“Ford Motor Argentina creyó en el Proceso de Reorganización Nacional porque vio en el vehículo para que el país se reencuentre con su verdadero camino, el camino que lo conduzca al sitio que le corresponde dentro del margen nacional y también en el marco mundial” (Comunicado de prensa de la compañía )

"Estamos  en el borde de ver a esta gente en el banquillo de los acusados y que se defiendan como nosotros no hemos podido", afirmó Pedro Troiani, uno de los delegados secuestrados y detenidos en la planta de Ford, a Radio Imposible un día antes de comenzar el juicio contra los ex directivos de la compañía, el 19 de diciembre pasado. La emoción transmitida por el grupo de los trabajadores era tan grande que no cabía en la sala y contagió con rapidez al resto del público de la sala del Tribunal Oral Federal Número 1, ubicado en San Martín, provincia de Buenos Aires.  

Lo imposible sólo tarda un poco más y este juicio fue postergado en numerosas ocasiones por responsabilidad de diversas instancias del poder judicial. A su vez, este comienzo se vio empañado por la fuerte represión desplegada el día anterior en los alrededores del Congreso Nacional contra los ciudadanos que fueron a protestar contra el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno.

Este juicio proviene de la causa 2.855 “Muller Pedro y otros s/privación ilegal de la libertad" (más conocida como causa FORD) en la cual se investigaron hechos relacionados con la participación de los directivos de la empresa Ford Motor Argentina en delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). El proceso se originó con las primeras denuncias que realizaron los trabajadores ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984. A partir de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, el caso Ford transitó por tres departamentos judiciales diferentes de la justicia federal y tardó más de once años de ser elevada a juicio. La causa se desprende de la llevada adelante contra Santiago Omar Riveros, quien era responsable militar de la zona de defensa delimitada por el Ejército argentino donde se encontraba la planta de Ford.

Los acusados son los directivos Nicolás Enrique Courard, presidente de la compañía (fallecido impune); Pedro Müller, gerente de manufactura; Guillermo Galarraga, gerente de relaciones laborales (fallecido impune) y Héctor Sibilla, teniente retirado, jefe de seguridad y protección de la planta fabril. Los delitos que se les imputan en esta causa son: privación ilegitima de libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas y tormentos sobre  24 trabajadores, todos ellos operarios de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Pacheco. Muchos de ellos, además, cumplían el rol de delegados gremiales.

La causa siempre avanzó gracias a la voluntad y perseverancia de las víctimas, que han venido denunciando junto a sus abogados y una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales las diversas violaciones a los derechos humanos a las que fueron sometidas mientras cumplían labores para la empresa automotriz.

El horror en el quincho de la Ford

Un estudio sobre 25 empresas publicado en un libro Responsabilidad Empresarial por Delitos de Lesa Humanidad, elaborado por un conjunto de investigadores de cuatro  instituciones, permitió esclarecer cuestiones pendientes y aportar evidencias concretas acerca de la participación de las empresas durante el Terrorismo de Estado que hasta entonces no habían sido abordadas con esa profundidad y en forma tan sistemática.  A partir de un minucioso análisis sobre un conjunto de archivos de diversa naturaleza se ha logrado demostrar que “en el territorio de los establecimientos fabriles, se combinaron con eficacia el accionar de las Fuerzas Armadas y el accionar empresarial para ejercer el poder represivo contra los trabajadores”.  Y, además, se ha podido comprobar que “dicha articulación, plasmada en directivas del Ejército que manifestaron una común preocupación por la conflictividad entre el capital y el trabajo, formó parte de la estrategia de grandes empresas, que pusieron en juego una amplia variedad de prácticas represivas que incluyeron la entrega de información y el aporte de recursos logísticos y materiales a las fuerzas represivas y la instalación de centros clandestinos de detención en el predio de sus fábricas, entre otras. Estas prácticas, tanto por sus características propias, como porque se insertaban en la trama del terrorismo de Estado al vincularse con los hechos que tuvieron como víctimas a los trabajadores, se configuran como delitos de lesa humanidad”.¹

La represión en la fábrica de General Pacheco estuvo focalizada en el cuerpo de delegados. El informe detalla que fueron 35 las víctimas y que  24 eran trabajadores y delegados que sufrieron persecución política y fueron detenidos en sus domicilios particulares o en el mismo lugar de trabajo. Asimismo, fueron objeto de torturas en el quincho del campo de deportes de la empresa y en las comisarías de Ingeniero Maschwitz y Tigre donde estuvieron desaparecidos hasta que fueron legalizados, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y enviados a las cárceles de Devoto, La Plata y Sierra Chica.

