En lo personal, además, coincidía con mi primer día de trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos. Conmovido y sin poder salir de mi asombro, en esa primera jornada me tocaba acompañar al futuro Espacio para la Memoria a Judith Said, incansable militante y compañera que ya por entonces estaba al frente del Archivo Nacional de la Memoria, creado por Néstor Kirchner en diciembre de 2003. Said fue la principal responsable a nivel nacional de la Comisión Bipartita creada el 24 de marzo de 2004, con el Acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires que le diera institucionalidad a la recuperación de la ESMA.

En uno de los salones vacíos del Pabellón Central, más conocido como el edificio “Cuatro Columnas”, alrededor de una pequeña mesa que la Marina no había saqueado en su retirada rencorosa (que se ensañó con las instalaciones y depredó hasta los picaportes de las puertas), coincidieron por unos pocos minutos el entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde y su par de la ciudad, Gabriela Alegre, el escribano de la CABA y el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, años después dado de baja y condenado por realizar espionaje ilegal en democracia.

Aún tratándose de edificios y espacios vacíos, la reconfiguración que se estaba produciendo ya era notable. La ESMA, símbolo del horror, lugar visible y disciplinador del terrorismo de Estado, se cargaba de nuevos sentidos y empezaba a transformarse en otro emblema: el de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que venían a reparar algo del inconmensurable daño ocasionado y a desandar años de silencio e impunidad. Una tríada tan poderosa que hasta ese entonces (con la sola excepción de la Conadep y el Juicio a las Juntas, cuyas consecuencias fueron prontamente avasalladas por el propio Estado, con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de los ochenta y los indultos de los noventa) sólo conocíamos a través de la lucha de los Madres, las Abuelas y los organismos de derechos humanos, de la que siempre nos sentimos parte. Pero que -hacia 2003- no existía como una expresión articulada e integral de políticas de Estado. O sí, pero como políticas de la desmemoria y la injusticia.

Esas reuniones de la “Comisión Ad Hoc” (así se llamó a los encuentros entre la Bipartita estatal con las organizaciones y sobrevivientes), resultaron otra experiencia inolvidable, cargada de emociones e inquietudes por encontrar los modos de narrar, de poner en palabras el horror sin exhibirlo, de lograr trasmitir el sentido político de la experiencia concentracionaria y estructurar un relato que recuperara las luchas que buscó exterminar. Así se sucedieron encuentros con especialistas en temas de memoria y se tuvieron en cuenta experiencias de otros espacios que ya desarrollaban iniciativas de trasmisión en sitios de represión ilegal, tanto en la Argentina (con experiencias pioneras como los ex CCD “Mansión Seré” y “Club Atlético”) como en otros países.

En ese ámbito se debatieron y, por consenso, se fueron tomando las primeras decisiones: se descartó el concepto de “museo” y se adoptó el más amplio de “espacio para la memoria”; se acordó que no se inauguraría el sitio hasta tanto se concluyera el desalojo de la Armada; se determinó que el relato sobre los crímenes ocurridos en la ESMA se centraría en los testimonios de las y los sobrevivientes, que aportaron a la descripción del funcionamiento del campo y participaron en talleres y reuniones de formación de los futuros trabajadores; se descartó realizar cualquier reconstrucción física del centro clandestino que pudiera exacerbar aspectos vinculados con la mostración del horror, focalizando la estructuración del relato en las luchas que llevaron adelante las y los compañeros detenidos-desaparecidos y en el sentido político de la represión ilegal y el plan sistemático de exterminio ejecutado por el Estado para acallarlas; se elaboró un guión y se diseñó una cartelería explicativa que no interviniera materialmente el sitio (las estructuras iban apoyadas sin afectar paredes ni pisos) ni impidiera dimensionar los ambientes, dejando los edificios utilizados para la represión ilegal (en particular el Casino de Oficiales) tal como habían sido recibidos, previéndose solamente tareas destinadas al mantenimiento edilicio y a la investigación y preservación de evidencias que pudieran aportar a los juicios por delitos de lesa humanidad y a la reconstrucción de la memoria; se incorporó y definió la formación de un equipo de guías para acompañar las visitas; se decidió contratar personal civil destinado al cuidado del predio; entre muchas otras.

Este proceso de gestación de una política que implicó la transformación radical de la relación del Estado con los organismos de derechos humanos y una refundación del rol histórico del propio Estado (de criminal y garante de impunidad a reparador de sus crímenes y promotor de derechos), no pudo sino dejar huella en lo personal y en lo colectivo, tanto en el conjunto de la sociedad como a nivel de los trabajadores que las llevamos adelante en una etapa que nos marcó a fuego.

Porque como decía un afiche callejero con la imagen del Guernica de Picasso que anunciaba en Córdoba la recuperación de “La Perla”, allá por marzo de 2007: “la memoria ocupa lugar”. Y ese lugar, esos lugares de la memoria que a 15 años de la desafectación de la ESMA vuelven a estar amenazados, son hace tiempo ocupados por un hondo entramado de resistencias que se nutre de las luchas que nos precedieron y que obstinadamente se planta en el presente, como escribiera Paco Urondo, “hasta que todo sea como lo soñamos”.

* Gonzalo Vásquez es licenciado en Ciencias de la Comunicación y trabajador de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Fue delegado de base de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a finales de los '90 y a partir de 2004 integró el equipo de trabajo del Archivo Nacional de la Memoria a cargo de la primera etapa del proyecto de creación del Espacio para la Memoria en la ESMA y, con posterioridad, la Red Federal de Sitios de Memoria.