Es difícil efectuar un balance sobre los juicios de lesa lumanidad, con perspectiva de futuro, con relación a un proceso que se encuentra en pleno desenvolvimiento. Se trata de obtener una fotografía acerca de una película a la cual le falta aún un buen tramo por delante.

Como en todo balance, se advierte un debe y un haber, a 12 años de reapertura de los procesos.

Del lado negativo, señalaría:

• Lo que ha costado, y sigue costando, al Poder Judicial, el adaptarse al desafío que implican estos procesos, en su cantidad, en su envergadura y en su extensión en el tiempo. Como toda corporación burocrática, hubo que vencer muchas resistencias estructurales para poder avanzar. Y en el camino, se perdió mucho tiempo hasta ver avances concretos en muchos casos.
• El modelo procesal aplicable, es vetusto y concede demasiadas ventajas defensistas que demoran permanentemente el progreso de la causa hasta el juicio oral.
• Hubo –y sigue habiendo- sectores de la corporación judicial que ofrecieron –y siguen ofreciendo- resistencia a la implementación de estos procesos. A ellos se suman sectores reaccionarios de la sociedad y algunos medios de comunicación, que los representan.
• En cuanto a las sentencias en sí mismas, no hemos avanzado prácticamente nada en torno al esclarecimiento de la última etapa de la “Solución Final” encarada por la Dictadura: la etapa del exterminio. En términos judiciales, frente a la gran mayoría de asesinados y desaparecidos, no sabemos en concreto quiénes lo hicieron, ni cuándo, ni dónde, a veces ni siquiera cómo. Y ello se ve reflejado en que las condenas por homicidio, en estos procesos, lejos de ser la regla, son la excepción.
• Esto último está relacionado con que, pese a que transcurrieron más de tres décadas, el sistema judicial, con las reglas del Estado de Derecho, no ha podido diluir el ominoso pacto de silencio que reina entre los perpetradores cuando se enfrentan a la Justicia.

• También, resulta frustrante la elevada cifra de casos de apropiaciones que hasta hoy siguen impunes, que se traduce no sólo en que quedan aún unas 400 personas que no saben acerca de su verdadera identidad, sino también otras tantas familias, abuelas/os, padres y madres, hermanas/os, y demás familiares que siguen en esa búsqueda vital y desesperada.
• Ha sido objeto de crítica el sesgo machista que ha predominado en muchas causas respecto de la particular violencia sufrida por las mujeres en el contexto de los centros clandestinos de detención.
• Por otra parte, pese a las expectativas abrigadas, tras 12 años de avances, el llamado “caso argentino”, como modelo de revisión honesta, profunda y democratizadora del pasado reciente de violencia de Estado, no ha irradiado a otros países de la región. Quizás porque allí no hubo Madres, Abuelas –y ahora también Hijos- que lideraran durante décadas la lucha contra el olvido y la impunidad.
• Por último, no podemos dejar de mencionar aquí la trágica y hasta el día de hoy impune desaparición del testigo -y víctima del terrorismo de Estado- Jorge Julio López.

Del lado positivo, destacaría lo siguiente:

