En un hogar de clase media, a fines de 1983 o principios de 1984, hay un niño de unos 11 o 12 años parcialmente atento a lo que dice el noticiero televisivo. Acaso esté pensando en la tarea escolar, en verse con sus amigos, en jugar. Una información, finalmente, lo atrae por completo. Mira y escucha lo que parece ser el hallazgo de un cuerpo o de una fosa común quizá no tan lejos de su casa. Treinta y cinco años después el recuerdo de un niño en un día más de la rutina familiar puede desvanecerse casi por completo. Sin embargo, lo que lo mantuvo vigente tanto tiempo no fue la noticia televisiva sino el comentario que su padre hizo en ese momento. Dijo: “No es cierto. Ahí no pasaba nada”. Siete palabras que aquel niño guardó en su memoria y enseguida le hicieron sospechar: “¿Entonces él sabe dónde pasaban las cosas?”.

Pablo Verna es ese niño de principios de los años 80 y también el adulto que hoy, a los 46 años, sitúa aquella información periodística como el instante en que comenzó a generarse en su vida “un movimiento en la estructura” familiar. El momento en que se permitió pensar que su padre, “que aparentaba ser una buena persona, quizás no lo sea”.

Con esas afirmaciones llegó Pablo Verna el martes 2 de julio a los tribunales federales de San Martín para declarar ante los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y Alejandro de Korvez. Desde el 9 de abril de este año los tres están al frente del juicio oral y público que juzga los crímenes cometidos entre 1979 y 1980 contra 94 militantes de la organización Montoneros que en esa época participaron de la llamada Contraofensiva. Entre las víctimas de las operaciones militares también hubo menores de edad y embarazadas.

A fines de los ‘70 Montoneros buscó reorganizar la resistencia contra la dictadura militar. La conducción de la organización dispuso el retorno al país de cientos de sus militantes tras considerar que el régimen encabezado por Jorge Rafael Videla se resquebrajaba. Unas 600 personas, se estima, participaron de la llamada “Contraofensiva estratégica”.

La campaña de retorno se llevó a cabo en dos períodos: el primero en 1979 y el segundo en 1980. En ambas ocasiones las fuerzas militares detuvieron ilegalmente a la mayoría de los militantes que tomaron parte de ellas, algunos en Brasil, Bolivia y Perú con la colaboración de las fuerzas militares locales.

Atrás habían quedado los años de la interpelación constante a su padre, de las preguntas formuladas casi como un actor imparcial influido por una crianza en un hogar donde se reivindicaba el extermino de opositores a la dictadura y se sostenía la teoría de los dos demonios. Pero a pesar de ese contexto Pablo se animaba cada vez más a preguntar cuestiones más precisas a su padre, y éste las respondía aunque sin involucrarse directamente en los hechos.

A mediados de 2013 el ex militar le reconoció al hijo haber participado en sesiones de tortura tratando de que la persona secuestrada no muriera para que pudieran “sacarle información”. Además, confirmó que estuvo en operativos de secuestro y que en el hospital de Campo de Mayo atendió a uno de los jefes de la conducción de Montoneros, Horacio Mendizábal, que formaba parte de la Contraofensiva. Mendizábal fue trasladado herido de bala a Campo de Mayo y Verna padre intentó salvarlo para que pudieran arrancarle información en las sesiones de torturas. Mendizábal murió en Campo de Mayo y su cuerpo sigue desaparecido.

Julio Verna se desempeñaba en la base militar como médico subalterno de Norberto Atilio Bianco, a quien a principios de 2018 un tribunal le concedió la posibilidad de veranear en la Costa Atlántica bonaerense después de ser excarcelado por cumplir dos tercios de la condena a 13 años de prisión. Bianco había sido responsable de la maternidad clandestina que funcionó en el hospital Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron más de 35 secuestradas embarazadas. Según la Justicia, Bianco tuvo un rol central en el reparto de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres. Otro médico que participó de los crímenes en Campo de Mayo fue Ricardo Lederer, señalado como el segundo jefe de la maternidad clandestina. Lederer se suicidó en 2012 después de que el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmara la verdadera identidad de Pablo Gaona Miranda, el nieto 106 restituido por las Abuelas de Plaza de Mayo. Lederer había avalado con su firma el robo del bebé, que fue apropiado por un matrimonio tras recibirlo de un ex militar que también se desempeñaba en Campo de Mayo, el predio que al que el presidente, Mauricio Macri, quiere transformar en una reserva natural para atraer al turismo.

