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Revista Haroldo

Diálogo con el pasado y el presente

15/07/2022

A 28 años del atentado

AMIA, encubrimiento y utilización política

Se cumple un aniversario más del día en que una explosión destruyó el edificio de la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas y cambió para siempre la historia moderna de la Argentina. ¿Por qué el atentado todavía sigue impune? ¿Cuál es la trama política, nacional e internacional, que impide avanzar en el castigo a sus responsables?

A medida que van pasando los años, la impunidad tiene un color más oscuro. Quienes habitamos esta Patria argentina, sin embargo, tenemos un salvoconducto emocional  insistente que se ampara en la figura de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. Pasaron 28 años del atentado terrorista contra el edificio ubicado en la calle Pasteur y aun el silencio acompaña a las víctimas y sus familiares. La falta de justicia, para quienes necesitan saber la verdad, se hace más obscena al percibir que el crimen colectivo ejecutado en 1994 es utilizado de forma recurrente para reyertas políticas ajenas en forma directa al suceso.

Dos de los actores centrales de este uso espurio son la AMIA y DAIA que han olvidado a las víctimas y se han montado sobre una campaña partidaria doméstica para beneficiar a sectores económicos concentrados y representaciones diplomáticas extranjeras. Para eludir su rol comunitario fue necesario, primero, que ambas instituciones abandonen sus misiones institucionales originales –la ayuda social en el caso de la AMIA, y la lucha contra la judeofobia por parte de la DAIA. La composición de sus socios y la exigua base societaria de ambas entidades permitió que ambas instituciones se olvidaran de la tragedia y se convirtieran en alfiles oficiosos de la alianza de la derecha local (Juntos por el Cambio)  y vectores de los intereses neocoloniales israelíes.

Enfocados a producir el máximo daño posible al movimiento popular, decidieron convertir  diferentes causas judiciales ligadas, directa o indirectamente a los atentados, en plataformas para desplegar una cruenta persecución contra el kirchnerismo. El atentado a la Embajada de Israel de 1992 –cuya instrucción es aún llevada a cabo por la Corte Suprema–  y la acumulación superpuesta de dictámenes respecto a la explosión de 1994 se sumaron a la grotesca imputación por el Memorándum de entendimiento con Irán y la denuncia fantasiosa sobre el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Todos esos casos fueron reconvertidos en herramienta de demonización contra Cristina Fernández de Kirchner, varios de sus funcionarios y diversos militantes populares.

En el centro del operativo –como locomotora de estigmatización– figuraron la AMIA y la DAIA. Ambas instituciones alinearon sus presentaciones a las necesidades de la política exterior de Israel, desentendiendo las configuraciones de la soberanía nacional, ajena a los conflictos de Medio Oriente. Cualquier movimiento de sus máximas autoridades se volcó a beneficiar, en términos geopolíticos, a las orientaciones planteadas por la derecha israelí. Ignoraron, en ese marco, el acompañamiento y la reparación a las víctimas. Pero por sobre todo, impidieron el avance riguroso de las investigaciones. Aparecía como más significativa la culpabilización de los  enemigos de Israel que acumular pruebas para lograr una imputación rigurosa.

Esa fue la razón por la que decidieron no participar en la causa por el encubrimiento del atentado en la se acusó al ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, de ser uno de los responsables del encubrimiento. Tampoco en la querella contra los fiscales Mullen y Barbaccia, que terminaron protegidos por el ministro de justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano. El viaje hacia la degradación incluyó, tiempo después, el hostigamiento hacia Héctor Timerman que le costó la vida. 

Estas dos entidades –con la oposición explícita del Llamamiento Argentino Judío desde 2015– contribuyeron de forma significativa a imponer al macrismo en la presidencia. La paradoja de los sectores reaccionarios argentinos se consolidó, entonces, en un alianza que articulaba lo internacional y lo doméstico: los mismos grupos de la derecha local que décadas atrás insultaban y escupían a los judíos por las calles –o que les impedían el ingreso a sus clubes privados– ahora se aliaban a la AMIA y la DAIA para enfrentar a las mayorías sociales.

Atentado a la AMIA, 18 de julio, 1994. Julio Menajovsky / Fototeca ARGRA.

El rol de la DAIA y la AMIA fue coherente con la acusación de Nisman de enero de 2015. No buscaban llegar a una verdad sobre el atentado, ni indagar sobre la pista local porque eso podía comprometer a sectores de las fuerzas armadas y de los organismos de seguridad o inteligencia. Evidentemente existían muchos actores que no estaban interesados en que se lleve a cabo un juicio oral por el atentado de 1994. Se sentían más tranquilos con una condena perpetua (genérica) a los iraníes evitando que un tribunal tenga que evaluar el comportamiento del menemismo y de los grupos de tareas (latentes) pero operativos durante esa década neoliberal.

