Para nosotros es motivo de gran orgullo, aunque también debo decir que en lo personal no puedo negar que también de dolor y desgarro, recordar la visita histórica a Argentina en el año 1979 y lo que ella significó no sólo para las miles de víctimas de la dictadura cívico militar sino también en el desarrollo del sistema interamericano y la promoción y protección de los derechos humanos en la región, desde aquellos años. Dicha visita permitió llamar la atención de la comunidad internacional sobre las graves violaciones de derechos humanos perpetradas como política de Estado por parte del régimen militar argentino.

La decisión de observar in loco la situación de los derechos humanos en aquel momento estuvo fundamentada en la preocupación de la Comisión por un número cada vez mayor de denuncias, recibidas por medio de distintas fuentes, de graves violaciones generalizadas y sistemáticas a derechos y libertades fundamentales en el país.

Arnoldo Listre era el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Mi compatriota, Edmundo Vargas Carreño era en ese momento el secretario ejecutivo de la CIDH y Charles Moyer, su adjunto. El Presidente de la CIDH era el venezolano Andrés Aguilar. Los demás comisionados eran el jurista colombiano Marco Monroy Cabra, el estadounidense Tom Farer, el costarricense Tinoco Castro y el brasileño Carlos Dunshee de Abranches.

Mónica Mignone tenía 24 años cuando el 14 de mayo de 1976 un grupo se la llevó de su casa en la avenida Santa Fe. Era psicopedagoga, militante peronista y catequista en la villa del Bajo Flores. Su padre, Emilio Mignone, fue uno de los primeros en acudir al sistema interamericano ante la falta de respuestas de las autoridades locales. Él conocía bien cómo funcionaba esa instancia porque entre 1962 y 1967 había sido funcionario de la OEA.

Como Mignone, otros empezaron a presentar denuncias ante la CIDH. Para mediados de 1978, la Comisión había recabado tanta información como para hacer un informe desde Washington, pero los comisionados advirtieron que una visita al país tendría mayor impacto. Gracias a las presiones de las organizaciones de derechos humanos, del propio Mignone y del Gobierno norteamericano, con el Presidente Jimmy Carter a la cabeza, finalmente la invitación se formalizó el 18 de diciembre de 1978.

Así, un 6 de septiembre, 40 años atrás, empezaron los 14 días de actividades en terreno entre entrevistas, audiencias con autoridades, entidades y representantes de los distintos sectores de la sociedad civil argentina. Fueron visitados recintos penitenciarios, centros militares de detención, centros de tortura como la ESMA, y fueron recibidas miles de denuncias respecto de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Para la realización de la visita y su posterior informe, la Comisión contó con la vital colaboración de la sociedad civil argentina. Fueron muchos los que colaboraron durante la visita y brindaron datos para elaborar el Informe y me parece muy importante nombrarlas, ya que muchas aún siguen en la lucha permanente y no cesan por hacer de este país una sociedad verdaderamente democrática y justa: ahí estuvieron la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos; la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; las Madres de la Plaza de Mayo y la directiva del grupo Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, los Familiares de Desaparecidos de las Ciudades de Mendoza, Rosario y La Plata; la Sociedad de Abuelas de Niños Desaparecidos; Familiares de Menores de Edad Desaparecidos; Familiares de Periodistas Desaparecidos y Detenidos; Familiares de Conscriptos Desaparecidos; Familiares de Uruguayos y Chilenos Desaparecidos; y la delegación de Jóvenes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y muchos personas y anónimos cuya lucha y aporte fueron invaluables. Sin mencionar su gran coraje. No era fácil atreverse a denunciar en aquellos años.

El día que la Comisión se reunía con el General Videla la selección juvenil de fútbol acababa de derrotar a la Unión Soviética en el Mundial Juvenil de Tokio (con un gol de Diego Maradona, ni más ni menos). Videla estaba exultante. Pulgares en alto, había salido al balcón a saludar un par de minutos antes de que llegaran los comisionados. A ellos, la multitud los recibió con una lluvia de papelitos y con banderas que decían “Los argentinos somos derechos y humanos”. El tiempo iba a mostrar que las calcomanías y las banderas con esa leyenda habían sido financiadas directamente por el Ministerio del Interior, con quien la Comisión iba a sentarse para discutir la lista de desaparecidos y detenidos.

