Derecho a tener pareja y poder formar su propia familia y contar con los apoyos necesarios para poder logarlo. Foto: Gentileza Asociación Civil Unidos por la Alegría

A lo largo de la historia existieron distintas concepciones sobre las personas con discapacidad, la mayoría de ellas discriminatorias y relacionadas a la anulación de derechos. 

Hoy todos somos responsables de promover su inclusión y respeto en condiciones de igualdad. Dicen que los grandes cambios llevan mucho tiempo. Sobre todo aquellos que implican saltos cualitativos en las sociedades y en la evolución de la humanidad. Este tipo de procesos históricos conllevan crisis, dolor y luego revoluciones. La lucha de las personas con discapacidad por no ser discriminadas es uno de ellos. 

Según la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad son todas aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, ven impedidas su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. 

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Mi pregunta es ¿crees que estamos cerca de cumplir con ese propósito? 

El movimiento mundial “Nada sobre nosotros sin nosotros” o la declaración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2006 son logros recientes en la historia que responden a décadas de lucha por la no discriminación. 

A lo largo de los años surgieron distintas reivindicaciones, resignificaciones de la discapacidad, cambios de conceptos, paradigmas y el mismo lenguaje se vio obligado a cambiar para dar lugar a otras posibilidades, y sobre todo para otorgar dignidad y humanidad a personas que durante años fueron denigradas y estigmatizadas. 

A principios del siglo XX era común que a las personas con discapacidad se las denominase retardadas, incapaces o minusválidas (no olvidemos el termino mogólico utilizado como insulto), ubicando a esta condición física en un status de maldición o castigo divino. Son conocidas las historias de personas que solían ser escondidas en sus hogares para que nadie las pudiera ver. Esta concepción fue mutando a lo largo de las últimas décadas, entre tantos intentos de cambio y avances. El modelo médico-rehabilitador surgió como otra manera de concebir a las personas con discapacidad, consideradas como cuerpos-mentes que debían ser “tratadas para el logro de la normalización”. De a poco, se comenzó a transitar desde una concepción discriminatoria y excluyente, hacia otra más ligada a la integración, sin que esto implicase grandes avances para su calidad de vida o el respeto pleno de sus derechos. 

A mediados de siglo pasado comenzaron a cobrar fuerza nuevos movimientos que nos traen hasta la actualidad, con una característica distintiva: esta vez, son las mismas personas con discapacidad quienes comienzan a encabezar las luchas por sus derechos y tienen presencia en nuevos espacios, llevando consigo la bandera de la no discriminación. Sumado a esto, el Modelo Social junto a la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad que en nuestro país es ley desde el año 2006, proponen un cambio que impacta directamente en las responsabilidades no sólo de los Estados sino en toda la sociedad civil. 

Hoy la discapacidad ya no es una condición relacionada con una deficiencia física de las personas, sino que es producto de las barreras impuestas por el entorno y la sociedad, que dificultan su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. 

Derecho a la  cultura  y recreación, y la disfrutamos como todos. Foto: Gentileza Asociación Civil Unidos por la Alegría

El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para crear conciencia y promover sus derechos e inclusión. El inicio de la efeméride se remonta a 1992, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la fecha mediante la resolución 47/3. Allí se acordó que sería una jornada para activar la acción y la toma de conciencia respecto a todos los individuos que tengan alguna discapacidad. En la Argentina, el Día Nacional de las Personas con Discapacidad (Ley 25346) se estableció en octubre del año 2000, con fines similares y el mismo objetivo de concientizar a la población como la celebración mundial. 

En el país, según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del INDEC del año 2010 el 13% de la población argentina tiene alguna discapacidad, esto se traduce en cinco millones de habitantes. El Estado argentino se encuentra obligado hoy a garantizar, en general, a todas las personas con discapacidad, todos los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que el Estado es parte, y en particular, a hacerlo con el alcance que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional (leyes 26378 y 27044). 

En el marco de sus competencias, una de las cuestiones que esta nueva gestión, iniciada con la asunción del Presidente Alberto Fernández, se propone abordar es el cambio de paradigma en las políticas públicas relativas a personas con discapacidad, visibilizando el pasaje del enfoque tutelar y asistencial al de derechos humanos y el modelo social de la discapacidad. Para desplegar esta tarea, es fundamental acompañar el trabajo con las recomendaciones que surgen de las observaciones finales al Estado argentino del Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad (2012, ONU) así como de las observaciones generales emitidas por el mismo órgano. También la jurisprudencia emitida por la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana  de Derechos Humanos en la materia cobra relevancia para impulsar adecuaciones en las políticas públicas y la garantía de derechos de personas con discapacidad. Finalmente, los compromisos asumidos por Argentina ante la Comisión para la Promoción y Protección de Derechos de Personas con Discapacidad de la Reunión de Altas Autoridades en materia de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR, resultan de importancia. 

