos de mujeres trans y travestis que habían sido detenidas y torturadas entre 1976 y 1983.

La violencia institucional hacia mujeres trans y travestis en la Argentina es histórica, y ha sucedido tanto en dictaduras como en democracias, pero se intensificó y recrudeció muchísimo durante los años de la última dictadura. Ana Oberlin, fiscala que integró la investigación del juicio por los crímenes en el Pozo de Banfield, menciona que fue importante “encuadrar esto en el marco del Terrorismo de Estado para comprender el ensañamiento particular sobre gays, lesbianas y personas trans durante esos años” y agrega que la investigación, que recibió también colaboración del Archivo de la Memoria Trans, “llevó a un proceso de mayor comprensión de lo que había ocurrido en el Terrorismo de Estado y terminó con esta resolución, con el procesamiento que determinó el juez Kreplak, que fue inédito”.

En este sentido, en el fallo, se observa que “tales crímenes no resultan aislados sino que se enmarcan en un contexto de discriminación histórica y estructural, ahondada por las acciones desplegadas durante el Terrorismo de Estado”. En esta misma línea, Oberlin sostiene que “las travestis y mujeres trans fueron sometidas, al igual que buena parte de la población de esos años al terror estatal que consistía, en especial, a ser llevadas a centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y haber padecido todas las violencias que se aplicaban en esos lugares con particular ensañamiento por sus identidades de género”.

^{Foto: Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Argentina). Departamento de Archivos. Fondo Editorial Sarmiento. Archivo de redacción Crónica. AR00105323}

Esto es muy importante, porque si bien ya había un antecedente, que era el caso de Valeria del Mar Ramírez -la primera travesti en ser querellante como sobreviviente en una causa de lesa humanidad y que también integra la querella en esta causa-, en este caso lo que se logró, como señala Oberlin, “es que se los tome como casos que pertenecen a un grupo cuya persecución fue sistemática”. El fallo reconoce, entonces, la responsabilidad del Estado en el genocidio travesti-trans que se ha llevado la vida de tantas compañeras a través de los años. Otro dato importante es que estos casos son incluidos en la megacausa del Pozo de Banfield, con lo cual no son tomados por separado, sino que se suman a muchos otros casos de detenides y desaparecides por otros motivos.

La psicóloga social y activista travesti Marlene Wayar reflexiona sobre la persecución estatal hacia el colectivo: “El imperativo ético es establecer que lo que ha sucedido acá son crímenes de lesa humanidad en contexto de un genocidio, hay todo un entramado jurídico para poner en acción y ver cuáles son los pasos a seguir, establecer responsabilidades, abrazar a las víctimas, reparar, resarcir, acompañar psicológicamente, dar posibilidades, pedir perdón y darles a las víctimas garantías de no repetición.” Es por eso que es muy necesaria y urgente una ley de Reparación Histórica para las adultas mayores travestis y trans que han sobrevivido a las detenciones, torturas, violaciones y todo tipo de violencias por parte del Estado, tanto durante la última dictadura cívico-militar como durante los años de democracia.

En esta línea, el proyecto de ley Reconocer es Reparar, que fue impulsado por las activistas travestis Lohana Berkins, Marlene Wayar y Diana Sacayán, en conjunto con ABOSEX y la Asociación Lucha por la Identidad Travesti (ALITT), “busca garantizar una pensión graciable a todas las personas que hayan sido víctimas de violencia institucional y en particular privadas de su libertad por las fuerzas de seguridad nacionales o federales por motivos de su identidad de género y en concreto aquellas que fueron víctimas de la aplicación de los edictos policiales”, explica Emiliano Litardo, redactor de la Ley de Identidad de Género y abogado miembro de ABOSEX. Y agrega: “Es un proyecto muy concreto, es darle una reparación económica a las personas que fueron víctimas de violencia por razones de identidad de género con la aplicación de los edictos policiales, no es más que eso. El Estado está obligado a reparar eso. No es un subsidio, no es una indemnización, es básicamente, como decía Lohana, saldar una parte de la historia del movimiento travesti, que tiene que ver con la violencia que sufrieron por los edictos policiales”. Wayar, por otro lado, dice que “así como se puede reconocer a una mujer que fue mamá y ama de casa, de la misma manera estas otras personas sostuvieron a una X cantidad de hombres en una X cantidad de situaciones sexuales, ya hicieron ese trabajo y ese trabajo no es reconocido. Después podemos hablar muchas cosas a partir de eso, pero eso ya está hecho. Pero además para realizar ese trabajo miserable, ominoso, vergonzoso, en absoluta cloacalización, como diría Lohana, pagaron peaje: a la policía, a quienes arrendan, alquilan, dan viviendas, a quienes venden alimentos, cosméticos, a quienes tienen lugares de esparcimiento… hay toda una dinámica”.

