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Revista Haroldo

Diálogo con el pasado y el presente

03/07/2021

45º aniversario de la Masacre de San Patricio

La verdad entre las sombras

El asesinato de los Mártires Palotinos es recordado como uno de los crímenes más sangrientos cometidos por el terrorismo de Estado y como el mayor golpe sufrido por la Iglesia católica en Argentina. Pese a todo y 45 años después, los nombres de los autores materiales, sus instigadores y sus cómplices, aún permanecen ocultos bajo el velo de la impunidad.

Foto: Ramiro Varela

La masacre

En la madrugada del domingo 4 de julio de 1976, un grupo de tareas irrumpió en la casa parroquial de la iglesia San Patricio, ubicada en Estomba y Echeverría del barrio de Belgrano, y asesinó a los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. 

Los cinco religiosos fueron reducidos y llevados a la sala de estar, donde resultaron acribillados. Antes de abandonar el lugar, los asesinos dejaron escritos con tiza en las puertas dos mensajes elocuentes: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM” (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo) y “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Viva la Patria” (en alusión a la bomba que estalló dos días antes en el comedor de esa dependencia policial).

La escena del crimen se completaba con un afiche de la tira cómica Mafalda apoyado sobre la espalda de Salvador Barbeito, donde el célebre personaje creado por Quino señalaba la tonfa de un policía al tiempo que comentaba sugestivamente: “¿Ven? Éste es el palito de abollar ideologías”.

Los cuerpos, colocados en fila en el piso y boca abajo, fueron encontrados minutos antes de las ocho de la mañana por el joven organista Rolando Savino, quien, como de costumbre, había madrugado para asistir a la iglesia a interpretar el repertorio de la primera misa dominical.

Escena del crimen, tomada el 4 de julio de 1976

La actuación policial

Savino se dirigió inmediatamente a la Comisaría 37ª a denunciar en persona lo que había visto. No obstante, en el acta suscripta por el comisario Rafael Fensore y el oficial principal Víctor Hugo Randazzo consta que “siendo las horas 7:55 de la fecha, se recibe por el aparato telefónico del Estado 51-3333, un llamado telefónico anónimo que dice: ‘En la finca de Estomba 1942, se produjo un grave hecho de sangre’''. 

Esta fue la primera de toda una serie de irregularidades que minaron el procedimiento desde el inicio: la policía no restringió en ningún momento el acceso a la escena del crimen, intentó borrar las inscripciones dejadas por los asesinos en las puertas y retiró los cuerpos como “NN”, aún cuando los mismos eran perfectamente identificables.

Horas antes, alrededor de las dos de la mañana, Julio Víctor Martínez, hijo del general José Andrés Martínez Waldner -designado por la dictadura como interventor de la provincia de Neuquén- llegaba en compañía de su amigo Jorge Argüello a su casa, ubicada en Sucre y Estomba, a pocos metros de la parroquia. Le llamó la atención que la consigna policial encargada de la custodia de su familia no se encontrara apostada en su lugar habitual, en la esquina ubicada en diagonal a la de su casa, donde vivía su amigo Carlos Santini. 

Asimismo, le pareció extraña la presencia de dos automóviles Peugeot 504, uno rojo y el otro de color claro, estacionados sobre Estomba. Los vehículos no pertenecían a ninguno de los vecinos de la zona y en cada uno de ellos había una persona a bordo. Ante la sospecha de que podía tratarse de un atentado contra su padre, Martínez optó por ir con Argüello hasta la Comisaría 37ª a radicar la denuncia.

Puerta de ingreso a la casa parroquial en Estomba 1942. Foto: Ramiro Varela

Al regresar, ambos se dirigieron a la casa de la familia Santini, donde Carlos se encontraba reunido con otros dos amigos: Guillermo Silva y Luis Pinasco. Junto a ellos estaba también el cabo Pedro Alvarez, perteneciente al Departamento de Custodias y Servicios Especiales de la Policía Federal y encargado de vigilar la casa de Julio. El suboficial había sido invitado a pasar para resguardarse del frío, ya que desde el interior contaba con una vista privilegiada.

Minutos antes, un patrullero había pasado por la puerta haciendo sonar la bocina. En el coche policial iban el oficial ayudante Miguel Angel Romano, el sargento primero Agustín Báez y los agentes Serafín Losada y Atilio Juárez. Alvarez salió y Romano le indicó: “Si escuchás cohetazos, no salgas porque vamos a reventar la casa de unos zurdos”. Silva había salido tras los pasos del custodio y pudo escuchar parte de la conversación. 

