¿Qué memoria? ¿Memoria de qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria del terrorismo de Estado? ¿Qué se quiere trasmitir? ¿La dimensión de la represión, el dolor de las víctimas? ¿Sus valores? ¿Los proyectos militantes de los desaparecidos?  ¿Se trata de memorias, en plural? ¿Cuáles serían los consensos y las líneas de ruptura? ¿Podrían las memorias articularse en un relato? Son éstos sólo algunos de los interrogantes, que se reiteran a la hora de plantearse qué se evoca,  se representa, se trasmite.

En una etapa en que las banderas históricas de Memoria, Verdad y Justicia han sido retomadas por el Estado y sus políticas públicas, se requiere de modo ineludible profundizar debates, abrir otros nuevos y ampliarlos a la participación de la sociedad. Y saber donde estamos parados: qué hemos ido construyendo, cuáles son los dilemas,  donde están nuestros “agujeros negros” y qué mojones han quedado plantados.

En la primera parte de este trabajo (Construir memoria: pluralidad y contraposiciones) intentaremos delinear algunas aproximaciones al esbozo de ese cuadro, tomando en cuenta las disputas entre distintas memorias y su contraposición  frontal con la memoria de la derecha. 

En la segunda  (La politización de la figura de  los desaparecidos. Avances y límites) se explorará su recorrido buscando detectar los cambios,  problemas y dificultades que aparecen a la hora de plantearse cómo se los representa en tanto victimas militantes.

En ambos desarrollos se atiende especialmente a los efectos y secuelas  de la dictadura (a través del vaciamiento des-historizante  y del terror) sobre visiones y caracterizaciones cruciales en la memoria de nuestro pasado reciente (los desaparecidos,  la violencia, la sociedad movilizada de entonces, entre otros). Se trata de enfatizar la necesidad de focalizar las cuestiones no abordadas (por la dificultad social para hacerlo e incluso por impedimentos  de quienes trabajamos específicamente en construcción de memoria) procurando traer al presente el complejo cuadro histórico y social que enmarcó la etapa previa al golpe del 76.

 1) En Argentina, la memoria del terrorismo de Estado, signada por la desaparición,  se forjó en el deseo de  Nunca Más, aferrada a la esperanza de que la fuerza ética del recuerdo colectivo de crímenes que lesionaron la condición humana fijara un punto de no retroceso, una barrera a la posibilidad de reiteración.

La obligación moral de recordar para evocar algo monstruoso que no debe reiterarse (tal como se lee en el juicio a Eichmann)  parece haber imbuido  fuertemente a la memoria que aquí se fue gestando, una memoria como límite, que gira sobre el no olvido de los crímenes y de sus víctimas y sobre la demanda de justicia (que en nuestro país es notoriamente fuerte).

Sin embargo, aun con esta impronta fundacional, con el lugar clave que ocupan el dolor por las víctimas y el castigo a los culpables, la irrupción del debate entre las distintas memorias acerca de las condiciones en las  cuales fue posible el terrorismo de Estado incorporó nuevos elementos –las luchas sociales y políticas previas, la militancia de los desaparecidos- que arrancaron al puro dolor la exclusividad de núcleo del recuerdo. 

 En otras palabras, ante la necesidad de conocer, de contar con  narrativas que ayudaran a entender lo ocurrido, el deber de memoria y el derecho a ejercerla se instalaron en una inestable coexistencia.

2 ) “Toda memoria es una construcción de memoria: qué se recuerda, qué se olvida y qué sentidos se les otorga a los recuerdos no es algo que esté implícito en el curso de los acontecimientos  sino que obedece a una selección con implicancias éticas y políticas”, sostienen Alejandra Oberti y Roberto Pittaluga”^[1]

La memoria pública sobre terrorismo de Estado es una memoria en construcción. Su “piso”, legitimado por el consenso tácito que registra en amplios sectores sociales de Argentina, es contundente: la preservación y transmisión de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado, de los crímenes de lesa humanidad cometidos, de los nombres e historias de sus víctimas, asociados todos esos hechos al  imperativo de justicia que cae sobre los perpetradores, en aras de que no se repliquen en un presente fundado en los valores democráticos y  los derechos humanos.  

