Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) actualmente, la migración, “[que es] impulsada por las fuerzas de la globalización, los cambios demográficos, las persistentes disparidades en los salarios y las oportunidades de empleo, así como los conflictos y los desastres naturales, vuelve a cobrar importancia y se ha convertido en un aspecto significativo de la vida económica, social y política en un mundo en constante movimiento” (OIM, 2006). Esta definición de hace 10 años sintetiza los principales factores de las migraciones. En el 2015, como resultado de la guerra en Medio Oriente y la emergencia del Daesh, adquiere relevancia la migración que resulta de las guerras y los conflictos que hoy afectan principalmente a Europa. En este contexto, los desafíos prioritarios para los estados, las organizaciones regionales e internacionales, la sociedad civil y el sector privado se vinculan al abordaje de la movilidad laboral; del cambio medioambiental; de la situación migratoria irregular; de la gestión política de la migración; de la integración y de la vinculación entre migración y desarrollo (OIM, 2010) además de considerar las políticas de refugio que se adoptaron en cada país frente a la llegada de contingentes masivos de personas que escapan de la guerra, como Europa no vivía desde la segunda guerra mundial. 

La configuración actual de la migración internacional está sobredeterminada por una serie de dimensiones vinculadas al proceso de globalización. Por un lado, se relaciona con las tendencias de integración económica mundial, y por otro, expresa los procesos de inclusión y exclusión propios de la “sociedad global”. El teórico polaco Zygmunt Bauman (1999) ha sugerido que la globalización tiende a la creación de un “espacio mundial único”, caracterizado por intrincadas redes de intercambio e influencias recíprocas entre países y regiones. La sociedad actual, en esta perspectiva, se estructura crecientemente a partir de los llamados “espacios de flujos”, que incluyen desplazamientos globales de capitales: información, tecnología, conocimiento. No obstante, en lugar de promover un marco de igualdad social, la globalización ha generado nuevas formas de desigualdad. Según Bauman (2006) la propia dinámica de la descentralización económica transfronteriza ha conformado polos de inversiones, marginalizando ciertas regiones y favoreciendo otras. Este es el trasfondo en el que se enmarca el actual “fenómeno migratorio”. ¿Quiénes migran? ¿Desde y hacia dónde migran? ¿cómo lo hacen? y ¿por qué lo hacen?

En gran medida, el incremento de la migración internacional responde a las condiciones de desigualdad regional y social. La complejidad de la migración está íntimamente vinculada a los diferentes factores que la atraviesan y la promueven. Con respecto a los “factores de expulsión” (fuera de lo determinado por las guerras), se podrían mencionar entre los más preponderantes: la ausencia de oportunidades económicas y la falta de acceso al capital, al crédito y al financiamiento; y entre los “factores de atracción”: la disponibilidad de empleos, las oportunidades de movilidad económica y social ascendente. También es preciso resaltar que la migración internacional se vincula con la propia “tradición migratoria” y la existencia de redes de relaciones interpersonales en los países de destino. Es en ese sentido que, si bien se trata de un fenómeno esencialmente económico, la migración no puede ser explicada únicamente por la condición social del individuo o el entorno familiar al cual pertenece.

Según estimaciones de las Naciones Unidas, para 2013, la población migrante mundial se aproximaba a 234 millones de personas. Esto equivale a que poco más de 1 de cada 33 personas es migrante, es decir, el 3 por ciento de la población mundial. En cuanto a la distribución geográfica del fenómeno, la globalización ha contribuido en las últimas décadas en acrecentar las migraciones internacionales hacia las regiones más prósperas, las que representan más del 60 por ciento del flujo de recepción (mientras que en los 80 esa cifra no llegaba al 50 por ciento). Sin embargo, como consecuencia de la actual crisis financiera global y frente a las señales de agotamiento del equilibrio de un mundo dominado por la hegemonía estadounidense, habrá que estar atentos al desarrollo de esta tendencia en función de una potencial reestructuración capitalista.

El debate sobre la migración también tiene que enfocarse desde la necesidad de una rediscusión sobre las estrategias de desarrollo para los países pobres expulsores de población, de la mano de una –siempre pendiente- toma de posición por parte de las potencias centrales sobre sus responsabilidades en regular la inequidad global así como sobre sus capacidades reales de direccionar, con recursos concretos, la globalización hacia lógicas más equilibradas e incluyentes entre las naciones.

Las tendencias de regulación restrictiva de la migración en EE.UU y Europa son indicios precisos para analizar un tipo concreto de respuesta a estos cambios más generales de la migración en un mundo globalizado. Por su parte, América Latina ha comenzado a evidenciar una construcción regional favorable a un camino de mayor apertura, que tiene por delante el desafío de consolidar, tal como se ha avanzado en casos nacionales como Argentina, el reconocimiento de la migración como un derecho humano.

