El 12 de junio estaremos conmemorando el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha muy significativa, que nos interpela particularmente debido a que 2021 es el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Esta problemática extendida, en la que trabajamos con todos los sectores de la sociedad, impacta profundamente en la vida de los chicos y las chicas: cuando ellos y ellas trabajan se producen diversas vulneraciones a derechos fundamentales de los que son titulares, como su educación, su salud, su capacidad de jugar, sus posibilidades de esparcimiento, y su desarrollo personal. Y, la situación se agrava cuando las labores se realizan de manera intensiva y por periodos prolongados, en tanto se pone en cuestión su propia condición de niños y niñas; y se diluyen las necesarias condiciones de vida que deben serles garantizadas, especiales y diferentes en relación con las y los adultos.

Una reciente encuesta realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), UNICEF y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación nos acaba de alertar en torno a un incremento de trabajo en las infancias en el contexto de la pandemia. A más de un año de iniciada, la difícil situación sanitaria se conjuga con una crisis económica y social preexistente que impacta fuertemente en las familias más vulnerables.

Cuando hacemos referencia al trabajo infantil, es preciso dar cuenta de una serie de definiciones puntuales que nos permiten entender cuáles son sus alcances. Postulamos la erradicación del trabajo infantil cuando estas labores son perjudiciales -por la edad, el tipo de actividades y la intensidad con que se desarrollan- vulnerando derechos fundamentales para el desarrollo personal de las chicas y los chicos. De este modo, se ven afectadas la concurrencia y el desempeño en las escuelas, el disfrute del ocio y el juego, y el acceso a la salud en términos integrales -especialmente en la dimensión psicológica ya que en muchas ocasiones afrontan tareas para las que aún no alcanzaron la madurez mental suficiente-. Por esas razones, la perspectiva legal no se limita a la prevención del trabajo infantil para actividades productivas para el mercado, sino que amplía el universo a las diversas estrategias de supervivencia y de las labores que se desempeñan en los hogares. Es por ello que el trabajo infantil incluye la recolección de basura, el reciclado, la mendicidad, las tareas domésticas intensivas o las actividades para el autoconsumo. Estas realidades ocurren en diversos tipos de comunidades y desarrollo urbano, pero cierto es que en los ámbitos rurales la problemática recrudece.

Esta no es una perspectiva dogmática, en tanto no todas las actividades que realizan niñas y niños son consideradas trabajo infantil. En este sentido, la OIT indica que el “trabajo ligero” son aquellas actividades que no son peligrosas para su salud o su desarrollo. La particularidad de este tipo de prácticas es que no interfieren con sus trayectorias educativas y se enmarcan en su proceso gradual de socialización. En este caso se cuenta con la presencia de una persona adulta que se responsabiliza, acompaña y enseña. De esta forma, se puede garantizar que dichas actividades son adecuadas para una determinada edad o grado de madurez y que promueven la autonomía progresiva de las infancias y adolescencias.

En nuestro país aún existe una considerable brecha entre la protección legal y el efectivo acceso a derechos de chicos y chicas en materia de trabajo infantil. El panorama ha evolucionado desde 1907, cuando se sancionó la primera normativa vinculada a la temática, la Ley 5.291 sobre “Trabajo de mujeres y menores”, la cual tuvo como base un proyecto del diputado socialista Alfredo Palacios. Actualmente, desde la reforma constitucional de 1994, tenemos como referencia de elevada jerarquía a la Convención de los Derechos del Niño (CDN), cuyos lineamientos fueron incorporados a nuestro ordenamiento legal en 2005 con la Ley de Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061. Asimismo, en los años 2008 y 2013, por iniciativa del gobierno de Cristina Kirchner, se sancionaron dos importantes leyes (la Ley n° 26390 y la Ley n° 26847) que elevaron a 16 años la edad mínima para poder acceder a un trabajo, en condiciones que garanticen el derecho a la educación, y determinaron también que lucrar con el trabajo de personas por debajo de esta edad es considerado un delito.

La población con menores recursos e ingresos, las chicas y chicos de los sectores que padecen pobreza extrema, son los más afectados, y el escenario empeora si a estas condiciones materiales de existencia se asocian otras cuestiones que inciden de manera negativa como el bajo clima educativo de los hogares -categoría que hace referencia a los niveles de instrucción alcanzados por las y los adultos en las familias- y el grado precario de acceso a la salud con el que cuentan las familias. En la Argentina prácticamente no existe el trabajo infantil en infancias de familias con ingresos por encima de la línea de pobreza, con niveles medios de educación y acceso garantizado a la salud. Pero en los niveles actuales de vulnerabilidad es un problema sumamente preocupante.

