"Nos propusimos no consentir que el Juicio fuera una farsa”

Por Edgardo Vannucchi y Bárbara Komarovsky

Se cumple un nuevo aniversario del inicio del histórico Juicio a las Juntas militares realizado en 1985 durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Fracasada la estrategia de autodepuración de las Fuerzas Armadas, la Cámara Federal asumió la tarea de enjuiciar a los dictadores. En esta entrevista, León Arslanián, miembro de aquel tribunal, recuerda las dudas y tensiones que acompañaron esa inédita experiencia: la del poder militar subordinándose al poder civil.

Información de imagen — León Arslanián presidiendo el tribunal durante el Juicio a las Juntas militares, 1985 junto a Jorge Torlasco y Andrés D’Alessio

Blog Colegio Nacional de Buenos Aires.

El lunes 22 de abril de 1985 comenzaba un hecho histórico e inédito en América Latina: el Juicio a las Juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y fines de 1983.

Nueve comandantes (tres generales, tres almirantes y tres brigadieres generales) fueron juzgados por violaciones a los derechos humanos [1].

Por primera vez los dictadores debieron dar cuenta de sus actos ante un tribunal civil designado por un gobierno democrático.

El juicio (oral y público) demostró aquello que los organismos de derechos humanos habían denunciado una y otra vez y que los militares (junto a sus cómplices civiles y eclesiásticos) negaban sistemáticamente: la dictadura había secuestrado, torturado y recluido en lugares clandestinos a miles de personas, asesinándolas y haciendo desaparecer posteriormente sus cuerpos.

El proceso judicial fue llevado adelante por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires integrada por los jueces León Carlos Arslanián, Andrés D’Alessio, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Edwin Torlasco y Jorge Valerga Aráoz quienes rotaban cada semana en la presidencia del tribunal [2].

A 34 años de aquel hecho Revista Haroldo conversó con Arslanián, responsable además de la lectura de la sentencia en aquellos intensos y complejos años de la post-dictadura.

¿Cómo era el contexto en el que se produjo el juicio a las Juntas? ¿Cómo fue que lo convocaron a usted? ¿Podría reconstruir ese momento en el que primero circulaba la idea de la auto-amnistía?

Ante todo no podemos olvidar que la Argentina padeció en el siglo XX seis golpes militares, lo cual significa una irrupción del poder militar en la vida democrática de un país que tornó francamente ilusoria la idea que la Argentina pudiera tener una democracia estable y construir un Estado democrático de derecho. Lo dramático de todo esto no sólo eran las consecuencias cada vez más graves de esas intervenciones y la extensión en el tiempo, sino la naturalización, en una opinión pública que no terminaba de reaccionar, de la idea de que podían haber (que era propio o ínsito de la política argentina) alternancias de gobiernos civiles con militares. Naturalizar esto fue patético porque sólo en el marco de esta naturalización pudieron ocurrir las cosas que ocurrieron en el período 1976-1983. Muchas veces nos hemos preguntado qué pasó, por qué no reaccionamos, por qué no se nos hizo evidente la desaparición de miles de personas en el momento en que estaban sucediendo, cómo fue posible que la sociedad no diera una respuesta seria y contundente y en realidad la clave de todo esto es que en aquel proceso de aceptación o naturalización de que, bueno, este era un gobierno ilegítimo, usurpador, se asumía que venían, se iban y después se recuperaba la democracia. No se veía la gravedad. No se advirtió cómo se estaban dando las condiciones de la dictadura que ya en 1976 era sangrienta e inmisericorde. Es importante tener en cuenta que fue un golpe cívico-militar por dos razones: en primer lugar porque del gobierno participaron sectores civiles de segmentos dominantes, de las élites que encontraban que les estaba vedado llegar por procedimientos legítimos al poder y en consecuencia había una vía alternativa y, alimentando apetencias militares, podían llegar al gobierno y materializar sus planes económicos. En segundo lugar buena parte de la opinión pública y los medios de comunicación en particular, algunos con prestigio y predicamento en las clases medias, veían con buenos ojos el golpe, lo estimulaban y de alguna manera daban garantías a los usurpadores, a los que llevaran adelante el golpe, de respaldo en la prensa lo cual implicaba una garantía de cobertura adentro y afuera. Me acuerdo muy bien con qué auspicios se dio el golpe de [Juan Carlos] Onganía en 1966 y después, muchos fueron víctimas del mismo. Como por ejemplo Jacobo Timerman y ciertos empresarios. En consecuencia es importante tener esto en cuenta porque no se trata de exonerar de responsabilidad a las Fuerzas Armadas que asaltaron el poder sino de adjudicar en todo caso responsabilidad a quienes jugaron el partido como para que esto pueda ser posible. Quiere decir que cuando llega 1976 tenemos una sociedad predispuesta aunque paradójicamente fue el golpe que menos civiles utilizó porque la intervención se fue radicalizando cada vez más y cada vez más se tomó como una misión militar y como actos militares, o actos de servicio cualquiera de las acciones que los militares llevaron adelante.
Una de las claves o secretos de la extrema dureza y bestialidad que caracterizó al golpe de 1976 fue porque lisa y llanamente concibieron que esto se daba en el contexto de una “guerra”, que tenían que abatir al enemigo y en consecuencia el orden jurídico militar o el derecho militar de guerra les daba una cobertura para llevar adelante actos de cualquier naturaleza o se pretendía justificar necesidades terribilísimas. Y esto fue una característica de época. Tampoco se sabía qué estaba pasando hasta 1978. En 1979 vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Obró en modo silencioso, muy activa a pesar de ser tapada por la dictadura pero con mucho trabajo de interlocución, de conversaciones y muy valientemente encaminada. Y quiero recuperar el rol del justicialismo en ese momento porque los mejores testimonios los aportaron [Deolindo Felipe] Bittel, Antonio Cafiero. Peronistas que con gran valentía denunciaron al régimen. Y digo que rescato esto para que no quede del todo enlodada la imagen del justicialismo accediendo o consintiendo la vigencia de la ley de auto-amnistía dictada por los militares en su retirada, que fue la postura que lamentablemente asumió un hombre excepcional como Ítalo Luder, a despecho de las posiciones más democráticas, combativas y valientes de Raúl Alfonsín. Esto no fue suficientemente investigado por nuestra historiografía. La decisión de Ítalo Luder fue una decisión personal que respondía a su necesidad electoral y su percepción de cuál era la estrategia más útil para poder llegar al poder. Esta fue una muy mala lectura de la realidad.