La responsabilidad de los ex directivos de la Ford en delitos de lesa humanidad proviene de un conjunto de  evidencias que arrojaron tanto fuentes documentales como testimoniales:

• en el predio de la empresa se montó un centro clandestino de detención que funcionó en el espacio del quincho del campo de deportes.
• la empresa, a través de su personal jerárquico, confeccionó un listado de trabajadores que entregó a las fuerzas represivas para que procedan a su detención. Para ello, los directivos facilitaron desde los legajos personales y fotografías de sus empleados hasta camionetas para los traslados.
• la empresa y sus directivos tenían conocimiento sobre las detenciones y que varias de ellas se produjeron en el interior de la fábrica, en horario laboral y frente a compañeros y directivos.
• el Ejército recibió la contribución de camionetas F100 así como también el hecho de que le fue facilitado el almuerzo diario al personal militar allí asentado.
• la empresa, a través de sus directivos, brindó la información para los interrogatorios de los detenidos, así como un caso en el que el Jefe de Seguridad de la planta, Héctor Sibilla, participó del mismo.

Otra prueba relevante para destacar es el conocimiento de la empresa sobre la situación de detención de los trabajadores debido a que las familias tuvieron que informar a la oficina de personal una vez que recibieron los telegramas que los intimaban a presentarse a sus labores. Al recuperar la libertad, los trabajadores terminaron siendo despedidos sin cobrar ningún tipo de indemnización, al aplicarse la ley 21.400 sancionada por el régimen dictatorial en septiembre de 1976 que favorecía directamente a las empresas.

La participación de la Ford en el accionar represivo de sus propios trabajadores significó una clara señal de endurecimiento de la política de disciplinamiento y control de los trabajadores a fines de obtener aumentos en la productividad y acrecentar cada vez más sus beneficios económicos.

¿De qué se defiende Ford?

“En marzo de 1976, debido a la decisión del gobierno militar y, por lo tanto fuera del control de la compañía, el Ejército Argentino colocó fuerzas dentro de las instalaciones, que había sido entonces incluida en una zona militar por las autoridades. Las actividades llevadas a cabo por las fuerzas militares fueron absolutamente independientes y desligadas de los procedimientos y prácticas de Ford”. ² Esta respuesta fue la que dio la empresa ante el Business and Human Rights Resource Centre dependiente de Naciones Unidas tras las acusaciones de que habrían estado involucrados en los abusos durante la dictadura cívico-militar en Argentina.

En ese sentido, resulta fundamental preguntarse ¿cuál fue el rol de las grandes empresas en la dictadura? ¿Fueron “víctimas” del accionar militar como sostiene la respuesta de Ford en la causa? ¿Fueron cómplices de una acción que en su planificación, ejecución y beneficios eran principalmente definidas por las Fuerzas Armadas? ¿O fueron responsables y protagonistas del accionar represivo?

Control y disciplinamiento 

El fordismo desde sus orígenes y también en su filial local supone una clara voluntad de control absoluto de lo que ocurría en “su” territorio. Ningún trabajador podía pasar de una sección a otra de la planta sin autorización, e incluso ex trabajadores cuentan que la supervisión y control de movimientos llegaba al punto de que se requiriera una “papeleta amarilla” para ser autorizado para ir al baño. Cada vez que el colectivo obrero tomó medidas que impugnaban en mayor o menor medida el despotismo de Ford (controlar las categorías, definir las enfermedades profesionales, ejercer la representación en el lugar de trabajo), y muy especialmente cada vez que la planta fue ocupada por los trabajadores, Ford publicó solicitadas en los grandes diarios, tomó sus propias medidas de acción directa a través de despidos, suspensiones e incluso llegando al lock out.