Todos decidieron permanecer dentro de la casa, aunque por la ventana alcanzaron a ver los movimientos de un grupo de individuos que portaban armas largas frente a la parroquia. Alrededor de las tres de la mañana, Luis Pinasco se retiró del lugar y vio a uno de los hombres armados acercarse a uno de los autos.

Baldosas por la Memoria colocadas el 4 de julio de 2018. Foto: Ramiro Varela

Pío Laghi y el rol del Ejército

Pese a que resultaba evidente que la autoría del crimen provenía de las fuerzas represivas, en las horas posteriores el Comando de la Zona I del Ejército emitió un comunicado en el que se atribuía el hecho a "elementos subversivos”. Los principales medios de comunicación se hicieron eco de la inverosímil versión oficial.

Luego del asesinato, el nuncio apostólico Pío Laghi y el cardenal Aramburu designaron al Padre Efraín Sueldo Luque para investigar el caso, encomendándole la redacción de un informe sobre lo sucedido para ser entregado al día siguiente. El sacerdote palotino incorporó las declaraciones que les tomó a Silva y a Pinasco y detalló las irregularidades del procedimiento policial. De dicho informe se imprimieron dos ejemplares, uno para Roma y el otro para la Curia metropolitana, sin remitir ninguna copia a las autoridades militares.

A la misa de cuerpo presente que se celebró en San Patricio para despedir a los cinco religiosos asesinados asistieron altos mandos de las distintas fuerzas, entre los que se encontraba el general Suárez Mason. Durante el oficio, el comandante del I Cuerpo del Ejército recibió la comunión de manos de Laghi. 

Robert Cox, editor del diario Buenos Aires Herald, declaró el 29 de abril de 1985 en el Juicio a las Juntas y señaló que creía que Laghi responsabilizaba a Suárez Mason por el quíntuple crimen porque había sido obra de un grupo de tareas que operaba bajo su mando. En una reunión a solas, éste le habría confiado al periodista: “Yo tengo que darle la hostia al general Suárez Mason… Se imagina lo que puedo sentir como cura… Sentí ganas de pegarle con el puño en la cara...”. 

Un cable secreto de la embajada norteamericana filtrado por WikiLeaks reveló que "el nuncio le informó al embajador Hill que un oficial de alto rango del gobierno le había dicho que se proponían 'limpiar la iglesia católica'" y que Laghi “especuló que el asesinato de los sacerdotes podría ser el primer paso de esa ‘limpieza’”.

Según el relato de Hill: "El nuncio señaló que el cardenal Aramburu había afirmado rotundamente ante el ministro del Interior que la iglesia sabía sin dudas que habían sido las fuerzas de seguridad del gobierno argentino quienes habían asesinado a los sacerdotes. Aramburu agregó que también le había dicho al ministro que era mejor si no hacía comentarios, porque negarlo sería simplemente una mentira. El ministro asintió y permaneció en silencio".

En marzo de 2016 trascendió un informe que Laghi envió a la Secretaría de Estado Vaticano el 13 de julio de 1976 con asunto “Conversación con el Ministro del Interior”. Allí le comunicaba al Prefecto del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, Cardenal Jean Villot, que el general Albano Harguindeguy le había manifestado el día anterior sobre el asesinato de los Palotinos que había sido obra de la “extrema derecha”.

El nuncio Pío Laghi (izq.) conversando con autoridades militares

El testimonio de Peregrino Fernández

Rodolfo Peregrino Fernández, ex inspector de la Policía Federal, se desempeñó como jefe de la brigada de custodia personal de Harguindeguy entre abril de 1976 y enero de 1977 y fue el primer arrepentido en confesar los crímenes cometidos por las fuerzas represivas. En marzo de 1983 se presentó de manera espontánea a declarar ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en Madrid y meses más tarde ratificaría sus dichos en el Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

Reconoció que "el comando del GT 1 fue ejercido por el General de División Suarez Mason” y que "también integraron este GT civiles provenientes del Servicio de Inteligencia del Ejército y de la Superintendencia de Seguridad Federal”. A su vez, señaló que la parte informativa era efectuada por el Batallón de Inteligencia 601“, mientras que “la parte operativa estuvo a cargo del propio Comando del I Cuerpo, de quien dependían también las llamadas “zonas libres”.

