A lo largo de los últimos 40 años se ha ido consolidando en nuestro país un consenso democrático que implica el respeto por la vigencia de los derechos humanos, la condena al terrorismo de estado, la necesidad de sancionarlo y la valoración del sistema democrático como modo de convivencia social. Mucho tuvo que ver con la consolidación democrática el movimiento de derechos humanos, quien ante cada coyuntura crítica estuvo presente enfrentando los ataques y amenazas al sistema democrático y propugnando la protección y consolidación de los derechos en general. Desde sus inicios, el movimiento se caracterizó por su apertura y composición heterogénea: organismos de derechos humanos, algunos precedentes a la dictadura y otros como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que se originaron en esos años; activistas sociales, sindicales y políticos así como artistas, intelectuales y ciudadanos y ciudadanas comprometidas en general. Este conjunto de organizaciones y activistas llevan adelante acciones públicas y demandas hacia el Estado por el reconocimiento de las violaciones ocurridas durante la última dictadura militar y, como veremos más adelante, además han estado presentes en muchas de las luchas por la conquista de nuevos derechos, constituyéndose como la base ética de nuestra democracia.

De las muchas definiciones posibles de democracia, nos interesa hacer hincapié en la democracia como forma de garantizar la igualdad y ampliar los derechos a través de la profundización de la participación popular. La consolidación y profundización de la democracia en nuestro país está estrechamente relacionada con el accionar del movimiento de derechos humanos, quien, en articulación con demandas y acciones de otros actores sociales, impulsaron e impulsan una agenda actual de derechos.

Hoy,  cuando reaparecen los discursos de odio, el lawfare, la violencia política y más del 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza, nuevamente la democracia se encuentra amenazada. ¿Qué enseñanzas y legados nos deja el movimiento de derechos humanos para enfrentar los nuevos desafíos y las nuevas preguntas en torno a la democracia? ¿Qué re lecturas y reflexiones podemos hacer a la luz de la actual coyuntura? ¿Cuán necesarias son las memorias de las luchas sociales y las conquistas de derechos del pasado en nuestro presente crítico? ¿Qué papel pueden jugar las memoria contra el terrorismo de Estado en la construcción actual de la defensa de los derechos humanos?

^{Collage: Juan del Marmol}

Surgimiento del paradigma de derechos humanos

En Argentina el paradigma de los derechos humanos, si bien tiene una larga historia, toma fuerza en plena dictadura a partir de la organización colectiva de personas de diferentes procedencias sociales, políticas e ideológicas, para denunciar e investigar los crímenes de la dictadura cívico-militar. Esta organización colectiva luego se va a ir ampliando y se conocerá como movimiento de derechos humanos.

En 1977 se crearon dos organizaciones que marcarían la historia política de nuestro país, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Estos dos colectivos, junto a otras organizaciones de derechos humanos fundadas con anterioridad a la dictadura, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; tuvieron un papel fundamental en el esclarecimiento y la difusión de la naturaleza de las violaciones masivas y sistemáticas, exigiendo a los represores que digan qué había pasado con los desaparecidos y las desaparecidas, y el reclamo por el castigo a los culpables, contra la impunidad, lo que se tradujo en la demanda de Justicia.

Sin dudas el movimiento de derechos humanos tuvo un rol muy importante en la deslegitimación del régimen militar y contribuyó a su caída posterior y al advenimiento democrático. A partir de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, en abril de 1977, el reclamo se tornó público y adquirió una dimensión política, junto a la primera solicitada, publicada en octubre de ese año, en la que pedían saber la verdad sobre los desaparecidos y las desaparecidas. Como consecuencia del modo de denunciar las desapariciones, la clave revolucionaria con la cual se denunciaba la represión política antes del golpe fue poco a poco desplazada por una narrativa humanitaria que convocaba a la empatía con las víctimas.

Este giro cultural y político, la emergencia de una nueva cultura de los Derechos Humanos, tendría una profunda influencia en la transición democrática.

Marchas y contramarchas de la transición

El paradigma de los derechos humanos fue, de algún modo, modelando la revalorización de la democracia política y los derechos individuales. Los derechos humanos se constituyeron en un elemento fundante de la democracia recién recuperada y un componente clave en la construcción de una cultura democrática, pluralista y humanista. En ese campo la acción del movimiento de derechos humanos tuvo efectos multiplicadores importantes.