Durante 2017 Verna se incorporó al colectivo “Historias desobedientes”, que agrupa a familiares de genocidas que luchan por la memoria, la verdad y la justicia. “Historias desobedientes” surgió en Buenos Aires mayo de ese año, poco tiempo después del conocido fallo “2x1” de la Corte Suprema de Justicia en favor de un condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Sus integrantes son hijas, hijos, esposas, nietas y nietos de genocidas que repudian el accionar de sus familiares como miembros de las fuerzas de seguridad, militares y cómplices civiles y judiciales del régimen militar. La primera aparición pública de “Historias desobedientes” fue en la marcha #NiUnaMenos del 3 de junio de 2017, y a partir de ahí el colectivo participó en otras movilizaciones sociales vinculadas a derechos humanos.

Pese al impedimento legal, dos de los tres jueces que integran el tribunal permitieron el testimonio de Pablo Verna, solicitado por la fiscalía y la querella, basándose en el auto de elevación a juicio, donde figura que su padre no es imputado en el caso. 

El de Verna no fue el primer testimonio de un hijo contra un familiar genocida. Antes lo habían hecho Érika Lederer, hija del médico de Campo de Mayo, y Luis Quijano, hijo del comandante de Gendarmería Luis Alberto Quijano, uno de los represores más sangrientos del centro clandestino de detención (CCD) ”La Perla”, en Córdoba. Ambos dieron su declaración judicial cuando sus padres habían muerto.

El tercer caso es el de Vanina Falco, a quien la Justicia autorizó a testimoniar en contra de su padre, el ex agente de Inteligencia de la Policía Federal Luis Falco, juzgado y condenado por la sustracción, el ocultamiento y la supresión de identidad del dirigente Juan Cabandié.

En esa oportunidad, explicó Verna, la Justicia consideró “algo muy importante que es aplicable” también a su caso y a otros que puedan aparecer en el futuro: “Que el vínculo entre padre e hijo está roto”.

“Mi declaración es un precedente muy importante. Espero que esto genere un movimiento en las estructuras de muchos familiares de genocidas, cualquiera sea el vínculo, que se permitan pensar que ese familiar que aparenta ser una buena persona quizás no lo es. Y que seguir escondiendo el horror debajo de la alfombra es lo que van a tener debajo de sus pies el resto de sus vidas”, indicó Verna.

¿Cómo vivió el día de la declaración?

Fue emocionalmente difícil de asimilar y explicar. Pero como siempre en materia de memoria, verdad y justicia, hay mucho por delante y no es un punto de llegada. Es muy importante para mí haber llevado a la Justicia la verdad acerca de los crímenes cometidos por mi padre, aunque no sea imputado, y otros represores más. Todavía hay muchas cosas ocultas pero las hijas, los hijos y los familiares de genocidas estamos sumando nuestro testimonio.

¿A partir de esta declaración considera que puede reverse la situación penal de tu padre?

Creo que sí aunque no depende tanto de mí. Toda la verdad que yo tengo para contar y aportar ya la dije. Veremos si en algún momento se avanza o no. Ante el tribunal declaré la participación reconocida de mi padre en los “vuelos de la muerte”, donde su tarea específica era inyectarles sedantes a los detenidos para que pudieran arrojarlos desde el aire, y también que admitió haber anestesiado a los cuatro militantes que fueron asesinados en un simulacro de accidente automovilístico. También conté a los jueces que mi padre lo había visto a Mendizábal internado en la terapia intensiva del hospital de Campo de Mayo y que querían salvarlo para sacarle información. Mi padre se retiró del Ejército cuando la fuerza decide cambiarlo de destino. Todo eso debe haber ocurrido entre 1981 y 1983. Entonces él, como no quería cambiar de destino, le faltó el respeto o tuvo una insubordinación con su superior. Cuando estuve frente al tribunal le manifesté una reflexión que me provocó toda aquella situación: mi padre no tuvo ninguna dificultad para oponerse a una orden de traslado de un superior, pero cuando debió hacerlo, es decir, cuando inyectaba los sedantes a los detenidos, no lo hizo.

Entre quienes asistieron a la audiencia del juicio estuvo Mendizábal, hijo del jefe montonero, y también otros hijos de las personas secuestradas y desaparecidas durante la Contraofensiva. ¿Cómo es el vínculo que lo une con ellos?

De muchísimo afecto. No solo conmigo sino con todo el colectivo de Historias Desobedientes. Eso habla de la calidad humana que ellos tienen. Yo mismo hubiera sido más desconfiado. Y para ellos creo que es muy importante que nosotros tengamos este acercamiento como hijos de genocidas. Lo reciben con mucho aprecio y lo valoran. La posibilidad de declarar una verdad histórica para que sea reconstruida y quede plasmada en una sentencia desborda la finalidad esquemática de una imputación, una prueba y, eventualmente, una condena. Eso es muy sanador.