Los debates sobre los impactos de la dictadura sobre la ciudad de Buenos Aires ocupan por primera vez un espacio central en la agenda de las conmemoraciones por los 40 años del golpe del 24 de marzo de 1976. En este marco se están definiendo y discutiendo, por ejemplo, los sustentos ideológicos que guiaron al municipio, las formas asumidas por el despliegue de la violencia estatal sobre la ciudad, o bien la relación entre intervenciones urbanas, medidas represivas y transformaciones económicas. Formular estos problemas, profundizándolos y situándolos en el centro del debate es un modo de iluminar aspectos escasamente explorados sobre el período más trágico del siglo XX en Argentina.

En el marco de las discusiones actuales sobre la ciudad en dictadura, este artículo presenta algunas de las intervenciones sobre las villas de Buenos Aires durante el período, considerando particularmente las formas asumidas por la violencia y los modos actuales de recordarla.

En 1983 Oscar Oszlak publicó un artículo en la revista Punto de Vista, que se volvió a publicar ese mismo año en la revista SCA, de la Sociedad Central de Arquitectos. El artículo, titulado Los sectores populares y el derecho al espacio urbano, planteó que una serie de medidas dispuestas por el gobierno militar habían tendido a expulsar de la ciudad a la población más pobre. Una de las principales medidas tomadas en este sentido fue, según el autor, la liberación de los alquileres, que aumentaron su valor al mismo tiempo que el nuevo Código de Edificación para la Capital Federal encarecía las unidades de vivienda. Mientras tanto, numerosos habitantes de la ciudad eran expulsados compulsivamente de los espacios que habitaban hasta ese momento, en el marco de la erradicación de villas; las expropiaciones por construcción de autopistas y la llamada “recuperación de espacios verdes”. Finalmente, la relocalización industrial trasladaba buena parte de las fuentes de trabajo fuera del espacio urbano.

En 1991, Oszlak publicó su libro Merecer la Ciudad, los Pobres y el Derecho al Espacio Urbano, donde recuperó y amplió su investigación sobre las intervenciones en la metrópoli de Buenos Aires durante el período 1976-1983. En este caso, el autor volvió a concluir que, más allá de las contradicciones que cruzan a todo Estado, las medidas tomadas en dictadura tendieron a negar el derecho al espacio urbano a sus habitantes más pobres.

En la actualidad, los problemas formulados tempranamente por Oszlak para pensar las transformaciones operadas sobre la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura, asumen una nueva centralidad entre las discusiones que, a escala internacional, se están planteando en torno al Derecho a la Ciudad.  Existen distintas interpretaciones sobre los alcances de este derecho, que van desde las perspectivas marxistas vinculadas con la ciudad como excedente en disputa, hasta enfoques más moderados. Más allá de estas diferencias, en líneas generales el Derecho a la Ciudad se vincula con el acceso universal a la salud, la educación, los espacios de recreación y los medios de transporte, que suelen concentrarse en las grandes ciudades. En este marco, la democratización del acceso al espacio urbano es defendido actualmente desde distintos ámbitos, en vistas a ampliar los términos en que fue planteado originalmente el derecho a la vivienda.   

Violencia legal, represión ilegal

En marzo de 1976 el General de Brigada Eduardo Alberto Crespi asumió la Intendencia Municipal de la Capital Federal. Pocos días después se designó como Intendente de la ciudad de Buenos Aires al Brigadier de la Fuerza Aérea Osavaldo Cacciatore, que había participado previamente en el intento de golpe de Estado liderado por Benjamín Menéndez en 1951 y en el bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de Junio de 1955. La intendencia de Cacciatore se extendió entre abril de 1976 y marzo de 1982, cuando fue reemplazado por el Dr. Guillermo del Cioppo, quien había dirigido hasta ese momento la Comisión Municipal de la Vivienda, organismo a cargo de la erradicación de villas más violenta y masiva en la historia de Buenos Aires.

La erradicación de villas implementada en la ciudad de Buenos Aires entre 1976 y 1983 alcanzó dimensiones inéditas en términos de población total desalojada, cantidad de casillas demolidas y superficie desocupada compulsivamente. A su vez, los operativos de desalojo estuvieron atravesados por una intensa violencia, enmarcada en un contexto dictatorial en el que las garantías constitucionales se encontraban severamente limitadas.

Sin embargo, esta violencia estuvo acompañada por una nutrida normativa que reglamentó los términos generales de la erradicación. Al mismo tiempo se desarrolló una campaña de prensa, que buscó legitimar y dar visibilidad a los operativos de desalojo, además de presentar los avances de la erradicación como una muestra de eficiencia del gobierno municipal. En este sentido la erradicación de villas se distingue de la represión ilegal implementada durante el mismo período: mientras la primera asumió un carácter ampliamente publicitado y acompañado por un número importante de disposiciones legales, la segunda se caracterizó por un sentido clandestino, cuyas evidencias solamente se dieron a conocer parcialmente una vez finalizado el período dictatorial. De todas maneras, parte de la violencia implementada durante los operativos de desalojo superó los términos, también violentos, de las disposiciones legales y la campaña de prensa que acompañaron a la erradicación.

