La Noche de las Corbatas fue un operativo político, ideológico, económico y disciplinador que la dictadura descargó sobre un grupo de abogados cuyo único pecado era defender trabajadores. Esos crímenes sintetizaron, y llevaron al terreno cotidiano, el objetivo principal del golpe de Estado de 1976: modificar la distribución de la riqueza y, al mismo tiempo, la estructura económica de la Argentina. Para ello era necesario mutilar la Ley de Contrato de Trabajo, que había sido discutida y sancionada en democracia, y también terminar con los profesionales que la reivindicaban en cada negociación paritaria, en cada asamblea gremial, en cada asesoramiento a las conducciones sindicales para las que trabajaban.

Así como el sentido de ese asalto a la Casa Rosada puede leerse en los secuestros de la primera noche y en los días que siguieron, lo mismo puede hacerse al analizar la voracidad de los cambios sobre la estructura legal. La Ley de Contrato de Trabajo fue uno de los primeros objetivos: apenas 30 días después del golpe se eliminaron 25 artículos y se modificaron 98 de los 301 que había votado el Congreso, en 1974.

“La existencia de una normativa específica destinada a establecer y regular las relaciones armónicas entre trabajadores y empleadores, no debe constituir materia cuestionable. Sin embargo, dicho régimen contiene disposiciones susceptibles de configurar situaciones que generen excesos respecto del equilibrio de comportamiento a observar en las relaciones antes citadas”, dijo el ministro de Trabajo de facto, el general Horacio Tomás Liendo, que había sido asesorado por abogados de empresas, al argumentar el recorte del 40 por ciento de la Ley 20.744.

Con esta modificación, y otras sucesivas, la dictadura terminaría conculcando los derechos de los trabajadores en favor de los sectores empresarios.

-Reinstaló los beneficios de la tercerización.

-Quitó el derecho de defensa frente a una sanción disciplinaria.

-Eliminó el principio in dubio pro operario (duda en favor del trabajador) en materia de prueba.

-Cercenó derechos relacionados con la huelga y otras medidas de acción directa.

-Derogó el derecho a retener las tareas frente al incumplimiento del deber de seguridad.

-Desarticuló el principio de “condena solidaria” de empresas de un grupo económico.

-Retiró el incremento del valor de las vacaciones cuando no eran concedidas por el empleador.

-Bajó de 4 a 2 años el plazo para que los trabajadores pudieran recurrir a los tribunales.

A ese ataque le siguió el golpe sobre los abogados de los sindicatos marplatenses: Norberto Centeno, Jorge Candeloro, Salvador Arestin, Hugo Alais y Tomás Fresneda. En la faena también secuestraron a Mercedes Argañaráz de Fresenda, embarazada de cinco meses, y a Marta García de Candeoloro y Carlos Bozzi (ambos sobrevivientes). También se llevaron –por error- a Camilo Ricci, socio de Alais, pero lo liberaron rápidamente. Los secuestros continuaron una semana más y en total se llevaron a 13 personas. Por estos secuestros existe una causa penal donde se investiga si el juez provincial Pedro Hooft decidió no tramitar los habeas corpus ni las causas judiciales “a sabiendas de que” los secuestrados se encontraban en poder de las Fuerzas Armadas.

No fueron los únicos ataques a los laboralistas. Cerca de Mar del Plata también se llevaron la vida de Carlos Alberto Moreno, el abogado que patrocinaba a los trabajadores de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) en causas contra la cementera Loma Negra por enfermedades laborales. Los obreros se enfermaban de silicosis porque la empresa no garantizaba los elementos de seguridad y terminaban postrados con sus pulmones convertidos en piedra.

Moreno era muy efectivo en sus demandas. Lo demostró un informe de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) de la Procuración General de la Nación, donde se detalló que la empresa de Amalia Lacroze de Fortabat obtuvo ganancias extraordinarias al ahorrarse el pago de indemnizaciones laborales tras la desaparición de Moreno, en abril de 1977.

Otra de las víctimas por ese pecado de defender trabajadores fue Luis Raffagheli, que en 1976 seguramente no soñaba con convertirse en camarista laboral. Había cometido un delito aberrante para quienes comandaban el golpe -tanto los frontman militares como los que lo digitaron desde las sombras- y que era difícil de digerir: logró la reinstalación de un delegado sindical despedido del astillero Vanoli. Lo secuestraron el 20 de abril de 1976, siete días después de que la Justicia Laboral notificó que el trabajador debía volver a su puesto. Estuvo cinco meses desaparecido, pasó por varias sesiones de tortura y finalmente lo liberaron.

“Me preguntaban por el doctor Norberto Centeno. Obviamente al doctor Centeno lo considero uno de mis maestros y por supuesto que dije lo que pensaba de él y automáticamente fui objeto de una nueva sesión más fuerte aún de tortura diciendo, aseverando ‘ese zurdo hijo de puta’. Eso me dejó pasmado. Creo que mi detención se debió a alguna denuncia de un sector empresarial y me parece que lo de Centeno puede haber sido algo parecido”, declaró Raffaghelli durante una de las audiencias de los Juicios por la Verdad.

Cuarenta años después, la discusión sobre los derechos de los trabajadores y el rol de los abogados laboralistas vuelve a estar en discusión con el mismo trasfondo: el reparto de la riqueza, aunque la vía criminal usada al amparo de la dictadura ya no es posible.

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*Felipe Celesia y Pablo Waisberg son autores de La Noche de las Corbatas. Cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores, Ed. Aguilar, 2016.