En los últimos cinco años se ha trabajado intensamente desde los colectivos LGBTIQ+ y transfeministas por construir una narrativa sobre las víctimas gays, lesbianas y trans durante la última dictadura militar. Ese esfuerzo intelectual y militante por denunciar y exigir reconocimiento y justicia para detenidos y desaparecidos de la “comunidad LGBT”¹ no ha estado libre de tensiones y cuestionamientos. Por una parte ha sido extremadamente difícil documentar la existencia de un plan sistemático de exterminio de la “diferencia sexual” llevado adelante por la junta militar, pero también ha sido problemático poner sobre el tapete contra factum la sexualidad de detenidos y desaparecidos que se ocuparon mayormente de sus militancias en espacios obreros, partidarios y estudiantiles.

Una de las críticas más consistentes en este sentido fue realizada por el sociólogo Joaquín Insausti, quien señaló las dificultades para afirmar la existencia de un plan sistemático de exterminio de la población LGBT, aunque no se puede negar la existencia de una violencia de más larga duración y fundamentada sobre otros dispositivos de control estatal de la sexualidad. En sus dos escritos sobre esta cuestión, Insausti explora distintos testimonios y documentos que dan cuenta de que sí bien hubo integrantes del Frente de Liberación Homosexual (FLH) que vivieron persecución, detenciones y violencia durante los últimos años del peronismo y el inicio de la dictadura militar, estas no fueron producto directo de su militancia homosexual (que en buena medida se mantenía en secreto) sino por su participación en sindicatos y agrupaciones políticas de izquierda. Del mismo modo señala como la violencia anti-LGBT no se detuvo con el advenimiento de la democracia, sino que se reorganizó en función de la necesidad de la fuerza policial por recaudar dinero sucio, a través de la coima y la gestión de las zonas de trabajo sexual.

Las históricas dificultades de acceso a la educación superior y los espacios académicos ha generado que las  voces trans hayan sido oídas como testimonio oral y como una miscelánea que fue adosada a las denuncias de gays y lesbianas; pero pocas veces se ha trabajo desde una perspectiva científica las dimensiones específicas de la violencia contra el colectivo trans. Por ello, es necesario incorporar una mirada desde los estudios trans que proponga pensar la violencia desde la experiencia de quienes habitaron un cuerpo no-normativo y transgredieron las fronteras entre géneros, para complementar el abordaje que los estudios sobre las sexualidades ya han realizado en torno a la orientación sexual como el eje de opresión y violencia. La emergencia en los últimos años del reclamo por políticas de reparación para la población travesti-trans dispara la necesidad de repensar cuáles han sido las características de la violencia que el estado argentino ha desplegado contra travestis y transexuales, durante qué periodos se desarrollaron tales violencias y sobre qué dispositivos legales y narrativos se estructuró el control de las sexualidades.

^{Un grupo de travestis detenidas en la Comisaría 3° de Quilmes. Revista ESTO, 2 de octubre de 1987. Fuente: Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Argentina). Departamento de Archivos y Colecciones Especiales. Fondo Editorial Sarmiento.} 

Instrumentos jurídicos de control de la sexualidad: los edictos policiales 2°H y 2°F.

En el N° 2 de la revista Postdata, órgano de comunicación del Grupo Federativo Gay publicada en octubre de 1984, se reproduce un artículo de Nestor Perlongher, publicado anteriormente en la Revista Persona, dirigida por la activista feminista Maria Elena Oddone. Bajo el título “Acerca de unos edictos”, Perlongher reconstruye una breve historia de la violencia ejercida contra homosexuales y prostitutas justificada en los edictos policiales que censuran el “escándalo”. En este curioso texto Perlongher establece un continuum de represión de la sexualidad que inicia con el peronismo, se profundiza durante el frondizismo y escala a su máxima expresión en la última dictadura militar. Perlongher pone énfasis en el edicto conocido como 2°H, que sanciona la oferta o incitación al “acto carnal”. En el texto, se mencionan diversas fechas que el autor considera centrales en la constitución de esta “selva de los edictos”. Primeramente señala la redacción del Reglamento de Procedimientos Contravencionales, aprobado por Perón a través del decreto 10.868/46 en el que se dota de competencia a la Policía Federal para intervenir en la sanción de delitos menores a través de la emisión de “órdenes del día” y facultando al Jefe de Policía para actuar como juez de primera instancia. Luego, menciona la existencia del edicto 2°H (establecido en la “orden del día” del 19 de abril de 1949) que pena a “las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieren al acto carnal”. Asimismo, Perlongher menciona la existencia de otros edictos orientados a sancionar las libertades sexuales:

“Contiguamente, el inciso "f" castiga el ‘exhibirse en la vía pública o lugares públicos vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario’; y el inciso "i": ‘encontrarse un sujeto conocido como pervertido en compañía de un menor de 18 años’ (orden del día del 15 de junio de 1932).[...] Otras disposiciones penan las vestimentas ‘indecorosas’, y fueron utilizadas para arrestar a varones con musculosas, short o el torso descubierto, mujeres con minifalda, etc.”