En octubre de 1983 se celebrarían elecciones generales, sin proscripciones de ningún tipo, una de las razones fundamentales por las cuales la democracia no había sido hasta antes de la dictadura un valor en sí mismo. Los organismos de derechos humanos nunca reclamaron venganza sino que exigieron justicia al Estado por la violaciones sufridas, canalizando gran parte del repudio a la dictadura. Esta exigencia sería otra de las grandes contribuciones del movimiento al sistema democrático. Todos los organismos coincidían en la necesidad ética y moral de castigar los crímenes y la inconveniencia política de permitir la impunidad. La frase “Nunca Más”, enarbolada por el movimiento de derechos humanos respecto a los crímenes de Estado y luego a la violencia política, resumiría muy bien la nueva disposición política y subjetiva.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín hubo dos momentos claves en los cuales el movimiento de derechos humanos tuvo un rol muy importante; el primero fue el Juicio a las Juntas y el segundo, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, luego conocidas popularmente como “leyes de impunidad”.

Sin lugar a dudas el trabajo realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y la declaración de testigos, en su gran mayoría sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, constituyeron las pruebas fundamentales que permitieron las condenas del Juicio a las Juntas. Si bien gran parte de los organismos sostenían la necesidad de que se conformase una comisión bicameral parlamentaria para investigar los crímenes de la dictadura y, por lo tanto, se opusieron a la creación de la CONADEP, colaboraron activamente con su trabajo, aún cuando continuaron reclamando públicamente por la creación de la bicameral.

Cuando el gobierno de Alfonsín promulgó la Ley de Punto Final en 1986, la presión de los organismos fue un factor importante para acelerar los procesamientos de los militares comprometidos con la represión. Ante este fenómeno, en 1987 se promulgó la Ley de Obediencia Debida que limitaba los procesamientos a los mandos más altos de las Fuerzas Armadas. Ambas leyes implicaron una derrota para el movimiento de derechos humanos, ya que a pesar de haber impulsado multitudinarias movilizaciones en las calles no lograron que el gobierno diera marcha atrás con dichas medidas.

La década de la impunidad

El gobierno de Carlos Saúl Menem se inició con la firma de los indultos para los represores condenados. Para los organismos de derechos humanos y para toda la militancia que los venía acompañando el indulto representó el final del ciclo abierto con el Juicio a las Juntas y tuvo un fuerte sabor a derrota. El repliegue del movimiento era innegable, a pesar de las numerosas y multitudinarias marchas callejeras en contra del indulto. Pasarían unos años hasta que se volviera a recuperar la capacidad de convocatoria contra la impunidad.

Las leyes de impunidad fueron una de las asignaturas pendientes de la democracia que demostraban la disposición a considerar inmodificables las relaciones de poder por parte de las dos fuerzas políticas mayoritarias de ese momento, tanto la Unión Cívica Radical como el Partido Justicialista. A pesar del contexto adverso, sobre todo durante la primera mitad de la década del noventa, el movimiento de derechos humanos continuaría su accionar sin pausa contra la impunidad. Los juicios en el exterior, los juicios por la verdad, la recuperación de lxs nietos y nietas, el reclamo de nulidad de  las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la creación de la organización HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y la gran convocatoria en la conmemoración del vigésimo aniversario del golpe así lo demuestran.

La aparición en la esfera pública, en 1995, de la agrupación HIJOS revitalizó el movimiento de derechos humanos con la incorporación de numerosos jóvenes de poco más de 20 años, la mayoría hijos e hijas de desaparecidos, desaparecidas, exiliados y exiliadas. Esta presencia juvenil transformaría las estrategias y las formas de protesta, siempre creativas, del movimiento. Un ejemplo de ello fueron los escraches a los represores impunes. A partir de ese momento el movimiento volvió a ocupar un lugar central en la atención pública.

A principios de 1998, poco antes de finalizar su segundo mandato, Menem firmó el decreto 8/98 que determinaba la demolición del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, y el traslado de sus instalaciones a la Base Naval de Puerto Belgrano. Explicó que se crearía un parque para recibir a jefes de Estado que visitaran el país. “El lugar va a continuar ahí y podrán rendir homenaje, cosa que no pueden hacer ahora, muchos de los familiares de quienes fueron víctimas de ese proceso que ustedes saben”. La idea de olvido y reconciliación que recorrió gran parte del gobierno de Menem volvía a la primera plana de los diarios. Integrantes del movimiento de derechos humanos presentaron un recurso de amparo contra la medida del gobierno. El 16 de octubre de 1998, el juez en lo Contencioso Administrativo Ernesto Marinelli declaró inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que disponía la demolición de la ESMA. La Corte Suprema confirmó, en febrero de 2001, la prohibición de demoler la ESMA, cuya historia, como bien sabemos, sería otra a partir de su recuperación en el año 2004.