Y fue precisamente en este ambiente, y a pesar de la fuerte campaña de desprestigio y hostigamiento montada por el gobierno contra los miembros de la Comisión y las organizaciones de derechos humanos, que las víctimas y familiares formaron largas filas para presentar información y testimonios sobre las violaciones a sus derechos. En total, fueron recibidas 5.580 comunicaciones, de las cuales 4.153 fueron nuevas denuncias sobre distintas violaciones a los derechos humanos. Hace 40 años atrás la CIDH fue un espacio de escucha en un ambiente de silencio y terror.

Esos importantes testimonios recibidos permitieron a la CIDH alcanzar una mejor comprensión de la situación de derechos humanos en Argentina y de las graves violaciones cometidas en un momento en que la dictadura controlaba los medios de comunicación, los partidos políticos y todas las formas de movilización social en el país. De esta forma se pudo evidenciar la gravísima situación de derechos humanos que vivía la Argentina bajo la dictadura cívico militar.

No cabe duda que la presencia de la Comisión en Argentina constituyó una señal de esperanza para miles de personas y la posibilidad de dar su testimonio ante un órgano independiente; iniciándose el camino hacia el fin de la impunidad y la eventual recuperación de la democracia en el país

Al finalizar la visita la Comisión entregó a Jorge Rafael Videla un documento preliminar en el que concluyó que las desapariciones constituían uno de los fenómenos más graves en términos de violaciones a los derechos humanos, y emitió recomendaciones para que el gobierno informase sobre la situación de las personas desaparecidas; entregase a los niños y niñas desaparecidos a sus familias; y adoptase medidas para no continuar aquellos procedimientos que traían como consecuencia la desaparición de personas.

Dichas recomendaciones abordaron asimismo temas como la situación de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; el derecho de opción para salir del país; el uso de la tortura en los procedimientos de investigación; el régimen carcelario; el procesamiento de personas en jurisdicción militar y las garantías procesales y de defensa en juicio.

A partir de entonces, la Comisión se dedicó, en los meses siguientes, a la elaboración del informe sobre la visita realizada, el cual fue aprobado en abril de 1980. En su informe, la Comisión estableció que en la República Argentina, se cometieron numerosas y graves violaciones de derechos humanos entre 1975 y 1979.

La Comisión destacó que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno asesinaron a miles de personas después de su detención y reafirmó su preocupación por la situación de las miles de personas detenidas desaparecidas. Además, relevó que las detenciones se realizaron de forma indiscriminada, sin criterio de razonabilidad y que dichas personas no tenían perspectivas de ser puestas en libertad. El informe señaló asimismo como alarmante el empleo sistemático de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas detenidas.

También se verificó la falta de garantías judiciales en los procesos ante los tribunales militares. La CIDH denunció la violación reiterada del derecho a la justicia, al concluir que abogados defensores de los detenidos fueron muertos, desaparecidos o se encontraban encarcelados por haber asumido dichas defensas. La CIDH determinó además que se impusieron obstáculos injustificados a las organizaciones de derechos humanos para ejercer su labor en el país.

Al final, la Comisión formuló 15 recomendaciones al Estado dirigidas al esclarecimiento, investigación y sanción de los responsables por las violaciones conocidas. Pero también medidas con el fin de no repetir tales prácticas, restableciendo así los derechos y garantías protegidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

 El informe, por supuesto, como siempre ocurre con los dictadores, ayer, hoy y siempre,  fue rechazado por la Junta Militar - que a su vez emitió un contra informe que contaba las “víctimas del terrorismo”- pero fue igualmente difundido por los medios de comunicación y su repercusión internacional resultó imperativa. Las voces de las víctimas, que fueron potencializadas tras la visita, describieron el escenario del horror vivido por miles de personas en el país y se generó presión política contra el Gobierno para que diera una respuesta sobre esta grave situación, y en particular respecto de las personas desaparecidas.

Aunque la dictadura prohibió la publicación del informe en la Argentina, Mignone y otros viajaron a Washington. Trajeron quinientos ejemplares e hicieron 2.000 copias para difundir en el país. La reproducción del informe fue artesanal. Agarraban algunas hojas y las llevaban a fotocopiadoras ubicadas lejos de sus casas y de la oficina como para no ser identificados. Así circuló esa información hasta que en 1984 el CELS y la Oficina de Solidaridad para Exiliados Argentinos (OSEA) lo publicó legalmente bajo el título de “El informe prohibido”.

