El 1 de marzo, el presidente abrió las sesiones legislativas haciendo explícito el mandato surgido de la acumulación de luchas feministas: tanto en lo que hace a la legalización del aborto y a políticas sociales referidas a la infancia y a la maternidad (el programa de los mil días), como atinentes a la prevención y erradicación de la violencia de género. La fuerza social que se había expandido entre el Ni una menos y la marea verde -nombres escuetos para esa profunda conmoción que construyó agenda- encontró así un esfuerzo de traducción política. Que se venía plasmando en la creación de un Ministerio específico y hasta en los fallidos más interesantes: volvimos mujeres, escuchamos un día, cuando el que asumía quería decir volvimos mejores. Si para el kirchnerismo la usina de legitimidad y motor ético-político fue el movimiento de derechos humanos, para este período gubernamental la inspiración democrática fundamental proviene de los feminismos movilizados. Eso implica novedosas tensiones y querellas consabidas: la transversalidad y la unidad que fueron claves en la resistencia anti macrista, hoy parecen aspiraciones más que realidades. Al mismo tiempo, la conversión de la agenda en políticas públicas trasiega un conjunto de militantes y activistas desde la sociedad civil hacia las instituciones estatales, lo que resta esfuerzos para las formas clásicas de militancia callejera. La coyuntura exige, promete y desplaza, transforma los modos de hacer y no habría que situarse ante esa transformación con la melancolía de quien solo ve en la repetición la política virtuosa, sino en la elaboración crítica de la nueva situación, en la pregunta honesta y decidida de cómo un movimiento de esta envergadura puede construir poder y profundizar agenda.

  Los 8 de marzo, en Argentina, desde 2017, se convirtieron en ocasión de una problematización colectiva de la cuestión de las violencias y la desigualdad, que consideró, junto con la crítica a la violencia femicida, la crítica a la violencia económico-social, la precarización de las vidas, la sujeción al endeudamiento privado y público. Esa crítica se asienta sobre la consideración del trabajo como productor de valor. Y si esto es una verdad ya asentada desde el marxismo, lo que agregó la elaboración feminista fue el señalamiento de que ese trabajo no era solo el asalariado, sino todo trabajo socialmente necesario, incluyendo el trabajo en la economía popular y el doméstico y de cuidados. Trabajo y valor, por un lado, y por otro, considerar la desigualdad económica y social como resultante de una lógica de explotación que no se puede pensar ajena a la violencia. La discusión por los derechos de las mujeres y cuerpos feminizados o masculinidades trans implica ese hojaldramiento y esa profundidad. En la coyuntura argentina se toca con las discusiones sobre cómo enfrentar el hambre y la deuda, pero también con las políticas de vivienda y de salud, la agroecología y la apropiación de las reservas acuíferas. O sea, con la cuestión más general de la producción y reproducción de las condiciones de vida de las poblaciones: pensarlas, imprescindiblemente, desde una perspectiva feminista.

El otro desplazamiento central y a la vez titubeante, es el que intenta pasar de la victimización al deseo y, a la vez, imaginar modos no punitivos de encarar las reparaciones pendientes en una historia de humillación y violencia. ¿Alcanza el gesto antipunitivo para evitar el encierro de la fuerza subversiva de los feminismos en la lógica de la denuncia y la sanción? ¿Cómo plantear estas cuestiones sin afirmar lo que Ileana Arduino llama el “garantismo misógino”? La discusión sobre los escraches repone, una y otra vez, estas cuestiones. Porque si nombra una acción propia del repertorio de luchas por los derechos humanos -de carácter colectivo, tramada con les vecines del barrio donde vivía el acusado y referida a delitos de lesa humanidad-; la acción vuelve a escena como denuncia pública, en las redes sociales, muchas veces enunciada en términos individuales y dirigida, con frecuencia, contra pares (no significa iguales). Las escuelas secundarias fueron conmovidas por estas acciones que implican el castigo de exclusión en el mismo acto de denuncia, sin gradación de la pena ni presupuesto de prescripción alguna. Como si el escrache arrastrara, aún sin saberlo, la remisión –imaginaria, pero operante- al delito de lesa humanidad. Quizás por el lugar del testimonio como núcleo fundante y casi único del procedimiento judicial. Quizás por la intuición de que la violencia de género es la clave de los disciplinamientos sociales y que, en ese sentido, desarmarla supone un nuevo umbral ético, sin el cual no podemos pensar la persistencia de la vida en común. Las diferencias son, sin embargo, ostensibles. Porque si los juicios contra los genocidas mostraron el terrorismo de Estado como un plan sistemático llevado adelante por las fuerzas armadas y sus aliados civiles; el contemporáneo juicio al patriarcado supone el señalamiento de las muchas prácticas sedimentadas en las que éste se realiza, encarnadas por una infinidad de sujetos que no estarían obedeciendo a un plan sino a la pura reproducción, costumbrista y normativa, de un orden sostenido sobre la heterosexualidad obligatoria y la reducción de la autonomía de las mujeres.

