En los primeros tiempos de la posdictadura, la defensa de la vida, la ruptura con el pasado, la acción de la justicia y el ejercicio de la ley fueron los temas que atravesaron el horizonte simbólico del nuevo ciclo que se iniciaba. La demanda por la vida –que recuperaba el reclamo operado como punto de clivaje en la resistencia al terrorismo de Estado: “aparición con vida y juicio y castigo a los culpables”– fue resignificada por el nuevo gobierno constitucional que asumió en diciembre de 1984 en la consigna “somos la vida” y en un programa que colocaba en el centro de su promesa el respeto por la Constitución Nacional de la Argentina.

El paradigma republicano construido como ficción fundacional del nuevo ciclo que se iniciaba estableció el terreno respecto del cual se diseñó una política de justicia ligada a la construcción del Estado de derecho como horizonte contractual, al mismo tiempo que las apelaciones a la “república perdida” proponían una política de la memoria organizada sobre ese relato fundador.

En diciembre de 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín propone una serie de medidas: crea una comisión investigadora, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep); decide el sometimiento a juicio sumario de las tres primeras juntas militares y la persecución penal de las cúpulas de las organizaciones guerrilleras; deroga la Ley de Pacificación Nacional; y sanciona la reforma al Código de Justicia Militar que confiere al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la jurisdicción inicial para el procesamiento del personal militar, pero establece una instancia de apelación automática a la justicia civil.

El Juicio a las Juntas, a cargo de la Cámara Federal de Buenos Aires, se inicia en abril de 1985 y finaliza en diciembre. El testimonio de las víctimas pautado por el interrogatorio de los jueces se transformaba en prueba de los crímenes cometidos. En ese recorrido, las víctimas devenían sujetos de derechos, se hacían ciudadanos, y se quebraba un pasado de ajuricidad. Finalmente, en el transcurso del juicio y en la sentencia a los comandantes de las tres primeras juntas militares pudo establecerse y probarse la existencia de un plan sistemático de represión y exterminio llevado adelante entre 1976 y 1983 por la dictadura argentina.

Sin embargo, numerosos análisis sobre la manera en que se resolvió durante los primeros años de la democracia la sanción jurídica al terrorismo de Estado mostraron cómo esa sanción se formuló ligada a un presupuesto que homologó la opción por la violencia de los grupos políticos armados con la metodología represiva. De ese modo, la violencia del gobierno militar fue explicada como resultado del accionar de dos sectores a los que se atribuyó la misma responsabilidad criminal: las organizaciones guerrilleras y las fuerzas armadas.

Más tarde, los sucesivos gobiernos democráticos con las distintas variaciones de punto final (la Ley de Punto Final, la Ley de Obediencia Debida y los indultos), justificadas por la supuesta fragilidad de los gobiernos civiles o una enunciada necesidad de pacificación nacional que reclamaba concesiones para poder obtenerse, pretendieron cancelar la posibilidad de llevar a su término la acción legal que se imponía para quienes ejercieron el terror estatal y contribuyeron a consolidar la llamada “teoría de los dos demonios”.

Una vez planteada la equivalencia, la necesidad colectiva de alcanzar una justicia reglada por el código inhibió, durante muchos años, la revisión de las nociones acerca del bien o los bienes políticos que habían sostenido la práctica de los distintos protagonistas de la historia de los años sesenta y setenta. Durante los ochenta, la revalorización del Estado de derecho y de las libertades individuales que signó la reconstrucción democrática en la Argentina definió así una suerte de pacto sostenido por el temor a la repetición de un pasado traumático, y la demanda de justicia se limitó a un reclamo de juricidad que canceló otros reclamos.

Ese pacto político e ideológico-cultural, unido a las condiciones que la lógica neoconservadora impuso al desarrollo y a la racionalidad de la democracia, diseñó una política de la memoria. El olvido fue la herencia con que la dictadura inscribió en la memoria colectiva la continuidad de su proyecto al tejer una trama de legalidades y de tabúes que configuró los relatos posibles sobre el pasado. Pero, desde mediados de la década de 1990, una serie de hechos mostraron una nueva flexión respecto de la memoria del pasado reciente: las declaraciones de Adolfo Scilingo sobre los “vuelos de la muerte”, el nacimiento de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (h.i.j.o.s), la autocrítica sobre el papel de las fuerzas armadas durante la dictadura enunciada por el jefe del Estado Mayor del Ejército argentino general Martín Balza y la multitudinaria movilización de repudio a veinte años del golpe en Plaza de Mayo.