Desde este discurso, cuyo núcleo duro es la centralidad del repudio al terror estatal y la afirmación de la democracia,  se abren “memorias” diferenciadas al desarrollar temas que presentan disímiles interpretaciones según los sentidos que se les asignen. 

 3) Uno de los debates más frecuentes que se plantea dentro de este campo es el correspondiente  a la evaluación  del rol jugado por  la violencia política y el  accionar de las organizaciones armadas.  La  reinvindicación o no de sus proyectos y prácticas (que incluyen tanto la opción por la violencia como los operativos realizados,  cuestiones objeto de un balance político en buena medida pendiente) aparecen como eje de disputas entre memorias en conflicto.

 No es una cuestión menor, ni mucho menos, a la hora de diseñar las políticas públicas de memoria.  ¿Cómo representar a las victimas?  ¿Qué memoria se quiere trasmitir a las generaciones venideras sobre los desaparecidos, en su gran mayoría militantes?

¿Qué evoca la figura del desaparecido en la memoria colectiva? El núcleo duro que aglutina el recuerdo sigue siendo su condición de víctima de un poder que, pretendiendo ser absoluto, arrasó la propia condición humana.  Una imagen que nutre en vastos sectores el deseo de justicia y “nunca mas” a la vez que instituye al  ¿cómo fue posible? en “el”  interrogante crucial.

Se ha dicho que las victimas generan consensos, no así los combatientes. Los desaparecidos parecen estar a mitad de camino. Mayoritariamente fueron militantes con la Revolución como norte de sus días, a quienes, ya en curso la derrota, el poder exterminó a través de la violación más flagrante de los derechos humanos que registra nuestra historia. Su responsabilidad en la violencia insurgente de un tiempo de altas confrontaciones –aun pasible de crítica y cuestionamientos- es inequiparable a la violencia exterminadora llevada adelante por los perpetradores del genocidio.

¿Cómo lograr que la memoria de lo ocurrido rescate la dimensión ética de los desaparecidos sin despolitizarlos? Y, a la vez,  ¿cómo conseguir que  se los recuerde no sólo por el sufrimiento y el calvario de ser víctimas y por la dimensión ética de jugar su vida a los “ideales” sino por haber sido los protagonistas- primero derrotados políticamente  y luego exterminados- de un fortísimo intento de transformación social?

Joseph Yerushalmi  ha señalado que sólo se trasmite efectivamente aquello que puede reintegrase en un sistema de valores, conformando así  una perspectiva de futuro que está sustentada y legitimada por el pasado construido. Una memoria de los desaparecidos que los recupere como militantes que dedicaron su vida  al logro de una  sociedad justa e igualitaria (afirmación con buen nivel de acuerdo básico pero que reclama precisiones )  es compatible con varias narrativas : la que los idealiza y transforma en héroes inalcanzables, la que en la misma línea reinvindica políticamente sus proyectos de entonces, la que no se detiene en éstos ni en sus  prácticas sino que acentúa sus valores personales -generosidad, entrega, opción por la justicia y la equidad-, la que se plantea una  aproximación crítica a sus prácticas  militantes que cuestione incluso sus supuestos e implicancias políticas. Se trata de un debate en curso. No pocos sostienen que es esta última opción –descarnada, politizada, polémica- la que ofrece la posibilidad de rescatar hacia el futuro la implicación en cambiar la sociedad que marcó a la generación militante, mientras, por el contrario, la reinvindicación en bloque que levanta acríticamente  sus  proyectos y prácticas conduciría  a esa mistificación heroizante que, en palabras de Jacques Hassoun, impide toda posibilidad de transmisión.

