A la Memoria de Leonor Arfuch.

El plebiscito de 1988 que anunció el fin de la dictadura cívico – militar encabezada por Augusto Pinochet, permitió el retorno de la democracia bajo las condiciones de un pacto transicional: un pacto que conjugó redemocratización (consenso) y neoliberalismo (mercado) para garantizar la gobernabilidad del orden político-institucional y su normalización del cuerpo social,  sin tener que renunciar al  modelo económico de una sociedad de consumo que promovía  la integración a la modernización capitalista. El consenso y el mercado sustentaron una “democracia de los acuerdos” que hizo prevalecer  el equilibrio -centrista- de una lógica encargada de evitar la confrontación entre los extremos que había marcado el pasado tanto de la Unidad Popular como de la dictadura. Ponderar los tonos y moderar las conductas trajo consigo la resignación a una democracia vigilada. Los gritos más desgarrados de quienes seguían brutalmente heridos por el recuerdo siniestro de la dictadura permanecieron excluidos de la esfera pública, teniendo que refugiarse en el ámbito subjetivo del testimonio como registro experiencial de lo vivido para no echar a perder el discurso oficial de la reconciliación.

^{La Moneda fue bombardeada. A las 11:50 del 11 de septiembre de 1973 dos aviones Hawker Hunter bombardean el Palacio de La Moneda. A las 14:00 ocurre el asalto final. Un reporte del mando golpista anuncia: "Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto".} 

Si bien los temas vinculados a las violaciones de los derechos humanos lograron de a poco vencer los obstáculos de la administración de la justicia para ser tramitados a través de comisiones y tribunales, la problemática de la memoria no se expandió en la ciudadanía tal como ocurrió, por ejemplo, en Argentina, con el Nunca Más. Este silenciamiento de la memoria en Chile no sólo tuvo que ver con los arreglos político-institucionales del dispositivo llamado “transición” que buscó atenuar los golpes más estridentes del recuerdo sino, también, con los éxitos del capitalismo salvaje implantado en los ochenta por los Chicago Boys y sus tecnologías del consumo neoliberales que operaron como fábricas de subjetividades dóciles. Es así como las conmemoraciones de los diez, veinte y treinta años del golpe militar del 11 de septiembre 1973 en Chile se pronunciaron, desde la izquierda, en contra de las violaciones en materia de derechos humanos cometidos en el pasado pero sin profundizar en los nudos más traumáticos de la memoria en/de la postdictadura: unos nudos que, al hacer resurgir los antagonismos ideológicos del pasado en discordia, transgredían un presente obligado a la neutralidad político-institucional para no incomodar al poder económico de los dueños del modelo de libre mercado  heredado de la dictadura. Sin embargo, algo cambió con la conmemoración de los cuarenta años del golpe militar (septiembre 2013) que, pese a todo,  logró generar una marca mucho más intensiva en el imaginario ciudadano. Esto se debió a una doble coyuntura: por un lado, la  repolitización de lo social activada por el movimiento estudiantil del 2011 que reclamó “gratuidad” en  la privatización de la educación superior en contra del régimen privatizador del capitalismo neoliberal y, por otro, la contienda electoral entre las dos candidaturas de ese entonces que aspiraban a la presidencia de la República: una candidatura representante de la derecha (la de Evelyn Matthei, hija de uno de los generales que fue parte de la Junta Militar) y una candidatura representante de la izquierda (la de Michele Bachelet, hija de otro general detenido y torturado por esta misma Junta Militar) que salió finalmente electa.

