Las acciones llevadas a cabo entre 1979 y 1980 por militantes de la agrupación Montoneros buscaban reorganizar la resistencia contra la dictadura genocida. La mayoría de quienes participaron en las dos campañas fueron detenidxs por las fuerzas represivas y, al día de hoy, continúan desaparecidxs. Se estima que alrededor de 600 personas formaron parte de esta ambiciosa -posiblemente la última- lucha para combatir y procurar la caída de la dictadura cívico-militar.

El contexto y la decisión de volver

En 1978 la Conducción Nacional de Montoneros, tras la retirada estratégica de los altos cuadros al exilio en 1977 (en virtud de una reorganización en el exterior, finalizada la etapa de “defensa activa”) evalúa los criterios e implementación para retornar al país en la operación denominada “Contraofensiva Estratégica”. El análisis que desarrolla la conducción señala un debilitamiento de la dictadura genocida, posibles diferencias al interior de la Junta Militar y una potencial capacidad por parte de la “insurrección popular armada” para vincularse con el accionar del movimiento obrero organizado que para esos momentos se profundizaba. Un año más tarde, el triunfo de la Revolución Islámica en Irán y del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, fueron observados como desenlaces que también podrían repetirse en Argentina. Finalmente el retorno se planificó en dos células pequeñas denominadas “Tropas Especiales”: las Tropas Especiales de Agitación (TEA) y las Tropas Especiales de Infantería (TEI). La segunda tenía como objetivo golpear, primero, las redes de transporte y comunicación y luego, efectuar acciones puntuales contra el grupo del gabinete del entonces Ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz; por otro lado, las Tropas de Agitación procurarían la interrupción de señales de radio y otro tipo de métodos para circular propaganda, procurando una articulación con el sector sindical que venía llevando a cabo una resistencia mediante diversas medidas de fuerzas que cobraron mayor intensidad a partir de 1979, como fue la primera huelga general a la dictadura organizada por “los 25” para abril de ese año. La campaña de retorno se llevó adelante en dos instancias, la primera en 1979 y la segunda en 1980. En ambas oportunidades y debido a la generación de información que las fuerzas produjeron, dentro y fuera del territorio Nacional y en complicidad con servicios de inteligencia de otros Estados, se detuvieron ilegalmente a la mayoría de quienes participaron en estos operativos de resistencia.

El 25 de abril de 1981 el general Cristino Nicolaides, Comandante del III cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba, brinda una conferencia de prensa a la que asisten medios de comunicación, empresarios locales y autoridades judiciales, entre otros. Según las respectivas publicaciones que diarios argentinos realizaron en el mes de abril de ese mismo año, el entonces general Nicolaides informa que “pese al férreo control de fronteras que se ejerce, dos células guerrilleras… consiguieron penetrar en territorio argentino (…) esas dos células fueron desarticuladas y se intervino documentación demostrativa del grado de preparación de esos grupos guerrilleros (…) Yo he tenido oportunidad de hablar con uno de esos delincuentes y les puedo asegurar que tienen un alto nivel de preparación en todos los sentidos” (extractos publicados en el diario La Razón utilizados en la presentación de Ana María Ávalos de Cabilla, en el II Congreso Latinoamericano de familiares de desaparecidos de 1981). La cantidad de personas que conformaban esas células a las que hace referencia Nicolaides, habrían sido entre 10 y 14. Tal como expone Ana María Ávalos de Cabilla en ese congreso, las detenciones a las que se hace mención en esta conferencia (que tuvo lugar un año después de los hechos) “no fueron comunicadas a los familiares de los prisioneros, no se ha publicado la lista con los nombres de los detenidos en ese procedimiento, no se ha hecho público el lugar donde estos ciudadanos están”. La declaración pública del entonces general Nicolaides hace pensar que el grupo de detenidos al que hace referencia, bien podría tratarse del grupo que ingresó en febrero de 1980 en el marco de la segunda campaña de la Contraofensiva. Lo único que consta es que los pedidos de habeas corpus presentados por estos 15 militantes desaparecidxs no tuvieron respuesta por parte de las entonces autoridades militares, ni judiciales.

Años más tarde y sin que al día de hoy la tarea pueda darse por concluida, la aparición de informes internos de inteligencia del Ejército evidencian el nivel de conocimiento que la dictadura tenía acerca del accionar de Montoneros en el marco de la denominada Contraofensiva. Desde el hallazgo en Bahía Blanca de documentos de Inteligencia, la Jueza Alicia Vence, a cargo del Juzgado Correccional y Criminal Federal N°2 de San Martín, comenzó la instrucción que hoy, casi 10 años más tarde, permite conocer parte de la red que se montó desde el Estado Terrorista para investigar, recabar información y luego ejercer la represión ilegal sobre lxs militantes que se organizaron para su retorno al país. Además, la información recabada incluye las detenciones efectuadas, no sólo por el Estado Argentino, sino también por autoridades y fuerzas de seguridad de Perú, Bolivia, Brasil y España. Se ha recopilado documentación de inteligencia militar donde consta el conocimiento que esa fuerza tenía acerca de las operaciones de Montoneros, tanto de las características de su organización interna, como de los mandos de cada uno de lxs integrantes y la cantidad estimativa de militantes que se encontraban tanto fuera como dentro del país (entre 191 y 243 en territorio argentino y entre 222 y 243 en el exterior, según los informes internos). Las operaciones de inteligencia efectuadas por el Ejército sobrepasaron las fronteras y su capacidad se vio reforzada por el accionar conjunto con otras fuerzas y servicios. Por caso, en Panamá “estaban asentados oficiales de inteligencia del batallón 601 y de la Marina Argentina quienes podían operar con facilidad en el territorio” (Larraquy; 2006). Esta articulación permitió desplegar la represión a países de la región, lo cual explica las detenciones de Campiglia y Pinus, en territorio brasileño y de María Inés Raverta, Julio César Ramírez y Noemí Gianetti de Molfino en Perú, desde donde son trasladados primero a Bolivia y luego se pierde el rastro de su paradero. Se presume que a Molfino la llevan a Campo de Mayo, Argentina -donde estaba detenida su hija Marcela, embarazada- y finalmente a Madrid, donde aparece asesinada en un apart-hotel.

El juicio comenzó el martes 9. En esa primera audiencia, mientras se leía el enorme listado de víctimas, mientras sus nombres eran pronunciados, sus familiares, sus amigxs y sus compañerxs alzaron las fotografías y llenaron la sala con sus rostros. Como si florecieran, todas y todos, entre sus seres queridos y entre sus memorias.