^{Foto: Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Argentina). Departamento de Archivos. Fondo Editorial Sarmiento. Archivo de redacción Crónica. AR00105323}

A nivel provincial, está el antecedente de la Provincia de Santa Fe, que en 2018 reconoció a un grupo de travestis sobrevivientes al Terrorismo de Estado como presas políticas durante la última dictadura militar, a través de una Reparación Histórica. A nivel nacional, por un lado, está el ya mencionado caso de Valeria del Mar Ramírez, quien recibió en el 2020 una reparación por ser sobreviviente de detenciones y torturas en el Pozo de Banfield. Más recientemente, en julio, se logró una reparación para Karina Pintarelli, quien fue perseguida, detenida y violentada por la policía durante los años de la dictadura cívico-militar por medio de los edictos policiales. Esto se hizo efectivo por una resolución de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impulsada por el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y las agrupaciones No Tan Distintes y ABOSEX. “El caso de Karina requirió fundamentar que la detención sistemática de personas trans durante la dictadura formó parte de la doctrina de seguridad nacional y por lo tanto debe ser reparada por las leyes reparatorias [existentes]”, explica Andrea Pochak, abogada y Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Nación.

Estas experiencias son importantes ya que pueden sentar precedentes para que otras sobrevivientes puedan acceder a este derecho. Hoy, la mayor urgencia para las adultas mayores de la comunidad travesti-trans es esta reparación, simbólica y económica, para una generación que ha sido perseguida, marginada y explotada históricamente, y al mismo tiempo ha luchado por todos los derechos que se han conseguido para nuestro colectivo hasta el día de hoy. Se necesita de la voluntad política para que esto suceda, y en términos numéricos, al ser, lamentablemente, una población muy reducida debido al genocidio travesti-trans, sería económicamente muy sencillo para el Estado hacerlo posible. En este sentido, Litardo expresa en referencia a las destinatarias de la reparación: “por las políticas genocidas que sufrió el colectivo trans, muy pocas son las que han sobrevivido, y las que han sobrevivido, lamentablemente, están en condiciones económicas y de salud muy precarias, por lo tanto el proyecto es súper urgente [...] estamos hablando de cuatrocientas o quinientas personas, no más”.

Mientras que el promedio de vida de las personas cisgénero en nuestro país es de 77 años, aún a 39 años del regreso a la democracia y 10 de la Ley de Identidad de Género, el promedio de vida de travestis y mujeres trans es de 37 años. A un año de la promulgación de la Ley Nacional 27.636 de Cupo e Inclusión Laboral Travesti, Trans y No Binario, que establece un mínimo del 1% de trabajadorxs travestis, trans y no binaries en el Estado, sólo hay contratadas 313 personas, es decir el 5,6% de ese 1%, que equivaldría a 5551 trabajadorxs -de acuerdo a datos recientemente recabados por el Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional en conjunto con la Asamblea Travesti Trans No Binaria por la Salud Integral-. Según el mismo relevamiento, de esxs 313 trabajadorxs, sólo el 14% es mayor de 40 años, y el 91% de las contrataciones fueron en CABA y Provincia de Buenos Aires.

^{Foto: Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Argentina). Departamento de Archivos. Fondo Editorial Sarmiento. Archivo de redacción Crónica. AR00105325}

Al mismo tiempo, a un año de la incorporación de la categoría X para el campo género en los DNI, aquellas personas que han hecho el cambio registral, aún viven como indocumentades ya que el Estado no actualizó las adecuaciones administrativas para poder acceder a trámites básicos como los de AFIP, ANSES, y un largo etcétera. Si bien en la actualidad, gracias a las luchas de los movimientos travesti-trans-nobinarie, se han logrado muchos avances en materia de derechos, aún queda mucho camino por recorrer para que estos avances alcancen al total de la comunidad y se efectivicen en todos los rincones del país. Con su característica lucidez y sensibilidad, Marlene Wayar observa que en estos últimos 10 años “ha cambiado todo”. “Yo voy a esperar el colectivo y los pibes me dicen ‘pase señora’, y es un ‘pase señora’ realmente honesto, saben que no soy una señora, es un gesto de amabilidad conmigo, sin conocerme, están leyendo a una trava. Pero no les pasa a todas, ni siquiera a mí misma si me corro de mi territorio, no sabemos qué puede suceder. Lo vemos en relación a Tehuel, él caminaba su barrio, con su familia, pero un día las circunstancias lo vuelven extremadamente más vulnerable que días atrás... Entonces, cambian las cosas, pero eso no alcanza, y no alcanza porque las maneras de trabajar el bajar a tierra esa ley no es cotidiano, no es concreto, no es concienzudo”, concluye Marlene.