El año pasado se cumplieron los ochenta años del final de la guerra civil española. Una guerra cruenta, antesala del conflicto que asoló el mundo tan solo unos meses después de su finalización, con la invasión de Polonia por parte de uno de los principales apoyos del general Franco, la Alemania nazi. Sin embargo, este año 2020, marcado tristemente por una crisis sanitaria sin precedentes en nuestra época y también de carácter mundial, se ha hablado mucho más de la Guerra Civil que en el anterior. Se dijo entonces que no había nada que conmemorar ni celebrar, por lo que no se amparó ninguna ceremonia oficial, ningún acto de Estado que simbolizara el consenso de dos Españas antes enfrentadas. Se pretendía así no avivar rencores ni heridas del pasado, cuando, verdaderamente, se venía recurriendo al recuerdo de la guerra de manera incesante desde hacía bastante tiempo ya.

La razón principal de esta situación compleja no procede de una única dirección pero no responde, sin duda, a una realidad de enfrentamiento social (las principales preocupaciones de los españoles según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de junio son económicas y sanitarias) entre los hipotéticos herederos de aquellos dos bandos, sino más bien a una constante apropiación del pasado por parte de la política de ámbito nacional, que ha situado a la memoria histórica en el centro de un tablero cada más complejo e inestable. En este contexto, que viene gestándose, en realidad, desde la muerte de Franco, y que se aceleró con el cambio generacional de los llamados nietos y biznietos en torno al nuevo milenio, se han mostrado los excelentes resultados de avivar las llamas en las que se forjaron prácticamente todos los mitos fundacionales de nuestro país. La paradoja de no abrir heridas es que se ha terminado redescubriendo el trauma que dejó en la población una violencia masiva como la acaecida especialmente en el período comprendido entre 1936-1948, tiempo en el que estuvo en vigor el estado de guerra en España, gracias a una mirada electoral de muy corto plazo.

Lo cierto es que si alguien bucea en las páginas de los periódicos o en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, se encontrará con la repetición de una serie de mantras elaborados desde distintas posiciones ideológicas, con el mismo objetivo: socavar la legitimidad del adversario acusándole de “golpismo” y de todo tipo de conspiraciones secretas. El asunto conocido como guerracivilismo trata de rememorar una situación de polarización previa a la guerra civil que permite fijar, de cara a la opinión pública, dos bloques antagónicos: izquierda y derecha. Un paralelismo de bloques antes sostenido en la equidistancia hacia la guerra y la dictadura, pero que ahora tiene al menos dos ingredientes políticos más: la consolidación de nuevos partidos y formaciones políticas (Vox, Ciudadanos y Podemos) y en las posiciones soberanistas del nacionalismo catalán, todos ellos factores simultáneos y que se han retroalimentado con fuerza en los últimos años. Sobre esa dinámica “nueva”, sorprende ver cómo, prácticamente desde 2006, con la tramitación y aprobación de la Ley de Memoria Histórica, los discursos y posiciones no han cambiado esencialmente de las fijadas por los dos grandes partidos históricos de la democracia: populares y socialistas, cuyo gobierno consiguió sacarla adelante tras un duro enfrentamiento político y mediático. La ley, que ponía en pie algunos de los principios básicos en materia de justicia transicional y reparativa, como era la localización e identificación de millares de desaparecidos de la guerra y del franquismo, fue rechazada frontalmente por los populares, que vieron en ella motivos revanchistas. La llegada de estos al poder en las dos siguientes legislaturas paralizó esta línea jurídica, que motivó una dura crítica desde la oposición y desde el movimiento memorialístico. Tras el nuevo cambio político que se produjo en 2018 con la vuelta de los socialistas al poder, aunque con una pérdida de diputados considerable, se impuso una fuerte reactivación que culminó con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019, en medio también de una fuerte polémica política y mediática, que en ningún momento fue replicada por problema o alteración alguna del orden público o social.

Se desvaneció así, como en otras tantas cuestiones como la educación, o el modelo territorial, por ejemplo, la posibilidad de establecer un consenso para que las políticas de memoria fueran un asunto de Estado y no de partidos. Y la crisis sanitaria no ha hecho más que estirar este escenario. Así, los ataques a un gobierno de coalición de izquierdas se hacen recordando al gobierno del Frente Popular de la primavera de 1936, mientras que los reveses a la oposición se lanzan enfatizando las maniobras judiciales y de los servicios de información como parte de la secuencia que precedió al golpe de Estado del 18 de julio. Resulta curioso cómo la historia política no consigue salir de esos meses, que siguen teniendo un enorme poder de atracción, de sugestión y de correa de transmisión del miedo en el imaginario colectivo de la sociedad española. El lenguaje gubernamental para pilotar la crisis sanitaria también ha tirado del pasado para tratar de fijar referentes. La llamada de los Pactos de la Moncloa, los grandes acuerdos laborales de partidos y sindicatos en la Transición para superar la crisis económica, apelando a la reconstrucción económica, no ha tenido mucho eco en un escenario político que se mantiene artificialmente radicalizado, pero que en ámbitos como el local o el autonómico, por ejemplo, sí que es capaz de negociar y de llegar a acuerdos prácticos.