De este modo, Perlongher establece un cuerpo de instrumentos jurídicos -sumamente desordenados- implementados por el estado argentino desde 1946. Insiste en señalar la responsabilidad del peronismo en la represión de las sexualidades disidentes, cuando más adelante en el texto señala la detención de “amorales” durante la campaña por la reapertura de los prostíbulos, cuya ausencia se consideraba la causa de la proliferación del mal homosexual. También remarca cómo estos edictos policiales sirvieron de plataforma para la represión durante los gobiernos de Frondizi, Onganía y María Estela Martínez de Perón.

Por investigaciones actuales, desarrolladas por Cristiana Schettini y Diego Galeano, sabemos que los dispositivos jurídicos de control de la moral sexual en Argentina tienen una génesis compleja que se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando la naciente policía debate en torno al “problema” de la prostitución. A principio del siglo XX la policía municipal será el garante de la profilaxis e higiene de las casas de citas y burdeles, pero poco a poco se constituirá una “policía de costumbres” con injerencia en las asuntos privados entre los que se contaba la fuga de jovencitas de sus hogares, conflictos domésticos, dramas maritales y los comportamientos sexuales escandalosos. De ese nudo de prácticas policiales se configuraran las divisiones o brigadas de “moralidad pública”² y se producirá hacia 1932 -durante la década infame- la primera redacción de los edictos 2°H y 2°F, instrumentos jurídicos claves para el control del “escándalo”, el travestismo, la prostitución y la homosexualidad. En suma, los edictos representan el dispositivo sobre el cual desde los años treinta hasta finales del S.XX se articularon las prácticas de control policial de la moral sexual en Argentina³.

El estado argentino contra el “cambio de sexo”

“La mujer morena, de físico robusto, aparentaba unos 40 años, lo que podía comprobarse en los documentos que ella extendía con gesto decidido; solo que en los papeles el rostro de la mujer -sin duda, el mismo rostro- era una cara masculina, bajo la cual rezaba Mauro Fernando Vega, nacido en Andalgalá, Catamarca. Mauro quería llamarse María Fernanda, porque en los últimos tiempos había cambiado mucho. El juez en lo civil Bunge Campos no accedió al pedido de la señora, que exigía se le feminizaran todos sus nombres. Diez médicos forenses revisaron a la peticionante; la pericia demostró que, en realidad, no había error alguno en los documentos. Mauro Fernando Vega era un hombre hecho y derecho, castrado y emasculado. Bunge Campos ordenó la investigación y pasó las actuaciones al fuero criminal, por si hubiera delito. 

Pocos días después, un médico de Caballito hacía una curiosa denuncia en la comisaría 49: el profesor de una academia de baile de la zona, a la que concurrían numerosos menores de edad, se había transformado en una profesora. Detenido por la policía, el danzarín Ricardo Armesto, declaró que se había hecho extirpar los órganos sexuales por el cirujano Francisco Defazio, y que otro cirujano de prestigio, el doctor Pavlosky, le había practicado una vagina artificial por medio de una compleja operación de cirugía plástica. Pocas semanas después se sabía que Mauro Vega también había sido operado por Defazio. A estos dos hombres se sumó Lindor Vega. Defazio -según se divulgó entonces- lo había transformado en la joven y atractiva Liliana Vega. La prensa sensacionalista se lanzó con saña sobre cirujanos y operados: sin saber quiénes o cuántos eran, y en qué consistía la transformación, una morbosa publicidad se extendió sobre el asunto. Los "hombres mujeres" terminaron por vencer, por integrarse a la sociedad e insisten en identificarse como auténticos ejemplares del sexo femenino.” (Hanglin & Santagada, 1966)

De este modo era retratada en la revista Panorama de Abril de 1966 la escandalosa aparición de numerosos casos de “hombres mujeres” que por intermedio de cirugías realizadas por el Dr. Francisco Defazio, reclamaban ser reconocidas por el estado argentino como legítimas mujeres. Este episodio marcó un antes y un después en la gestión médica y jurídica del sexo en Argentina. Primeramente, la justicia detuvo a los médicos que realizaron estas cirugías, argumentando que habían castrado y producido lesiones en sus pacientes que no tenían ninguna finalidad terapéutica. La persecución judicial emprendida contra este prestigioso grupo de cirujanos⁴, operó como una acto disciplinante en la comunidad médica, que durante las próximas tres décadas se negará de forma permanente a intervenir en cualquier tipo de procedimiento tendiente a modificar el sexo “biológico”. Pero además, se producirá a partir de este suceso la intervención de la justicia penal en las decisiones médicas en torno al sexo.

