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Revista Haroldo

Diálogo con el pasado y el presente

02/06/2022

Napalpí, la sentencia

El 19 de mayo la justicia federal de Chaco dijo que los crímenes cometidos en Napalpí en julio de 1924, hace casi 98 años, fueron de lesa humanidad. Durante un mes se realizó un juicio por la verdad, con audiencias en Chaco y Buenos Aires, en el que se proyectaron declaraciones de sobrevivientes y dieron testimonio académicos: historiadores, antropólogos, sociólogos y abogados que remarcaron que los efectos de la masacre perduran hasta el presente.

El jueves 19 de mayo la jueza federal de Chaco Zunilda Niremperger dijo que los crímenes cometidos en Napalpí en 1924 fueron de lesa humanidad. En las dos audiencias que se desarrollaron en Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, la magistrada enfatizó que el objetivo del juicio por la verdad –que no tiene consecuencias penales: no hay imputados, porque están fallecidos- es la activación de la conciencia de la sociedad sobre estos crímenes y la visibilización de los pueblos indígenas.

En la sentencia, la jueza Niremperger dio por probado que “un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados llegaron el sábado 19 de julio de 1924 a la zona de El Aguara [entonces territorio nacional de Chaco] donde se estaba realizando una huelga para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidas” las familias indígenas. Producto del ataque murieron entre 400 y 500 personas, cuyos restos aún busca identificar el Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los hechos ocurrieron en la “reducción de indios” -mecanismo territorial de explotación- creada por el Estado nacional. El fallo se refirió a la “explotación laboral” que padecían los indígenas qom y  moqoit y afirmó que sus condiciones de vida eran “deplorables”: eran obligados a trabajar durante jornadas extensas y eran frecuentes los abusos, en condiciones “análogas a la esclavitud”. En ese sentido, la justicia federal sostuvo que existió responsabilidad del Estado nacional por los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre.

Día de la sentencia del juicio oral por la Masacre de Napalpí, Chaco, 19 de mayo 2022. Foto: Victoria Aranda/ Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco

La sentencia también tuvo en cuenta que “una vez producida la masacre desde el Estado se armó una historia oficial que buscó negar y encubrir la matanza, el hecho se presentó como un enfrentamiento entre etnias en el que murieron cuatro indígenas”, entre ellos, el líder de la protesta. Incluso se armó una causa judicial en la que declararon policías pero ningún indígena. En paralelo el oficialismo de ese entonces en el Congreso impidió una comisión investigadora. El presidente de la Nación era Marcelo Torcuato de Alvear.

El juicio comenzó en Chaco el 19 de abril y la mayoría de las audiencias se hicieron en esa provincia, en las ciudades de Resistencia y Machagay. Durante la segunda semana de mayo las audiencias se trasladaron a Buenos Aires, al Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, y declararon académicos: historiadores, antropólogos, sociólogos y abogados, la mayoría de ellos integrantes de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena.

Día de la sentencia del juicio oral por la Masacre de Napalpí, Chaco, 19 de mayo 2022. Foto: Victoria Aranda/ Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco

“¿Cuándo terminó el genocidio indígena?”

La pregunta de la antropóloga, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena Diana Lenton sobrevoló los testimonios en las audiencias. Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, dijo sobre Napalpí: “Fue un crimen masivo, indiscriminado, cometido sobre una comunidad, análogo a lo que pasó en países de América Central”. “Cuando hay muertes masivas es un crimen de lesa humanidad”, señaló el jurista.

El sociólogo Marcelo Musante, también integrante de la Red, dijo que el sistema de reducciones, copiado de Estados Unidos, se implementó en la Argentina entre 1911 y 1956. Aquí había una especificidad étnica: los reducidos eran miembros de familias indígenas. Hasta 1938 la zona de Napalpí era un territorio militarizado. Por eso, sostuvo Musante, se explica que los indígenas aceptaran ir a las reducciones.