Si bien algunos estudios deberán ser actualizados cuando dejemos atrás la pandemia, sabemos por la EANNA -la amplia encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo y el INDEC en 2017- que en Argentina alrededor del 10% de niñas, niños y adolescentes de 5 a 15 años realiza al menos una actividad productiva. En áreas rurales esta cifra asciende al 19,8%, mientras que en las áreas urbanas es de 8,4%. Se calcula que el 31,9% de los y las adolescentes de 16 y 17 años de edad realiza actividades productivas pero en zonas rurales supera el 43%. Entre esas y esos adolescentes 23,2% en zonas rurales y el 20,1% en las ciudades desarrollan jornadas que se equiparan a las de las personas adultas. La encuesta también mide el impacto del trabajo infantil en la inclusión educativa: mientras que en las zonas urbanas el 87,5% de las y los adolescentes tienen alguna participación en el sistema educativo, en las áreas rurales la inclusión en las escuelas se reduce al 75%.

Resulta imprescindible poner de resalto el caso de las niñas y las adolescentes, que en muchos hogares realizan un trabajo muy invisibilizado -al cuidar a los niños pequeños, hacer la comida o encargándose de las tareas de higiene en la casa- con alto grado de intensidad. El horizonte es, sin dudas, elevar los niveles de inclusión social y las capacidades de ingreso en los hogares tal como lo han hecho las gestiones del peronismo a partir de una senda que se inició en el año 2003. Si bien es cierto que en muchas situaciones opera el factor cultural -creencias en torno a las bondades de trabajar desde niños y niñas- y debe profundizarse la sensibilización y el esclarecimiento, lo cierto es que en nuestro país los factores determinantes del trabajo infantil son fundamentalmente económicos y sociales.

Nuestro gobierno nacional posee un fuerte compromiso en el desarrollo de acciones que permiten identificar y detener este tipo de vulneraciones de derechos. La agenda oficial, enmarcada en el paradigma de protección integral de niñas, niños y adolescentes, se traduce en diversas acciones interministeriales en materia de cuidado que aportan a la calidad de vida de las familias. A la reciente creación de un programa del Ministerio de Trabajo que incluye la formación de promotores territoriales de prevención del trabajo infantil, podemos sumarle políticas emblemáticas como la Tarjeta Alimentar, la AUH, la reactivación del Progresar o programas como Potenciar Joven y Potenciar Trabajo. Por otro lado, y asociado al “Plan Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente 2018-2022" es muy relevante la labor que vienen llevando adelante tanto la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), integrada por representantes de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, organizaciones de trabajadores, empleadores y de la sociedad civil con asesoramiento de agencias internacionales de cooperación, como las Comisiones Para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) que funcionan en las distintas provincias de nuestro país. Nuestra Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) es un actor protagónico de la CONAETI y de impulso a las COPRETI, junto a las áreas con competencia en infancias y adolescencias provinciales.

En línea con estas políticas estratégicas y con los diagnósticos que surgen de estos espacios de investigación y diálogo, la SENAF construye un abanico de acciones entre las que se cuentan la creación de convenios para la apertura y fortalecimiento de espacios de cuidados y socioeducativos, en la asistencia técnica a las áreas de niñez, adolescencia y familia, y comisiones provinciales, en capacitaciones a agentes estatales y a la comunidad y en actividades de sensibilización y difusión. Por otro lado, seguimos desarrollando el Programa Nacional de Derecho al Juego, a partir del cual implementamos proyectos destinados a la participación adolescente y promovemos diversas acciones para la protección integral de niños y niñas, fortaleciendo el sistema de protección de derechos, junto con los actores sociales e institucionales que lo conforman, en todo el país.

A pesar de contar con un marco normativo adecuado, la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente continúan siendo un desafío complejo. No se trata entonces de estar frente a un problema de “ausencia de normas” sino de enfrentar con éxito los desafíos que nos imponen las situaciones de pobreza, la necesidad de políticas de fiscalización y control del trabajo más extendidas y eficaces, especialmente en el ámbito rural, y, como los señalamos antes, la promoción de cambios de hábitos sociales allí donde se naturaliza el trabajo de pibas y pibes.

Tomamos fuerte distancia de las miradas “animistas” que nos invitan a creer que, por el mero hecho de ser sancionadas, las leyes automáticamente transforman la realidad. Se trata entonces de sostener y ampliar las políticas públicas que satisfagan de forma integral los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, teniendo como centralidad a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, protagonistas de su vida con plenas capacidades y potencialidades para su desarrollo integral. La densidad de esas políticas debe contemplar, además, la lógica de conformación de un sistema de protección: articulación horizontal entre diferentes áreas de gobierno -salud, trabajo, educación, niñez, desarrollo social-, coordinación vertical de las jurisdicciones nacional, provinciales y municipales, y diseño e implementación de las acciones de manera asociada entre el Estado y las diferentes, múltiples y potentes manifestaciones organizadas de nuestro Pueblo.

No es poco lo que está en juego. Miles de chicos y chicas que ejecutan intensamente actividades laborales llevan vidas de adultos, no van a la escuela, no disfrutan del juego, del ocio y del entretenimiento. Les negamos múltiples derechos, les negamos además el derecho a ser niñas, niños y adolescentes.