El punto más conflictivo sigue siendo el de la reparación moral de las víctimas, ya que la rehabilitación del nombre de los vencidos y los represaliados bajo el franquismo encuentra una fuerte oposición en determinados sectores que ideológica o corporativamente se sienten amenazados por esta dimensión pública de la memoria. Para evitar el permanente bloqueo y la utilización política del pasado, hay que encauzar el debate hacia la dimensión representativa que la memoria colectiva posee, con independencia de sus variantes y adscripciones. En otras palabras, tiene que dejar de ser interiorizada como una amenaza, como la manifestación de un deseo de venganza por parte de sus detractores. La necesidad no parece menos perentoria ahora cuando lo que está en juego es el propio proyecto de futuro. Una de las claves para que esto no suceda pasa por terminar con el calvario que vienen sufriendo las familias de las víctimas de la guerra y de la dictadura que buscan aún a miles de desaparecidos y seres queridos. Igualmente, pasa por satisfacer las demandas de todas aquellas personas que sufrieron algún tipo de condena, castigo, torturas o maltrato, y que han visto sistemáticamente denegadas todas sus solicitudes de revisión de las sentencias de los tribunales militares de la dictadura hasta la fecha. Terminar con esa anomalía viene igualmente de la mano de la consolidación del proceso de apertura y de acceso a los archivos y de aquellas fuentes documentales que siguen siendo inaccesibles todavía hoy. Hay trabajos muy complejos y costosos, como las exhumaciones, el mapa de fosas, la depuración laboral, el exilio, la expropiación económica, los trabajos forzados, las cárceles, la Brigada Político Social, y una larga nómina de estudios que deben tener continuidad y que precisan de las fuentes en todo momento para poder ser contrastados. Solo así podrán ser incorporados al conocimiento y al conjunto de la sociedad, con independencia de las ideas, la memoria familiar o el perfil político de cada cual. Sigue siendo necesario un cambio en los registros y en la pedagogía de esta materia, que pueda incorporarse sin problemas ni objeciones ideológicas de los centros en los distintos niveles del curriculum educativo. La transmisión de los datos y resultados de décadas de investigación, permitirá a las siguientes generaciones abordar el tema desde otra perspectiva diametralmente opuesta a la actual. La necesidad de aprendizaje en esta materia, por tanto, sigue marcando el debate hacia las implicaciones que para la sociedad tuvieron aquellos fenómenos violentos que se interiorizaron y se transmitieron de manera diferenciada a través de la memoria oficial de los vencedores sobre el silencio y el olvido deliberado de los vencidos. El mejor argumento contra los enemigos de la memoria que anteponen argumentos “revanchistas”, son las armas propias de una disciplina como la historia, metodológica y conceptualmente, rigurosa. Y en este camino tan sólo se han dado los primeros pasos por la reconstrucción sincera, metódica, documentada, y contrastada de nuestro pasado reciente, que debe integrarse con total normalidad en una memoria que sirva al conjunto de la sociedad y no a las lógicas interesadamente heredadas del pasado.

El problema no es sólo la deformación de la historia, por la que nadie muestra ningún respeto, sino su conversión en materia de disputa política. De este modo, es muy difícil sustraerse a la identificación ideológica a través del pasado en clave emocional que subyace en la utilización del pasado que se hace desde la política. Los partidos cada vez más prescinden de elementos racionales y programáticos para nutrirse de una movilización identitaria. La ausencia de proyectos de futuro ha hecho crecer exponencialmente los proyectos de un pasado ficticio que se fija a medida del presente. No es un fenómeno exclusivamente español, pero si adquiere unas características más duras, sobre todo por el enorme perfil represivo sobre la población civil que empezó a desplegarse en 1936 y que estabilizó la dictadura militar hasta 1975. Unas dimensiones que conmocionaron también al mundo de posguerra europea y que se consagró en la doctrina de los Derechos Humanos, a la que España no se sumó entonces por su aislamiento y condena como régimen dictatorial y que no ha terminado verdaderamente de germinar como campo de estudios en nuestro país. Las imágenes filmadas por los aliados al entrar en los campos nazis golpearon sobre la atormentada conciencia mundial. Su impacto asentó la reconstrucción de posguerra sobre la noción de crímenes contra la humanidad. No es casual, por tanto, que proliferen en nuestros días visiones  revisionistas y negacionistas que tratan de destruir esa raíz. En la era de la postverdad, las fuentes de archivo son más que nunca, fundamentales y básicas, sobre todo, por su enorme valor probatorio. Hoy sabemos, gracias al estudio de los libros de registro de los fallecidos del campo de concentración de Mauthausen que concluimos en 2019, que allí murieron cerca de 5000 republicanos españoles. Se trataba inicialmente de cumplir una función reparadora y legal para inscribir el fallecimiento de estos miles de personas en el Registro Civil, pero tenía también una indudable dimensión histórica, al romper con la tradicional resistencia en insertar la Guerra Civil española en la Segunda Guerra Mundial, manteniendo así desvinculada la dictadura franquista de la Alemania nazi. Hasta que los resultados de esta y de otras investigaciones no figuren en los libros de texto escolares, la historia seguirá orbitando sobre los conflictos generados en el siglo xx, particularmente, a merced del guerracivilismo de turno.

* Profesor titular de historia moderna y contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Grupo de Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo (GIGEFRA)

** Imagen de portada: Escena de guerra del Frente Republicano. Foto: Biblioteca Nacional de España