- ¿Quiénes se beneficiaron de la reducción? – preguntaron los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay.

- El objetivo era por un lado económico, las personas reducidas trabajaban haciendo los durmientes de las vías férreas. Por otro lado se buscaba el disciplinamiento de la población indígena. Tengamos en cuenta que esto se hacía mientras se producía la campaña del desierto, se iba corriendo la frontera agropecuaria en esa zona. La reducción de Napalpí fue condición para la masacre y fue un hecho planificado – respondió Musante, doctor en Antropología.

“Las reducciones indígenas eran parte de una estrategia de control”, explicó Valeria Mapelman, cineasta e integrante de la Red. Mapelman estudió una masacre posterior a la de Napalpí, la cometida en 1947 en Formosa contra el territorio Pilagá, que se extendió entre el 10 y el 30 de octubre de ese año. Los pilagá se habían negado a reducirse.

- ¿Se puede pensar en un sistema de esclavitud? – le preguntó el abogado Duilio Martínez, de la secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco.

- En Pilagá en 1947 la represión fue fuera de la reducción, se negaban a ser reducidos porque sabían lo que eso implicaba. Al estudiar los documentos de época se advierte que las autoridades señalaban que “había que hacer algo” con “el problema” indígena – sostuvo Mapelman, directora del documental “Octubre Pilagá”.

Día de la sentencia del juicio oral por la Masacre de Napalpí, Chaco, 19 de mayo 2022. Foto: Victoria Aranda/ Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco

Para Mariano Nagy, periodista e historiador, el Estado argentino tuvo al menos cuatro políticas para con los indígenas: la matanza, el sometimiento, los traslados y evitar nacimientos en el seno de las familias. “La política económica es el despojo”, subrayó Nagy.

Nicolás Iñigo Carrera, investigador y profesor de Historia, dio cuenta del contexto histórico en el que se produjo Napalpí. Explicó que en la década de 1880 se definió el territorio del Estado nación y el destino de las poblaciones indígenas: por esos años hubo dos grandes campañas militares, la primera en 1879 encabezada por Julio Argentino Roca a la Patagonia y la segunda en 1884 a cargo de su ministro de Guerra y Marina Benjamín Victorica al Chaco. En la primera, dijo, hubo un proceso de expulsión y en la segunda se buscó mano de obra barata para las industrias que se asentaron allí (por caso, la algodonera). En la misma línea, Hugo Trinchero, profesor de Filosofía de la UBA e investigador del Conicet afirmó que “en esa época la mano de obra escaseaba y se usaba a la población indígena”.

“Hemos reproducido las escenas bárbaras –no tienen otro nombre- las escenas bárbaras de que ha sido teatro el mundo, mientras ha existido el comercio civil de esclavos. Hemos tomado familias de los indios salvajes, las hemos traído a este centro de civilización, donde todos los derechos parece que debieran encontrar garantías, y no hemos respetado en estas familias ninguno de los derechos que pertenecen no ya al hombre civilizado, sino al ser humano: al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido; al niño lo hemos arrancando del seno de la madre, al anciano lo hemos llevado a servir como esclavo a cualquier parte; en una palabra, hemos desconocido y hemos violado todas las leyes que gobiernan las acciones morales del hombre”.

La carta, que exhibió Diana Lenton en su declaración como testigo en el juicio, es un fragmento de la intervención de Aristóbulo del Valle en el Congreso el 19 de agosto de 1884. La investigadora también mostró una carta de Roca que da cuenta del envío de “chinas”, lo que demuestra que ya había trata de personas, una “constante” en los genocidios indígenas, según dijo.

A Lenton le preguntaron cuándo terminó el genocidio. Dijo que continúa no solo por las huellas traumáticas sino por el olvido activo sobre lo ocurrido. Entre las violencias simbólicas, enumeró la supresión del nombre y de la identidad de las familias de los pueblos originarios.