^{La gente se manifiesta en apoyo de la nueva Constitución. Chile experimentó por primera vez en su historia un plebiscito de consulta que determinará si se avanza con una nueva Constitución o se mantiene la carta magna de 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet, Santiago de Chile,l 30 de agosto de 2022.}

Esta intensificación del clima de disputas político-nacionales que anudaba pasado y presente llevó la conmemoración de los 40 años del golpe militar en septiembre 2013 a impulsar un giro memorial, haciendo que los medios de prensa y televisión le dieran  especial cobertura a materiales de archivo (documentos, testimonios, entrevistas) que no habían tenido la oportunidad de ser divulgados a gran escala. Se realizó así el traspaso intergeneracional de una memoria del golpe militar y de la dictadura que alcanzó un máximo impacto comunicativo. Sin embargo, bien sabemos, la  fugacidad de las imágenes que se deslizan velozmente en las pantallas favorecen la circulación pero no la retención de sus huellas llevando, por lo mismo, el recuerdo a disiparse apenas vence la fecha de los actos conmemorativos y retoman la escena la pasividad y la indiferencia.Y así se fue debilitando nuevamente la problemática de la memoria hasta que la revuelta social de octubre 2019 -con su brusco trastocamiento de lo social y lo político- hiciera posible que las multitudes autoconvocadas en Plaza Dignidad para protestar contra los abusos y humillaciones del sistema neoliberal,  incorporaran a su repertorio de citas ciertos motivos emblemáticos de la Unidad Popular: desde las canciones de Víctor Jara hasta la figura -en versión pop-  de Salvador Allende convocada para “abrir las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”. 

^{“Todos tenemos derecho a vivir en un país Justo, digno y libre de abusos”. Santiago de Chile. octubre 2019, Foto: Susana Hidalgo.}

El estallido  de octubre 2019 en Chile (que había sido precedido de la revuelta feminista de mayo 2018 cuya performatividad desobediente cuestionó, desde la calle, todas  las jerarquías de autoridad) terminó desatando una crisis político-institucional tan generalizada que, más allá de los reclamos sectoriales de la protesta en materia de salud, pensiones, trabajo, vivienda, educación, etcétera, el gobierno de derecha de Sebastián Piñera tuvo que resignarse a firmar el Acuerdo que llamara a un Plebiscito Nacional por una Nueva Constitución. La Constitución de 1980 dictada por Augusto Pinochet es el símbolo de un órgano jurídico que, junto con promover el libre mercado a través de su defensa del “Estado subsidiario”, mantuvo a la democracia bajo tutela de modo autoritario y excluyente. Derogar la Constitución de 1980 heredada de la dictadura abriendo un proceso deliberante luego integrado por 155 constituyentes electos (respetando la fórmula de paridad de género e incluyendo 17 escaños reservados para pueblos indígenas, además de independientes) parecía ser la fórmula para expandir los contornos de la democracia. Después de los largos años de la transición en los que el “pueblo” (como clase social y vector utópico de luchas emancipadoras) fue sustituido por la masa anodina de la “gente” que se deja medir pasivamente por las encuestas de opinión y los rankings del consumo, los pueblos que salieron a la calle para  la revuelta de octubre 2019  recobraron su rol protestatario y combatiente. Sin embargo, las multitudes autoconvocadas  reunidas en las calles para hacer valer su “¡Basta ya!” no compartían necesariamente el esbozo de un programa de transformaciones políticas. Esas multitudes indignadas que expresaban la rabia de su “estar en contra” mezclaban distintas procedencias de clase, edad y género, demostrando la heterogeneidad de una composición plural e inestable de identidades disímiles.  Si bien la revuelta de octubre 2019 actuó como disparador de energías colectivas para oponerse a lo dominante (la mercantilización de la sociedad neoliberal; la elitización de la política y su burocratización parlamentaria durante la transición; la falta de justicia social y las desigualdades existentes; las violentas discriminaciones de clase, etnia y género), esta emergencia popular de colectivos denunciantes no representaba al Pueblo-Uno como sustrato orgánico. Una cierta idealización romántica del “nosotros-el-pueblo”  de la revuelta como agente de transformación histórica en clave anticapitalista impidió dar cuenta de la hibridez de “lo  popular” como una categoría impura que abarca desde la memoria gloriosa de las luchas contra  la opresión hasta los microfascismos  de la vida ordinaria. Mientras se redactaba la propuesta constitucional llamada a ser aprobada o rechazada en el Plebiscito nacional (septiembre 2022), un primer dato político tendría que haber alertado a la izquierda de que el Chile que iba a ser llamado -mediante el voto obligatorio- a pronunciarse sobre el texto de la Nueva Constitución ya no era aquel Chile libertario de la revuelta de octubre 2019. El candidato de la ultraderecha José Antonio Kast ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2021 con una votación  de un 44%  que dejaba de manifiesto cuán lejos se encontraban ya vastos sectores de la población  del ethos de la revuelta: de su pulsión destituyente y de la  vehemencia contestataria con la que la izquierda radical pretendía dejar atrás el armado político-social y económico de la derecha hegemónica. La alta votación de Kast indicaba claramente que las multitudes pueden  pasar súbitamente  de la sobreexcitación de la revuelta (el pueblo ingobernable que desafía todos los poderes) al conformismo de una población que, de vuelta,  demanda orden y control como prevención securitaria frente a situaciones de riesgo. El rotundo y catastrófico fracaso de la propuesta de Nueva Constitución que se expresó mediante un 62% de Rechazo en septiembre 2022 le imprimió a la izquierda en Chile su mayor derrota política (y afectiva) de los últimos 50 años.  