El ex policía involucró directamente en el asesinato de los Palotinos y del Obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli -ocurrido exactamente un mes después-, al propio Harguindeguy y a su colaborador, el Coronel José Ruiz Palacios”. Precisamente, era el propio Ruiz Palacios -al frente de la Subsecretaría de Asuntos Institucionales- el encargado de recibir con evasivas al Padre Cornelio Ryan, por entonces delegado provincial de la congregación palotina, cada vez que intentaba sin éxito entrevistarse con el ministro del Interior.

Uno de los datos más importantes que aportó Fernández es que, en ocasión del asesinato de Angelelli, recibió "otra carpeta ‘confidencial’ que contenía documentación perteneciente a los Padres Palotinos asesinados en la madrugada del 3 de Julio en la parroquia de San Patricio del barrio de Belgrano, Capital Federal, por personas armadas que no se identificaron y que sustrajeron objetos y papeles de propiedad de las víctimas, el cura párroco Alfredo Kelly, los sacerdotes Alfredo Leaden y Pedro Dufau y los seminaristas Jose Emilio Barletti y Salvador Barbeito”. 

Asimismo, consta en el acta que “en referencia al caso de los Padres Palotinos, el declarante posee en su poder una agenda telefónica de uno de los sacerdotes, que guardó como prueba de que dicha documentación se encontraba en dependencias del Ministerio del Interior en la época de referencia". No obstante, dicha agenda -que bien podría ser la que le sustrajeron los agentes del Batallón 601 Guillermo Arturo Beattle y Juan Carlos Díaz al sobreviviente Rodolfo Capalozza en San Patricio, apenas unos días después de la masacre- nunca apareció.

La esquina de San Patricio (Estomba y Echeverría). Foto: Ramiro Varela

La causa judicial en dictadura

La causa N° 7970 comenzó a tramitarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional  Federal Nº 3 a cargo de Guillermo Rivarola y la investigación del caso recayó en manos del fiscal Julio César Strassera. 

Días después del crimen, el juez tomó declaración al ayudante Romano. El oficial sostuvo que, al momento de identificar al ocupante del Peugeot 504, esta persona -de quien dijo no recordar el nombre ni su descripción física- tenía “en regla toda la documentación” y le manifestó que estaba “esperando a una señorita que tenía que salir de una fiesta que se daba a la vuelta”. Asimismo, afirmó que al pasar por la casa de Santini le había comunicado al cabo Alvarez que “todo estaba en orden”. El 30 de agosto, Rivarola interrogó a Alvarez y el custodio ratificó los dichos de Romano. 

En mayo y en julio de 1977, respectivamente, Strassera efectuó el pedido de clausura de la causa. Finalmente, el 7 de octubre de ese mismo año Rivarola accedió a dictar el sobreseimiento provisorio sin dictar ningún procesamiento.

Mural ubicado en Echeverría y el Pje. Mártires Palotinos. Foto: Ramiro Varela

La reapertura de la causa en democracia

El caso fue reabierto el 6 de agosto de 1984 por el juez Néstor Blondi a pedido del Padre Cornelio Ryan, quien ofreció como testigos a Carlos Silva y a Luis Pinasco. El 17 de junio de 1985, el comisario Rafael Fensore fue citado por Blondi y en su declaración ratificó lo que consta en el acta policial, sin aportar ningún elemento nuevo a la investigación.

En mayo de 1986 Aníbal Ibarra asume como fiscal y solicita al juez que dicte los procesamientos de Fensore y del oficial Romano por considerarlos partícipes necesarios del asesinato al liberar la zona. Para Ibarra era inexplicable que el comisario omitiera incorporar al expediente la denuncia del testigo Julio Martínez. 

Blondi dio lugar al pedido y procesó a los dos policías, argumentando además que Romano “supo en el cumplimento de sus funciones lo que iba a ocurrir en la parroquia de San Patricio y con su actitud -tratando incluso de evitar la posible intervención del custodio del general Martínez- permitió que ello ocurriera”.

No obstante, en junio de 1987 el magistrado dictó el desprocesamiento y volvió a cerrar la causa por considerar prescriptos los delitos en el marco de lo dispuesto por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

 

La participación de la Armada

En 1984, los sobrevivientes de la ESMA Graciela Daleo y Andrés Castillo declararon que “a mediados de 1976, fueron asesinados tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden los Palotinos, que vivían en una parroquia en Buenos Aires, el teniente Pernías participó en esta operación, según sus propios dichos jactanciosos” (Legajo N° 4816 CONADEP).

