Abel Córdoba es fiscal de la causa ESMA III, uno de los procesos más importantes de la historia penal argentina y el más emblemático contra crímenes de lesa humanidad, desde hace dos años y medio. Pero su vinculación con la temática comenzó en 2004 en un organismo de derechos humanos de Bahía Blanca, donde nació y estudió.

Con una larga experiencia en derechos humanos, violencia institucional y crímenes de lesa humanidad, espera con expectativa el fallo del Tribunal Oral N°5 -conformado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia- que se conocerá este 29 de noviembre, después de cinco largos años, en el que se juzga a 54 imputados por los crímenes a 789 víctimas.

“La idea de justicia de cada uno está conformada por muchas influencias, pero mi decisión de ser abogado está muy ligada a la falta de juicio de los responsables de estos crímenes. Esto implica, además de un trabajo, cumplir con un compromiso y, por supuesto, un aprendizaje enorme de la dignidad de las personas. En este juicio y, en otros en los que participé, lo que nos atraviesa es la dignidad. Quien se vio llevado a vivir una desaparición, una muerte en esas condiciones, merece el más grande de mis respetos, y me conmueve más cuando puede hablar. Que esas personas debieran esconderse del Estado es devastador, porque es el mismo Estado que te mata o te persigue. Y esto sucedió hace más de 40 años. Además, pensemos que las categorías tiempo  y espacio son fundamentales en cualquier cultura, al igual que el ritual que requiere la muerte de un ser querido, por eso para los familiares es muy difícil encontrar palabras. Pensemos que la ESMA, al igual que otros centros clandestinos, eran urbanos, lo que suma una conexión física acústica. Es decir, la gente que estaba adentro escuchaba los ruidos, los goles del mundial en la cancha de River y la personas del afuera también veían ese lugar. Hoy resulta incomprensible, porque hay una ruptura en relacionar un estadio lleno y la tortura produciéndose a pocas cuadras", reflexiona durante una entrevista con la Haroldo.

En ese sentido, el fiscal -que trabaja junto a su par del Ministerio Público Fiscal, María Ángeles Ramos- pretende que esta sentencia "les devuelva algo a las víctimas. Incluso también a los imputados como personas responsables de los crímenes más aberrantes, que deben ser condenados para que se restablezca la legalidad. Cada uno de ellos que secuestró, desapareció, mató o torturó vive en la ilegalidad, por lo tanto es necesario que tenga un lugar legal visible”. 

"Hay un juego de lo que es visible y de lo que no es. Y desde el punto de vista de la víctima sigue siendo incomprendido. Por eso, lo que puede romper esa inconexión es el testimonio y la imagen, como las que sacó de la ESMA (el sobreviviente) Víctor Basterra, que han roto la clausura absoluta de ese lugar dándole contenido real”.

Ante el padecimiento de las víctimas y familiares, “hay derecho a una vida digna. Sin embargo, y aún cuando se logren todos los objetivos, el juicio tiene un costo personal altísimo, el tiempo que llevó, mover todo este mecanismo es insalubre. Por eso, lo más importante es que haya una decisión estatal de condenar lo que sucedió, de que se considere que quien testimonió fue veraz”.

-¿Qué es lo que destaca de las declaraciones de los imputados?

Cuando lo escuché a Alfredo Astiz pensé lo tremendo que significaba para las víctimas, escuchar lo que decía. Sin embargo, prefiero que un imputado como él se exprese. Nos recuerda dónde está, nos dice quién es y también actualiza el tema. Por supuesto que tenemos en claro que existe un pacto de silencio y que ninguno de los imputados ha aceptado hacerse cargo, ni ha roto ese pacto respecto a la represión. Pero es muy importante resaltar que a lo largo del juicio las propias defensas han reconocido mucho de lo que antes se debatía. Por ejemplo que efectivamente la ESMA funcionó como centro clandestino de detención y tortura, asintiendo que ahí hubo víctimas y que ahí se torturaba. Hasta algunos imputados expresaron “sí, eso estaba ahí en ese subsuelo,  pero yo estaba en otro edificio de la Escuela, así que no tengo nada que ver”.  

-¿Qué dimensiones se deben tener en cuenta para entender este juicio?