A modo de ejemplo contó que en el censo de 2001 se preguntó si el ciudadano se reconocía como parte o descendiente de pueblos originarios. Entre los que respondieron que sí, la primera respuesta fue por pertenecer o ser descendiente del pueblo mapuche y la segunda más elegida fue no sabe / no contesta. “Eso es un agujero en nuestra identidad”, afirmó.

-¿La pérdida de la lengua es parte de esto? – preguntaron los fiscales Carniel y Vigay.

- Sí. Desde ya. Alguna vez incluso, haciendo entrevistas, me dijeron que era mejor que no se notara el acento para que no fueran víctimas de persecución policial – aseguró Lenton.

Carlos Salamanca es arquitecto y doctor en Antropología. Llegó a la zona de Napalpí a través de un proyecto del Banco Mundial y tomó entrevistas en lo que hoy es Colonia Aborígen. “La masacre no es solamente los hechos de 1924, también tuvieron experiencias de violencia antes y después. Hubo una heterogeneidad de violencias, todo bajo el paraguas de violencia colonial de una sociedad que intenta explotar a otra. A Napalpí llegaron familias huyendo y terminaron reducidos. Fue un despojo legitimado por el Estado y por la iglesia”, afirmó.

Rosa Grillo, en su casa de Colonia Aborigen (Napalpí). Foto: Jorge Tello/cortesía Fundación Napalpí

Los aviones como armamento

En las audiencias que se hicieron en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti declaró el aviador e investigador Alejandro Covello, autor del libro “Batallas aéreas. Aviación, política y violencia / Argentina 1910-1955”. Covello, que centró sus investigaciones en los bombardeos a Plaza de Mayo en septiembre de 1955, aseguró que la primera vez que se usó el artefacto avión con armamento de guerra en la Argentina fue en Napalpí, en 1924. Antes, distintos países europeos los habían utilizado en sus colonias de África, siempre con la misión de sembrar el terror. El aviador mostró una foto de Chaco de 1924 de civiles con armas al lado de un avión. “El avión marca el blanco y la fuerza terrestre mata”, explicó. En los relatos de los sobrevivientes de Napalpí (hoy la única que queda viva es Rosa Grillo, abuela Qom, de 114 años, quien declaró a la fiscalía y cuyo testimonio se pasó en la primera audiencia del juicio) es frecuente el recuerdo de los aviones que tiraron caramelos para juntar a la población que era objetivo de los vuelos.

Covello logró individualizar, estudiando las planillas de los tripulantes del Aeroclub del Chaco, a Juan Browiz, de nacionalidad estadounidense, como uno de los pilotos que voló ese 19 de julio de 1924. Browiz habría tenido intereses en la cosecha de algodón. “El uso del artefacto avión fue un acto de castigo, escarmiento y terror”, concluyó.

Sentencia de la Justicia Federal sobre la Masacre de Napalpí que dictaminó que en los asesinatos de integrantes de los pueblos Qom, Moqoit y criollos, ocurridos en 1924, “existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”, Chaco, 19 de mayo 2022. Foto: Victoria Aranda/ Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco.

Las medidas de reparación

“La sentencia es una forma de reparación”, sostuvo la jueza Niremperger. El fallo fue traducido en simultáneo a las lenguas qom y moqoit.

Entre las medidas que ordenó figuran:

- Que el pedido de disculpas que hizo el gobierno de Chaco en 2008 se incluya en la enseñanza obligatoria.
- La construcción del sitio histórico memorial Napalpí.
- La proyección de la sentencia en la TV Pública.
- Que el EAAF establezca un plan de trabajo (ya se hicieron excavaciones en 2016 y 2019).
- Restituir a las comunidades los restos óseos.
- Ordenar al Estado nacional la realización de un acto público por su responsabilidad con la participación de pueblos qom y moqoit.
- La construcción de un museo y sitio de memoria en Colonia Aborigen (Chaco).
- La capacitación, a través del Ministerio de Seguridad, de las Fuerzas Armadas en este tema.
- Cambiar el nombre de Colonia Aborigen.