Construir memoria supone avanzar en la resolución de estos dilemas, lo cual se vincula con otras cuestiones: quiénes son los destinatarios, cuál la relación con el presente, qué pasado –o qué dimensión de éste- constituye la narración a trasmitir. Pilar Calveiro subraya la necesidad de  recuperar “las claves de sentido” a la hora de hacer memoria. . “La conexión entre el sentido que el pasado tuvo para sus actores  y el que tiene  para los desafíos del presente es lo que permite que la memoria sea una memoria fiel”. No la hay si se les quita a los hechos del pasado ese  sentido que tuvieron. Sería lo que sucede, dice, con la idealización de la militancia de los 70, que hace una sustracción de la política. “Esa idealización  congela la memoria, la ocluye, la cierra, no permite el procesamiento, lo obstruye”, subraya. Se requiere, desde esta mirada,  poder afrontar el pasado convulsionado en que está inmersa la violencia política y hacerlo en relación con los objetivos, valores y acciones de quienes los protagonizaron.

 4) Las memorias de las que venimos hablando -diferenciadas pero que comparten un denominador común-  se  contraponen frontalmente con  la  esgrimida por  los sectores de derecha , cuyo núcleo duro es justificar la represión llevada adelante por las Fuerzas Armadas en la necesidad imperiosa de “derrotar a la subversión”.

La memoria de la derecha, acotada en argumentos y al principio manifestada públicamente en los actos u homenajes convocantes de  militares retirados y sus familias avanzó en exposición a partir de la presidencia de Néstor Kirchner luego de que el ex mandatario anunciara la recuperación de la ESMA y la decisión de castigar judicialmente al terrorismo de Estado.

Se trata del discurso de la dictadura, de los comandantes juzgados y condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 por los crímenes de lesa humanidad cometidos. Es un relato que los presenta como víctimas de la agresión sufrida a manos de las “bandas terroristas armadas” y como cruzados obligados a librar una guerra no convencional que, por necesaria para salvar a la sociedad, no admite revisión ni juzgamiento alguno. De este modo justifican la acción represiva a la vez que buscan eludir  su responsabilidad directa en la sistemática violación de los derechos humanos encubierta  genéricamente como “efecto propio de toda guerra”, en este caso de la “guerra contra la subversión”.

Esta  memoria pretende instituirse como la “memoria completa”, pivoteando sobre un permanente señalamiento acerca del escamoteo y falseamiento de la verdad que caracterizaría a la “memoria oficial”, es decir a la versión de la historia que,  con eje en la condena al  terrorismo de estado, sustenta  las actuales políticas públicas de memoria. Ante la supuesta falsificación de lo ocurrido en el país que expresarían “la media memoria”, la “memoria hemipléjica ” y otras denominaciones similares , la derecha reinvindica esta “memoria completa” que repondría  “toda la verdad” al incorporar “la otra parte de la historia”· ^[2]

Aunque en los tiempos que corren estas invocaciones han  adquirido mayor visibilidad, ya estaban muy presentes en el discurso  “clásico” de los cuadros militares de la represión, como el  ex del general Ramón Genaro Díaz Bessone cuando en 1986 acusaba a la subversión y a ciertos “nefastos intereses  políticos” de procurar “deformar y falsear la verdad” de la guerra que habrían desatado^[3] . En la misma senda se inscriben 21 años después las palabras del ex General Domingo Bussi al ser juzgado en la ciudad de Tucumán quien, además, suma enfáticamente su condición de víctima :” Soy un perseguido por los derrotados de ayer en la guerra justa y necesaria y en las urnas tucumanas, hoy encumbrados –ebrios de rencor y de venganza- en los mas altos cargos del gobierno nacional y provincia...”).^[4]

Como puede observarse, este discurso justificador, que en las antípodas del más leve arrepentimiento ni siquiera admite la comisión de crímenes de cuya existencia y atrocidad sin límites nadie duda en Argentina , ha incorporado progresivamente una variante que refuerza  su victimización . Los ejecutores del terrorismo de Estado son presentados como los agredidos  de ayer  (“al igual que la sociedad”) y  como  los perseguidos de hoy en tanto protagonistas/ depositarios de la verdad que se buscaría  ocultar. A la vez, esta  pretendida “memoria completa” - al tiempo que elude toda referencia a los crímenes de la represión ilegal,  ignora la violencia antipopular que la precedió y despoja a los hechos de su historia política y social- elige ciertos operativos guerrilleros, especialmente algunos previos al golpe de 1976, cuyas características reales o supuestas los harían pretendidamente equiparables a los crímenes del terrorismo estatal. ´

