Marcha del Orgullo, Buenos Aires, 2019. Foto: Santiago Cárcamo - Asoc Ciclo Positivo

Diciembre no es un mes cualquiera en la construcción de la respuesta al VIH. Todos los años el 1° se recuerda el impacto de esta epidemia a nivel internacional. Ese día se dedica a dar a conocer los avances en la cura de la enfermedad y generar mayor conciencia sobre las formas de prevención de la infección. Pocos días después, el 10 de diciembre, se celebra el Día internacional de los Derechos Humanos, fecha en la que la humanidad se daba a sí misma la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El artículo 1° de esta declaración nos sigue interpelando, aún con su lenguaje de 1948 poco género sensitivo: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”^[1].

Una y otra vez oímos repetir consignas tales como “la discriminación genera la profundización de los problemas vinculados al VIH”, “la violación de los derechos humanos en el ámbito de la salud perjudica el acceso a la salud de las comunidades más vulneradas” y la lista podría seguir interminable. 

Pero, ¿están nuestras estructuras estatales, nuestras burocracias federales y provinciales, preparadas para dar respuesta e implementar efectivamente políticas públicas de ampliación de derechos? ¿Preparamos a nuestres trabajadores estatales para responder desde un Enfoque de Derechos Humanos? ¿Generamos espacios en nuestros ministerios para repensar cómo el Estado se relaciona con les ciudadanes en un ámbito de respeto y empoderamiento personal?

Esas preguntas intentaron comenzar a ser respondidas en el año 2013, desde la actual Dirección de respuesta al VIH, Its, hepatitis virales y tuberculosis, cuando se decidió crear el Área de Derechos Humanos y Sociedad Civil, con vistas a fortalecer el Enfoque de Derechos Humanos aplicado a la salud.

Su objetivo es hacer posible la exigibilidad de los derechos, desde un abordaje integral, facilitando la participación de las organizaciones sociales en la búsqueda de la equidad y el pleno disfrute del derecho a la salud para las personas con VIH. Para ello se parte de un diagnóstico que muestra que aún existen barreras de accesibilidad sobre las cuales la gestión pública debe trabajar para derribarlas.

Desde un comienzo se planteó que el área actúe como conector entre el Estado y la sociedad, ofreciéndose como una línea directa de comunicación donde las personas con VIH que residen en Argentina, los programas jurisdiccionales de VIH, otras agencias estatales, los servicios de salud y las organizaciones sociales, puedan recibir el asesoramiento necesario para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de las personas con VIH. Asimismo, se propone un modelo de atención de calidad y respetuoso de la dignidad humana.

Manifestantes del Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH en reclamo por una nueva Ley de VIH, Hepatitis virales e ITS, Congreso de la Nación Argentina, 30 de noviembre, 2017

Teniendo en cuenta el carácter federal y descentralizado de la salud en la República Argentina, el área también pretende servir de nexo para la articulación entre las distintas jurisdicciones y entre éstas y las diferentes áreas del Estado Nacional que deban involucrarse en la respuesta a fin de elaborar estrategias conjuntas y abarcativas aplicando el Enfoque de Derechos Humanos en salud a la gestión pública.

Con el objetivo de lograr una gestión cruzada transversalmente por el Enfoque de Derechos, el Área busca fortalecer una red federal de contención multidimensional (jurídica, social, psicológica) con eje en la persona, es decir, una red de actores gubernamentales y no gubernamentales que permita asistir a las personas con VIH en los territorios que habitan, brindándoles contención, acompañamiento y apoyo técnico para su empoderamiento. Buscar que las personas en todo el territorio comprendan que el acceso a la salud es un derecho fundamental, requiere desplegar herramientas para que las mismas puedan visualizar y ejercer el derecho de reclamar en caso de no lograr el acceso y ver en los hechos que el Estado da respuesta a dicho reclamo. Este es uno de los resortes que permite a diario sostener un Estado activo capaz de construir políticas adecuadas a las necesidades de la ciudadanía en cada momento. 

Esto demanda entretejer a diario una red con los distintos recursos estatales que posibilite, facilite e impulse el reclamo y sus respuestas. 

A su vez, sistematizar estos reclamos le permite a la gestión pública advertir en qué sitios concretos las políticas pensadas y desarrolladas no logran ser implementadas plenamente. Esto genera la posibilidad de monitoreo permanente logrando en caso necesario articular las correcciones a las acciones o la implementación de nuevas acciones que faciliten el acceso al derecho. 