Además, las operaciones desplegadas desde Pasteur le permitieron –a la derecha de la colectividad– el hacerle creer al resto de la sociedad que existía un único formato ideológico-político de la argentinidad judía. Con ese despliegue, apoyado fuertemente por las corporaciones propagandísticas concentradas, se logró confundir a una parte de las audiencias e invisibilizar –de forma paralela– la diversa historia popular judía, ligada al mundo sindical, a la fundación de los partidos de izquierda, la conformación del movimiento cooperativo y la integración al movimiento nacional.

El actual presidente de la DAIA Jorge Knoblovits ocupa un lugar prioritario en esa historia de persecuciones: en 2015, mientras se desempeñaba como Secretario General de esa institución, visitó al embajador de EE.UU. en Buenos Aires, Noah Mamet el 1 de febrero, quince días después del suicidio del fiscal. En ese encuentro le solicitó al representante de Washington “colaboración” para motorizar la causa AMIA, quejándose de las instituciones argentinas. Luego de ese encuentro, el actual titular de la DAIA se trasladó a Miami donde mantuvo encuentros institucionales con referentes republicanos de la colectividad judía estadounidense (entre ellas la Anti-Defamation League). La “gira” consistió en difamar al gobierno peronista y entre sus exposiciones figuró un llamativo encuentro con Carlos Alberto Montaner, sindicado por múltiples fuentes como agente de la CIA e instigador de varios intentos golpistas en América Latina. 

A continuación se desencadenó una campaña en Estados Unidos. En un clima sembrado por el pánico y la tergiversación, una delegación de 50 dirigentes de Estados Unidos (entre ellos provenientes de la B'nai B'rith y el American Jewish Committee, entre otras) arribó a Buenos Aires. El objetivo del viaje fue solidarizarse con “los argentinos judíos” que habían sido agredidos por el gobierno. Uno de los voceros de la delegación estadounidense que llegó a Buenos Aires el 5 de mayo de 2015, Malcolm Hoenlein, integrante de la Conferencia de Organizaciones Judías explicó su visita como resultado de “una preocupación permanente por la seguridad de los dirigentes. “Las teorías conspirativas son indignantes. (...) Las autoridades deben tener cuidado con las palabras que usan, porque las palabras anteceden a los actos”. Hoenlein verbalizaba así el discurso tergiversado de la DAIA, que se empeñaba en confundir lo político con lo identitario: ni los judíos habían sido agredidos en Argentina ni existieron “actos” persecutorios como hacía referencia el dirigente estadounidense.

Cuando por fin se escriba la historia completa de las primeras décadas del siglo XXI, existirá un capítulo sombrío sobre la participación de las dos organizaciones de la calle Pasteur en el entramado político partidario y en las complicidades con operaciones internacionales digitadas desde Washington y Tel Aviv. Ambas entidades, más a allá de sus pretendidos perfiles (uno social y el otro político) han sido centrales en el entramado de hostigamiento a la actual vicepresidenta de la Nación y máxima referente actual de la tradición nacionalista popular. Dos instituciones que representan a no más de un tercio de los argentinos judíos se instituyeron en la vanguardia del acoso a una líder respetada y querida por un 40% de la sociedad, un número cercano a 15 millones de personas.

Desde fines de la década de 1970, los sectores más conservadores de la comunidad (nuevos ricos con ansias de codearse con los poderosos) abandonaron su laicismo histórico y su ligazón con las tradiciones socialdemócratas. A partir de ese momento se dispusieron a articularse con las mismas oligarquías que décadas atrás los despreciaban y humillaban. Ese  trayecto se asoció a un entramado neoliberal, cada vez más alejado de la economía real, del mundo productivo y del comercio que los llevó a entablar alianzas  –de la mano de otros empresarios locales– al mundo rentista/financiero. Para impedir que ambos sellos (AMIA/DAIA) pudiesen ser disputados o compartidos por alguna otra tradición más progresista, diagramaron estatutos expulsivos. La derecha más reaccionaria y la ortodoxia más irracional se quedaron con ambas organizaciones arrogándose la representatividad de todo lo judeo-argentino. Impusieron un dispositivo antidemocrático para evitar todo viso de pluralidad.

Durante el macrismo la DAIA/AMIA apresuraron el intento de apropiación identitaria bajo un  perfil reaccionario. Para convencer a periodistas, centros académicos y neófitos ciudadanos les fue necesario e imprescindible eludir (o “borrar del mapa”) la judeidad de Manuel Dorrego, Simón Radowitzky, Ángel Perelman, César Tiempo, Moisés Lebensohn, Sergio Karakachoff, Marcos Osatinsky, César Milstein, Juan Gelman, Alberto Szpunberg, Humberto Cacho Costantini, Bernardo y Horacio Verbitsky, Mauricio Kartun, y –sobre todo— los 1.800 desaparecidos argentinos-judíos que habían sido secuestrados y desaparecidos por ser militantes políticos y, doblemente torturados, por su genealogía identitaria.

El rescate de la tradición judía ligada a las luchas sociales y populares es imprescindible para contrastar lo que vienen exhibiendo unas instituciones que solo representan intereses de sectores minoritarios y funcionan como locomotoras de dividendos ajenos a los nacionales.

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