La conmoción producida tras la detención de Clemente Rodríguez Jáuregui, Alejandro Pavlosky, Ricardo San Martín y Francisco Defazio derivó en la decisión política de sancionar en 1967 la Ley 17.132 sobre el “Arte de Curar” donde se regula el ejercicio de la medicina. En su artículo 20°, inciso 18° establece la prohibición de “practicar intervenciones que provoquen la esterilización sin que exista indicación terapéutica perfectamente determinada y sin haber agotado todos los recursos conservadores de los órganos reproductores”. Esta legislación sancionada y promulgada por el presidente de facto Juan Carlos Onganía va a restringir en primera instancia el acceso a las cirugías de “cambio de sexo” a las personas transexuales, pero también evitará que se ponga en cuestión la plasticidad del sexo y la autodeterminación de las personas sobre su capacidad reproductiva. 

Sumado a estas restricciones, la justicia se negará sistemáticamente a reconocer el género de quienes lograsen rectificar su “sexo”, argumentando que sólo la naturaleza y Dios pueden determinar en dicha materia. No será hasta 1996, con el reconocimiento de Mariela Muñoz, que la justicia avanzará en la cuestión y reconocerá -parcialmente- la ciudadanía transexual.

^{Mariela Muñoz, detenida por la policía. Revista ESTO, 27 de mayo de 1993. Fuente: Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Argentina). Departamento de Archivos y Colecciones Especiales. Fondo Editorial Sarmiento.}

 Destape travesti: violencias durante la primavera democrática

Entre 1983 y 1993 la atención de los medios sensacionalistas se enfocó en el paradisíaco mundo travesti construido a la vera de la ruta Panamericana. El tramo desde Florida hasta Beccar y el ramal Tigre eran un bullicioso mundo nocturno donde se configuró la primera zona de trabajo sexual habitada casi exclusivamente por las travestis. La apertura democrática trajo consigo la posibilidad de exhibir abiertamente estos novedosos cuerpos que a fuerza de hormonas y siliconas autoadministradas podían transgredir la barrera de los géneros dispuesta por la trama médico-jurídica en Argentina. Sin embargo, la representación de las travestis en la prensa gráfica local estuvo teñida de sangre. Entre las luminosas y candentes notas de espectáculos y reportajes morbosos sobre este inédito “tercer sexo”, se presentó una seguidilla de asesinatos y muertes accidentales que tenían como protagonistas a las travesti de Panamericana. Incluso se sospechó de la existencia de un serial killer al que llamaban “el cazamariposas”.

Lo cierto es que aquella fantasiosa narrativa del cazamariposas sólo servía para vender revistas y eximir al estado argentino de su responsabilidad en la mayor masacre contra las travestis. Aunque no existen demasiadas precisiones respecto al número de víctimas, y reconstruirlo documentalmente es aún un desafío, no sería difícil estimar más de un centenar de muertes de travestis en Panamericana y otras zona de trabajo sexual en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires. Existen diversos motivos por los que las travestis fueron perseguidas durante este periodo, pero todos ellos están vinculados a la existencia de un dispositivo jurídico y social organizado para sancionar las libertades sexuales y la transgresión del binarismo de género. Como hemos señalado hasta aquí, una serie de edictos policiales fueron el andamiaje de la persecución policial de las travestis y transexuales, pero el boom de Panamericana estará además signado por el ejercicio del trabajo sexual. Así, los comisarios de los barrios adyacentes pondrán en vigor tanto el 2°H como el 2°F para detenerlas, aunque no siempre por una cuestión moral. La persecución durante el periodo 1983-1993 funcionó muchas veces como una forma de recaudar a través de la coima, a fin de engrosar la caja chica de las comisarías. En muchos casos las travestis conseguían arreglos con los policías, pero estos se volvían débiles cuando debían “hacerse estadísticas”, es decir presentar ante las autoridades un número mínimo de detenciones de contraventores; o bien cuando la notoriedad del escándalo animaba a los vecinos a reclamar un incremento de las razzias.