ESMA III presenta varias dimensiones. Tiene una dimensión histórica: los hechos lo son, todos los que intervienen forman parte de la historia política y también de la historia familiar. Tiene una dimensión penal en la que de ningún modo se espera la confesión del imputado. En materia penal, los imputados nunca reconocen su culpabilidad. Sin embargo en ESMA hay una expectativa y, por cierto legítima, y que significa que los imputados saben algo que no dicen, lo cual sería de importancia fundamental para la historia argentina. Entonces, la expectativa es muy grande porque existe un dolor irreparable, que se podría amortiguar con la información que tiene esta gente. Pero esa información no la han dado. Esta causa va más allá de lo penal y se enmarca en una cuestión que tiene que ver con la verdad y la justicia en términos más amplios. Yo, que trabajo en esta causa, que no estoy afectado directamente, porque no tengo una historia de pérdida de un familiar, entiendo lo que deben sentir los familiares de las víctimas, que saben que cuando los están escuchando piensan: “Este tipo sabe lo que hizo, tiene en su memoria lo que sucedió”. Los imputados saben que a mucha gente le cambiaría la vida, se la aliviaría. Le podrían dar alguna certeza, pero no lo hacen, lo cual es muy tremendo.

-El hecho de que no se haya roto ese pacto de silencio resulta muy perturbador para las víctimas y para sus familiares. ¿Qué encierra ese acuerdo de no decir la verdad?

Han tenido más de una oportunidad de hacerlo. Algunos protagonistas centrales de todo esto, Astiz es uno de ellos, mantuvieron un posicionamiento beligerante muy alto. Acusan al Tribunal, a la Justicia y la enfrentan. Hay un grupo importante de militares que sabe que Astiz, quizás por ser el estandarte de la represión, no va a decir una palabra, porque le implicaría a él mismo revisar todas sus posiciones y su vida. Pero él no estuvo solo; a todos los operativos en los que participó, obviamente no fue solo. Hay cientos de personas que podrían aportar algo a la verdad, sin que se les involucre a ellos su libertad, pero no lo hacen. Me refiero a suboficiales, a empleados, otra gente que, sin duda, conoció y participó de esto que mantiene el silencio. El tema del silencio de los acusados no es necesariamente una resistencia a la democracia: hay que interpretarlo como un modo lamentable de querer mantener el poder sobre las víctimas.

-Y estos procesos judiciales constituyen una manera de exhibir esta situación…

Sí, aunque me interesa hacer la salvedad de que aún no se ha finalizado con estos procesos y lamentablemente no están del todo consolidados. Estamos en tiempos difíciles y no me refiero a los tiempos políticos. Digo que han pasado muchos años y hay gente que sostuvo esto con su propia vida y lamentablemente ya no está, incluso quienes continúan haciéndolo están cansados. Podría decir lo mismo del Ministerio Público Fiscal, desde el propio conocimiento.

-¿Por qué dice que “no están del todo consolidados”?

Veníamos en un camino muy interesante, con un proceso de justicia que avanzaba, con una base ética muy importante y pensábamos que podíamos construir algo mucho más de avanzada. Lamentablemente no es así. Es como las mareas que llegan hasta un punto, pero luego comienzan a aparecer canales de regreso. Presenciamos algunas cuestiones que no dejan de preocuparnos: exenciones que se justifican con ciertos eufemismos, en lugares como Catamarca, Río Gallegos o Tucumán, que antes no aparecían. Lo que quiero decir es que es un proceso que ha avanzado mucho, pero que no es fijo y requiere mucha atención. Por otro lado, estos procesos, que si bien tienen su materia en hechos del pasado, están articulados con sucesos actuales. La dictadura tuvo como política de Estado las desapariciones, las sustracciones de identidad, o sea que institucionalizó el crimen. Con la apertura del proceso democrático dejó de ser una política desde el Estado, pero lamentablemente no deja de ser una práctica institucional. Con esto me refiero a la violencia institucional,  la tortura masiva en los lugares de encierro, donde hay aún personas desaparecidas a lo largo del país. Lo que me interesa subrayar es que aquella violencia ejercida en un momento desde el Estado dictatorial ha quedado plasmada en el plano institucional hasta la actualidad.

-Este juicio lleva prácticamente cinco años. ¿Por qué tardó tanto?