  El sujeto de los feminismos no es “mujeres” sino una multiplicidad de identidades: mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, no binaries. O sea, quienes se distancian de la producción normativa de una identidad de varón coincidente con aquella que le fue asignada al nacer. El presupuesto de la alianza nombrada como feminismos es que estos varones son los sujetos del privilegio económico, social, político, y que entre sus prerrogativas cuentan la de ejercer violencia sobre el resto de los cuerpos que son, por esa misma violencia, feminizados. No estaríamos ante un plan sistemático sino ante el sistema mismo funcionando a través de las personas, su sensibilidad, sus afectos, la producción de sus deseos y la trama de sus vínculos. El patriarcado, como el capitalismo, se realiza en infinitos, cotidianos y minuciosos intercambios. La justicia laboral y la comercial tramitan los excesos de esa reproducción sistemática de la desigualdad que es el capitalismo, sin poner en cuestión, finalmente, el orden de la reproducción mercantil de las sociedades. Hacer política anticapitalista va más en el sentido de una invención de otras formas de vida que en el de la activación de medidas judiciales, aunque éstas sean centrales para que los derechos no sean avasallados. Los feminismos, embarcados en la producción de una nueva sociedad, no disponemos instancias resueltas de justicia que permitan esa defensa: son incipientes los dispositivos institucionales; escasos los funcionarios judiciales expertos y sensibles; faltantes las imágenes de justicia que no sean punitivas, porque todo resulta permeado del esquema “el que las hizo, las paga”. Pero inventar eso no agota, ni mucho menos, la construcción de esa otra sociedad y esas nuevas sensibilidades.

                                                                                                                               “2020: los desafíos” - Revista Haroldo | 2

Durante estos años se acrecentó el acervo cultural, artístico, teórico de los feminismos: el activismo es, también, fuente de una biblioteca nueva y de imágenes y sonidos que vienen a señalar que las posiciones dominantes masculinas en el campo cultural tienen un carácter político, como lo tiene esta construcción rebelde, afirmativa, capaz de proponer una serie de referencias y narraciones para identidades desobedientes. Este 8M implicó también el reconocimiento de las instituciones estatales de ese movimiento, reconocimiento que ya se venía operando en ámbitos que sostuvieron la resistencia durante el macrismo -por ejemplo, en la muestra Células madre que hizo el Centro Cultural Haroldo Conti, que planteaba una narración cuidadosa de la historia de nuestros feminismos- y que ahora toma el centro de la escena. Momento feliz, sin dudas, pero que no debe contentarnos fácilmente. Porque, ¿qué sería de ese vasto esfuerzo de producción de imágenes y sentidos, de esa proliferación de estéticas y reconocimientos, si se desgaja de la vida popular, de seguir buscando los pasadizos en los cuales se produce una cita inesperada, y se recuesta en el confort del reconocimiento mutuo entre iguales?

Quiero decir: este 8M es el más difícil y el más interesante, el que nos obliga a pensar más allá de nuestra alegría conmovida, de nuestras pertenencias habituales a un espacio político, el que nos exige -y ahí está, creo, la promesa de esa fecha- seguir pensando en cómo ampliar el horizonte de lo posible, a sabiendas de que esa ampliación solo puede asentarse en la politización general de las militancias y activismos populares, esas que conjuran, cotidianamente, la preservación y reproducción de la vida. Y decir reproducción de la vida es llevar a fondo la pregunta por esxs últimxs que deben ser lxs primerxs: quienes requieren la tarjeta alimentaria pero también quienes necesitan un servicio público de salud que garantice la diálisis o el tratamiento de hormonas para las masculinidades trans. Si el sujeto de los feminismos es múltiple, esa multiplicidad es el sustento para fundar agenda, interlocuciones, representaciones. Esa labor tiene un borde en la calle y el otro, hoy, en las instituciones estatales; es fuente y producto de la movilización general y exigencia de políticas públicas. Pero es también la mayor de las promesas: la elaboración de una confrontación lúcida y potente, inexorable, contra las derechas fundamentalistas que gobiernan gran parte del mundo.