¿A qué atribuye usted esa mala lectura del escenario político hecha por el candidato justicialista?

La mala lectura de la realidad se debió a lo -fíjense qué paradoja– oculto, secreto y bien guardado que estaba ese submundo de hechos atroces y aberrantes que ni gente de la jerarquía de Luder, de su militancia política y con un conocimiento superior a la media tenía dimensionado en su magnitud. Y observen que la diferencia entre Luder y Alfonsín fue que Alfonsín (líder de derechos humanos y uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH) como un hombre excepcionalmente valiente y profundamente democrático a partir del compromiso profundo de él (de presentar habeas corpus, recibir y hablar con Madres, Padres, Familiares) no solamente tomó conocimiento de lo que ocurría, sino que se fue comprometiendo progresivamente. Este proceso que tuvo Alfonsín no lo recorrió Luder, que casi con cierta asepsia miraba el panorama porque no tenía el ejercicio ni el contacto con la realidad que había tenido su opositor. Y porque además es obvio, no nos podemos engañar, de la incidencia negativa en este aspecto de la dirigencia de los sindicatos porque ellos tenían una mirada del fenómeno de combatiente contra combatiente. Los que habían sostenido una idea de statu quo dentro del justicialismo frente a una propuesta revolucionaria de jóvenes que entraron con la Masacre de Ezeiza, la historia que conocemos. De modo que la tercera pata (sindicalismo) del justicialismo fue esencial en esta postura. Es importante para mí señalarlo. No he visto trabajos sobre este tema. Lo menciono, primero para recuperar un poco la imagen de Ítalo Luder, un peronista muy respetable con los valores de la época que tenía una raíz tradicional pero de ninguna manera representaba a la derecha peronista. Tenía un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires muy negativo, Herminio Iglesias, que hizo un aporte esencial para que se perdiera la elección (de 1983). Él representaba al sector gremial.

El radicalismo incorpora, en la situación previa a consolidarse como gobierno, la cuestión de revisar responsabilidades. En el origen está esa idea de los tres niveles de responsabilidad que Alfonsín había mencionado en campaña y que, ya en el gobierno, busca plasmarse en el intento de que se juzguen y depuren las propias FF.AA. ¿Cómo era su lectura, considerando que en ese contexto es que los convocan a ustedes a integrar la Cámara Federal?