Tras la privatización de Panamericana en 1993 y las obras para su ampliación, las zonas de trabajo sexual se desplazaron a otros espacios, esta vez dentro de la Ciudad de Buenos Aires⁵ que atravesaba su proceso de autonomización y la redacción de sus propios estatutos⁶. Pero los edictos 2°F y 2°H seguirán articulando -al menos hasta 1999/2003- un sistema represivo que combinaba el terror social ante la disrupción sexual que imponía el cuerpo travesti, la corrupción policial y la creciente narrativa de profilaxis sexual frente al avance de la “peste rosa”⁷.

^{Travesti detenida en Panamericana. Revista ESTO, 1 de abril de 1988. Fuente: Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Argentina). Departamento de Archivos y Colecciones Especiales. Fondo Editorial Sarmiento.} 

Cronologías de la violencia contra travestis y transexuales

Aunque no sea incorrecto afirmar, tal como lo hacen de hecho algunos proyectos políticos actuales, que la violencia contra la población travesti-trans se incrementó durante la última dictadura militar o que durante esta se articularon las fuerzas represivas policiales y militares para perseguir la disidencia sexual; no es posible reducir la historia de la violencia contra la “diferencia sexual” a una genealogía acotada al debate entre dictadura y democracia. Un recorrido a través del universo documental producido por el estado argentino en torno a la cuestión sexual, pone en evidencia al menos tres cuestiones fundamentales: 1) que el estado reguló de forma permanente todo comportamiento sexual que estuviera por fuera del sexo heterosexual con fines reproductivos; 2) que implementó un sistema de instrumentos jurídicos y médicos de mayor o menor alcance contra todo ejercicio de la sexualidad que provocará “escándalo” y; 3) que dichos instrumentos trascendieron las alteraciones de la vida política, funcionando como dispositivo de control de la sexualidad tanto durante los gobiernos democráticos, como dictatoriales. Además, es factible aseverar que la vocación estatal de control de la sexualidad ha permanecido ininterrumpidamente en el tiempo al menos desde principios del S XX hasta las primeras décadas del siglo XXI, aunque alterando la intensidad y las estrategias de sus medidas durante los gobiernos que se sucedieron durante casi un siglo.

Este texto no pretende desarticular las afirmaciones producidas por los movimientos y activismos trans respecto a la violencia en la última dictadura militar, sino extender la problematización a los períodos democráticos y demostrar que la violencia contra travestis y transexuales está sostenida en una estructura médico-jurídica y política de larga data y que se constituyó a la par del estado argentino y la profesionalización del aparato policial y militar. De este modo, pretendemos obligar a la democracia y al estado argentino a hacerse cargo de la deuda que sostiene con la población trans en su conjunto y que trasciende a la escasa generación de sobrevivientes de la dictadura militar. Las víctimas de este dispositivo de control sexual se pueden contar de a miles e incluyen a todas las expresiones de la población trans, pero también a todos los cuerpos que transgredieron el sexo heterosexual con fines reproductivos, desde los homosexuales hasta las mujeres cis trabajadoras sexuales.

Por ende, las políticas de reparación e indemnización para la población travesti-trans no deberían estar atadas al periodo de la última dictadura militar, sino comprender también los años previos y posteriores a esta, donde sostenidos por la existencia de los edictos policiales y las leyes que prohibía el “cambio de sexo” las personas travestis y transexuales fueron objeto de represión, detención y exilio. Incluso en el presente existen aún provincias que sostienen edictos y códigos contravencionales que escudándose en la prohibición de la oferta de sexo en la vía pública o el escándalo continuan persiguiendo, deteniendo, desplazando y desapareciendo a personas travestis y trans. Aunque ya han pasado 40 años desde la recuperación de la democracia, apenas durante la última década travestis, transexuales, varones trans y personas no binarias hemos empezado a ser consideradas como parte de la ciudadanía y aún existen obstáculos en el acceso a la justicia, la salud, la educación, el empleo, el derecho a la ciudad y tantas otras esferas. Los cien años de políticas represivas de la sexualidad aún siguen operando en las prácticas de estado y las formas de vigilar. Sólo un exámen exhaustivo, crítico y profundo de la historia del estado argentino nos permitirá conducir a la reformulación de sus prácticas en el presente, para liberar a los cuerpos trans del tutelaje, la lástima y la domesticación impuesta por la dictadura cis-hetero-patriarcal.