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Revista Haroldo

Diálogo con el pasado y el presente

18/03/2021

Juicio Contraofensiva, un hito histórico

El juicio por los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la “Contraofensiva montonera”, que se juzgan a 40 años del regreso al país de militantes políticos que estaban en el exilio, tiene la particularidad de ser el único en el que no se agrupa a las víctimas por el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio.  El Tribunal Oral Federal Número 4 de San Martín intentará determinar la responsabilidad de los altos mandos de los batallones 601 y 201 de Inteligencia y del Comando de Instituto Militares en el secuestro -tanto en el país como en Perú, Bolivia, Brasil y España- de al menos 94 víctimas que participaron de la "Contraofensiva". Además, este juicio será histórico también porque es el primero en el que se televisaron los testimonios en vivo a través de La Retaguardia, un medio comunitario.

 

 

Antes de la pandemia, la sala llena era una constante. Al entrar a la sala los imputados, se levantaban las fotos de quienes ya no están. TOFC N°4, San Martín, Buenos Aires, 2019. Foto: Gustavo Molfino/El Diario del Juicio

 

El proceso de Memoria, Verdad y Justicia que se lleva adelante en Argentina desde el retorno de la democracia ha tenido marchas y contramarchas. Siempre hubo memoria, desde las calles hacia las instituciones, hasta el logro de que se convirtiera en una política de Estado que trasciende gobiernos. La verdad siempre ha sido una apuesta de las víctimas; unas pocas veces, apenas contadas con dedos de una mano, fue voz en boca de los genocidas, que hacen del pacto de silencio de carácter mafioso algo mucho más perpetuo que sus condenas a prisión. La Justicia tiene momentos olvidables y también otros de carácter histórico; incluso ambas cargas al mismo tiempo como en el Juicio a las Juntas, que consiguió aquellas primeras condenas de Videla, Massera o Viola a tan poco tiempo del abandono del poder. En ese juicio comenzaron a escribirse las primeras tintas judiciales reforzando la teoría de los dos demonios. En el caso de Víctor Basterra, sobreviviente del genocidio, la sentencia dice que fue liberado de su cautiverio en la ESMA en 1981, cuando en realidad allí comenzaron sus primeras salidas permitidas en las que forjó, sin siquiera poder pensarlo, su enorme templanza heroica. Lo dijo Basterra en ese juicio: su secuestro terminó en 1984, ya en democracia, porque lo siguieron visitando. Pero para la Justicia, no todo lo que decían quienes habían sobrevivido era tomado como atendible. Después vinieron las leyes de impunidad alfonsinistas y los indultos de Menem; la impunidad también fue política de Estado.

Entre esas idas y vueltas los juicios arribaron al final del gobierno de Cambiemos intentando no hundirse en una suerte de pantano. El macrismo tuvo en este tema un andar constante entre la prudencia y la carga decidida contra todas las conquistas en la materia: a sabiendas de que no podía cancelar los juicios, fue vaciando las herramientas que el Estado construyó sobre todo durante los gobiernos del kirchnerismo. Su intento más sonado fue la aplicación del beneficio del 2x1, que escondía una liberación masiva de genocidas, enterrada en las calles con una de las manifestaciones populares más épicas que se pueda recordar en las últimas décadas. Perdió esa apuesta pero siguió propiciando las salidas por vía de las prisiones domiciliarias por goteo, herramienta que por cierto se venía solidificando antes de que Macri llegara al poder. Ese mensaje político se encontró en un abrazo fraterno con la actuación sin culpa de la Cámara de Casación Penal, desde varias de sus salas. Uno de los casos más potentes para mostrar quizá sea el de Carlos Eduardo del Valle Carrillo Salvadores. Fue condenado en 2013 a prisión perpetua por haber sido considerado el jefe de los fusilamientos de 14 militantes desarmados del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), ocurridos en 1974 en Catamarca, en lo que se conoce como la Masacre de Capilla del Rosario. Pero la Sala III de Casación revocó el fallo y lo absolvió en 2017, junto a los otros dos represores condenados. Consideró que no había en esa época un “ataque sistemático contra la población civil”. Muchos otros fallos contradicen esa doctrina, entre ellos el de la Masacre de Trelew, pero también el del Operativo Independencia en Tucumán, o el de La Perla en Córdoba, incluso el de los desaparecidos de La Tablada. La línea temporal del Terrorismo de Estado se extendió sobrepasando el límite del 24 de marzo de 1976 hace bastante tiempo. A Carrillo Salvadores se lo puede ver cada tanto asistiendo virtualmente, como abogado, a imputados en la causa por los Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo, que se tramita ante el TOFC Nº2 de San Martín y se puede seguir todos los lunes en vivo a través del Canal de YouTube de La Retaguardia. Incluso participó de la visita ocular a Campo de Mayo en el marco de ese juicio. Con traje prolijo, sombrero, anteojos oscuros de patota setentista y un elegante bastón, bajó de un Ford Falcon. Tal vez haya sido una provocación. Quizá simplemente decidió mostrar el orgullo de ser parte del genocidio.

