“El movimiento demandante todavía no ha sido verdaderamente reivindicado como corresponde. Porque dentro de la resistencia que hubo en el país tan dura y de tantos muertos, por lo menos acá no fue destruido el movimiento villero. Es un gran mérito esa lucha.”

Juan Cymes, vecino histórico de Villa 15 - “Ciudad Oculta”

“Tanto la violación de derechos humanos producida como consecuencia de la ejecución del Plan de Erradicación, así como la lucha emprendida por los habitantes, a través de la organización que pudieron fundar y construir en aquel entonces, llamada “Comisión de Demandantes de Villas y N.H.T. de la Capital Federal” es mayormente desconocida para el conjunto de nuestro pueblo. Y hasta la actualidad, incluso, ocupan un lugar marginal en la valiosa construcción de Memoria que llevaron adelante diversos organismos de derechos humanos.”

Elsa Rosa Herrera, abogada y habitante de Villa 6 “Cildáñez”

En marzo de 1981, una nota periodística anunciaba que la justicia había beneficiado a 400 familias pertenecientes a cinco villas, en una serie de juicios contra la Municipalidad de Buenos Aires.[1]En la práctica, esto implicaba que esas familias habían conseguido frenar el operativo de erradicación de villas más ambicioso y violento de la historia argentina. Considerando la intensidad de la represión vigente bajo gobierno dictatorial y los escasos recursos económicos con que contaban los habitantes, ¿cómo fue posible en ese contexto limitar, por la vía legal, los alcances de la erradicación? Algunas respuestas a esta pregunta pueden rastrearse en la memoria de quienes resistieron, desde las villas, frente a las políticas urbanas implementadas por la dictadura. Parte de esta resistencia se desarrolló en torno a una organización conocida como Comisión de Demandantes, que impulsó una serie de causas judiciales, con estrategias y resultados similares en todos los casos.[2]

Hacia 1976 había 213.823 habitantes en las villas de la Capital Federal, mientras que en 1983 los pobladores de estos barrios eran 12.593. De manera que más de 200.000 personas fueron expulsadas compulsivamente del perímetro urbano durante este período: fue tal la magnitud de la población erradicada que, aún en 2010, los habitantes de las villas de la ciudad no alcanzaban la cifra existente hacia 1976. Sin embargo los mismos números indican a su vez que, a pesar de la violencia implementada durante los operativos, las villas no fueron eliminadas definitivamente de la ciudad. La causa de esta pervivencia se vincula en parte con las tradiciones organizativas consolidadas durante décadas en estos espacios urbanos, cuyos pobladores lograron articular respuestas efectivas frente a la ofensiva erradicadora.   

La erradicación según el discurso oficial

Los primeros anuncios públicos de erradicación se iniciaron en agosto de 1976 cuando, después de demoler una treintena de casillas en la Villa 1-11-14, el gobierno municipal expresó públicamente la prohibición de ampliar o construir viviendas en las villas de Buenos Aires, argumentando que “por estar reñidas con elementales necesidades materiales y espirituales de la vida humana, son contrarias a la salud de la población”.[3] En julio del año siguiente, fue sancionada la ordenanza de “Erradicación de villas de Emergencia” número 33.652 que facultaba a la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) para poner en práctica el desalojo “de las llamadas villas de emergencia y también de todo otro asentamiento poblacional precario o transitorio existente dentro del ámbito de la Capital Federal, como asimismo impedir la formación o crecimiento de los mismos”.[4]