Ha sido un factor negativo indudable. Desde mi interpretación es producto de la tramitación burocrática de los procesos. Pero el tema es que cuando estamos frente a una materia tan delicada como pasa en este juicio eso no debería suceder. Una cosa es un juicio de contenido documental, donde se debate una cuestión de escritos y donde no está en juego la dignidad humana. Que ocurra con ESMA constituye una alarma. De la Argentina es el juicio que ha llevado más tiempo y es el de mayor dimensión, incluso más que el Juicio a las Juntas. Acá se ha tardado cinco años en juzgar a 68 personas, de las cuales quedan 54, además de que fallecieron muchas víctimas y familiares. Es demasiado tiempo el que transcurrió desde que cada persona testimonió. Hay gente que vino, declaró y pensó que a los pocos meses llegaría la respuesta judicial. Es inaceptable el paso de tanto tiempo entre el testimonio y el fallo: el Estado debe hacerlo inmediatamente, debe revisarlo en el menor tiempo posible.

-¿Cuáles son los riesgos que corren los juicios de lesa humanidad?

Uno de los riesgos es que queden burocratizados, que terminen siendo una sucesión formal de actos judiciales donde no ocurre demasiado y, si ocurre, no es percibido por quienes estamos en las audiencias. Lo cual produciría un vaciamiento de contenido a estos procesos que tienen una dimensión jurídica única. Para una víctima no es lo mismo ir a declarar ante un Tribunal donde es escuchada que a otro donde no lo es. En el caso ESMA y desde la fiscalía, incluso con los sucesivos cambios que hubo, hemos hecho todo lo posible para reflejar lo que ha sido la violencia contra las víctimas y trasladar la responsabilidad de los imputados en una acusación.

-¿Qué expectativas tiene sobre el fallo del Tribunal Oral N°5? 

Obviamente no sabemos nada. Expectativas tenemos y muchas. La acusación fiscal es sumamente extensa y tiene que ser juzgada. Las defensas se dedicaron a desestimar y distorsionar los fundamentos de la fiscalía y también a las víctimas. Dijeron que habíamos capacitado a los testimoniantes como si fuera un curso que podemos dar a quienes sufrieron todo lo que sufrieron. Creo también que los testimonios que han sido llevados al juicio deberían ser estudiados por toda la riqueza que contienen. Desde mi punto de vista, está muy bien que haya un juicio con posiciones tan contrapuestas. Cuando nosotros trabajamos e investigamos no lo hacemos sólo por acusar. Es muy bueno visibilizar lo que piensan los imputados y las razones que exponen para sustentar sus intereses. Eso es lo que el juez tiene que resolver. Entonces que esa parte llegue al Tribunal con una participación ruidosa y estridente le otorga un correlato interesante a la acusación.

En el caso de las víctimas, la cuestión es muy distinta. Por eso la última intervención de la fiscalía fue hacer un desagravio público y así lo expresé a fines de septiembre en relación a las agresiones que sufrieron. Nuestra posición era volver a poner en su lugar a las víctimas. No por venganza a los acusados. Para eso están los procesos judiciales. Desde nuestra interpretación, la tortura y el destino final implican un acto de verdadero sometimiento. La tortura no es un acto que comienza y termina en la propia sesión de tortura. La persona que sufre los efectos de la tortura exhibe al extremo la relación desigual a la que fue expuesta y que no finaliza cuando el torturador decide desenchufar la picana eléctrica. Por eso, los imputados insisten que los juicios son una venganza de aquello que sucedió. Entonces quienes pueden redimensionar los roles de cada uno son los jueces, que tienen en sus manos la posibilidad de inmunizar a las víctimas afirmando que lo que dijeron es verdad y de esa verdad se construye la verdad judicial, mostrando al mismo tiempo que se puede revertir esa relación de poder. “Usted que ejerció ese acto de poder es castigado por la ilegalidad”. De acá se desprende que lo que esperamos no es sólo una sentencia formal y, en todo caso, adecuada. Lo que esperamos en lo más profundo es la redimensión de la dignidad de las personas que han pasado por esas situaciones y que han aportado su verdad al proceso de justicia. Y que el represor que llegó a aquellos actos extremos sea castigado como tal. Ahora, ¿qué pasa si eso no ocurre? El riesgo de mantener el esquema del poder del victimario sobre la víctima sería convalidarlo.