2001

El año 2001 fue un año bisagra para nuestro país. Comenzó con una noticia trascendental en el campo de los derechos humanos: el 16 de marzo el juez Gabriel Cavallo declaró la “inconstitucionalidad e invalidez” de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que en 2005 sería confirmada por la Corte Suprema. 

La sentencia del juez Cavallo se convertiría en un texto fundante de una nueva institucionalidad jurídica, significaba la posibilidad de reabrir los juicios por delitos de lesa humanidad. 2001 fue fundamentalmente el año del estallido social, consecuencia de una profunda crisis política, económica y social que puso fin a una larga etapa neoliberal en Argentina, fue el año del fin de la convertibilidad y de la caída del gobierno de De la Rúa.

Las escenas del 19 y 20 de diciembre de las Madres protestando contra la declaración del estado de sitio y siendo reprimidas por la policía constituyen una síntesis perfecta del papel del movimiento de derechos humanos como garantes y defensores de la democracia frente a las prácticas represivas y autoritarias contra la ciudadanía. Las Madres nunca habían sufrido un episodio de represión desde el regreso de la democracia.

La crisis impuso la necesidad de recuperar la idea de la política y el Estado como espacios no hostiles a la sociedad. A partir del año 2003 se abriría una etapa completamente diferente e inesperada, pocos pensaban que iba a pasar lo que finalmente sucedió.

Memoria, Verdad y Justicia como políticas públicas

La historia del movimiento de Derechos Humanos no sería completa sin incluir la etapa de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Gobiernos que avanzarían decididamente en el camino de lo que luego se denominaría políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que no sería nada más ni nada menos que el impulso de la agenda histórica del movimiento a través de políticas públicas. Dos imágenes icónicas de este encuentro entre el Estado y el movimiento podrían sintetizarse en el retiro del cuadro de Jorge Rafael Videla del Colegio Militar y la recuperación de la ESMA, ambas el 24 de marzo de 2004.

El retiro del cuadro del dictador por parte del jefe de Estado Mayor del Ejército no sólo expresaba el repudio categórico a la dictadura, sino también el sometimiento de las Fuerzas Armadas al gobierno constitucional. La recuperación de la ESMA para transformarse luego en Espacio de Memoria dio cuenta del profundo compromiso del presidente con la lucha histórica por los derechos humanos y con los reclamos de los organismos.

En 2005 una nueva Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes de impunidad, avalando la nulidad dictada por el Congreso dos años atrás. Además, declaró inconstitucionales los indultos concedidos por el ex presidente Carlos Menem, quitando la última traba legal a la realización de los juicios: se abrieron causas que involucraban a responsables directos de los crímenes, integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad y pronto se iniciaron investigaciones judiciales sobre la responsabilidad penal de sectores civiles, como funcionarios del Poder Judicial, miembros de la Iglesia Católica y actores económicos.

La realización y avance de los juicios contra los responsables del terrirsmo de Estado, un aspecto fundamental de las políticas de memoria, ha sido respaldada desde entonces por la mayoría de la población.

Una de las políticas de memoria impulsadas por los gobiernos kirchneristas fue la política de marcación de sitios de detención clandestina durante la dictadura y la creación en muchos de ellos de Espacios de Memoria. A su vez se estableció como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia el 24 de marzo, decretado feriado nacional. Además se incluyó el tratamiento del período de la última dictadura cívico militar en la currícula escolar.

Otro aspecto importante del período fue la recuperación de las historias militantes de los años setenta, proceso que había comenzado a mediados de la década del noventa, con la aparición de numerosos libros, películas, obras de teatro sobre la militancia setentista, a lo que se llamó el “boom de memoria”. Dicha recuperación por parte del Estado cumplió un rol relevante, en el sentido de que replanteó la posibilidad de pensar la política como herramienta de transformación, ante la pérdida de confianza en las capacidades transformadoras de la democracia, tan evidente a partir de 2001.

Relativismo y banalización

El gobierno de Cambiemos buscó, desde el primer momento, imponer el paradigma de la reconciliación, estigmatizó los juicios por delitos de lesa humanidad, negó la sistematicidad del terrorismo de Estado y reeditó la teoría de los dos demonios. Se produjo un retroceso en las políticas públicas de derechos humanos, pero una vez más el movimiento de derechos humanos tuvo los reflejos, las estrategias, las articulaciones con otros colectivos y, sobre todo, la capacidad de movilización callejera para frenar muchos de estos intentos. Esto último quedó demostrado en la manifestación multitudinaria frente a lo que popularmente se denominó “dos por uno”. Cientos de miles de personas se movilizaron contra el fallo de la Corte Suprema que intentó bajar las penas a los genocidas y la presión popular logró que el máximo tribunal derogara luego la ley. 