Esto se desarrolla con un permanente esfuerzo de articulación, esfera de democratización de la política pública lograda a través del Enfoque de Derechos, ya que esa articulación debe ser pensada con los actores locales, las organizaciones sociales y las agencias del Estado Federal. 

También debemos tener siempre presente que desde el Estado se debe pensar en la capacitación continua de les agentes estatales responsables de la implementación de las acciones. Por eso, el Área de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la Dirección de Respuesta al VIH, its, hepatitis virales y tuberculosis, tiene un fuerte componente de capacitación y sensibilización. Estas capacitaciones se realizan tanto en el desarrollo de las acciones cotidianas con el intercambio permanente con todes les involucrades, como también con encuentros organizados en conjunto con las organizaciones sociales, así como con Programas Provinciales, de VIH y agencias estatales de los distintos ministerios. 

Una de las estrategias implementadas, los Encuentros Regionales de VIH y Derechos Humanos, ha demostrado en su implementación ser altamente efectiva ya que al construir un espacio de encuentro en territorio de los Programas de las distintas provincias en conjunto con las organizaciones con trabajo en la temática, referentes locales y agencias federales, logra analizar los problemas de accesibilidad en cada territorio y articular respuestas acordes a las necesidades locales, otro de los pilares del Enfoque de Derechos. 

Argentina ha suscripto numerosos tratados internacionales de Derechos Humanos, muchos de ellos hoy integran el texto de la Constitución Argentina y otros tienen carácter supralegal. Adaptar toda la estructura administrativa del Estado para que la misma responda al Enfoque de Derechos, es una de las obligaciones centrales que como Estado tenemos en función de dichos tratados.

Erradicar el estigma y la discriminación vinculados al VIH es un imperativo urgente si queremos trabajar por la erradicación de esta pandemia. Esto obliga a pensar acciones vinculadas al mundo del trabajo, a la educación y a todas las esferas sociales en las cuales las personas nacen, se desarrollan y crecen. 

Finalmente debemos destacar que actualizar la legislación vigente es una premisa de estos tiempos que también requiere de lograr los mayores consensos alrededor de la idea. Para ello en el año 2014 se comenzó un proceso de consultas y consenso habiéndose alcanzado en diciembre de 2015 un anteproyecto de ley consensuado, que es la base esencial de los proyectos hoy en discusión en el Congreso de la Nación. 

Un Área de Derechos Humanos requiere del equipo humano que lo conforma una postura reflexiva, articulada, activa y dinámica que le permita desde una postura de análisis crítico, repensar las acciones desplegadas en territorio, sugerir modificaciones a las políticas implementadas teniendo siempre como eje la accesibilidad desde un enfoque holístico de la persona y sus derechos. 

Marcha del Orgullo, Buenos Aires, 2019. Foto: Tomás Ramírez Labrousse - Asoc Ciclo Positivo

Información útil

Desde un comienzo el Área se planteó la necesidad de poseer distintos canales de comunicación que facilitaran el acceso de la ciudadanía, por ello recibe las consultas y reclamos de personas de todo el país a través del 0800-3333-444, el teléfono directo 011-4379-9017 y el mail consultasdsyets@gmail.com, trabajando en la resolución de los casos planteados. 

Las personas cuyas obras sociales y empresas de medicina privada les plantean dificultades de atención y/o acceso al tratamiento, también son asistidas por el Área, articulando las respuestas y logrando la no interrupción de sus tratamientos, mejorando la adherencia de las personas a ellos. En dicha tarea se trabaja articuladamente con la Superintendencia de Servicios de Salud y las Defensorías del Pueblo locales y de la Nación.

A su vez se da soporte legal y asesoramiento tanto a particulares como a organizaciones sociales y diversas agencias estatales como los Programas Provinciales de VIH.

Por último debemos destacar que el Área actúa como un punto focal en el cual las personas pueden requerir información sobre las distintas estrategias estatales, recursos a disposición, planes, programas y asistencias directas, vinculadas a la atención integral y que den respuestas a sus necesidades. 

Articulación con OIT, ONUSIDA y Ministerio de Trabajo para erradicar la discrminación en el mundo del trabajo y reorganizar un circuito de atención de denuncias vinculadas a la implementación de la resolución 270/15 del Ministerio de Trabajo que expresa que la exigencia de realizar estudios de laboratorio con el objeto de detectar el VIH en los exámenes preocupacionales podrá ser motivo de denuncia.

Articulación con INADI y Ministerio de Justicia (CAJ) para recepción, trabajo conjunto y resolución de casos de violación de derechos y/o discriminación vinculadas al VIH.