Frente a la magnitud de lo ocurrido en la Argentina, frente a cómo en los últimos momentos y más después de la Guerra de Malvinas iban conociéndose datos, información, creciendo las Madres dando vueltas a la Plaza de Mayo, con la irrupción de las organizaciones que se movilizaban por Verdad y Justicia (Madres, Abuelas, etc.), es muy fuerte entender cómo puede el partido mayoritario, que siempre estuvo más cerca de las necesidades populares, llegar a tener una postura así en ese tema, justo en ese tema. Entonces yo hago una distinción porque acá lo que no hubo fue partido y yo reivindico este fenómeno que tiene la Argentina de crisis de la representación política. Crisis que es patética porque los partidos políticos quedaron como cáscaras vacías con una funcionalidad ligada a procesos electorales pero sin contenido, sin doctrina, sin militancia, sin nada que dé credenciales como para que después llegado el momento de ser gobierno se sepa quién es quién. Entonces no hubo partido ahí, hubo percepciones personales de Ítalo Luder que, como candidato pero sin partido y con respaldos con clara identidad, toma la decisión que toma y en eso está la falencia, el error en el que incurre que le hace perder, claramente, la elección. Hay una defección enorme de la política.

¿Hubo algún documento del partido justicialista o algún grupo que se haya opuesto a la auto-amnistía, que le haya hecho una contrapropuesta a Luder?

No, yo en ese momento no tuve ninguna participación. Sí le manifesté [mi desacuerdo] a quien antes fue Ministro de Justicia de María Estela Martínez, Antonio Juan Benítez, un hombre razonable. Era el apoderado del partido. Tuve ocasión de conversar con él. Obviamente Ítalo Luder no era un revolucionario sino que era un hombre que, como no podía ser de otra manera, tenía una raíz conservadora, pero era muy sensato y muy prolijo. Pero tenían un defecto fundamental, según pude apreciar: no avizoraban una salida diferente. Porque la amnistía los exculpaba de cualquier responsabilidad a los militares. Además en ninguno de los golpes de Estado precedentes había habido ningún examen de ningún tipo de responsabilidad por parte del poder militar. Luego, era como que se estaba frente a un camino… lo cual también respondía a algún tipo de tradición socialmente aceptada. Por otro lado había una corriente de opinión muy importante que tenía miedo, no quería revolver el pasado [estaba vigente] la idea de ‘dar vuelta la página’, el ‘ahora miremos para adelante’. “Mucho espejo retrovisor”, decían algunos. ‘Ahora se trata de reconstruir con todos’ y ese tipo de discursos. Entonces todo esto llevaba a que fuese una opción aceptar lo dado y después ver cómo la propia sociedad lo iba absorbiendo. Hubo un error de mirada profundo: faltó el ejercicio, el contacto con la realidad y el cerco gremial que tuvo su cometido.

¿En qué medida ustedes tenían conocimiento o claridad respecto del rumbo del proceso jurídico que se iniciaba?