-¿Considera que la sociedad, en particular algunos sectores, puede comprender esta dimensión a la que se refiere?

No existe ninguna posición política que apoye estas prácticas; también la sociedad ha avanzado en ese sentido.  Si bien un editorial de La Nación tuvo una expresión en ese sentido, desde el propio staff de sus periodistas hubo una reacción que se opuso rotundamente a avalar el accionar de la represión. Yo creo que mantenemos nervios y músculos activos para condenar los crímenes de lesa humanidad.

Pero, por encima de todo, la causa ESMA tiene una decisión judicial. Sabemos que dentro del sistema judicial puede haber controversias. En democracia hubo períodos de silencio pero también hubo otros de mucha actividad y eso es lo que está en juego ahora. Pensamos que no va a suceder lo que pasó en los años 90; tampoco lo que fue en 2008. El Poder Judicial no va a tener la misma decisión que tuvo, aunque tampoco hay que descartarla si existe un plafón social amplio. Este es el juego que está en interacción: lo que es la legalidad,  pero también lo que es el mensaje social.

Hay personas que claramente vinieron sosteniendo este proceso de justicia. Entre estas personas hay funcionarios del Poder Judicial, pero sobre todo son los organismos de derechos humanos y los familiares quienes han sobrevolado todas las coyunturas políticas de nuestro país. Es decir, más allá de lo que pase con la economía, con este presidente u otro, este tema siempre fue puesto como base de la institucionalidad y de la ética social. La coyuntura actual encuentra a los familiares y a los organismos con décadas de cansancio y de tristeza, pero también con una enorme experiencia ganada. Y un ejemplo es el fallo de la Corte Suprema del 2x1, ante lo cual la sociedad salió a marcar un límite ciudadano por el ejercicio pleno de derechos. Esto indica un camino claro y creo que no hay riesgos de que una coyuntura los corra del objetivo.

-¿Cómo se hace para llegar a todos los sectores de la sociedad?

Sabemos que hay un tema importante y que tiene que ver con la difusión de los juicios de lesa humanidad. La incomprensión de lo sucedido muchas veces se justifica diciendo que esto es pasado. En los subsuelos de estos tribunales hemos escuchado historias tremendas y actuales. Cualquiera que escucha esos casos, cómo eran esas personas, qué hacían, cómo fueron desaparecidas, por dónde pasaron y qué fue lo que les sucedió, sin duda generaría una cuestión empática, salvo que sea un anulado en términos de humanidad. Por supuesto, están los posicionamientos políticos, pero si una gran parte de la sociedad conociera los hechos y escuchara el momento en que se van relatando en las audiencias públicas judiciales esa percepción cambiaría. Este proceso de juzgamiento tan profundo, lamentablemente no tuvo como testigo a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, hay que resaltar que cuando comenzó todo el proceso judicial se logró quebrar la impunidad en cada uno de los rincones de la Argentina, aun en lugares dificilísimos, donde no se sabía nada, como Bahía Blanca, donde trabajé. Ahora hay más de 80 acusados y probamos la existencia de centros clandestinos.

-Hoy la ESMA funciona como un espacio de memoria. ¿Qué significado tiene para usted?

Con este espacio tenemos un problema latente grave. Yo hablo con mucha gente que viene del exterior y uno de los dos o tres lugares que visita en Buenos Aires es la ex ESMA. Ahora, cuando uno habla con los integrantes de la fiscalía, la mayoría no ha ido todavía. Entonces no va a alcanzar solamente con que el lugar sea simbólico, sino que tiene que seguir manteniendo el significado del horror.

Por eso, más allá de todas las dimensiones que uno pueda darle a un juicio como ESMA III, es la gran oportunidad que tiene el sistema judicial, que tuvimos los fiscales. y que hoy tienen los jueces de poder reafirmar el límite inadmisible que tienen las conductas humanas. Es decir reafirma el límite de lo que la sociedad admite o no admite; esta es la dimensión más profunda, que va mas allá de si de conmuta una pena o absuelve a un imputado. Nunca es demasiado reafirmar ese límite, porque no están en juego un delito o dos, sino la condición de humanidad.