El historiador Federico Lorenz ha subrayado críticamente que la “vulgata procesista” (que en su opinión circula eficazmente como memoria subterránea) se ha montado sobre el silencio de la izquierdas y del movimiento de derechos humanos acerca de este tipo de acciones armadas^[5] . Alguna relación podría pensarse entre esta afirmación  y el reclamo del secretario de la Confederación General del Trabajo próxima al gobierno,  Hugo Moyano,  de juzgar a quienes hayan participado en la muerte a manos de Montoneros del dirigente gremial  José Ignacio Rucci  (producida hace 35 años).  Más allá de que esa actitud de Moyano pueda atribuirse a  factores políticos coyunturales, no es descartable que su  planteo indique la persistencia de temas importantes de los años 70 aun no saldados ^[6] .

Se trata de cuestiones que deben ser afrontadas, y no con mea culpas ocasionales sino profundizando los análisis críticos y los balances de la militancia de los años sesenta y setenta y restituyendo a los hechos de entonces la significaciones históricas y políticas de las que fueron privados.

Por otra parte, de ningún modo parece estar en discusión el aval de la mayor parte de la sociedad a que los represores sean juzgados y encarcelados, (independientemente  de la militancia insurgente de sus víctimas). Tampoco hay dudas de que ese consenso tácito alberga  visiones muy diferenciadas respecto de la violencia política setentista. La primera constatación pulveriza el núcleo duro de la pretendida “memoria completa” (la justificación del terrorismo estatal para derrotar a la subversión). La segunda deja planteada la necesidad de avanzar en la  construcción de una  memoria que aborde aquello de “lo que no se habla” y que, si queda en el aire, no sólo es usado por la derecha sino que obtura la comprensión  del proceso histórico en el cual se generó.

5) En realidad, la sociedad argentina se debe un debate a fondo sobre su historia reciente, en especial acerca de la una etapa  cuyo análisis aparece tan imprescindible como dificultoso, al menos para quienes lo vivieron, la etapa que, precisamente, es el referente obligado de la violencia política : los años de represión y políticas antipopulares abiertos por el golpe militar que derribó al gobierno de Juan Perón en 1955, y que través de resistencia, luchas y organización crecientes culminarían en la radicalizada movilización social política y social de 1972- 1974. “Construir los relatos de ese tiempo de revolución  sus perspectivas, interpretaciones, respaldos populares, errores, mendicidades, dogmáticas iluministas, aberrantes militarismos- exige sin duda una gran altura del campo intelectual frente al difícil reto de un pasado de final atroz”, ha enfatizado Nicolás Casullo^[7] , desde cuya mirada el vaciamiento político del pasado efectuado por la dictadura se expresa con nitidez en la memoria completa. “Es la idea  de consumar este relato del borramiento o de in-historia, con una síntesis que sentencie cómo dos aparatos terroristas se mataron en una guerra de cinco o seis años que sucedió en algún lado extrafrontera de la sociedad, y que no respondía a una extensa crónica argentina de brutal violencia antipopular”.

Ante el alto nivel que desde fines de la década del sesenta alcanzaron las movilización y la organización social-incluida la actividad de grupos insurgentes- los sectores del poder dominante, a través de las Fuerzas Armadas,  optaron por la más radical de las  propuestas emergentes de la “doctrina de seguridad nacional”. Con el golpe militar de 1976 montaron el dispositivo armado clandestino que implementó el terror desde el aparato del Estado en la más brutal represión desatada sobre la sociedad argentina.

 Liquidar las conquistas de casi medio siglo de luchas populares, quebrar los núcleos de viejas y nuevas resistencias , disciplinar a esa sociedad díscola y revuelta y salvarla  del “terrorismo apátrida” exigía una operación de “cirugía mayor” : vaciar política y simbólicamente toda una historia de organización y lucha y arrasar las organizaciones populares –armadas o no- eliminando a los subversivos, los cómplices, los sospechados, los indiferentes, en fin, al “enemigo terrorista”.

