Cada año, el 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. La fecha fue propuesta por la Federación Mundial para la Salud Mental y apoyada por la Organización Mundial de la Salud.

Este año 2020 coincide con los 10 años de la sanción de la ley nacional 26657, y por eso para nuestro país tiene una significación especial: tiempo propicio para realizar balances sobre su aplicación y también para trazar nuevos objetivos.

En Argentina hablar de salud mental es hablar de derechos humanos, y ello por varias razones de peso que vamos a sintetizar.

En primer lugar, porque las voces más fuertes que se alzaron contra el sistema manicomial que impera aún hoy en buena parte de nuestro país (y del mundo) han surgido de entre las filas de los Organismos de Derechos Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Basta mencionar como ejemplo de ello los históricos encuentros por la desmanicomialización organizados por las Madres de Plaza de Mayo entre 2001 y 2016, bajo el impulso de Hebe de Bonafini, que reunían experiencias innovadoras y propuestas alternativas no sólo del país sino de la región, en reuniones multitudinarias que se realizaban cada dos años. Allí, no sólo se intercambiaban experiencias y conocimientos sino que se construían redes y militancia contra la violación de derechos humanos en el campo de la salud mental.

Otro ejemplo claro ha sido el informe del CELS llamado Vidas Arrasadas del año 2007, que constituyó una seria denuncia sobre la situación de 25 mil personas internadas en hospitales psiquiátricos en Argentina, y que señalaba graves situaciones como abandono, falta de atención médica efectiva, violaciones, muertes no investigadas, torturas, entre otras.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos había construido una agenda potente para impulsar reformas, conformando para ello la Mesa Federal de Derechos Humanos y Salud Mental, que desarrolló actividades y articulaciones que fueron creando las condiciones necesarias para lo que luego fue la sanción de la ley nacional, y en cuyo seno se escribió y se propuso el catálogo de derechos que fue incorporado como artículo 7 de la ley.

Que una ley vinculada a la salud tuviera por actores centrales a actores del campo de los derechos humanos es una particularidad de nuestro país que refleja la fortaleza que los organismos fueron acumulando durante años de lucha contra el terrorismo de Estado, y que se traduce en un texto legal basado fundamentalmente en los derechos de las personas.

El viejo prejuicio que asocia locura con peligrosidad es la base de un sistema basado en el control a través del encierro y la sustitución de la voluntad en la toma de decisiones.

El encierro, a través de instituciones que- más allá de su objetivo explícito de devolver la salud- en la realidad funcionan cronificando la enfermedad y facilitando la ruptura de lazos sociales al separar a la persona de su entorno social y comunitario.

Y la sustitución de la voluntad, a través de los juicios de incapacidad civil que determinan que una persona que “no puede dirigir su persona o administrar sus bienes” debe renunciar al ejercicio de sus derechos en favor de un “tutor” o representante legal que decide lo que es mejor para ella.

Lo cierto es que durante décadas fue evolucionando un sistema de salud mental en base a esos parámetros centrales, y sin una política nacional sostenida que permitiera torcer el rumbo, más allá de algunas experiencias muy valiosas en algunas provincias como Río Negro, por ejemplo, o en algunas instituciones donde lxs propixs trabajadorxs junto a lxs usuarixs fueron encontrando los huecos que toda institución total deja para tratar de construir algo diferente.

El cambio de paradigma que se propone parte de la presunción de la capacidad de toda persona, más allá de que pueda tener un diagnóstico de salud mental, y fundamentalmente del derecho de todxs a la autonomía y a la vida en la comunidad.

A partir de esta nueva definición de principios, se construye una institucionalidad para la implementación de la reforma del sistema, y pautas básicas para una política nacional ausente hasta ese momento.

La particularidad es que las instituciones que la legislación argentina crea para implementar una política sanitaria incluyen a los ámbitos de derechos humanos:

El Órgano de Revisión Nacional está integrado por la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría General de la Nación y representantes de Organismos de Derechos Humanos, además de representantes del Ministerio de Salud, trabajadorxs del sistema y usuarixs y familiares, y el consejo consultivo está integrado por organizaciones sociales que también incluyen las del campo de los derechos humanos.

Y también se promueven políticas que parten de la premisa fundamental de que el respeto de los derechos humanos es condición indispensable para promover la salud mental de todas las personas.

Así, el artículo 2° señala que “se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”.

Esta definición rompe con la idea dualista de que hay personas sanas y enfermas, y también corre el campo de la salud mental de un terreno exclusivamente médico para ubicarlo en la perspectiva de la interdisciplina como eje central de abordaje.

Un objetivo irrenunciable para poder cumplir con la transformación es la sustitución definitiva de los manicomios. En nuestro país, según un censo realizado en el año 2019, hay unas 12 mil personas internadas en hospitales monovalentes de salud mental, de las cuales la mitad aproximadamente están en instituciones públicas (41 en total) y la otra mitad en instituciones privadas (121 en total), con tiempos promedio de internación de 8 años (aunque en muchos casos son muy superiores a ese plazo)

Si bien hoy existen mejores condiciones de control de las internaciones por acción del Órgano de Revisión Nacional y de los Órganos provinciales (en las provincias donde se han podido crear), lejos estamos de haber generado las condiciones para terminar con los manicomios. Esto, porque no se han creado los servicios de atención en los centros de salud y hospitales generales, ni los equipos territoriales, ni los programas laborales y de vivienda que se requieren para poder realizar lo que llamamos externaciones sustentables. Es decir, lograr que las personas que llevan años internadas y que no cuentan a esta altura con redes de apoyo social o familiar, puedan incluirse en la sociedad de modo pleno.

También hemos podido mejorar en cuanto a las intervenciones judiciales. Por caso, ya nuestra legislación no permite la incapacitación de las personas por motivos de salud mental o discapacidad, para lo cual el nuevo código civil ordena generar alternativas de apoyo que acompañen a las personas que tienen problemas de salud mental en la toma de decisiones, en lugar de anularlas civilmente como sucedía antes.

En un país con una agenda de medios habitualmente dominada por temas de “inseguridad” y que promueven el miedo a lo distinto en lugar de la inclusión, avanzar en una transformación del sistema puede que no sea tarea fácil, porque indudablemente se requiere de un amplio consenso social para lograr que las personas que en algún momento atraviesan una crisis no sean rápidamente encerradas y abandonadas en instituciones “especializadas” (¡especializadas en sacarle a la comunidad el peso de hacerse cargo de sus integrantes!)

Confiamos en que con la vuelta de un gobierno de raigambre popular, que prioriza a los sectores más vulnerables de la sociedad, tenemos la oportunidad de retomar la agenda que empezamos a construir allá por 2007 en el Congreso de la Nación y que tuvo su punto de inflexión con la promulgación de la ley el 2 de diciembre de 2010.

Ese día, por primera vez un colectivo de usuarios de servicios de salud mental –lxs integrantes de la radio La Colifata- ingresaron a Casa de Gobierno y fueron recibidos por la mismísima presidenta de la nación.

Hoy, 10 años después, y aún con mucho camino por recorrer, reafirmamos nuestro compromiso por construir un país que incluya a todxs.

* Director Nacional de protección de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Diputado Nacional (MC) autor de la ley nacional de salud mental 26657.