El "cierre" del mundo central

Actualmente, en los países centrales de destino migratorio puede registrarse una tendencia hacia la adopción de mecanismos crecientemente restrictivos en relación a la migración, caracterizada por políticas que empujan a miles de hombres y mujeres a vivir sin ciudadanía. Muchos estados de los países desarrollados han resuelto aumentar los dispositivos de control y sanción sobre la migración y se observan preocupantes medidas de recorte de derechos humanos con base en la nacionalidad o la condición migratoria de las personas.

Ante este escenario, ¿cómo se concilia el proceso de apertura global exigida por el mercado mundial dominante en los últimos 35 años con la conformación de nuevas lógicas de cierre en el mundo central? Este proceso habla sobre la contradicción entre la “libre circulación” de las mercancías y los capitales, y la circulación de las personas, tan necesarios para el intercambio planetario según los postulados del discurso de la globalización. Los cambios actuales en los modelos de acumulación de los países centrales ponen en riesgo la integración económica de amplios colectivos y niega el carácter convocante de la apertura europea de posguerra, construida alrededor de una fuerte receptividad de la migración internacional. De este modo, los migrantes se convierten hoy en variables de ajuste de las economías avanzadas, a través de un virtual “descarte” de los segmentos más precarios y desprotegidos del mundo laboral, cuyos efectos negativos recae en la vida concreta de miles de personas.

Europa y la emergencia de la xenofobia: ¿el fin de los sueños de integración?

La tendencia contra la migración al interior de las fronteras de Europa Occidental, particularmente agitada desde la inmigración masiva de los refugiados, se ha expresado años anteriores que pusieron en la escena la arbitrariedad de los límites de las “fronteras” de la inclusión y exclusión en tiempos de la crisis económica y el derrumbe del bienestarismo.

La llamada “Directiva de Retorno” (sancionada en 2008 en la Unión Europea), ha sido considerada por muchos expertos como “aberrante” y “discriminatoria”. Esta norma fija la detención de personas en situación migratoria irregular hasta 18 meses de duración en los Centros de Internación de Extranjeros mientras se tramita la deportación, establece que el trámite de las detenciones debe realizarse por vía ordinaria administrativa y no por orden judicial (sin fijarse ningún límite temporal para la confirmación judicial) y habilita la detención y expulsión de niños no acompañados por mayores. La directiva, a partir de la cual se avanzó en la armonización de las normas de detención y expulsión de migrantes en situación irregular en la Unión Europea- es el paradigma bajo el cual deben leerse los repliegues en materia de política migratoria en Europa Occidental. Ahora bien, este “nuevo espíritu” europeo desfavorable a la migración es también el que conduce a contradecir las reglas y procedimientos que la propia Europa Occidental había ya creado, incluso para sus países miembros comunitarios. Un breve repaso histórico es útil para situar los episodios recientes de la “cruzada antiinmigratoria” que incluye desde la expulsión por parte de Francia e Italia de una gran población de pueblos rom (o “gitanos”) a la construcción en 2012 en Grecia de un muro divisorio con su vecina Turquía.

Durante los años 80 dio en Europa un debate sobre el significado de la “libre circulación de personas”: para algunos estados-miembro, ésta debía aplicarse únicamente a los ciudadanos de la Unión Europea (mantener el control fronterizo para distinguir entre ciudadanos europeos y nacionales de otros países); otros estados-miembro, por el contrario, se mostraban a favor de una libre circulación para todos (suprimiendo esos controles). Al no resolverse este desacuerdo en el marco de la Comunidad Europea, un conjunto de países (Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos) decidieron crear en 1985 un territorio sin fronteras entre ellos, conocido como Espacio Schengen. El dispositivo central de esta política fue la supresión de las fronteras interiores entre los estados signatarios y la creación de una única frontera exterior con controles de entrada en el Espacio (además de normas comunes en materia de visado, derecho de asilo y control fronterizo externo). En mayo de 1999, con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam , firmado en 1997, este acuerdo de cooperación fue incorporado al marco jurídico e institucional de la Unión Europea. Desde aquel acuerdo entre cinco países, el espacio Schengen se ha extendido a casi todos los estados-miembros: Italia lo firmó en 1990; España y Portugal en 1991; Grecia en 1992; Austria en 1995, Dinamarca, Finlandia y Suecia en 1996; República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia en 2007, y finalmente Suiza –como estado asociado– lo hizo el 12 de diciembre de 2008. Ahora bien, no todos los países de la Unión participan plenamente del espacio Schengen: el Reino Unido e Irlanda “pueden participar en la totalidad o en parte de las disposiciones”, según el Protocolo adjunto al Tratado de Amsterdam. En los casos de Rumania, Bulgaria y Chipre, no participan debido a que todavía no reúnen las condiciones requeridas para su incorporación. Esto último es importante para dimensionar la intensidad que alcanzó la cruzada anti-inmigratoria a mediados de 2010. La especulación con ese plazo de “regularización de condiciones” permite entender por qué algunos estados avanzaron rápidamente en el desplazamiento compulsivo de pueblos rom o “gitanos” de sus territorios, provenientes en buena medida de aquellos dos países del este europeo, es decir, que eran ciudadanos europeos. Sólo en Francia unos 1.000 roms fueron repatriados a Rumania y Bulgaria, los que suman más de 8.000 rumanos y búlgaros durante  el 2010. La Comisión Europea (órgano ejecutivo permanente de la UE) viene evaluando positivamente el progreso de Rumania y Bulgaria para ingresar al espacio de libre circulación, pero en el fondo primará una decisión política. A pesar de que la Comisión ha rechazado los argumentos que giran en torno al supuesto “fracaso” de Rumania en integrar a los pueblos rom (y, en otras palabras, “dejarlos ir”) debe considerarse un impedimento a la incorporación del estado rumano al bloque. Y todavìa en 2016, Rumania espera su incorporación sin que se pueda todavía avizorar la llegada de esa resolución. 