Cuando nosotros fuimos convocados a integrar la Cámara Federal no teníamos noción clara, no teníamos idea de qué iba a pasar. Me convocó Andrés D’Alessio y luego me llamó Carlos Alconada Aramburú (Ministro de Educación y Justicia) en nombre de Alfonsín y me dijo que ellos no querían que se pensara que esto era ‘la justicia radical’. Me habló muy bien y yo acepté sumarme. Después caímos en la cuenta de cómo se estaba armando esto, que había un equipo de jóvenes, los “muchachos intelectuales” o “filósofos”[3], que tampoco tenían mucha idea de cómo salir de esto. Pero Alfonsín tenía un par de ideas que fueron a las que debieron acomodarse todos… El problema grave que se advertía era que este fenómeno suelto, sin intervención política, dejado en manos de jueces de Salta, Tucumán, La Rioja, el Sur, conducía a la nada, a un fracaso absoluto. Pero lo que es más grave es el grado de presión política que existía tras la asunción de Alfonsín, incluso por parte de aquellas personas con las que Alfonsín tenía identidades importantes, asociaciones de Derechos Humanos, etc. Entonces era evidente que había que tener un plan, y más aún con una justicia absolutamente inertizada, muerta y pisada y que no había podido hacer absolutamente nada. Con lo cual la idea de Alfonsín de ser absolutamente respetuoso, de respetar el pasado, de darle la oportunidad a las FF.AA. para que ellas mismas limpien su casa, investiguen y asignen responsabilidades a quien las pudiera tener… sonaba romántico. Debían responder por actos de servicio. Por otro lado estaba el tema de quiénes daban las órdenes y quiénes las ejecutaban, los responsables daban las órdenes y los subordinados debían cumplirlas y ahí sale el tema de la apropiación de bebés y de bienes. Y si hubiera desvíos, dilaciones etc. habría un control judicial. Ahí empieza a jugar la Cámara Federal como una instancia de control judicial o de apelación. Después viene la historia más conocida: sale este esquema, convocan al Consejo Supremo de las FF.AA., sale el Decreto 157 por un lado, con el tema de la “teoría de los dos demonios”. Yo no critico estos decretos: ni el 157 ni el 158 porque caramba, hay que entenderlos en su contexto: era 1982, el poder militar estaba intacto y los tipos que habían chupado jóvenes con los Falcon venían a custodiarnos a nosotros o nos seguían… El gobierno de Alfonsín tenía tal grado de limitaciones de distinta naturaleza que las decisiones que tomaba no podían ser impecables, ortodoxas… Iba armando como podía. Entonces saca el Decreto 157 sobre el juzgamiento de los máximos responsables de las organizaciones guerrilleras etc. [4]. Eso le sirve para acallar el poder de los cuarteles, con lo cual ponía cierto límite a las resistencias que pudieran generarse desde los sectores militares y después, inmediatamente, la creación de la CONADEP [Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas] que fue una idea genial de su parte, genial. Porque, más allá de la designación de las personas que la integraban (inobjetables), durante todo ese lapso en que la CONADEP intervino, empezó a construirse públicamente la verdadera imagen, empezó a emerger la verdad, de alguna manera, cada vez con mayor intensidad: cuando se iba a hacer un reconocimiento de un lugar clandestino de detención, trascendía que habían encontrado elementos que corroboraban denuncias de gente que había estado allí, inscripciones de personas que efectivamente habían desaparecido etc. El de la CONADEP fue un Informe extraordinariamente concluyente y funcionó como un punto de partida muy importante para la Cámara.

Era evidente que el esquema de Alfonsín no podía andar pero fue corregido hábilmente en el Congreso. Fue el Senador del Movimiento Popular Neuquino [Elías] Sapag el que tuvo la idea de que hubiese un recurso de avocamiento por parte de la Cámara Federal en la hipótesis de que hubiese un desvío, un retardo, una resistencia por parte del poder militar en la investigación de los hechos criminales cometidos por las distintas fuerzas. Y eso fue decisivo porque a través de la reforma de la ley 23.049 se aceptó y se incluyó en el Código Militar la norma a partir de la cual el Consejo Supremo de las FF.AA. ya no se planteaba como instancia última, sino que quedada sujeto a una revisión de la justicia civil, incluso al avocamiento (es decir, a que se hiciera cargo de las causas si el tribunal militar no llegaba a resolverlas). Cosa de la que no teníamos la más mínima duda porque éramos conscientes de que eso que había hecho Alfonsín le había servido polِíticamente para salir del paso pero que con eso no llegaba a ningún lado. Gracias a eso pudimos avocarnos, nos sirvió para empoderarnos: aquello que parecía ser un recurso de ‘sólo si tal cosa…’, nosotros dijimos: ‘no: traénos los expedientes que nosotros los vamos a mirar...’, ‘ahora investigamos nosotros’. Y eso fue extraordinario. Cómo encastró todo en un plan que era tímido al principio, que no tenía seguramente esta previsibilidad que se observó después pero que puso la condición suficiente y necesaria como para que el poder civil investigara.

Esto que usted narra evidencia una estrategia política. ¿Existía entre ustedes un diálogo en términos políticos sobre la relevancia de lo que estaban encarando?

