El 9 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en homenaje y recordatorio de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre las múltiples Poblaciones de pueblos originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en 1982. Sin dudas, la fecha solo nos hace recordar este acontecimiento, pero no hay mucho para celebrar ya que desde entonces no hubo avances significativos en materia de política pública indígena. Es Importante destacar que la reforma constitucional del año 1994 y posteriores reconocimientos de derechos aún no se han traducido en verdaderas políticas de Estado. Por eso, gran parte del movimiento indígena en el país coincide en que solo hubo verdadera política de Estado cuando la Argentina encaró un proceso de genocidio contra los indígenas: solo en ese período la cuestión indígena fue una causa o política de Estado. 

El lema de aquella declaración de la ONU era “La promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas”. Ahora, ¿se promocionan los derechos indígenas? ¿Se protege realmente a los pueblos indígenas y se respetan sus derechos humanos? ¿Se los considera realmente ciudadanos? ¿Se piensa una política de los derechos humanos para con los pueblos indígenas? Porque pareciera que más allá de la promoción, que sin dudas no existe en forma real, no hay una conciencia plena de los derechos humanos cuando se trata de pobladores indígenas. Parece ser que los pueblos indígenas tienen derechos de tercera o de cuarta. 

Pero, volviendo a la “promoción”: ¿se promueven los derechos indígenas? Sí y no. En menor medida las propias poblaciones indígenas intentan y buscan mecanismos para conocer sus derechos, pero es el Estado -que debiera ser real garante de ese derecho-  el principal ausente. Esta  ausencia del Estado es causa de grandes injusticias contra los indígenas, porque se traduce en un gran desconocimiento de los señores jueces y fiscales a la hora de tomar acciones y hacer justicia en favor de los pueblos indígenas.

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Este año, en el marco de la pandemia quedaron muy al descubierto las situaciones de desigualdad que viven las comunidades indígenas frente a otros sectores. Estas desigualdades no son nuevas, se trata de una realidad estructural que vienen padeciendo los pueblos y que se acrecienta en contextos de gobiernos de derecha como el que tuvimos que padecer los últimos cuatro años, es decir de 2015 a 2019. Y esto tampoco es nuevo, ya que lamentablemente los pueblos indígenas en Argentina tuvieron que sufrir políticas de violencia no solo en gobiernos de derecha muy conservadores sino también en algunos muy populares y con amplio consenso a través del voto democrático. Solo para dar un ejemplo citaremos la Masacre de Napalpí contra trabajadores qom y Moqoit en 1924 durante el gobierno del radical de Marcelo T. de Alvear y la de 1933 en la década infame contra familias Moqoit, las dos primeras en lo que hoy es la provincia del Chaco, en esos momentos Territorios Nacionales y la de 1947 durante el gobierno de Perón en Formosa contra pobladores del pueblo Pilaga. Esto evidencia las cuestiones ideológicas y políticas en estas instituciones y partidos tradicionales de la Argentina. Muchas comunidades tuvieron que soportar y aún soportan un desprecio de la sociedad que se ve incrementada en gobiernos como el de Mauricio Macri. 

Pero nobleza obliga: lamentablemente hasta el día de hoy, hay un analfabetismo estructural acerca de los indígenas en nuestra sociedad argentina producto de decisiones políticas e ideológicas que fueron conformando un relato acerca de los pueblos que aún hoy impide ver más allá de la construcción de esa mirada racista, discriminadora y violenta. La construcción de ese otro diferente, violento, subversivo, irracional y  bárbaro fue hecha por muchos “próceres” argentinos, algunos de los cuales continúan siendo muy  venerados en la actualidad y gozan de una reverencia en nuestra sociedad que muy pocos se animan a problematizar,  porque cuestionar esos padres de la identidad nacional supone también cuestionar la identidad personal y colectiva del ser nacional. 

Es necesario que empecemos a conocer quiénes son y somos los que pertenecemos a una comunidad indígena. Ya que no podemos seguir legitimando ese relato colonizador y violento, porque la construcción de la imagen de los pueblos indígenas es colonizadora y colonial y por eso supone violencia, porque lo colonial es de por sí violento. Argentina se funda en la base del genocidio de los pueblos indígenas y la apropiación violenta de los territorios indígenas llevados adelante por el Estado argentino. La falta de justicia hizo y hace que hasta el día de hoy, al no haber sido saldadas esas deudas históricas, quede  abierta la puerta para que hechos violentos se sigan dando contra nuestras comunidades. 

La impunidad genera impunidad. Si hubiéramos sido conscientes de las más detestables infamias cometidas contra las poblaciones indígenas, quizás hubiéramos podido evitar o amortiguar los dolores de las madres, las abuelas, los hijos, los nietos y nuestros treinta mil, que hasta el de hoy seguimos buscando. Todos los patrones de violencia de la última dictadura militar son el prototipo de prácticas de ese primer terrorismo de Estado que padecieron los pueblos indígenas y que costó la vida, el territorio y la desaparición forzosa de muchos de nuestros mayores. Ya sea secuestro, tortura, apropiación de bebés, la vejación sobre las mujeres, los cuerpos arrojados al río y la desaparición forzosa de hombres, mujeres y niños fueron las políticas del Estado argentino contra los indígenas. Y es allí donde también surge la pregunta: ¿acaso el genocidio indígena tiene jerarquía en la política de derechos humanos? Aun así, los pueblos indígenas no pierden la esperanza de que en algún momento pueda llegar la justicia que tanto se busca, aunque lamentablemente la justicia o gran parte de los que conforman la justicia son cómplices de las infamias mencionadas. 

Muerte, violencias, despojo, dolor y destrucción a lo largo de nuestra tierra. Las vidas de los pueblos indígenas despreciadas, sin derecho a defensa, perseguidas, difamadas y calumniadas. 

Nuestros pueblos indígenas han sufrido y siguen sufriendo el despojo de sus vidas: en otros tiempos fueron despojados con la cruz, la espada y el fusil, hoy siguen siéndolo a través de las leyes que la cultura dominante impuso. Esas leyes son implacables, no conocen y no tienen un costado humano aunque estén hechas por humanos. Fueron creadas para matar, para despojar, para humillar al que no acate sus preceptos. Tienen un rostro sombrío, que espanta, atemoriza, paraliza y mata. Están hechas por los poderosos y muchas veces en complicidad con sus víctimas, porque esas víctimas fueron convencidas de que solo nacieron para servir a los intereses de esos otros, crueles e implacables contra la vida.  Pero aun así, el mundo indígena mantiene la esperanza de que en algún momento nuestros compatriotas puedan entender que podemos convivir en las diferencias y que esas diferencias nos fortalecen para ir pensando y construyendo una nueva sociedad donde quepamos todos, en pos de un presente y futuro más justo, humano y solidario.  Pero sobre todo, donde la justicia sea capaz de aliviar y curar los dolores de nuestros pueblos. Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía para los Pueblos Indígenas.  

* Juan Chico es del pueblo qom de Chaco, integrante de la Fundación Napalpi y actualmente es Director de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)