La primera etapa del Plan de Erradicación preveía el Congelamiento de las villas existentes, es decir que se determinarían las dimensiones de las villas y se impediría su futuro crecimiento. A continuación se enumerarían las casillas y se entregaría a sus habitantes un Certificado de Asentamiento Precario. Inmediatamente se iniciaría la etapa de Desaliento. Esto implicaba en la práctica, la presencia permanente de personal armado dentro del barrio y el corte de suministros vitales para la supervivencia de sus habitantes. Finalmente, se procedería a la Erradicación, en la que tendría lugar el proceso de desalojo y la demolición de las viviendas.  A su vez, en esta fase del operativo las familias deberían elegir entre cuatro opciones. En primer lugar se les propondría ser trasladadas a un terreno propio ya que el gobierno consideraba que muchos habitantes de las villas eran dueños de propiedades en otras regiones. Por otra parte, se les ofrecería la posibilidad de retornar a su provincia o país de origen, que el discurso oficial respaldaba destacando la necesidad de revertir las corrientes migratorias, si bien no se mencionaba la posibilidad de eliminar las causas que originaban esas migraciones. También se ofrecía la posibilidad de asumir el egreso por medios propios, que implicaba abandonar las viviendas sin obtener nada a cambio y que fue la “opción” mayoritaria en un contexto de abusos, intimidación y violencia sobre los pobladores.  Por último, el documento mencionaba la posibilidad de contar con apoyos crediticios para los desalojados. Sin embargo, los primeros créditos fueron concedidos cuando ya se había erradicado a la mayor parte de la población, de manera que esta opción en muy pocos casos fue una alternativa real. Finalmente, las autoridades esperaban que estas opciones fuesen negociadas de manera aislada entre cada familia, considerando su caso particular, y los funcionarios de la CMV que instalarían sus oficinas en cada una de las villas a erradicar.[5]

Nelly Benitez, de la Villa 31, y Rosa Herrera, de Villa 6, vivieron su infancia durante la erradicación. El hecho de haber crecido entre escombros, atropellos y amenazas fue tan importante en sus vidas que las dos se ocupan actualmente de sostener la lucha de los pobres por el derecho al espacio urbano. Nelly fundó en 1999, con otros vecinos y compañeros, la murga “Los Guardianes de Mugica” que funciona como un espacio de arte y reivindicación en la Villa 31. A su vez, Rosa se desempeña como abogada en temas de vivienda, siguiendo el ejemplo de profesionales y referentes territoriales que, en dictadura, defendieron a los habitantes de las villas durante los operativos de desalojo. 

Entre las memorias de Nelly hay imágenes de la Villa 31 despoblada; del cierre de su escuela primaria y la adaptación a un nuevo colegio, con compañeros de Barrio Norte; de gatos sin dueño, abandonados durante los desalojos compulsivos; de las clases de catequismo en una capilla aislada y prácticamente vacía, que en tiempos del Padre Carlos Mugica había estado llena de vida. Todo esto se expresa en recuerdos de la villa como “tierra arrasada” y permanentemente bajo custodia policial. En palabras de Nelly: “en el ochenta y uno, ochenta y dos, estaba todo demolido, era monte, había un montón de plantas, árboles… y no venía nadie porque había policías que caminaban día y noche.”

Las imágenes en la memoria de Rosa expresan, de un modo parecido, el clima en que transcurrió su infancia durante la erradicación: “En el colegio cada vez había menos compañeritos, ¿viste cómo cuentan sobre los desaparecidos, que todos los días veían uno menos? Bueno, yo también: cada vez había menos compañeritos porque las familias enteras se iban. Yo me levantaba y la casa de mi amiga estaba tirada, encontraba las muñecas… los juguetes todos rotos en medio de las chapas. La que yo era más amiga, era de Posadas y se los iban a llevar a Posadas. Esa noche lloré… porque sabía que se iban a la madrugada.”

En una monografía escrita en 2014 para un seminario de posgrado, Rosa planteó en estos términos la imagen de su infancia en Villa 6: “Jugábamos y correteábamos entre lagunas, verde y montañas, que creíamos ver, en el marco de nuestra ingenuidad infantil, que en algún rincón subsistía. Pero que, en realidad, eran restos de casas demolidas, montañas enormes de escombros, con los que rodearon el barrio, aguas estancadas por cañerías rotas y yuyales. Nuestra infancia transcurrió así, entre otras condiciones, en ‘un paisaje’ de desolación y destrucción impuesto por el terror.”