Si las cronologías de la memoria no siempre coinciden con las periodizaciones oficiales, en la Villa 31 el inicio de la escalada represiva no suele asociarse con el 24 de marzo de 1976, sino con el 25 de marzo de 1974. Ese día fue asesinado Alberto Chejolán, habitante de la Villa 31 y militante del Movimiento Villero Peronista.  

El asesinato de Alberto Oscar Chejolán, de 34 años, tuvo lugar durante una marcha contra la erradicación que estaba implementando en ese momento el Ministerio de Bienestar Social y produjo un profundo desconcierto entre los pobladores de distintas villas, conmovidos por la magnitud de la represión desplegada bajo un gobierno democrático que contaba con un amplio apoyo en estos barrios.

En cuanto a la responsabilidad sobre el asesinato, el periodista y diputado por la Juventud Peronista Leonardo Bettanin, que había estado presente durante la movilización, vinculó la muerte de Chejolán con el ministro del Interior Benito Llambí y el subjefe de la Policía Federal, Comisario Mayor Alberto Villar.

Bettanin, junto con Miguel Zabala Rodriguez, leyó un mensaje ante la Cámara de Diputados, donde plantearon: “Se hace imprescindible una inmediata y profunda investigación de lo acaecido, para impedir que sigan actuando dentro de nuestro gobierno peronista funcionarios que aplican los mismos métodos que las dictaduras militares, que llevan a cumplir a la Policía Federal tareas similares a las que el pueblo repudió masivamente en las elecciones de 1973.”

El 11 de mayo de 1974, poco después de la muerte de Chejolán, fue asesinado, a los 43 años, el Padre Carlos Mugica. El asesinato de este cura emblemático, que actualmente constituye un símbolo de las luchas por la mejora y la urbanización de las villas, tuvo lugar poco después de que Mugica saliera de la Parroquia San Francisco Solano, donde había oficiado una misa vespertina. En estas circunstancias, el sacerdote recibió 15 impactos de ametralladora y fue trasladado inmediatamente al Hospital Salaberry, donde falleció cerca de las diez de la noche. El hecho violento causó un profundo dolor entre los pobladores de las villas porteñas, dando lugar a un multitudinario cortejo fúnebre donde asistieron alrededor de 5.000 personas, que acompañaron el féretro de Mugica desde la Capilla Cristo Obrero, situada en el sector Comunicaciones de la Villa 31, hasta el Cementerio de Recoleta.

Tras el asesinato de Mugica y Chejolan, la represión en las villas de Buenos se intensificó, alcanzando su auge a partir del golpe del 24 de marzo, cuando se desplegó sobre estos espacios de la ciudad una intensa represión selectiva, que tuvo como saldo trágico, la desaparición de numerosos referentes territoriales.

 A su vez, la erradicación masiva implementada en dictadura implicó la destrucción material de las mejoras desarrolladas colectivamente por los habitantes de las villas durante las décadas previas, como los postes de luz eléctrica, la traza de manzanas y avenidas, los centros de salud, las bombas de agua, las escuelas y distintos espacios de uso comunitario que rápidamente se transformaron en escombros, ante el avance de las topadoras. 

La memoria de la represión ilegal en las villas de Buenos Aires, se inscribe entre los cambios recientes en los modos de recordar los impactos de la violencia dictatorial en la ciudad. En el caso de Alberto Chejolán, a cuarenta años de su muerte se colocó una Baldosa por la Memoria en la intersección de la Avenida Leandro Alem y Bartolomé Mitre, el sitio donde tuvo lugar su asesinato.

A partir de ese momento, y recurriendo también a las marcas instauradas en la ciudad por medio de nuevas baldosas, otros nombres de víctimas de la represión ilegal empezaron a hacerse visibles más allá del ámbito de cada villa. Entre estos nombres, se puede mencionar por ejemplo el de Héctor Natalio Sobel, abogado y militante en la Villa 31, secuestrado el 20 de abril de 1976 en la calle Libertad 451, donde estaba ubicado su estudio jurídico.

En los últimos años, se fue ampliando la agenda de temas presentes en las conmemoraciones por cada aniversario del golpe del 24 de marzo. En este marco se incorporaron cuestiones como la complicidad empresarial en la violación de derechos humanos; los programas económicos de la dictadura o las formas asumidas por la violencia en los discursos oficiales. La investigación y el debate sobre estas cuestiones, tuvo implicancias simbólicas, al dar a conocer aspectos poco explorados sobre la dictadura, junto con consecuencias concretas, como el relevamiento de información clave en los juicios recientes contra responsables de la represión ilegal.

En este marco, las transformaciones urbanas en la agenda de las conmemoraciones por los 40 años del golpe, puede tener consecuencias similares, al incluir nuevos problemas para la investigación y el debate. Particularmente, indagar sobre las villas y sus habitantes durante el período, permite visibilizar aspectos silenciados del pasado reciente, dando lugar a posibles cambios en los modos de concebir la ciudad que habitamos.

 *Dra. en Historia – Universidad de Buenos Aires