 “La desaparición de personas exigió una previa desaparición narrativa de la historia que ellas habitaban. El desaparecido es una figura que se sustenta en la operatoria concreta que lo arrebata, en un espacio ya previamente extirpado de la memoria política: la historia que lo contuvo. Se buscó deslegitimar los referentes y las lógicas de una historia extensa de conflictos, actores mayoritarios e ideas nacionales. Estado militar frente al terrorismo fue la trama única y a-historiadora en este borramiento amedrentador de mundos simbólicos e identidades. …”, ha señalado Casullo.

Paradójicamente fue la propia estrategia de “desaparecer” a sus víctimas usada por las Fuerzas Armadas para borrar toda posibilidad de memoria,  la que generó lo contrario a este objetivo. El  ¿dónde están? implacable que esgrimieron madres y familiares de las víctimas alumbró un fenómeno de resistencia al poder cuyo empecinamiento y dimensión ética,  fundantes de la conformación del Movimiento de Derechos Humanos,  marcaron un antes y un después en la lucha contra la dictadura.

La figura del desaparecido que el poder destinó a la nada (“el desaparecido, en tanto esté como tal es una incógnita….no tiene entidad, no está muerto ni vivo”, decía el general Videla^[8], logró instalarse en la escena pública actualizando el reclamo sobre el esclarecimiento de los hechos, la verdad sobre el destino de los cuerpos y el castigo a los culpables, constituyéndose en núcleo movilizador de todas las  batallas por la memoria, la verdad y la justicia que se libran desde hace mas de treinta años.

 El Movimiento de Derechos Humanos se transformó en el referente ético de la sociedad y desempeñó un papel central tanto en la lucha contra la dictadura como en la transición democrática.  Su consolidación se dio al ritmo de las luchas que generaba al tiempo que “hacía visible” lo que no lo era (no sólo por la clandestinidad de los operativos sino por la “naturalización” del terror oficial y sus efectos).

El andar que hace caminos 

La construcción de la memoria comenzó con los primeros reclamos. Muy sucintamente, es posible detectar tres etapas en este recorrido.

La primera -focalizada en la denuncia de la represión estatal a través de la visibilización de los desaparecidos  y  la demanda de justicia y protagonizada centralmente por los familiares de las víctimas- se extiende desde el período dictatorial hasta la sanción de las leyes de  impunidad.

La profusión de denuncias, el reclamo de “aparición con vida”, los nombres y fotos de los desaparecidos, la multiplicación de sus siluetas, de sus historias familiares fueron en una primera etapa acciones que al afirmar la existencia que se les negaba sostuvieron la memoria contra el olvido. ^[9]  

Ya en democracia, el Juicio a las Juntas Militares, con la divulgación de la acción represiva al conjunto de la sociedad instaló la represión estatal en el centro de la escena y, en plena vigencia de la “teoría de los dos demonios” condenó a los comandantes de las Fuerzas Armadas por la ejecución de un plan represivo sistemático que supuso la comisión de crímenes que lesionan la condición humana. 

En la segunda etapa, que se extiende a lo largo del período de impunidad, los organismos de derechos humanos sumaron la bandera de “memoria” a las de  “verdad y justicia”. El período está jalonado por las mas diversas formas de resistencia : juicios por la verdad y en el exterior,  “explosión de memoria” a partir del  20 aniversario del golpe militar (con profusión de abordajes diversos  de la historia política y militante de los  desaparecidos), primeros debates sobre políticas de memoria, complejización del trabajo de construcción de memoria ^[10] y asunción de éste como  tarea específica  por los organismos de derechos humanos, primeras intervenciones estatales en esos proyectos, surgimiento de la agrupación “Hijos” y de nucleamientos de ex militantes. 