Lo hubo en todo momento, en todo momento. Se dio un hecho magistral para mí gusto que fue la identidad de pareceres y posturas que tuvimos todos nosotros frente al hecho. Dijimos: ‘no vamos a consentir de ninguna manera, no vamos a ser nosotros los que sirvamos a que todo esto sea una farsa y terminemos validando una absolución del Consejo Supremo de las FF.AA.’. Porque la mirada, la propuesta era de una gran ingenuidad… Evidentemente no se sabía cómo encontrar la salida, que, hay que decir la verdad era muy difícil. Pero… ¿cómo se podía suponer que el Consejo Supremo de las FF.AA. iba a decir que los tipos mataban, secuestraban, tiraban gente viva al mar…? Es ridículo, era casi absurdo. Por eso hay que reivindicar mucho a Sapag, mucho. Porque nosotros mismos, los camaristas, no respetando los intereses primarios de ese Poder Ejecutivo, pudimos llevar adelante una tarea significativa pero, al mismo tiempo, esto lo supo capitalizar el propio Alfonsín con un grado enorme de inteligencia. El presidente se mostró absolutamente respetuoso de lo que hiciésemos o fuéramos a hacer nosotros, manifestando y demostrando más de una vez que él iba a condescender con lo que nosotros decidiéramos, que no iba a intervenir porque para eso estaba la Justicia y él era un hombre del Derecho. Un discurso construido, pero que él vio (porque era un tipo inteligente y talentoso) cómo se iba encastrando todo esto, cosa que no veían los que estaban con él… Es una cosa extraordinaria. Tuvimos esos márgenes de libertad…En nuestras discusiones las primeras cosas que señalé fueron: ojo que el plan de Alfonsín así como está, no nos lleva a ningún lado. Tuve la suerte de tener colegas muy buenos: Ricardo [Gil Lavedra], Andrés D’Alessio, un tipo inteligentísimo… que la vieron. Que vieron todo esto y que se pusieron en una posición muy firme, muy judicial, que no defeccionaron. Nunca fueron infieles al cuerpo ni nada por el estilo, que eran algunas desconfianzas que podían tener ciertos colegas. No en mi caso, porque yo los conocía y ya teníamos todas las cartas sobre la mesa. Así se fueron dando las cosas en el inicio.

¿Qué más nos puede decir del papel del Presidente Alfonsín en ese contexto?

Yo por la figura de Alfonsín tengo el mayor de los respetos. Creo que fue lo mejor que tuvo la Argentina desde el punto de vista de la construcción de un Estado democrático de Derecho desde el advenimiento de la democracia en 1983. Porque tuvo una fineza, una inteligencia, una capacidad para acomodar todo… Porque el tipo estaba acechado por los cuatro costados… En otra oportunidad hablaremos de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, en qué marco se vio obligado a dictarlas. Pero luego de eso fue muy interesante cómo se dio todo el proceso de los Juicios por la Verdad, que fueron magistrales… Porque pareciera que el tema estuvo clausurado durante años, o no hubo actividad judicial sobre esa cuestión. Al contrario: se juntó muchísima prueba por parte de dos o tres Tribunales: la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires y Cámara Federal de La Plata y en alguna medida, Bahía Blanca. El resto del país era una catástrofe, una catástrofe… En una oportunidad tuvimos discusiones con la Cámara Federal de Córdoba, que vinieron en pleno, que eran terribles: muy comprometidos con la dictadura…

Un caso similar al del juez de Mendoza Otilio Roque Romano, integrante de la Cámara Federal y actualmente procesado y condenado por crímenes de lesa humanidad.

Es que ahí estaba el problema más grande en la Justicia en esos años: los recursos humanos. No se podía purgar todo. Porque en la Capital Federal echaron jueces federales, camaristas… pero en el resto del país quedaron los que estaban. Y los que permanecieron nos veían con cara de bicho colorado, con cara de asco, no se querían juntar con nosotros u objetaban todas las decisiones que pudiéramos tomar. Era muy complicado eso. Pero claro, era tan fuerte la demanda popular sobre el particular…El gran mérito del juicio a las Juntas no fueron las condenas impuestas a los máximos responsables de las Juntas sino que fue correr el telón, es decir, cómo pusimos de manifiesto la operatoria represiva: los Centros Clandestinos de Detención (CCD), los procedimientos, el Centro Piloto de París, las aventuras de Massera… Frente a eso, se acabó todo. Cualquier resistencia que pudiera haber, de la naturaleza que fuere, murió. Y el clamor social, popular de aquellos que estuvieron desde el principio (sea como víctimas o como militantes) empezó a cobrar fuerza, vigor, representatividad y redundando en organizaciones de derechos humanos admirables, como las que tenemos nosotros. Fue tal la fuerza, el impulso que tuvo este proceso que es el día de hoy que se están abriendo juicios gracias a la experiencia de los Juicios en Argentina.

A lo largo de todo el juicio seguramente hubo algunos testimonios que, por diferentes motivos, fueron más impactantes, relevantes etc. que otros ¿Recuerda alguno/s en particular?