El 30 de octubre de ese año, Pernías fue citado a declarar por el juez Blondi y negó cualquier vinculación con el caso. Una década después, el 19 de octubre de 1994, hizo lo propio ante la Comisión de Acuerdos del Senado, que trataba el pliego de su ascenso.

Antonio Pernías, integrante del GT 3.3.2 de la ESMA. Foto: Archivo CIJ

No obstante, la versión de Daleo y Castillo fue reforzada por el cabo segundo Miguel Angel Balbi, quien declaró que el represor Claudio “Gordo” Vallejos, ex integrante del Batallón de Infantería N° 3, le había confesado ser el conductor del automóvil del que habrían bajado Pernías, el teniente de Fragata Aristegui y el suboficial Cubalo, antes de perpetrar el quíntuple homicidio. No obstante, en la declaración de Balbi consta que dicho automóvil “era un Ford Falcon agua marina” y que sólo el auto de apoyo “era un Peugeot 504 color celeste”, lo que contrasta con la versión ofrecida por todos los testigos presenciales.

Vallejos prestó declaración en la causa el 19 de enero de 1987 sin reconocer vínculos con el crimen. Luego de permanecer varios años prófugo en Brasil, fue extraditado a la Argentina en 2012 y recién en febrero de este año resultó condenado por el secuestro del diplomático Héctor Manuel Hidalgo Solá, ocurrido en julio de 1977. El pasado 13 de junio murió de cáncer de pulmón en la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen.

Pasaje Mártires Palotinos del barrio de Belgrano. Foto: Ramiro Varela

Scilingo y el Teniente Vaca

El abogado Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa fue secretario del Juzgado de Menores N° 9 -a cargo del juez Oscar Hermelo- durante la última dictadura militar y mantenía un estrecho vínculo con Jorge “El Tigre” Acosta, a quien frecuentaba en almuerzos de camaradería en la ESMA. Torres de Tolosa fue señalado por el excapitán de corbeta de la Armada Adolfo Scilingo como “el único civil que participaba de los vuelos de la muerte”. 

En el libro El vuelo de Horacio Verbitsky, Scilingo declaró que recibía órdenes de Torres de Tolosa, alias ‘Teniente Vaca’, en el sector de automotores de la ESMA y expresó: “A mí los vehículos me los traían. Evidentemente eran vehículos non sanctos. ‘Este vehículo hay que transformarlo, cambiarle el color, pintarlo de verde.’ Esas órdenes me las daba el teniente Vaca”. 

En este mismo sentido, fueron los dichos de Marta Remedios Álvarez, sobreviviente de ese centro clandestino de detención. En su declaración consta: “Como encargado de automotores estaba Gonzalo Torres de Tolosa, que era pariente del Tigre Acosta. También vio a Adolfo Scilingo arreglando un ascensor... Escuchó decir...que todos los oficiales debían participar en los vuelos de traslado de los detenidos”. 
                    
El 8 de octubre de 1997, Scilingo declaró ante el juzgado Central de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional de España y vinculó a Torres de Tolosa  con la Masacre de San Patricio. Según relata el propio Scilingo, el ‘Teniente Vaca’ le habría indicado cambiar el color uno de los coches utilizados durante el operativo:

Bueno, resulta que yo no sabía ni que existía la iglesia Paulatina (sic) (…) había un Peugeot quinientos cuatro negro. El negro ese estaba asignado a Inteligencia, que iba a hacer mantenimiento, y un día llegó, estoy hablando del setenta y seis, llegó Vaca desesperado a que había que cambiarlo de color violentamente, en veinticuatro horas, Estábamos preparados para eso. El taller estaba preparado para cambiar de color o características de un auto en veinticuatro horas… coherente como siempre, Vaca me dice blanco. O sea, de blanco a negro. Me acuerdo yo, ¿y por qué no azul? No, no, tiene que ser opuesto, blanco. Pero para qué, como era siempre un tema de disparates así, digo ¿Para qué blanco? y dice, no, no, porque este auto el año pasado intervino en un operativo con curas y parece que se ha armado lío. Bueno, se hizo blanco...

Aunque nuevamente aparecen incongruencias en relación al color de los vehículos, tanto con lo declarado en primer lugar por los testigos presenciales como con la versión aportada posteriormente por el marino Miguel Ángel Balbi, esta declaración ofrecida por Scilingo refuerza el vínculo del caso de los Palotinos con la llamada "Megacausa ESMA".