En 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner se abre la tercera etapa, que llega hasta la actualidad. Con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia como políticas públicas se producen gestos de alto nivel simbólico (como, entre otras, la  recuperación de la ESMA), se intensifican las tareas de construcción de memoria, se reinvindica la militancia setentista y , tras la derogación de las leyes de impunidad se reanudan los juicios a los represores. Esto provoca la  reacción de sectores militares y de la derecha política expresada en dilatación y trabas en el aparato judicial, secuestro y desaparición del testigo Julio López, otros operativos de coacción y amenazas, insistencia en el juzgamiento de los partícipes en acciones guerrilleras.

Desaparecidos: de “víctimas inocentes” a sujetos activos  

La imagen pública de los desaparecidos sufrió modificaciones en el derrotero de la memoria. De la despolitización inicial –sintetizada en la doctrina de las “victimas inocentes”- fueron transitando a  su caracterización actual como sujetos activos, en su mayoría militantes. Los cambios, producidos especialmente en la segunda de las etapas que hemos consignado,  son representativos de una memoria que ha ido avanzando en la recuperación de lo político. Entendemos que este fenómeno, de indudable importancia, debe avanzar y profundizarse de modo que los grandes temas aun sin abordar no obturen la comprensión de una etapa histórica de fuerte incidencia en el presente.

- La inicial sustracción de la política fue la ejecutada por la dictadura. En el discurso desplegado por las  Fuerzas Armadas, el desaparecido, despojado de toda referencia a  una historia política y social anterior,  también desaparecida, no era un actor político, a lo sumo un elemento extraño y dañino que debía sacado del medio, eliminado. Lo sustancial de esta prédica vaciadora  -que giraba sobre la imperiosa necesidad de la “lucha común”  (de las Fuerzas Armadas y sociedad) contra la subversión- subsistió no sólo durante la etapa dictatorial sino también en la  transición democrática. Claro que ya desde fines de la dictadura, ante el crecimiento de la denuncia del terrorismo de  Estado esgrimida  por el movimiento de derechos humanos, ese discurso fue perdiendo su predominio. Sin embargo, interesa destacar que su desplazamiento no obedeció  a un debate que desarticulara la argumentación “procesista”. Todo indica que, en ciertos aspectos, ambos discursos circularon  por carriles paralelos intentando lograr los objetivos propios pero sin cruzarse polémicamente. Nicolás Casullo afirma que la democracia política asumió la mayor parte el vaciamiento del pasado impuesto por el discurso dictatorial. ”Se dio la paradoja de que la consistencia de la lucha por la memoria no quebró lo fundamental de la compaginación narrativa de la dictadura en cuanto a releer  la violencia desde un corte des-historizante  y despolitizador de los años de lucha social…”, señala.

- Que la estrategia del movimiento de derechos humanos haya sido poner todo el esfuerzo en la denuncia y condena a la represión estatal y optar por no rebatir uno de los ejes básicos del discurso dictatorial- la visión des-historizada de la violencia-  (lo que seguramente se explica por razones de peso que no profundizaremos ahora) no puede desvincularse de fenómenos característicos del período de la  transición como la hegemonía de la teoría de los demonios (el “subversivo”, ya instalado, y el “militar”, de cuño reciente) ^[11] y de la doctrina de las “víctimas inocentes” (es decir “inocentes de subversión”). 

Esa estrategia, junto con las condiciones de la resistencia en tiempos de terror (al principio algunos grupos de madres no aludían al compromiso militante de sus hijos, convencidas de que caracterizarlos de ese modo podría perjudicarlos, sobre todo si se los consideraba “subversivos”) y a las decisiones  orientadas por las eventuales acciones judiciales contra los represores ( que priorizaban la insistencia en sus crímenes sobre la explicitación  de la trayectoria política de sus víctimas) explican la despolitización de la figura del  desaparecido  (desprovisto de su militancia) y la vigencia de su imagen como “víctima inocente” en las primeras luchas por la memoria.