^{La reforma constitucional lanzada por el gobierno de Boric fracasó tras un rechazo de su proyecto por parte del 62% de la ciudadanía, agosto 2020. Foto: AFP}

La furia popular de la revuelta de octubre 2019 con su mezcla de caos, desintegración y violencia, trajo como reflujo una sensación de  temor e incertidumbre que se volcó masivamente en el Rechazo  a una Nueva Constitución  juzgada demasiado rupturista en sus demandas identitarias (pueblos originarios, feminismo, disidencias sexuales, etc.) por  sectores populares y de clase media que no compartían el tono maximalista y refundacional del nuevo texto constitucional  inspirado por el ethos de la revuelta de octubre.  A este rechazo se sumó el aumento de la delincuencia, el desborde migratorio y la agudización de los enfrentamientos en la Araucanía como muestras de una conflictividad social que, al tornarse casi inmanejable, llevó a la ultraderecha y la derecha a exacerbar el discurso de la seguridad pública y del estado policial para imponer el retorno fanático al orden. Con el masivo rechazo a la propuesta constitucional, no sólo se clausuró la secuencia de aperturas transformadoras que había liderado la izquierda desde 2011 hasta la asunción de Gabriel Boric sino que se apoderó enteramente de la agenda pública -hegemonizada por los medios de prensa y televisión de la derecha- las tomas de posición conservadoras y reaccionarias en torno a política y sociedad. Esta vuelta del tablero repercute dramáticamente en el contexto de esta conmemoración de los 50 años del golpe militar que se ve gravemente afectado por  un clima político en el que se volvió predominante  la condena a la figura de Allende y al gobierno de la Unidad Popular y el  desprecio por la memoria de las víctimas de la dictadura de la que es depositaria la izquierda. Los preparativos de esta conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre 1973 se desenvuelven en un país donde, según las encuestas que miden el clima de opinión, la condena al golpe militar se ha ido relativizando y donde, incluso,  el  pinochetismo está resucitando bajo distintos ropajes. El fracaso de la propuesta de la Nueva Constitución,  al ser capitalizado triunfantemente por la derecha y la ultraderecha,  no sólo bloqueó las reformas sociales y políticas que se esperaban del gobierno de Boric sino que activó una ultraderechización del país que nos lleva a un completo retroceso democrático. Por mucho que supiéramos que, en términos de memoria, nunca nada está  ganado definitivamente, no había cómo imaginar que la conmemoración de los 50 años del golpe militar fuera a ocurrir en un paisaje tan catastrófico como aquel que tiene a la izquierda sumergida en el más profundo de los desconsuelos.