El curso de los hechos no augura una tendencia reparadora para las víctimas de estas medidas restrictivas ni una revisión concreta de una política migratoria europea crecientemente excluyente. En el marco del inicio de las llamadas “revueltas árabes”, los presidentes de Italia y Francia coincidieron, ya en abril de 2011, que, dada la “emergencia migratoria” –debido a la llegada en aquel momento de, aproximadamente, 20 mil personas desde África del Norte a las costas italianas desde enero hasta abril de ese año–, sería necesario implementar una serie de reformas al Código de Fronteras de Schengen, en lo concerniente a la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea una vez que éstas han entrado a uno de sus países miembros. La “emergencia migratoria” fue un  tema recurrente en los últimos años donde los periódicos no dejaron de mostrar la serie de muertos  en el mar, en su tentativa por llegar a Europa. Esta situación  se agrava y se profundiza a fines del 2014 y el 2015 cuando la guerra de Siria y el Daesh., transforma la cuestión de “migrantes”, en un problema de “refugiados”.   

Como consecuencia de la guerra, la migración hacia Europa alcanzò niveles dramáticos. A fecha de 21 de diciembre de 2015, más de 1.006.000 personas habían entrado en Europa, de las cuales más de 942.400 habían solicitado asilo político. Por otra parte, 3406 personas habían muerto en el intento. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, expresó que se trata “de las mayores afluencias de refugiados en décadas» y enfatizó que se trata de «una crisis de refugiados, y no solo un fenómeno migratorio»

Pero si el tema del refugio es central en la elaboración de las políticas migratorias en Europa, las respuestas que están siendo elaboradas se inscriben en una continuidad de las políticas que ya estaban delineadas para la inmigración en general, en las últimas décadas.

Se impone aquí responder a una serie de interrogantes. ¿Qué ha llevado a Europa a mutar desde las políticas que décadas atrás promovían la integración de los migrantes con sus familias ya radicadas en los países receptores, hasta la expulsión de grupos enteros de extranjeros a los que se prohíbe incluso retornar? Las tensiones asociadas a la lógica de la globalización neoliberal que ha repercutido en una acentuación del declive del bienestarismo, se ha combinado con un incipiente discurso discriminatorio anclado en la re-constitución de lo “nacional”. Asimismo, sobre esta crisis incuban diversas propuestas de los sectores contrarios a la migración que expresan tendencias preocupantemente xenófobas.  Y aunque estas  tendencias xenófobas tienen una larga historia en Europa, en estos dos últimos años la cuestión “inmigrantes-refugiados” ha sido  particularmente instrumentada por las fuerzas opuestas a las polìticas de  integración. El tema de la integración de los refugiados está en permanente debate entre los miembros de la U.E. Los países más poderosos, hacia donde se dirigen la mayoría de migrantes, han exigido que la respuesta sea europea y que cada país absorba una quota de refugiados, lo que es particularmente resistido por otros países particularmente de Europa oriental. Hungría que se  ha lanzado a construir kilómetros de alambrada para impedir físicamente la llegada de inmigrantes y aplica penas de cárcel para quienes crucen la frontera ilegalmente), Eslovaquia que va a llevar incluso ante la Justicia el sistema de cuotas diseñado por la Comisión Europea (CE) para distribuir el peso de atender a quienes huyen de la pobreza o la guerra, junto a República Checa y Rumanía, son algunos de los socios de los Veintiocho que ya se han opuesto a un sistema que prevé distribuir 120.000 refugiados en los próximos dos años. Pero mas allá del discurso “integrador” que otros países despliegan, las medidas que restringen el ingreso de esos refugiados se han generalizado en casi todos ellos.

Entre las claves que obstaculizan poner un freno a estos procesos se encuentra, sin dudas, la incapacidad manifiesta de formular una alternativa de construcción de una “Europa Social”. Ésta supondría avanzar hacia un esquema de integración continental opuesto al paradigma actual dominante en la U.E., anclado en la dimensión económica-financiera. La agenda de reformas europeas, cuya necesidad se manifiesta con fuerza en esta época de profundización de la crisis financiera iniciada en el 2008, tiene por delante y reclama, el amplio desafío de constituir un entramado socio-jurídico, económico y político regional que oriente a Europa por el camino de la solidaridad y la reconstrucción de derechos.