Después de la publicación del informe de la CIDH, el 19 de abril de 1980, los principales medios publicaron sus conclusiones. La visita instaló en los medios, sin eufemismos, la palabra “desaparecido”. Aunque el informe fue durísimo para la dictadura, también fue duro para las esperanzas de los familiares de encontrar a los suyos con vida. Pero es innegable que a partir del informe el silencio y la negación empezaba a ceder y los familiares al menos podían iniciar ya con más certezas la búsqueda de sus seres queridos y la sociedad argentina empezaba a abrir sus ojos ante la realidad.

Un tema importante que destacar también es que, si bien en algunos de los informes realizados previamente sobre otros países, como el que hizo la CIDH sobre Chile, se había mencionado el tema de los desaparecidos, ninguno hasta el de Argentina había incluido un capítulo especial sobre el tema, ni había analizado jurídicamente la naturaleza del crimen, que hasta ese momento no había sido tipificado por el derecho internacional de los derechos humanos. En aquel momento no existía jurisprudencia ni claridad conceptual sobre la desaparición forzada. Ni siquiera existía acuerdo sobre cómo denominar el delito. Recién en 1983, la resolución 666 de la OEA estableció: "Declarar que la práctica de la desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad”. Y no será hasta 1994 que la OEA aprobará la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, estableciendo que "el delito será considerado continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”. 

Además de su valor histórico y político, el informe de la visita de 1979 se convirtió en una herramienta jurídica fundamental que sigue siendo una referencia en el proceso transicional argentino.

En los últimos años, la Comisión ha monitoreado los pasos que Argentina ha dado en este proceso y saluda a las instituciones que han cumplido con su deber de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas involucradas en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Pero, sobre todo, saluda a las víctimas y organizaciones de derechos humanos por los avances, reconociendo su persistencia y perseverancia todos esos años. 

La CIDH ha afirmado reiteradas veces que la eliminación de la impunidad, por todos los medios legales disponibles, es un elemento fundamental para la erradicación de crímenes atroces como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos y que para alcanzar la recuperación democrática y una reconstrucción plena del Estado de Derecho es necesario dar a conocer la verdad sobre estos hechos, reconocer los errores y los horrores del pasado, reparar a las víctimas y adoptar medidas a fin de no repetir tales atrocidades.

Cuarenta y tres años después del golpe de Estado, este año, se hizo público un archivo de más de 49.000 páginas relacionadas al periodo represivo. Documentos desclasificados de las agencias norteamericanas entregados por los Estados Unidos a Argentina, en abril, poseen valiosa información y abren nuevos caminos al conocimiento de la verdad sobre la comisión de graves violaciones de derechos humanos, así como de posibilidades para la búsqueda de su verdad, justicia y reparación. Aprovecho para anunciar también que vamos a trabajar con Memoria Abierta para sistematizar y digitalizarlos archivos de la visita de la CIDH para que queden a disposición de las víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y la sociedad argentina.

La Comisión reconoce que Argentina también ha sido un ejemplo para los demás países de la región en sus esfuerzos para develar la verdad y recuperar la memoria histórica, lo que no significa que ese proceso esté concluido. La Comisión alienta al Estado a continuar en sus esfuerzos con este proceso, impulsando los procesos judiciales y de reparación de víctimas. Ello incluye la obligación de identificación, construcción o recuperación y preservación de los sitios de memoria como un medio de obtención de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Termino mi intervención afirmando mi convicción sobre la meta común que tenemos tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el Estado y la sociedad argentina en impulsar cada vez mejores estándares en materia de derechos humanos y sobre todo el compromiso de nunca olvidar y del Nunca Más. Hoy estamos aquí para honrar a las víctimas de la represión del terrorismo de Estado. Hoy estamos aquí para agradecer a aquellos colegas miembros de la CIDH que tuvieron la determinación, valentía y visión de realizar la visita a Argentina en un momento histórico crucial y determinante. Hoy estamos aquí para hacer Memoria. Hoy estamos aquí muy especialmente para recordar que gracias al coraje de las organizaciones de derechos humanos, y muy especialmente de los familiares y las Abuelas y Madres, no tengo duda que tarde o temprano las palabras de Hamlet se terminan haciendo realidad: Los crímenes saldrán a la luz, aunque toda la tierra los sepulte.

Visita de la CIDH, septiembre 1979.
Fila para hacer la denuncia ante la Comisión.
Foto: Guillermo Loiacono