- En 1995 /96 -plena etapa de impunidad- en vísperas del XX aniversario del golpe de Estado de 1976 ( y tras la declaraciones sobre los vuelos de la muerte hechas por el marino Adolfo Scilingo)  se produjo a lo largo del territorio nacional una fuerte “ola de memoria” que incluyó grandes movilizaciones encabezadas por los organismos de derechos humanos y multitud de organismos sociales, una enorme variedad de actos recordatorios y  homenajes a los desparecidos, elaboración de listados con sus nombres por comisiones barriales, sindicales, educativas y  profesionales, y  numerosas  producciones fílmicas y  editoriales que con alta repercusión en el público abordaron la historia política y militante de los  desaparecidos.

Esta restitución de la militancia a la imagen del desaparecido se vio reforzada por el  ingreso a la  escena pública de los hijos de las víctimas con el surgimiento de la  agrupación HIJOS  y  la voz de antiguos militantes (ex presos, exiliados, sobrevivientes de los centros clandestinos) que a través de testimonios dieron cuenta de sus experiencias.  Las indagaciones y debates sobre el tema e incluso el  planteo crítico de la propia narrativa  que lo trataba se multiplicaron y multiplican hasta hoy.

La etapa abierta en 2003 incluyó ya desde las primeras expresiones del presidente Kirchner la reivindicación de la militancia setentista y de los ideales de trasformación social de los sectores juveniles de entonces. . “Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias; me sumé  a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada”, afirmó Néstor Kirchner al asumir frente a la Asamblea legislativa el 25 de mayo de 2003, en un discurso inesperado para la mayoría, cuyos contenidos básicos ratificó posteriormente en varias ocasiones ^[12] .  Esta postura, irritante para la derecha, fue y sigue siendo esa suerte de  “gran paraguas” bajo el que se profundizan las distintas y controvertidas lecturas y visiones  -críticas o no-  de la militancia de los desaparecidos por el terrorismo de  Estado. 

- El pasaje de la caracterización despolitizada de los desaparecidos a su reconocimiento como sujetos activos y autónomos que luchaban por cambiar el modelo de sociedad, como militantes con ideales, historia y fuerte compromiso,  es importante por varias razones: 

•  A la desaparición de los cuerpos y nombres de las víctimas, la sustracción de su militancia sumaba el intento de borrar hasta la memoria de una identidad política que sustentó y dio sentido a su historia vital. Es una razón de verdad y de justicia.
•  La concepción  anterior posibilitaba que los “no inocentes”, es decir los  militantes, pudiesen aparecer como  “merecedores” de la metodología criminal implementada por los represores. “Un riesgo implícito de esta versión era que al ser imposible considerar inocente a quienes tenían una reconocida militancia,  cierto sentido común reaccionario podía llegar a sostener que en estos casos -los de quienes algo habrían hecho- resultara menos condenable el secuestro, la muerte y la tortura”, ha señalado Eduardo Jozami ^[13]
• La cuestión incide directamente en el debate sobre los contenidos del pasado reciente, es decir acerca de qué memoria se trasmite . Refiriéndose a que “la mayoría de los desaparecidos eran militantes”, dice Pilar Calveiro: “Lo cierto es que el fenómeno de los desaparecidos no es el de la masacre de ‘víctimas inocentes’ sino el del asesinato y el intento de desaparición y desintegración total de una forma de resistencia y oposición: la lucha armada y las concepciones populistas radicales dentro del peronismo y la izquierda”^[14]. 

La recuperación militante de los desaparecidos abrió la posibilidad de reinstalar la política tanto en sus figuras como en el relato de una historia de años de luchas en pos de la transformación de la sociedad que, precisamente fue el marco que dio sentido a sus prácticas. Sin embargo, la reinserción de esta etapa  en el trabajo de memoria continúa siendo una tarea pendiente, en línea con la gran dificultad de la sociedad para reconocerse en ese período histórico.