Si de ampliación de derechos para personas con discapacidad vamos a hablar, es imposible dejar de remarcar que la convención de 2008 fue una decisión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y eso tiene hoy rango constitucional, con lo cual nadie puede negarse a cumplirla y todos los ciudadanos con discapacidad tienen que saber que deben exigir esos derechos. La época kirchnerista o mejor conocida como la "década K" ha marcado positivamente a Argentina y ha dejado su huella en casi todos los ámbitos de la nación, y no fue la discapacidad algo que ellos no hayan abrazado. El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso el acento en la ampliación de derechos para las personas con discapacidad, tomando la decisión de transversalizar la política pública en la materia. Sin embargo, luego de ello sufrimos muchos retrocesos dado que las personas con discapacidad fueron uno de los colectivos más golpeados durante los cuatro años de ajuste de Cambiemos. Fueron años de desprecio, la quita de pensiones y el vaciamiento de Incluir Salud, fueron los principales reclamos. No se trató de errores, lo que hubo fue una intencionalidad manifiesta de desconocer derechos y hacer daño. Después de lo que significó para este colectivo, tras tanto desgaste causado, es tarea de nuestro actual gobierno volver al legado que nos dejó Néstor. 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene entre sus competencias las de planificar y coordinar actividades de formación y fortalecimiento institucional en materia de Derechos Humanos en el ámbito de la sociedad civil y estatal, así como la elaboración de planes y programas específicos en materia de protección de los derechos humanos garantizando la protección de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. También tiene el gran compromiso de reconstruir, acompañar y levantar la bandera de este grupo vulnerado, volviendo a lo logrado por el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez de Kirchner, avanzando en la transversalidad en la política pública de la discapacidad con ampliación de derechos, de ahí la importancia de seguir respaldando un gobierno nacional y popular. 

Se lanzó una propuesta de capacitación destinada a funcionarios de los organismos provinciales o municipales a cargo de las áreas de Derechos Humanos interesados en promover la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad, también se participa de la reunión interministerial del Comité Técnico con el fin de transversalizar la accesibilidad de la comunicación a todos los ministerios y trabajar en la adecuación de políticas públicas.

El modelo social de la discapacidad se presenta como nuevo paradigma del tratamiento actual de la discapacidad, con un desarrollo teórico y normativo; considera que las causas que originan la discapacidad no son religiosas ni científicas, sino que son, en gran medida, sociales. Desde esta nueva perspectiva, se pone énfasis en que las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en iguales circunstancias que las demás, pero siempre desde la valoración de la inclusión y el respeto a lo diverso. 

Derecho al voto. Cuando vayas a votar tenés derecho a pedir que te eliminen todas las barreras que te impidan hacerlo. Foto: Gentileza Asociación Civil Unidos por la Alegría

Este modelo se relaciona con los valores esenciales que fundamentan los derechos humanos, como la dignidad humana, la libertad personal y la igualdad, que propician la disminución de barreras y dan lugar a la inclusión social, que pone en la base principios como autonomía personal, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, diálogo civil, entre otros.

La premisa es que la discapacidad es una construcción social, no una deficiencia, creada por la misma sociedad que limita e impide que las personas con discapacidad se incluyan, decidan o diseñen con autonomía su propio plan de vida en igualdad de oportunidades. Es una construcción colectiva. Las políticas de Estado, cuanto más participativas son y cuantos más consensos logran en función de sus objetivos y de sus metodologías, más sostenibles son en el tiempo. Cuando digo que la discapacidad es una construcción social, quiero decir que es algo que se construye a diario en las relaciones sociales entre las personas, en las decisiones que tomamos, en las actitudes que asumimos, en la manera que pensamos, construimos y estructuramos el entorno físico, social, cultural e ideológico en el que nos desenvolvemos.

Los derechos humanos de la población con discapacidad, en la actual concepción, deben estar dirigidos a equilibrar el acceso al ejercicio pleno de sus derechos y oportunidades en una sociedad dentro de la cual puedan desarrollar libremente y con dignidad sus propios planes y proyectos de vida. Y sin dejar de lado la responsabilidad del Estado, debemos tomar en cuenta la responsabilidad de cada uno como ciudadano; en todos los lugares donde nos desenvolvemos podemos aportar para que de verdad, de una vez por todas, dejemos de hablar de inclusión de personas con discapacidad y podamos hablar de convivencia.