En esos años, hubo una creciente proliferación de relatos –diversas producciones documentales y ficcionales– que se arriesgaron a contar una historia que parecía hasta entonces resistirse a ser narrada: la historia de la militancia social y política de la primera mitad de la década de 1970. Esos relatos aspiraron a explicarla, a dotarla de sentido, a otorgarle esa comprensión que llamamos historia. Poco después, ya puesto en cuestión el paradigma neoliberal de los años noventa, el fracaso del gobierno de la Alianza y los acontecimientos de los últimos días de diciembre de 2001 con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y el reclamo por “que se vayan todos” cerraban un ciclo respecto de la interpretación del pasado de violación a los derechos humanos.

Con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003, se sucede un conjunto de medidas de justicia retroactiva y de memoria estatal. En el mes de agosto de 2003, el Congreso anula las llamadas “leyes de impunidad” –Ley de Punto final, Ley de Obediencia Debida y los indultos– y el 14 de junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia ratifica su inconstitucionalidad. Asistimos también a la recuperación del predio de la ex-Esma (Escuela de Mecánica de la Armada) como Espacio para la Memoria y la Defensa de los Derechos Humanos, al retiro de los retratos de los generales dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar, a la instauración del 24 de marzo como “Día de la memoria, la verdad y la justicia” y a la señalización como sitios de memoria de los ex centros clandestinos de detención.

Desde entonces, y con la reapertura de los procesos penales por los crímenes cometidos durante la dictadura, comenzaron a incorporarse nuevas perspectivas al proceso de memoria, verdad y justicia. Si en el Juicio a las Juntas las denuncias de prácticas de violencia sexual sobre todo hacia las mujeres quedaron subsumidas en la figura de los tormentos y en las distintas vejaciones, la incorporación de la perspectiva de género a la investigación permitió identificar una práctica reiterada y persistente de violencia sexual, y esa consideración comenzó a reflejarse en la conformación de las pruebas y en las interpretaciones dadas a los tipos jurídicos existentes. En sus testimonios, algunas mujeres comenzaron a destacar las distintas formas de violencia sexual que sufrieron en los campos clandestinos de detención, y en los juicios actuales, las violencias de género y las violencias sexuales son consideradas como un crimen específico atravesado por la condición de género de las víctimas en el marco de prácticas sistemáticas de represión y exterminio. Del mismo modo, la apropiación de niños y niñas nacidos en cautiverio que, al igual que las violencias sexuales, había sido caracterizada como “exceso” y por ello exceptuada de la eximición de responsabilidad en la Ley de Obediencia debida, comenzó a ser juzgada como parte del plan criminal de la dictadura argentina.

Sin duda, la política de exterminio de la dictadura militar y la denegación de la condición humana de las víctimas exigió como fundamento de la construcción democrática una suerte de pacto refundacional sustentado en la defensa de los derechos humanos. En ese recorrido, las políticas de justicia y memoria impulsadas en los últimos años, entre 2003 y 2015, propusieron un lazo entre las reivindicaciones igualitarias de los años setenta, los actuales procesos de justicia y una creciente y sostenida expansión de derechos “del presente”.

Sin embargo, los caminos que las pugnas por la memoria trazan van tejiendo una trama que revela las particulares concepciones del bien que fundan los debates y una nueva versión del presupuesto bidemonológico, un renovado discurso negacionista parece perfilarse en intervenciones y debates recientes, que pretenden poner en discusión la legitimidad del proceso de verdad y justicia.

De ese modo, y quizás signados por una política de enjuiciamiento que comenzó a investigar la responsabilidad civil y económica en el plan sistemático de represión y exterminio, los dos demonios vuelven una vez más para proponer una suerte de equivalencia general de cualquier forma de violencia, justificar, relativizar u olvidar la violencia del terrorismo de Estado, o resignificar y banalizar la promesa del “Nunca Más”.

* Prológo de Memoria y derechos humanos. Continuidades, vigencia y presente del “Nunca más”, María Sonderéguer y Alejandro Kaufman (compiladores), Universidad Nacional de Quilmes Editorial, Bernal 2016. ⁽¹⁾