Deportación compulsiva

Una imagen repetida en los testimonios de quienes vivieron la erradicación, se vincula con una serie de trenes que salieron desde Buenos Aires con destino a distintas ciudades de Bolivia, transportando pasajeros que debieron dejar el país donde habían llegado buscando mejores condiciones de vida y trabajo. El primer contingente partió desde Retiro el 23 de septiembre de 1977 con 265 familias bolivianas, provenientes de distintas villas de Buenos Aires, en un tren con destino a Cochabamba, La Paz y Oruro. En abril de 1979, un matutino informaba que había partido desde Retiro el quinto contingente de pobladores de distintas villas de la ciudad, integrado por “130 familias que voluntariamente decidieron repatriarse”.

Si bien la nota mencionada, junto con distintos documentos oficiales, presentaba públicamente estos traslados como si se tratara de una gran repatriación voluntaria, en la práctica implicaron una deportación masiva, coordinada por la Comisión Municipal de la Vivienda, con colaboración del consulado boliviano en Buenos Aires y las autoridades de migraciones. En este sentido, el cónsul boliviano Néstor Calderón Sagarraga, expresó: “no hubo presiones ni de la comuna metropolitana ni del gobierno, todo se hizo con el acuerdo de las familias que quisieron retornar”.[1] En la misma nota donde se presenta el testimonio del cónsul, se puede ver la imagen de una mujer cuya expresión de abatimiento no coincide con el texto del epígrafe que acompaña su fotografía. Es allí donde dice: “Su regreso posibilita para el municipio porteño erradicar las villas y para ellos es la esperanza de una nueva vida”.

En cuanto al carácter supuestamente voluntario de la llamada repatriación, numerosos testimonios lo desmienten, al denunciar las prácticas violentas implementadas durante los operativos de erradicación, con empleo de topadoras, mazas, armas, y abusos e intimidaciones de distinto tipo. Algunos de los registros que dan cuenta de esta violencia fueron presentados en 1983 durante un simposio realizado en Canadá, por los antropólogos Esther Hermitte y Mauricio Boivín. Entre las denuncias planteadas en este marco, se expusieron los siguientes testimonios de los pobladores afectados por la erradicación: “Se nos ha golpeado, se nos ha amenazado con armas de fuego, se nos ha obligado a firmar que nos íbamos voluntariamente de la villa”. Del mismo modo, una habitante afectada por el desalojo compulsivo planteaba: “Una mañana de 1978 varios individuos llegaron a mi casa, me amenazaron con tirar la casa abajo y matar a los chicos. Mi marido tenía miedo y firmó un papel diciendo que nos íbamos por nuestra propia voluntad”. Estos abusos en muchos casos recayeron con mayor brutalidad sobre la población originaria de países limítrofes y fueron habilitados por el contexto político vigente, signado por la represión ilegal y la violación sistemática de los derechos humanos.

La Comisión de demandantes

En el año 2001, durante las conmemoraciones por los 25 años del golpe del 24 de marzo,  se publicó el libro de Eduardo Blaustein, Prohibido vivir aquí. Una historia de los planes de erradicación de villas de la última dictadura militar. De esta forma se difundió un aspecto poco conocido sobre los atropellos cometidos bajo el régimen de facto. A su vez el libro, editado por la Comisión Municipal de la Vivienda y prologado por su entonces titular, Eduardo Jozami, funcionó como una revisión crítica sobre el accionar del mismo organismo en dictadura.