El paso del tiempo dificulta esa elección pero citaría el de Adriana Calvo, un testimonio terrible pero que documentó el grado extraordinario de crueldad justamente en ese capítulo de las parturientas. Me pareció espectacular, por su valor intrínseco, por su precisión, el del ahora filósofo Claudio Tamburrini. Todo el capítulo de la familia Bettini es una tragedia. La familia Tarnopolsky… Es el día de hoy que no termino de recomponerme. Y en otro plano, fue excelente el testimonio de Robert Cox, el director del diario Buenos Aires Herald.

A 34 años del inicio de aquellas jornadas ¿cuál considera que es el legado del Juicio?

Se me hace difícil pensar qué Argentina hubiésemos tenido sin los Juicios. No sé. Realmente hubiésemos sido un Estado fallido, no sé en qué hubiésemos terminado. El Juicio ordenó éticamente al Estado, resolvió el tema de las FF.AA., instaló al país como adalid en materia de Derechos Humanos, penetró profundamente todo el sistema judicial argentino ya que aquí se aplican los fallos de la CIDH -Comisión Interamericana de Derechos Humanos- (como no se aplican en otros países), así como los derechos del pacto de San José de Costa Rica incorporadas en la Reforma Constitucional de 1994 y que, en materia de derechos humanos, nos presenta como un país muy prestigioso internacionalmente.
Y en la estela que vamos dejando se van sumando todos los países de la periferia: algunos tardan más, otros menos, tienen más o menos posibilidades… Uruguay es un ejemplo. Lo fue Perú (en la condena a Alberto Fujimori), España.

Y en lo personal ¿qué significó esa experiencia?

En lo personal el juicio a las Juntas fue extraordinariamente importante. Cambió mi vida. Me devolvió la fe en la democracia. Me hizo reivindicar mucho la tarea de los organismos de Derechos Humanos. Me acercó mucho al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Cuando fui ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires inmediatamente convoqué al CELS. Tuvieron la puerta abierta para proponer, para investigar y les dije, Asuntos Internos no va a tener un solo secreto para ustedes. Y trabajaron adentro con una gran eficiencia y con un alto grado de responsabilidad. Eso me ayudó a llevar los derechos humanos a una institución apestada como era la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En fin, ganar en convicción y estar muy conforme. Para mí es lo mejor que hice en mi vida.

Algunos datos del Juicio:
-Los principales delitos investigados y juzgados fueron: homicidios, tormentos, privaciones ilegales de la libertad (secuestros) y robos efectuados por los militares.
-La desaparición forzada de personas no fue formalmente juzgada debido a que ese delito no estaba tipificado en el Código Penal argentino.
-Declararon 833 personas y se realizaron 78 audiencias. Para su cobertura fueron acreditados 672 periodistas.
-La Fiscalía presentó 670 casos para fundamentar su acusación. Fueron tomados de las denuncias registradas por la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).
-Las audiencias (de abril a mediados de agosto de 1985) fueron grabadas íntegramente en video por las cámaras de ATC (Argentina Televisora Color) pero sólo se permitió televisar tres minutos diarios de imágenes sin sonido. La única excepción fue la lectura de la sentencia: el día 9 de diciembre fue emitida en directo por todos los canales.
-En abril de 1988 (por temor a otros alzamientos militares) una copia de todo ese material grabado fue llevada secretamente a Oslo (Noruega). Fue depositado en el Parlamento en una sala blindada a prueba de explosiones atómicas.
-Las principales condenas fueron para Videla y Massera: reclusión perpetua; Viola: diecisiete años; Lambruschini: ocho años; Agosti cuatro años y seis meses de prisión.

Notas

Nota al pie 1: Fueron procesados los generales Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri; los almirantes Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini y Jorge Isaac Anaya y los brigadieres Orlando Ramón Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo.
Nota al pie 2: Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo (como fiscal adjunto).
Nota al pie 3: Se refiere a los abogados vinculados a la SADEF (Sociedad Argentina de Estudios Filosóficos) integrada por Jaime Malamud, Carlos Nino, Genaro Carrió y Martín Farrel. Los dos primeros serían asesores del presidente Alfonsín en el área de derechos humanos. Carrió sería miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 1983 y 1985.
Nota al pie 4: El Decreto 157/83 declaraba la necesidad de promover la persecución penal con relación a hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973 por actividades ilegales. El 158/83 establecía someter a Juicio sumario ante el Consejo Supremo de las FF.AA. a los integrantes de las tres Juntas militares.