En los tribunales de San Martín, corazón industrial del conurbano bonaerense y base de reivindicaciones obreras, se reanudó el 8 de febrero el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de la empresa Ford durante la última dictadura cívico-militar.

A diferencia de los juicios en Comodoro Py, donde un grueso vidrio separa a los familiares de las víctimas de los represores, apenas una barandilla separaba a los querellantes de los imputados. Pedro Troiani, uno de los trabajadores secuestrados e impulsor de este juicio, que tardó más de 11 años, se sentó hoy en primera fila, a menos de un metro de los acusados, Pedro Müller, Héctor Sibilla y Santiago Omar Riveros, responsable militar de la zona de defensa delimitada por el Ejército argentino donde se encontraba la planta.

Vestido con una remera con el logo de Ford manchado con sangre, un par de filas más atrás estaba ubicado Carlos Propato, obrero del sector de pintura de la planta, quien fue secuestrado el 13 de abril de 1976 y estuvo detenido en los penales de Devoto y Sierra Chica.

En diálogo con Haroldo, Propato contó que de los 24 trabajadores sobrevivientes a aquellos tormentos, 12 murieron durante estos 42 años, aunque muchos llegaron a declarar en sede judicial y sus testimonios serán tenidos en cuenta para este juicio. Propato se conmueve cuando recuerda que algo de lo que declararon sus compañeros será tenido en cuenta por la Justicia.

“Recién ahora se pone en marcha el juicio. Ahora que estamos a punto de declarar, tenemos la emoción de decir que los 42 años que pasaron no fueron en vano, que nuestras luchas fueron por los compañeros caídos. Ojalá este proceso demuestre que la Ford no es impenetrable”, afirmó.

Para la época de los hechos, Pedro Müller era gerente de manufactura de la planta y Héctor Sibilla, teniente retirado y jefe de seguridad y protección. Ambos están acusados por la privación ilegítima de libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas y tormentos sobre los trabajadores, todos ellos operarios de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Pacheco. Muchos de ellos, además, cumplían el rol de delegados gremiales. En la mayoría de los casos, el recorrido del cautiverio comenzó en el quincho del campo de deportes de la empresa y en las comisarías de Ingeniero Maschwitz y Tigre donde estuvieron desaparecidos hasta que fueron legalizados, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y enviados a las cárceles de Devoto, La Plata y Sierra Chica.

La de Ford es una de las causas emblemáticas de complicidad civil con la dictadura: la empresa no sólo vendió 269 unidades de Ford Falcon “no identificables”, símbolo de los grupos de tareas durante el Terrorismo de Estado, y aportó sus F-100 para el secuestro de los trabajadores, sino que en el predio de General Pacheco montó un centro clandestino que funcionó en un quincho de la planta automotriz. (http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=272)

Los trabajadores además acusan a los directivos de haber confeccionado las listas negras que habilitaron su secuestro y posterior desaparición. En los años transcurridos de los hechos, fallecieron sin juicio los directivos Nicolás Enrique Courard, presidente de la compañía, y Guillermo Galarraga, gerente de relaciones laborales.

Dos hechos demoraron el inicio de la audiencia, presidida por los jueces del Tribunal Federal 1 Mario Gambacorta, Osvaldo Facciaro y Diego Barroetaveña: la llegada de Santiago Riveros, que se encuentra con el beneficio de la prisión domiciliaria por otras condenas, y la conectividad con Rosario, desde donde sigue el juicio el cuarto magistrado que debe participar en todos los procesos de lesa humanidad. Hubo que llegar hasta esa ciudad, a 300 kilómetros de Buenos Aires, para encontrar al juez federal dispuesto a involucrarse.

A pocos minutos de iniciada la audiencia, la defensa de Müller intentó frenar la marcha del juicio con el argumento de que el proceso “viola garantías constitucionales”. Tanto los abogados Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta -que representan a los trabajadores- como los integrantes de la Procuraduría Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal Jorge Auat cuestionaron la maniobra dilatoria. El tribunal en pleno rechazó el pedido.

El juicio por los desaparecidos de la Ford continúa con marcha lenta pero firme: ya se fijó audiencia para el 20 de febrero, en la que declararán Troiani, Propato y Adolfo Omar Sánchez y otras dos para el 6 y 20 de marzo.

Los abogados particulares de Muller y Sibilia, así como el defensor oficial de Riveros confirmaron que ninguno de los tres va a concurrir a las audiencias, sino que van a dejar el trabajo de su defensa en mano de los letrados.

Las audiencias son orales y públicas. Para acudir solo hay que ser mayor de 18 años y llevar DNI.