• Desde que la Cámara Federal porteña confirmara la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad en el caso “Poblete/Hlazuk”, en 2003, los juicios de lesa humanidad se han expandido notablemente, de sur (Rawson, General Roca, Neuquén) a norte (Salta, Jujuy, Formosa, Misiones) y de este (Mar del Plata, La Plata) a oeste (Mendoza, San Juan, La Rioja).
• Al mismo tiempo, más de diez mil víctimas ya han sido judicializadas, habiéndoselas reconocido como destinatarias de secuestros, torturas, violaciones, desaparición forzada, homicidios, saqueo, exilio forzado o apropiación y sustitución de identidad. Esta provisión masiva, no sólo de justicia y verdad, sino también de visibilización, contención, reivindicación y por lo tanto, de reparación real y efectiva, a víctimas y a colectivos de víctimas, es otro hito remarcable en estos procesos.
• En 12 años, pasamos de un procesado (Julio Simón) a 1.500, de los cuales un tercio ya están condenados. La conformación de la “Comisión Interpoderes” y la creación de la Procuraduría de Lesa Humanidad, han tenido que ver con estos progresos.
• Todos estos criminales atrapados por la Justicia ya no sólo no se cruzarán con sus víctimas en la calle, sino que además, muchos de los que fueron sacados de circulación habían prosperado y progresado en los años de post dictadura: habían seguido ascendiendo como oficiales de policía, gendarmería o en las fuerzas armadas; otros llegaron a legislador, intendente o incluso gobernador; otros ya eran o devinieron en jueces, fiscales o camaristas; los hay también periodistas, empresarios, expertos en seguridad, y por supuesto, muchos de ellos se reconvirtieron como delincuentes comunes y se dedicaron a los secuestros extorsivos o el chantaje, o fueron reclutados como asesores o mercenarios en otras luchas contrarrevolucionarias del continente. No puede dejar de subrayarse este rasgo positivo, pues de otro modo todos estos individuos seguirían inyectando su nefasta influencia en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
• Cientos de operadores judiciales (desde empleados y funcionarios, hasta fiscales, jueces y camaristas) se han involucrado en estos procesos. En muchos casos, con una notable sensibilización y compromiso. Y para las nuevas generaciones de agentes judiciales, el horizonte de los juicios de lesa humanidad es asumido con gran expectativa, entusiasmo e interés.
• Este enorme proceso de imputaciones y enjuiciamientos se ha llevado a cabo con pleno respeto de las garantías constitucionales que hacen al debido proceso, tanto las de índole penal (principio de legalidad y de culpabilidad), como procesal (principio de inocencia, juez natural, defensa en juicio y doble instancia).
• Si bien el empleo de la prisión preventiva ha sido generalizado en estos casos, ello siempre ha sido matizado por el empleo de parte de los tribunales, de herramientas morigeradoras del encierro, como la prisión domiciliaria o el arresto domiciliario, por cuestiones de edad avanzada o problemas serios de salud, que vienen beneficiando a uno de cada tres acusados en estos procesos.
• A su vez, y en remarcable diferencia de precedentes tales como el caso de los juicios en Alemania por el nazismo o del tribunal de La Haya por el genocidio en Bosnia, las penas que se vienen imponiendo son ampliamente satisfactorias desde la perspectiva de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, y se ajustan razonablemente a la medida de la gravedad y extensión de los crímenes cometidos.
• También, se ha advertido de 2003 a la fecha un evidente retroceso de los discursos negacionistas y relativistas del terrorismo de Estado; así como también, de la penetración de teorías que le son funcionales a dichos discursos, como la de los “dos demonios”, la de la “guerra sucia”, o la de la “falta de equivalencia entre el juzgamiento a militares y a subversivos” (como si los 30.000 no hubieran sido obra de la “Justicia policial” de la dictadura, como si no hubiesen sido condenas de muerte, de cautividad, de tormento, de confiscación, de exilio…dictadas por los verdugos, los Chamorro, los Barreiro, los Bussi, los Menéndez…).
• Y lo que considero tal vez más importante: cuando el presidente Néstor Kirchner dio un giro de 180 grados en la postura que por 15 años ejerció el Poder Ejecutivo, dejando atrás para siempre la era del olvido y la impunidad, esa decisión fue claramente contra mayoritaria. La opinión pública, en su mayoría, estaba contaminada por aquellos discursos favorables a los perpetradores. Desde la reapertura de los juicios, ventilados a través de los medios masivos, se verificó una clara corriente de solidaridad y simpatía para con las víctimas; y de repudio a los criminales del terrorismo de Estado, que hizo que hoy en día, entre dos tercios y tres cuartas partes de la sociedad apoye esta política de derechos humanos. Esta es, quizás, la mayor enseñanza y el mayor aporte del caso argentino a la comunidad internacional.  .

Unas palabras acerca del futuro

Desde que asumí en el juzgado hace 11 años, siempre fui optimista acerca de la marcha en general de estos procesos. Lo sigo siendo ahora. No veo nubes en el horizonte. Estos procesos han tomado ya una dinámica que parece francamente irreversible. Los juicios están blindados hacia afuera, hacia la coyuntura política y mediática, y cuentan con el apoyo expreso y constante no sólo de la Corte Suprema, sino también de la comunidad internacional.

Por otra parte, son tan evidentes los efectos positivos, por el aporte que efectúan estos juicios para hacer retroceder el modelo y la cultura autoritaria en nuestro país, que ningún partido político pretendidamente democrático podría cuestionarlos seriamente.

Al contrario, creo que debemos pensar en una mayor profundización de la política de Estado vigente en materia de memoria, verdad y justicia. En este sentido, tengo la intuición de que estamos en un momento en el cual tenemos que profundizar la tarea de llevar las enseñanzas de estos procesos de justicia, a los contenidos y actividades formales en el ámbito educativo, siguiendo el ejemplo de Alemania en este aspecto. Creo que hoy en día esta es la misión clave dentro de lo que es la política de Estado en torno de esta cuestión. Vincular más a las nuevas generaciones con estas experiencias, con estos contenidos, desde una perspectiva histórica y de valores democráticos.

Resulta curioso que los actores de estos procesos estamos muy dispuestos de compartir nuestras experiencias con alumnos. Y los alumnos, por otra parte, muestran una enorme receptividad con estos temas. De modo que lo que falta es remover los obstáculos que impiden el acercamiento y el contacto entre unos y otros.

En definitiva, expandir hacia los ámbitos educativos formales en todo el país –tal como se viene haciendo en el orden nacional- los efectos virtuosos del proceso de verdad y justicia: éste es, creo, el desafío del momento y una tarea urgente e impostergable para la definitiva consolidación de nuestra democracia hacia el futuro.

*Titular del juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 3

*Ponencia presentada en el VIII Seminario Internacional Políticas De La Memoria, que se realizó en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, entre el 24 y el 26 de septiembre de 2015. 




Juicios por delitos de lesa humanidad. Balances y futuro.
Daniel Rafecas, Martín Fresneda, Horacio Verbitsky y Eduardo Jozami en una de las conferencias del VIII Seminario Internacional Políticas de la Memoria, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.
24 de septiembre de 2015