La investigación que dio origen al libro de Blaustein se basó en el relevamiento de fuentes escritas, junto con extensas entrevistas a los habitantes de distintas villas afectadas por la erradicación. A su vez, el libro incluyó una serie de fotografías que reforzaron con imágenes las denuncias sobre la violencia ejercida por integrantes de la CMV en el marco de los desalojos compulsivos. Junto con las denuncias, el libro de Blaustein dio cuenta de distintas estrategias articuladas por los pobladores de las villas para resistir el intento más ambicioso y extremo por expulsarlos del perímetro urbano. Entre estas estrategias, se menciona la conformación de una Comisión de Demandantes que logró limitar por la vía legal los alcances de la erradicación.

En 1976, poco tiempo después del golpe, muchos de los principales dirigentes de las villas habían sido asesinados en el marco de la represión ilegal. Celia Gonzalez, habitante de la Villa 21-24, cuenta que en abril de 1976 fue acribillado el presidente de la Comisión Vecinal Teodoro Urunaga, el vicepresidente  Ricardo Daniel Ortiz, el secretario Oscar Salazar y la secretaria adjunta y tesorera, María Peralta. Según Celia, “desaparecieron todas las cabezas… no sabíamos que hacer, nos quedamos sin dirigentes, no sabíamos a quién preguntarle nada.”

De un modo similar, Teófilo “Jony” Tapia relata lo que sucedió en la Villa 31, remontándose a los años previos al 76: “Primero sacan a todos los dirigentes, en realidad los persiguen, muchos fueron presos. Empiezan en el 74, 75, a perseguir a los militantes, eran militantes activos de la Juventud Peronista, era un barrio muy combativo (…) Primero persiguen, desmantelan el barrio, a los dirigentes. Lo matan a Mugica y así a muchos compañeros, también los matan y desaparecen. Quedó desmantelado prácticamente el barrio.”

De manera que los operativos de erradicación se iniciaron, en estas y otras villas, una vez que estuvo descabezada buena parte de su dirigencia. Sin embargo, la resistencia a la dictadura fue liderada por nuevos referentes, que recuperaron y pusieron en práctica las tradiciones organizativas heredadas de las generaciones previas.

Según Tapia, una vez desmantelada la dirigencia de la Villa 31, se iniciaron los operativos para llevar a las familias del otro lado de la General Paz, muchas veces con los mismos camiones municipales usados en la recolección de basura. En estas circunstancias, algunos habitantes de la villa empezaron a formar una nueva organización: “Nosotros veíamos que algo teníamos que hacer y entonces nos agrupamos como vecinos. No éramos muchos. Acá por ejemplo estaba Efraim Medina, Jose Maria Bresan, un compañero portuario que falleció, Vázquez que vive y bueno, después había varios firmantes para llevar adelante la demanda.” De este modo relata Tapia los orígenes de lo que poco después sería conocido como la Comisión de Demandantes.

El nombre de la organización, donde inmediatamente se integraron otras villas, fue definido según Rosa Herrera de este modo: “Hay todo un debate para ver qué nombre se le ponía… no sé cuáles eran los nombres en danza, pero mi papá me explicaba que le pusieron Comisión de Demandantes porque, como demandábamos a la Municipalidad, ese era un hecho concreto y, para evitar más discusiones le pusieron Comisión de Demandantes de Villas y NHT[1] de Capital. Comisión de Demandantes porque no tiene una connotación política.  La gloriosa Comisión de Demandantes. Esta Comisión de Demandantes nucleaba a todas las villas, cada villa tenía su Comisión Vecinal y trataban de nuclear diferentes pensamientos: comunistas, peronistas, justamente para manejar un tema de pluralidad a pesar de las serias limitaciones que había en ese momento.”

El desarrollo de las causas

Los referentes de la Comisión de Demandantes, por medio de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Asociación de Abogados, consiguieron el asesoramiento gratuito de los abogados Victoria Novellino y Horacio Rebón. A partir de los primeros encuentros entre los dirigentes de la Villa 31 y los abogados, se decidió invocar el inciso “c” del segundo artículo de la Ordenanza Municipal 33.652, donde se establecía que junto con la erradicación debían crearse las condiciones para que las familias accedieran a una “vivienda decorosa”. En este marco, se decidió iniciar un juicio ordinario pidiendo entretanto una medida cautelar, para proteger las viviendas de los demandantes hasta que el juicio terminase.