 

De izq. a der.: Jorge Bano, Jorge Norberto Apa, Raúl Muñoz (murió durante el juicio), Roberto Dambrosi y Marcelo Cinto Courtaux. Falta Luis Firpo, ahora preso por violar la domiciliaria. TOFC N°4, San Martín,  Buenos Aires, 2019.Foto: Gustavo Molfino/El Diario del Juicio

 

En ese contexto, llevar adelante un juicio que rondara la Contraofensiva de Montoneros no parecía sencillo. Es un juicio que sale de lo común porque, a diferencia de casi todo el resto, no agrupa a las víctimas por el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio al que fueron llevadas, sino que las reúne por la acción política de la que fueron parte: ni más ni menos que la lapidada Contraofensiva de Montoneros. Si bien la represión en este caso fue comandada por el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército y Campo de Mayo fue la sede central de la reacción exterminadora, no es común que un juicio por crímenes de lesa humanidad tome como objeto procesal la represión a una acción específica durante la resistencia a la dictadura. Y mucho menos si se trata, como en este caso, de un intento de horadar el poder militar durante una dictadura que ya aparecía como victoriosa en lo militar, lo que fue visto durante años como suicida, sin que se pudiera hablar del tema salvo para el repudio. 

El juicio por la represión a la Contraofensiva de Montoneros es indudablemente uno de esos mojones que quedarán marcados a fuego en la historia del juzgamiento a genocidas en nuestro país. Es una de esas causas en las que se habrá podido torcer el entorno estigmatizador que siempre coronó esa acción política. Ya es notorio durante el juicio, que de hecho no es el primero que se realiza sobre estos hechos. Entre 2007 y 2012 el juez Ariel Lijo llevó adelante un proceso con el viejo Código Procesal. El juicio no fue ni oral ni público. Se realizó de manera escrita y sin chance alguna de presenciarlo. En la primera etapa fueron condenados Cristino Nicolaides, Luis Jorge Arias Duval, Santiago Manuel Hoya, Juan Carlos Gualdo, Waldo Carmen Roldán, Carlos Gustavo Fontana, Pascual Oscar Guerrieri y Julio Héctor Simón. En una segunda etapa se sumaron Antonio Simón y Alfredo Feito. Poco sabemos de aquel juicio que se nombra con el apellido del juez; es la Causa Lijo para todos y todas. La razón por la que se la reconoce así es simple: no se podría haber nombrado como Juicio Contraofensiva. Hubiese puesto en peligro, incluso, el resultado condenatorio. No había margen para que no se convirtiera en un juicio a la acción militante en lugar de a la respuesta genocida. Apenas pasaron 10 o 15 años, sin embargo aquí ya de arranque algo se modificó. Más allá de que el juicio que está en su etapa final es por la represión a la Contraofensiva, con el correr de las audiencias fue también convirtiéndose en un proceso jurídico-histórico que contribuye a rescatar de las sombras aquella acción política. Y aunque la decisión pudiera dividirse en dos: por un lado, la de quienes la propiciaron desde la Conducción Nacional y por otro, la de quienes le pusieron el cuerpo, de algo ya no se puede dudar: todos y todas eligieron. Nadie participó por obligación. O, en todo caso, nadie lo hizo por obligación jerárquica, por acatar una orden. 

El genocidio ocurrido en Argentina, que comenzó antes del golpe del 24 de marzo de 1976 con la acción de la Triple A organizada desde el propio Estado, está tan cerca todavía que un sector amplio de la sociedad no puede despojarse de la teoría de los dos demonios cuando se refiere a este hecho. La cuestión parece bastante más simple de analizar. Quizá nos ayude tomar un ejemplo de un genocidio más lejano en el tiempo y en el mapa: ¿alguien podría cuestionar la decisión del grupo que se levantó en armas en el Guetto de Varsovia? ¿Conocemos alguna persona que llame asesinos en lugar de héroes a quienes tomaron semejante decisión y la llevaron adelante, sabiendo que era una pelea imposible de dar, solo para morir por elección y con un mensaje ético de por medio? Nadie se animaría. Los únicos asesinos y genocidas en esa historia fueron los nazis, qué duda cabe. Apenas unos días antes del comienzo de este juicio, durante el programa radial Oral y Público de Radio La Retaguardia, Daniel Cabezas, uno de los sobrevivientes de la Contraofensiva y además querellante, habló del derecho a la resistencia: "Vamos a hablar de la represión, intentaremos que quede clara y se condene a la mayor cantidad de represores posible en este proceso. Lo que no se habla y cuesta mucho es la resistencia. Convocamos a que se discuta el tema de la resistencia y que aportemos lo poco que podemos aportar y se pueda hablar en la sociedad de las otras resistencias que hubo o de las actuales resistencias. Cada época tiene su forma, su manera de mostrar esa resistencia. Podríamos remontarnos al 55 y cómo a partir del bombardeo a Plaza de Mayo el peronismo comienza una etapa de resistencia en medio de una dictadura feroz, también esa fue una dictadura feroz". Sonaba atrevido. Sin embargo sucedió. Desde la silla de los testimonios se escucharon voces que fueron recuperando la historia. Que reivindicaron la lucha. Que contaron cómo fueron sus vidas militantes. También dieron cuenta, en algunos casos, del silencio que cayó como una nube negra y les acortó la visión del horizonte. Quienes han sobrevivido reflejaron un tiempo de aventuras de películas, mezcladas con dolores y ausencias interminables, junto a una nostalgia por aquel convencimiento de que efectivamente lograrían cambiar el mundo, o de mínima, el país. 