Sin embargo, nada de esto ocurrió cuando en la planta de Pacheco “el Ejército Argentino colocó fuerzas dentro de las instalaciones.” Por el contrario, la empresa mantuvo estrechas relaciones con las máximas autoridades del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La empresa vendió 269 unidades de Ford Falcon “no identificables” a pedido del ministro Albano Harguindeguy que son hasta el día de hoy el símbolo de los grupos de tareas del terrorismo estatal en la Argentina. Aportó además sus F–100 para el secuestro de los trabajadores.

En un territorio bajo control estricto, ¿puede alguien con seriedad pensar que podía funcionar un centro clandestino sin el aval de la empresa? ¿Podía ignorar su existencia el jefe de seguridad de la planta, que además era militar retirado y terminaría sus años laborales en la embajada de los Estados Unidos en Argentina? ¿Podía el gerente de manufacturas desconocerlo? Y más aún, ¿podía esto ocurrir en Buenos Aires sin que hubiera dado el aval la casa matriz en Detroit?

Lejos de ser “colaboradora obligada”, la empresa se benefició enormemente. A sangre y fuego consiguió desestructurar el fuerte proceso de organización y movilización que había alcanzado en las jornadas de junio y julio en el marco de  la discusión del convenio de 1975 sus picos más altos. Las ventas de la empresa, en millones de dólares, se multiplicaron por seis en 1976 en relación al año anterior ⁴ Luego de las pérdidas de 1974 y 1975 y la instauración de la Junta Militar, la firma obtuvo el monto más elevado de utilidades desde 1960. Pero además, la relación de ganancias sobre las ventas, otorgó a Ford un lejano primer lugar en relación al resto de las terminales automotrices. Este reposicionamiento se observa con claridad en el hecho de que la compañía pasó a ocupar el primer lugar por volumen de producción, desplazando a Fiat de esa posición, y en un contexto de crisis en el que varias terminales abandonaron sus actividades en Argentina.

La preeminencia de la empresa norteamericana tuvo su expresión en el cargo de presidente de ADEFA (Asociación de Fabricantes de Automotores) que Juan M. Courard, presidente de Ford ocupó por tres años consecutivos entre 1977 y 1979, revirtiendo una práctica de rotación anual.

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Las condenas sobre los civiles que participaron durante la última dictadura han sido escasas. Según el CELS, hasta el 30 de julio de 2017,  366 civiles fueron acusados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, 28 empresarios. La primera y única condena que existió contra un civil empresario por delitos de lesa humanidad fue la de Marcos Levín, propietario de la empresa de ómnibus “La Veloz del Norte”, que posteriormente fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal. La impunidad de los grandes empresarios es evidente debido al poder real que siguen ejerciendo en la actualidad. Fueron los grandes beneficiarios de la política económica impulsada por el entonces ministro de economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y son los principales favorecidos de la política económica actual. 

Este juicio es una oportunidad histórica para demostrar la participación e involucramiento de un gigante como la Ford  junto con el régimen dictatorial en violaciones a los derechos humanos de sus propios trabajadores. Más allá de que sean unos directivos quienes estén siendo juzgados, detrás de estos crímenes está la compañía. Desde sus orígenes, a principios de siglo en Detroit, esta gran multinacional viene imponiendo una política anti-sindical que atenta contra las libertades y derechos de los trabajadores y sus organizaciones. Nuestra tarea y compromiso como pueblo será acompañar y apoyar siempre a las víctimas porque a Ford y a sus representantes los juzga un tribunal pero, en definitiva, los condenamos todos.

*La próxima audiencia será el 8 de febrero. El tribunal está formado por los jueces Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Diego Barroetaveña y son fiscales Jorge Auat y María Ángeles Ramos, que investigan los delitos cometidos contra 24 trabajadores en la planta de General Pacheco.