26/10/2020
Correr la frontera de lo posible. Excavaciones en el ex CCD “Club Atlético”
Por Equipo de trabajo del Espacio para la Memoria y la promoción de los DDHH - ex centro clandestino de detención - tortura y exterminio “Club Atlético”
Cuarenta años después del último golpe cívico- militar, en el año 2016, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa AUSA anunciaron la construcción del “Paseo del Bajo” para conectar las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, pero omitían algo: una parte importante de las obras se iba a ejecutar sobre el predio donde se ubican los restos arqueológicos del ex CCD “Club Atlético”, recuperado desde hace 18 años como Espacio para la Memoria y aún pendiente de excavar en la mayor parte de su superficie. Nuevamente parecía repetirse un patrón: la invisibilización. ¿Por qué sigue siendo importante excavar el ex CCD “Club Atlético” en su totalidad?
El 28 de diciembre de 1977 el centro clandestino de detención (CCD) “Club Atlético” fue desmantelado luego de casi un año de funcionamiento en el sótano de lo que, en su uso oficial, era el Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la Policía Federal. A finales de 1978 el edificio fue demolido y soterrado para comenzar con las obras de construcción de la Autopista “25 de Mayo”. Esta obra formó parte del “Plan de Autopistas Urbanas” de la dictadura cívico-militar, un proyecto que se llevó a cabo en tiempo récord, sin medir costos urbanos, sociales y ambientales, y que implicó miles de expropiaciones a través del desalojo forzado de muchas familias. Cerca de 500 manzanas fueron demolidas y aproximadamente 150.000 personas desplazadas de sus viviendas. Las autopistas también fueron una fiel expresión del plan económico de la dictadura y su herencia. Tuvieron un papel protagónico en la conformación de la deuda externa, representando el 4,1% del total. Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) -ya en aquel momento encargada de construir, mantener y explotar las autopistas- fue, en consecuencia, una de las empresas más beneficiadas por la estatización de la deuda privada hacia finales de la dictadura.[1]
Casi 40 años después, en el año 2016, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y la empresa AUSA anunciaron la construcción del “Paseo del Bajo” para conectar las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata. Las infografías y simulaciones de video se reproducían en la mayoría de los grandes medios. Todas omitían algo: una parte importante de las obras (incluso el montaje de columnas para sostener la autopista) se iba a ejecutar sobre el predio donde se ubican los restos arqueológicos del CCD “Club Atlético”, recuperado desde hace 18 años como Espacio para la Memoria y aún pendiente de excavar en la mayor parte de su superficie. El pliego de licitación internacional tampoco decía nada. Si bien el Sitio de Memoria cuenta con cuatro leyes de protección patrimonial, sólo se mencionaba el lugar como “Área de logística de obra”. Así, las historias del ex centro clandestino y las autopistas sumaban un anudamiento más. Nuevamente parecía repetirse un patrón: la invisibilización.
El nuevo capítulo en esta historia entre el ex CCD “Club Atlético” y las autopistas, en un contexto por demás hostil para el sostenimiento de políticas públicas de memoria, tuvo como uno de sus puntales a la “Comisión de Trabajo y Consenso” del ex centro clandestino (CTyC), integrada por familiares, sobrevivientes, organizaciones barriales y organismos de derechos humanos. Creada por ley del GCBA luego de que comenzaran las excavaciones arqueológicas en el año 2002, fue la cristalización de un proceso que constituyó una “recuperación desde abajo”. Estas instancias de participación comunitaria, además de enriquecer el trabajo cotidiano de los Espacios y su anclaje territorial, demostraron ser fundamentales durante los años donde las políticas públicas de memoria fueron vaciadas y deslegitimadas desde la gestión y el discurso gubernamentales.