•  La politización de la imagen del desparecido (y de las consiguientes “memorias”) presenta aun algunos límites no subestimables. No sólo se avanzó menos de lo deseable en la profundización de  las prácticas políticas de la militancia  -armada y no armada- de la izquierda y el peronismo radicalizado sino que entre quienes trabajan sistemáticamente en construcción de memoria el reconocimiento político de los desaparecidos presenta desniveles y disimilitudes: sigue siendo frecuente que algunos lo limiten a la atribución de los valores solidarios que aquellas prácticas implicaban a la reinvindicación enunciativa de su “proyecto de país” sin la menor complejización o aproximación crítica. Estos rasgos, sumados a los impedimentos que aparecen  para adentrarnos como sociedad en esa etapa  parecen indicar que,  más allá de los importantes cambios registrados, persiste un déficit de politización en la memoria de lo ocurrido

Represión y  transformación social: los relatos ausentes

A esta altura está claro que la despolitización des-historizante refuerza la no visibilización del notable proceso  social de participación y radicalización política previo al golpe militar  que se desarrollaba desde  la década del 60, y elude así iluminar uno de los objetivos básicos de la represión ilegal estatal :  aplastar cualquier posibilidad  de transformación de la sociedad y disciplinarla por el terror. “La  ESMA – ha señalado Martin Gras- no era una máquina de matar, era una máquina de terror que funcionaba con muertos…”

Los efectos del vaciamiento simbólico y político inherente al discurso militar que bombardeó a la sociedad no pueden ser subestimados. Un aspecto clave de la “teoría de los demonios” es el rol que ésta asigna a la sociedad de la época. La mencionada teoría leía lo ocurrido como producto de la lucha entre dos aparatos militares (las Fuerzas Armadas y las organizaciones guerrilleras) librada  ante una sociedad ajena y tan “inocente” como “la  mayoría de las víctimas”. Si resulta inaceptable la equiparación el accionar de la guerrilla al de quienes dispusieron del aparato del Estado para planificar y ejecutar una política masiva de exterminio,  tampoco resiste el análisis ubicar como espectadora a una sociedad a la que se exculpa de toda responsabilidad y protagonismo. Cuando no fue así: el poder económico, la Iglesia, los partidos políticos y vastos sectores sociales  tuvieron frente al golpe militar posturas que abarcaron desde el  pleno apoyo hasta la  aceptación pasiva, en tanto la propia guerrilla y los grupos radicalizados contaron en los años 60 y primeros 70 con un considerable respaldo popular.

Un indicador acerca de esta última afirmación es la que surge al  indagar sobre la composición y actividad de los integrantes de las organizaciones “político militares” y su grado de inserción en las luchas sociales de  entonces. Al menos  en el caso de “Montoneros”, la mayoría estaba formada por militantes incorporados a los niveles orgánicos medios y bajos y a una periferia integrada en buena medida por activistas barriales, villeros, sindicales y estudiantiles de escasa práctica militar pero de alta participación política en los años anteriores. Esto habla de una relación compleja entre los grupos insurgentes y los sectores más movilizados de la sociedad  que da cuentas del vasto desarrollo político alcanzado por dichos grupos y del estrecho vínculo  que en su momento tuvieron con el alto nivel que alcanzaron las luchas populares.^[15]

Está claro que la sociedad no fue neutral y ajena. Ni ante el golpe y la represión ni durante el in crescendo de las luchas populares registrado en Argentina a partir de 1955 y que incluyó un período de muy amplia movilización que en los primeros setenta fue vivida como revolucionaria por no pocos nucleamientos  políticos y sociales. Sin embargo, hay sectores de la sociedad que no reconocen sus antiguos entusiasmos, implicaciones, condescendencias. Parecen haberse convencido que siempre la “vieron desde afuera”, lo cual no puede atribuirse exclusivamente a “los dos demonios” sino que ayuda a entender la vigencia de esta ‘teoría’.  Es que una etapa convulsa y apasionada que termina de la peor manera, con la derrota política y la masacre de miles de personas no puede sino anonadar a la sociedad.  Si, además,  no se le encuentra sentido a ese pasado, si éste aparece como inenarrable (por imposible de ser entendido) ¿cómo evitar la desmemoria social , el recuerdo más que selectivo y ¿porqué no? la distancia ante cualquier  tentación transformadora? Ese también fue un objetivo buscado. Por eso, construir las narrativas negadas de ese pasado tumultuoso y trágico puede contribuir interrogarlo, y quizás aproximarse a explicarlo.

Periodista. Ex-detenida en la ESMA