Los funcionarios del gobierno iniciado en 2015 hablaron de un “cambio de paradigma” y también de terminar con el “curro de los derechos humanos”. Reaparecieron algunas cuestiones ya saldadas por la sociedad argentina, como la pregunta sobre si fueron 30000 los desaparecidos y desaparecidas.

La reacción popular frente al intento del “dos por uno” y la imposibilidad de avanzar, por parte del gobierno, en el desmantelamiento de las políticas públicas, demostró el enorme consenso social sobre el sostenimiento de la Memoria, la Verdad y la Justicia y la necesidad de repeler cualquier decisión en sentido contrario a estos pilares que contribuyeron a la consolidación democrática.

El gobierno intentó impugnar y desprestigiar  a los organismos de derechos humanos. Bajo el eslogan, esgrimido por el gobierno cambiemita, “los Derechos Humanos son de todos” se escondía un ataque sistemático a los organismos históricos. Desde las primeras declaraciones sobre los curros, los organismos fueron el blanco predilecto. Se los asoció a la idea de corrupción, se los presentó como grupos que sólo actuaban por ansias de poder e intentaron igualarlos con los grupos de memoria completa, relativizando su importancia ética y política y su centralidad en las luchas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y se los intentó vincular a intereses partidarios.

El asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la detención arbitraria de Milagro Sala y el establecimiento de la doctrina Chocobar, que habilitó a las fuerzas de seguridad a disparar sobre personas en situación de fuga, constituyeron ejemplos claros de la profundización del paradigma violatorio de los derechos humanos adoptado por el gobierno. Frente a cada una de estas situaciones los organismos de derechos humanos salieron a la calle, interpelaron a los funcionarios involucrados e iniciaron acciones en el ámbito judicial.

Legado del movimiento y nuevas luchas

A lo largo de los últimos cuarenta años el movimiento de Derechos Humanos ha consolidado, por un lado, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y, por otro, líneas de acción respecto de las violaciones a los derechos humanos en el presente. En ese camino fue posible la articulación con movimientos masivos como los feminismos, las diversidades y los ambientalismos, entre otros, alianzas que construyeron sentidos comunes más democráticos. En ese sentido, el 24 de marzo no es un simple recuerdo de las víctimas. Es un modo de denuncia de las continuidades recurrentes entre violencia y explotación, entre seguridad y criminalización de la pobreza y la protesta.

Una política activa de Memoria, Verdad y Justicia es condición necesaria para la consolidación de una democracia plena. Es aquí donde la historia del movimiento de derechos humanos se vuelve un legado ineludible para las luchas actuales y futuras por una verdadera ampliación de derechos. Los valores de organización colectiva, participación en la esfera pública y creación de amplios consensos son intrínsecos al movimiento y necesarios para la reinvención de una democracia por venir.

En su largo recorrido, el movimiento de derechos humanos ha pasado de una idea sobre los derechos humanos entendida como aquellos derechos que el Estado tiene que dejar de violar, a pensarlos también como aquellos derechos que el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de garantizar.

Hoy, cuando la democracia parece entrar en una crisis profunda ante los intentos por horadarla a través de prácticas autoritarias, negacionismos, discursos de odio y violencia política, apelamos al legado del movimiento de derechos humanos como guía y orientación para enfrentar los nuevos desafíos que la democracia nos plantea. Es con más derechos, y no con menos, que se solucionarán los problemas que la democracia aún no pudo resolver.

A 40 años del advenimiento de la democracia, el movimiento de derechos humanos tiene un desafío mayúsculo, el de renovarse y transformar sus acciones y estrategias, multiplicandolas y ampliando la noción misma de derechos humanos. Es indudable que para los organismos de derechos humanos se acerca el fin de una etapa, ya que cada vez son menos las Madres y Abuelas que vivieron directamente la lucha contra el terrorismo de Estado, lo que implica una transición entre aquellas y las nuevas generaciones que se suman al movimiento.

Otro desafío importante para el movimiento de derechos humanos es el de interpelar a jóvenes que pueden verse seducidos y seducidas por los discursos aparentemente “rebeldes” que horadan la democracia y proponen salidas punitivistas y antiderechos ante problemas complejos.

No hay democracia sin derechos humanos, y hoy nuestra democracia está en crisis; será necesario entonces apelar a la imaginación política y a la organización colectiva más que nunca. El movimiento de derechos humanos puede y debe fortalecerse, en el encuentro con las luchas del presente, como un espacio de articulación de demandas, alianzas y caminos posibles para una sociedad más igualitaria.