“Primero te sacan, después te niegan; cuando reclamás y se la peleás, ceden, acuerdan y otra vez a pelear para que cumplan. Eso es lo que llaman el ‘gobierno de consensos’. Para nosotros sigue siendo parte de la pelea de más de 40 años por memoria, verdad y justicia”, resume Claudio Balaclav, integrante de la CTyC, los pasos de los arduos debates y negociaciones con el GCBA y la empresa AUSA. En diciembre de 2016, con el Juzgado Federal N°3 a cargo del Dr. Daniel Rafecas como veedor[2], se logró la firma de un convenio que, en resarcimiento por todas las afectaciones producidas por las obras del “Paseo del Bajo”, posibilitó el avance hacia lo que ha sido un reclamo histórico del Espacio para la Memoria: el retiro del talud (terraplén de tierra) que sostiene parte de las autopistas y que hasta hoy ha impedido avanzar con la excavación de más del 80 por ciento de la superficie del sótano donde funcionó el centro clandestino[3].
Sin embargo, con más de dos años de retraso, los trabajos en el terreno comenzaron recién en enero de 2020 y luego sobrevino la pandemia del COVID-19. La obra fue suspendida el 13 de abril -paradójicamente el mismo día que se había dado comienzo a las excavaciones en el año 2002- y quedó ejecutada en casi un 50 por ciento, dejando al sitio expuesto a muchos factores que colaboran con su deterioro material. No obstante, en la página del gobierno de la CABA, la obra del “Paseo del Bajo” aparece con una ejecución del 100 por ciento. “Está claro que no es que ‘no hay plata’, lo que tienen es otro proyecto de ciudad. Están gastando miles de dólares en obras superfluas para la ciudad”, agrega Claudio.
Hoy en la Argentina hay más de 40 experiencias de sitios vinculados al terrorismo de Estado reconvertidos como Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. Algunos tienen un largo recorrido y otros recién están dando sus primeros pasos. No obstante las diferentes trayectorias y especificidades, es importante resaltar la importancia de recuperar estos lugares, preservarlos y continuar investigándolos. Algo que no siempre resulta fácil. Escasez de presupuesto, proyectos urbanísticos e inmobiliarios que avanzan sobre los predios o edificios, permanencia de las fuerzas armadas o de seguridad en los lugares, son solo algunos de los factores que entorpecen y amenazan el despliegue de los Espacios para la Memoria[4].
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Recuperado desde hace 18 años, con tres juicios finalizados y otro más que espera fecha de inicio[5] ¿Por qué sigue siendo importante excavar el ex CCD “Club Atlético” en su totalidad? Refiriéndose a la participación de su juzgado en el proceso de negociación con el GCBA y a la importancia de continuar las excavaciones, el juez Rafecas sostuvo en una entrevista reciente que “además del aporte a la justicia, es importante la búsqueda del valor verdad y la preservación de la memoria”[6].
Solo en el 20 por ciento de superficie excavada desde aquel 13 de abril de 2002 en que se dieron las primeras paladas, los trabajos arqueológicos permitieron recuperar parte de la arquitectura del centro clandestino -que ratificaba lo relatado y dibujado por sobrevivientes durante más de 20 años- así como encontrar cerca de mil objetos, muchos de ellos vinculados al funcionamiento del centro clandestino y otros al uso oficial o público del edificio. Se trata de uno de los rasgos distintivos del Espacio. Es muy probable entonces que en el ex “Club Atlético” haya más verdad por desenterrar[7].
Durante el poco tiempo que estuvieron activas las obras, entre los integrantes de la CTyC cada avance se festejaba. Entre otras intervenciones, fueron seis pilares de 50 metros de profundidad que se instalaron por fuera de la superficie del ex CCD para sostener la autopista y poder empezar a sacar el talud de tierra y continuar las excavaciones. “Con lo que hallemos podemos arrimar una pieza más al rompecabezas y derrotar en parte el ‘pacto de silencio’ '', afirma Daniel Mercogliano, sobreviviente e integrante de la Comisión de Trabajo y Consenso. Daniel es uno de los tantos sobrevivientes que han testimoniado durante la última década. Su relato permitió identificar a dos compañeros que hasta ese momento se desconocía que hubieran sido llevados al “Club Atlético”. Según el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), en poco menos del 50 por ciento de los casos de personas desaparecidas se cuenta con testimonios que den cuenta de su paso por algún centro clandestino u otros lugares de reclusión ilegal. La reconstrucción ha sido inevitablemente fragmentaria, sostenida fundamentalmente en el enorme esfuerzo de sobrevivientes y familiares y potenciada luego por las políticas de Estado en materia de Memoria, Verdad y Justicia.