En la audiencia del 12 de mayo, los fiscales Vigay y Carniel le preguntaron a Zaffaroni, que declaró por videoconferencia, sobre el proceso de juicio por la verdad. “Es un proceso penal que no persigue la imposición de penas sino que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad más allá de que haya o no resultado punitivo. Este hecho dejó una cicatriz importante que no fue borrada hasta el presente. El Estado no ha hecho nada y tiene una deuda, al menos de establecer la verdad de lo sucedido. Las consecuencias perduran en los hijos y nietos, contra los grupos humanos estigmatizados. Importa muchísimo para la conciencia pública argentina. Hemos escuchado muchas veces que nosotros no tuvimos indios y eso no es así, sí tuvimos pueblos originarios. Este episodio es uno de los más sangrientos y hay que mostrar la herida a todo el pueblo”, aseguró Zaffaroni.

En la misma línea se manifestó Federico Efrón, Director Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos, en diálogo con Revista Haroldo.

-¿Qué fue lo novedoso del juicio por la verdad sobre la masacre de Napalpí?

-Lo novedoso es que haya habido un juicio por la verdad. La masacre de Napalpí salió de la esfera de los investigadores, del reclamo de las comunidades y el periodismo de investigación y lo tomó el Estado, y en este caso el Estado a través del Poder Judicial. Hubo un pedido de perdón del gobernador del Chaco [Jorge] Capitanich hace algunos años y hay un proceso civil que todavía está en curso en la Corte Suprema, pero esta es la primera vez que el Estado desde el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal hace un juicio por la verdad: escucha a los testigos y a los investigadores y reconstruye qué fue lo que pasó; lo llama por su nombre como masacre y como delito de lesa humanidad en el marco de un genocidio y le dan otro valor, extremadamente importante para reconocer y reconstruir la historia tal como sucedió y que a su vez esto funcione como acto reparatorio para las comunidades indígenas. Yo creo que ahí está lo novedoso: todo lo que implica un juicio y mucho más cuando se trata de una masacre indígena, cuestiones que por lo general están invisibilizadas en la agenda pública y a veces incluso desde el Estado.

-¿Cómo cree que puede continuar este proceso, pensando en las medidas reparatorias que ordenó la jueza?

-El Estado tendrá que trabajar y nos tendremos que hacer cargo. Hay muchas cuestiones que ya podemos empezar a encarar desde las medidas reparatorias y lo vamos a hacer desde la Secretaría de Derechos Humanos pero es interesante pensar esto como disparador de otros procesos similares y reconocer lo que ya está pasando porque hay una causa de Rincón Bomba[1] que está en la esfera civil, pero es posible que haya una causa penal. Hay -saliendo de las masacres indígenas- un proyecto de ley para crear una comisión investigadora en el Congreso por las huelgas patagónicas que ya cumplieron 100 años, es un hito muy importante en esta discusión interesante y necesaria que se está ampliando, una suerte de vuelta adicional que nos dan los juicios de lesa humanidad. Después del juicio a las juntas y las leyes de impunidad, tuvimos juicios por la verdad y una vez que los juicios por la verdad no fueron necesarios porque tuvimos juicios verdaderos, dejaron un camino que hoy en día marca huellas y esto tiene que ver con reafirmar los tratados de Derechos Humanos, la obligatoriedad de los jueces de hacer caso a los tratados y fallos. Es una construcción que va avanzando.

Juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí, a cargo del Juzgado Federal 1 de Resistencia, audiencias que se celebran en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA), Ciudad de Buenos Aires, 10 de mayo 2022. Foto: Paula Lobariñas/ CCMHC

Bárbara Komarovsky

Periodista. Politóloga (UBA). Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

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Notas

[1] Matanza ocurrida en octubre de 1947 contra el pueblo pilagá en Las Lomitas, territorio nacional de lo que hoy es la provincia de Formosa.

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