La rosa tejida a mano es un símbolo de este juicio. Las hizo Irma Ortolani, de 92 años, madre de Susana Brardinelli, sobreviviente y esposa de Armando Croatto. TOFC N°4, San Martín, Buenos Aires, 2021. Foto: Natalia Bernades/El Diario del Juicio

También es el juicio en el que las hijas y los hijos testimoniaron desde sus miradas tan particulares. Los recuerdos infantiles se entremezclaron con sus procesos y vivencias en la adultez, incluso como padres y madres. “Yo esperé 40 años, ahora espérenme a mí que voy a relatar a mi ritmo”, advirtió Dolores Guadix, la hija de Gervasio Martín Guadix (secuestrado, desaparecido, asesinado, fraguaron un suicidio que este juicio desarmó por completo) y Aixa Bona. Su madre dejó también una marca histórica durante el juicio porque reconoció como uno de sus secuestradores a Roberto Álvarez, un ex policía al que reconoció durante su testimonio; mientras Álvarez canchereaba, ella lo veía con asombro a través de la transmisión televisiva del juicio. Virginia Croatto, la hija de Armando Croatto (desaparecido y asesinado) y Susana Brardinelli (sobreviviente), reconstruyó en el cine, y seguramente en su vida, las historias de las hijas e hijos en la guardería de La Habana: “Mi papá no estaba haciendo una operación; le montaron una emboscada para capturarlos. Los militares tratan de demostrar que solo responden a las agresiones de los Montoneros. La construcción del enemigo centrada en las organizaciones armadas va más allá de la entrada puntual de resistencia a la dictadura durante la Contraofensiva, que sería como la madre de las ilegalidades. Se habla de que las organizaciones eran ilegales... El gobierno era ilegal”, reflexionó con contundencia. 

Los alegatos de la fiscal Gabriela Sosti y el de la querella mayoritaria representada por Pablo Llonto se convertirán con total certeza en material de estudio. Rearmaron los hechos escapando a la frialdad habitual de la justicia. Se emocionaron y consiguieron emocionar. Plantaron bandera política y levantaron la del derecho a la resistencia.

 

El alegato del abogado querellante Pablo Llonto se extendió por 6 jornadas. Lo acompaña Daniel Cabezas, sobreviviente. Lo observa el Presidente del Tribunal, Esteban Rodríguez Eggers. TOFC N°4, San Martín,  Buenos Aires, 2021. Foto: Natalia Bernades/El Diario del Juicio

Este juicio será histórico también porque fue el primero en el que se televisaron los testimonios a través de un medio comunitario. Aquellas voces antes escuchadas por un puñado de personas, 70 en el mejor de los casos, se convirtieron en palabras vistas y replicadas por miles. Cuando La Retaguardia realizó el pedido formal al TOFC Nº4 de San Martín, parecía lejana la posibilidad de conseguir un sí. Sin embargo el tribunal, presidido por Esteban Rodríguez Eggers y con las vocalías de Matías Mancini y María Claudia Morgese Martín, no sólo aceptó la propuesta sino que delegó en el medio la publicidad del juicio, dejando de lado la chance de televisarlo a través del canal que tiene la propia Justicia. Ya el Diario del Juicio había conseguido multiplicar en formato escrito los primeros testimonios, pero la oportunidad de ver con ojos propios, tanto en vivo como en cualquier otro momento, liquidó la intermediación. El medio quedó solo como medio, ya no como interpretador. La comunicación directa del juicio era el condimento que faltaba para cerrar un ciclo histórico, o tal vez para comenzarlo. Esa ventana que abrió este tribunal, se convirtió en la posibilidad de acceder a que otros juicios se pudieran observar en vivo. Una Justicia que no teme que la observen, que no se encierra en sus tribunales, que se baja de los estrados sin confundir el rol que cumple cada parte, tiene más chances de convertirse en una justicia justa. Si la memoria histórica se convierte en una construcción colectiva, habremos dado un paso sumamente importante en el objetivo final de una sociedad más justa. No es poca cosa. Y el juicio Contraofensiva es, en aquel camino sinuoso, no solo un juicio contra Apa, Cinto Courtaux, Ascheri, Bano, Dambrosi y Firpo. Es un hito que merece ser celebrado, aunque se quiebren los huesos de dolor por lo que se ve en cada audiencia. 

 

Fernando Tebele

Integrante del medio comunitario La Retaguardia, que desde 2003 tiene la causa de defender los derechos humanos entre sus banderas principales. Desde la pandemia transmiten en vivo por tv varios juicios por crímenes de lesa humanidad. Además conduce el programa radial Oral y Público, también en La Retaguardia.

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