“Busco alguna prenda, busco alguna inscripción, busco algún elemento más para mí o para cualquier familiar. Uno que se consiga, es mucho. Si no sabés por los testimonios, es la angustia de vivir años sin saber dónde se llevaron a tu ser querido. A mí me entristece muchísimo cuando veo que tenemos cerca de 900 compañeras y compañeros que pasaron por el centro clandestino y no sabemos quiénes son”, cuenta sobre sus expectativas Iñaki Eggers, quien integra desde hace tiempo la CTyC, más allá de que apenas hace unos años regresó definitivamente al país. Pudo saber por documentación hallada en la casa de un integrante de las fuerzas armadas, que su hermano y su cuñada -Marcelo Eggers y María Susana Ursi- permanecieron secuestrados en el “Club Atlético”. No obstante, el no contar con testimonios que den cuenta del cautiverio les ha imposibilitado hasta el día de hoy ser parte de la causa judicial y la reparación que eso ha implicado para tantos familiares y sobrevivientes. “Cada año que yo venía siempre fue hacer algo, participar de alguna manera y buscar, fundamentalmente buscar”, resume Iñaki una forma de militancia, de vida.
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La búsqueda de un testimonio o de algún dato por parte de familiares de compañerxs desaparecidxs, es una constante en los Espacios para la Memoria. Así fue que Claudio Balaclav se acercó al Sitio y a la CTyC hace varios años. El camino que fue recorriendo refuerza la importancia de continuar las excavaciones: “Buscábamos pruebas por la desaparición de un compañero del Partido Comunista Revolucionario (PCR), Manuel Guerra. Fuimos al Sitio de Memoria “Club Atlético” porque allí había un indicio, un testimonio de un sobreviviente que mencionaba que en la tortura le preguntaban por Manuel Guerra. En el laboratorio donde se guardan los objetos, al ver una placa de cliché la reconocimos como propia, ya que en la imagen se veía una bandera del PCR. Con el equipo de ‘Arqueología y Conservación’ empezamos a profundizar la investigación y en los archivos del partido encontramos la publicación (el diario del PCR, “Nueva Hora”) donde había sido usada la imagen de la placa. Una edición del año 1973. Se comparó esa imagen con la que surgía de la impresión de la placa y coincidió totalmente. Tanto Manuel Guerra como su pareja Teresita Castrillejo manejaban este tipo de objetos porque estaban ligados al área de prensa y publicaciones del partido. Y sabíamos que su casa había sido allanada brutalmente tras su secuestro. Incluso hay actas que así lo demuestran. Gracias a esto, logramos que el juzgado lo tome como prueba para que el caso de Manuel ingrese en la próxima etapa del juicio”.