Según Novellino, otro acuerdo al que llegaron los abogados con Tapia y Medina, fue que además de las familias afectadas, declarase como testigo el sacerdote de la villa, José Meisegeier. De esta forma se inició la presentación ante un juzgado civil, con la carátula “Soria, Asención y otros contra la Municipalidad de Buenos Aires s/cumplimiento de la Ordenanza Nº 33.652” y al poco tiempo el juez dictó una resolución en contra de los villeros. Sin embargo, se decidió volver a presentar el caso en la Cámara de Apelaciones, donde se ordenó la resolución de “No Innovar”, en noviembre de 1979. Esto implicaba que la medida cautelar entraría en vigencia a partir de ese momento y que, por lo tanto, los funcionarios no podrían desalojar a los pobladores hasta que se resolviera el conflicto entre el Estado y los habitantes de las villas. Una vez que el fallo en la causa de la Villa 31 sentó jurisprudencia, la estrategia fue imitada en una serie de juicios con el mismo resultado para la Villa del Bajo Flores, Villa “Cildañez”, “Ciudad Oculta” y la Villa de Barracas. [2] Sin embargo, no en todos los casos se siguió un procedimiento idéntico: los vecinos, los abogados y los sacerdotes de cada una de las villas imprimieron a cada proceso judicial un carácter singular. Por ejemplo, en la Villa 31, el apoyo del Padre José Meiseigeier a los demandantes fue muy sólido. Además de que el cura actuara como testigo, las reuniones de la comisión se realizaban en la Capilla Cristo Obrero, para evitar las razzias y controles policiales. También en la Villa 21-24 situada en el Barrio de Barracas, un sacerdote estuvo fuertemente comprometido en el desarrollo del juicio y su nombre, Daniel de la Sierra, aparece mencionado en distintos testimonios ofrecidos por pobladores de esta y otras villas de la ciudad. Por ejemplo en la Villa 6, donde no había un integrante del Equipo Pastoral de Curas Villeros, el Padre de la Sierra acompañó a los habitantes durante el desarrollo del juicio. En el caso de la Villa del Bajo Flores, el cura Rodolfo Ricciardelli no tuvo vinculación con la Comisión de Demandantes. Por lo tanto, los habitantes de esa villa debieron reunirse en casas particulares, o bien en el estudio del abogado que los defendió, Ariel Caplan.

Más allá de las diferencias mencionadas, cada una de las Comisiones Vecinales que integró la Comisión de Demandantes logró el resultado esperado, evitando de esa forma la demolición de sus viviendas hasta la recuperación de la democracia, cuando finalmente se derogó la ordenanza de erradicación de villas.

Recuperar la experiencia de la Comisión de Demandantes, implica visibilizar la enorme reserva en términos de la capacidad organizativa presente entre quienes habitaron las villas de Buenos Aires bajo la última dictadura militar. Esta capacidad, acumulada durante las décadas previas, fue tan sólida que pudo recomponerse inclusive después que la represión ilegal arrasara con muchos de sus principales referentes históricos. Así fue posible la conformación, en pleno régimen de facto, de una organización que nucleó a distintas villas de la ciudad para coordinar una estrategia conjunta, logrando limitar de esta forma el operativo de erradicación más violento y ambicioso de la historia argentina. Por lo tanto, si bien los desalojos alcanzaron cifras inéditas, las pocas familias que evitaron ser expulsadas de la ciudad en este contexto conservan intacta la memoria de una victoria que les permitió resistir frente a las políticas urbanas implementadas por el gobierno dictatorial.

*Dra. en Historia – Universidad de Buenos Aires