Declaración Adolfo Scilingo

La Megacausa ESMA

En julio de 2006 el juez Sergio Torres procesó por el asesinato de los palotinos y otros crímenes a 18 integrantes del GT 3.3.2: Antonio Pernías, a Jorge “Tigre” Acosta,  Alfredo Astiz, Juan Carlos Rolón, Jorge Carlos Radice, Ernesto Frimón Weber, Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García,  Alberto Eduardo González,  Jorge Raúl González, Jorge Enrique Perren, Francisco Lucio Rioja, Nestor Omar Savio, Pedro Antonio Santamaría, Víctor Francisco Cardo, Roque Angel Martello, Luis María Mendía y Ricardo Guillermo Corbetta.

Sin embargo, la Cámara Federal Porteña -a través de dos resoluciones, una de diciembre de 2006 y otra de julio de 2007- revocó los procesamientos y dictó la falta de mérito al considerar que no había suficientes elementos de vinculación, volviendo la causa a foja cero. Al quedar en duda la participación de la ESMA, en 2012 Torres se declaró incompetente, pero la Cámara Federal le asignó una competencia provisoria.

A finales de 2013 el magistrado retomó la investigación y solicitó al Juzgado Federal Nº 3 la evidencia, compuesta por “35 vainas servidas y 28 proyectiles” que se recolectaron en la escena del crimen, para realizar una nueva pericia. Sin embargo, el pedido no prosperó. Se procedió entonces a analizar un proyectil que estaba incrustado en un crucifijo de la casa parroquial para contrastarlo con el examen realizado por Prefectura en mayo de 1977. En aquel momento el resultado reveló que se utilizaron cinco armas diferentes, cuatro pistolas semiautomáticas estilo “Browning” (9 mm) y otra tipo ametralladora de dos cargadores. Asimismo, se le requirió al Ministerio de Defensa un informe sobre el tipo de arsenal que tenía asignado cada fuerza durante la dictadura. Este documento indicó que el armamento en cuestión era utilizado tanto por la Armada como por la Policía Federal, sin brindar más precisiones sobre la autoría material del hecho.

En febrero de 2014, Gastón Barletti -hermano de Emilo- se presentó como testigo y aceptó ser parte de la querella. Luego fueron citados a declarar el sargento primero Agustín Báez y el agente Serafín Losada, quienes iban a bordo del patrullero junto a Miguel Angel Romano; el ex subcomisario de la Comisaría 37ª, Daniel Domingo Monin; José Omar Bicco -relevo de Pedro Alvarez- y Miguel Ángel Carrión -a cargo de vigilar el interior de la vivienda de Martínez Waldner-, ambos del Departamento de Custodias y Servicios Especiales de la Policía Federal. Todos ellos dijeron no recordar lo sucedido aquella noche y ninguno aportó datos significativos a la causa. 

A su vez, se les tomó declaración a otros testigos pertenecientes a la comunidad palotina, se recabaron los testimonios de sobrevivientes que pasaron por la ESMA en la época del hecho, se solicitaron elementos de prueba a los diferentes juzgados que intervinieron en las causas referidas a los crímenes cometidos el mismo fin de semana de la masacre en represalia al atentado en Coordinación Federal, se realizó una nueva inspección ocular en el lugar del hecho y se le solicitó la documentación disponible sobre el caso al Arzobispado de Buenos Aires y a la Secretaría de Culto. 

Del mismo modo, en mayo de 2016 -año en que la congregación finalmente se presentó como querellante después de cuarenta años- el juzgado envió a través de la Cancillería un exhorto al Vaticano para solicitar la desclasificación de archivos que permitieran dar con la identidad de dos feligreses de San Patricio que habrían sido excomulgados por haber instigado al asesinato de los cinco religiosos, algo que había adelantado ya en 1985 el periodista Héctor Ruíz Núñez en un artículo publicado en la revista El Periodista. La Santa Sede respondió al oficio judicial en noviembre, pero sin revelar ninguna información al respecto.

En 2019 el juzgado solicitó al Archivo Nacional de la Memoria los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano para su traducción. El último cable señala que la masacre fue perpetrada por seis suboficiales de la Policía Federal que operaron sin orden directa de sus superiores, aunque no especifica sus identidades.

En mayo de ese mismo año Sergio Torres juró como ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y, luego de un año de subrogancia de Rodolfo Canicoba Corral, el Juzgado Federal Nº 12 quedó a cargo del juez Sebastián Casanello en julio de 2020. Hoy el expediente se encuentra en sus manos y en ellas está depositada la esperanza de que finalmente la verdad salga a la luz y se haga justicia.

Ramiro Varela

Exalumno palotino. Integrante de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia

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