Privadxs lxs familiares, amigxs y compañerxs de las personas desaparecidas, de los rituales y/o de los homenaje tradicionales, para algunxs de ellxs los Espacios para la Memoria también se han convertido en ese anclaje. Silvia Fontana integra también la CTyC. Su hermana Liliana y su cuñado Pedro Sandoval fueron vistos en el CCD “Club Atlético” y permanecen desaparecidxs. Liliana estaba embarazada. En 2006, Silvia y su familia pudieron reencontrarse con Alejandro Pedro, el hijo que Liliana había dado a luz durante su cautiverio y fue apropiado: “Cada vez que voy siento en el aire del lugar que ella está. Me siento más cerca. Recuerdo que la primera vez que vimos a Pedro en el juzgado de la jueza Servini de Cubría, cuando volvía a mi casa tenía que pasar por el ex centro clandestino. Quise llegar ahí y... esas cosas... sentí la necesidad de dejar un cartelito diciendo ‘lo encontramos a tu hijo, eh... no pudieron’ y dejarlo ahí, en ese lugar”. Tiempo después, Silvia y su mamá Chela -militante histórica de Abuelas de Plaza de Mayo- durante la inspección ocular previa al juicio del año 2009, se encontraron en la sala de exhibición del Espacio para la Memoria con unas medias que identificaron como de Liliana. “No atinamos a decirnos nada. Nos miramos entre las dos y automáticamente nos tiramos sobre esa vitrina porque no teníamos dudas: eran las medias de ‘Lili’. Y si bien al verlas, incluso hoy, me produce mucha tristeza y dolor, también me reconforta encontrar algo de ella. Así lo siento, el tener esas medias es sentir que sigue estando”, cuenta Silvia, sumando otro argumento para continuar con las excavaciones, no sólo en términos de búsqueda de verdad sino también de reparación.
Al cierre de esta nota, la negociación por la continuación de las obras permanece abierta y a la espera del cumplimiento de los compromisos asumidos por los distintos actores. Frente a las historias y testimonios que hemos intentado transmitir, cualquier excusa presupuestaria parece quedar pequeña.
El camino nunca fue fácil. En un documental del año 1989[8], puede verse a un grupo de sobrevivientes del “Club Atlético” recorrer el predio bajo una lluvia constante. Algunos de ellxs cuentan pasos sobre el baldío. Un observador externo difícilmente se hubiera animado a afirmar que el lugar iba a poder ser excavado y reconvertido como Espacio para la Memoria como parte de un amplio proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Hoy la expectativa y la ansiedad son muchas. “Imagino una cadena de seres humanos, con los arqueólogos abajo y nosotros haciendo una cadena, sacando tierra y tirándola en medio de la avenida”, fantasea Iñaki, quizás ilustrando lo que sobrevivientes, familiares y el movimiento de derechos humanos en su conjunto han conseguido históricamente: correr la frontera de lo posible.
Notas
[1] Tavella, Gabriela (2016). “‘Las autopistas no tienen ideología”. Análisis del proyecto de Red de Autopistas Urbanas para la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar argentina (1976-1983)”, Papeles de Trabajo, 10
[2] El sitio de memoria tiene una medida cautelar de “prohibición de innovar” del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 desde el año 2009, en el marco de la Causa por delitos de lesa humanidad Nº 14.216/03.
[3] En 2018 y 2019 se amplió sucesivamente el convenio para garantizar las obras necesarias para el desarrollo y profundización de las investigaciones que se llevan a cabo en el Espacio para la Memoria. Ya no solo en compensación por las afectaciones producidas por el “Paseo del Bajo” sino también por el proyecto del “Metrobus del bajo”.
[4] Debemos recordar que estos sitios son prueba judicial y han permitido verificar los relatos de los y las sobrevivientes y demás testigos. Contrariamente, se han observado a lo largo del tiempo permanentes intentos por destruirlos, reformarlos y cambiar sus fisonomías.
[5] El Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sentencias dictadas en diciembre de 2010, junio de 2012 y diciembre de 2017 condenó a prisión a veinticinco represores por los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito “ABO” (centros clandestinos Atlético-Banco-Olimpo), mientras que tres resultaron absueltos.
[6] Espacio Memoria y DDHH ex ESMA. Julio 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=T1-D_1bEv2U)
[7] Entre los lugares que restan por descubrir se destacan la “Leonera” (celda colectiva), las 41 celdas y las tres salas de tortura. Según investigaciones efectuadas, que se sostienen en distintas disciplinas, es probable que haya estructuras en pie que podrán recuperarse.
[8] “Desaparición forzada de personas” (Andrés Di Tella). Amnistía Internacional, 1989
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