¿Es posible que el antónimo de “el olvido” no sea “la memoria” sino la justicia?

Yosef Hayim Yerushalmi

Cuando comienza a sonar la hora del reconocimiento pleno de la verdad integral, no hay lugar para manipulaciones ni engaños alimentados por una tan insaciable como malsana sed de venganza, que es algo bien diferente a la justicia.

Editorial del diario La Nación del 22 de marzo de 2015

En el último tiempo algunos sectores políticos y académicos esgrimen la necesidad de una política de reconciliación sosteniendo que la manera en que Sudáfrica tramitó su pasado traumático, la etapa post apartheid, debería ser el camino a seguir en nuestro país. Pero realmente se conoce muy poco sobre el caso sudafricano.

¿Es lo mismo la dictadura cívico militar argentina que el régimen del apartheid sudafricano? ¿Son comparables ambos procesos? ¿Las soluciones pueden ser similares? ¿Cuál es el sentido político de sostener el modelo sudafricano como solución ejemplar?

Se advierte, en Argentina, una nueva orientación que supone cuestionar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, pero evitando condenar los aspectos centrales que la mayoría de los argentinos considera como logros: la promoción de los juicios, la recuperación de la ex ESMA y de otros sitios señalizados a lo largo de todo el país como sitios de memoria. Las argumentaciones de la oposición política en esta ofensiva apuntan a condenar los “curros” que se habrían cometido al amparo de las políticas de Derechos Humanos, haciendo referencia al caso de Sergio Schoklender. Señalan que una atención excesiva sobre los temas del pasado podría llevar a desatender los derechos humanos del presente, y, finalmente, que esas políticas conllevarían un ánimo de venganza que tendría más peso que el afán de justicia.

El término reconciliación es uno de los pilares que el macrismo toma como base para su política de derechos humanos. “Es importante recordar el pasado, aprender de los errores y proyectar hacia el futuro. Pero apostar a la convivencia y al pluralismo incluye apostar a la reconciliación de la sociedad. Transitar en este proceso de democratización de nuestra sociedad requiere pensar en clave de reconciliación. Una palabra esquiva estos años, pero que tenemos que reivindicar, porque nos acerca como sociedad y nos pacífica”, explicaba tiempo atrás Claudio Avruj, subsecretario de Derechos Humanos porteño. El PRO plantea trabajar por la “reconciliación” y el “diálogo entre víctimas y victimarios”. A fines del año pasado Mauricio Macri dijo: “Los Derechos Humanos no pueden ser en términos revanchistas”. Un ejemplo de esto es el diálogo, convertido en video y no casualmente programado en varias ocasiones por el Secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, entre Graciela Fernández Meijide y el fallecido ex militante montonero Héctor Leiss, conocido entre otras razones por  proponer hacer “una lista común de víctimas”, dejar “los muertos en paz”, y reclamar “un memorial conjunto de las víctimas que incluya desde los soldados muertos en Formosa hasta los estudiantes desaparecidos en La Plata”. (Ver La delgada línea amarilla, por Verónica Torras)

Pero el PRO no es el único sector político que brega por el “diálogo” y la “inclusión” de “todas las voces” con “las dos campanas”, en los primeros días de abril la diputada Elisa Carrió organizó un debate donde estuvieron Graciela Fernández Meijide,  madre de un desaparecido; Antonio Larraburre, hijo de un militar secuestrado por el ERP y luego muerto; y Victoria Villarruel, quien preside una organización denominada Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas. Allí hubo acuerdo en que para que la “verdad” no sea parcial todos los actores involucrados deberían tener “voz”.

A los pocos días, Sergio Massa, candidato presidencial del Frente Renovador, planteó que “la Argentina tiene que cerrar la etapa de Derechos Humanos. El gobierno pone sobre la mesa algunos Derechos Humanos. Sólo miran para atrás y discuten el pasado, porque no tienen ni las ideas ni el coraje para garantizarle a la gente sus derechos. Se plantea un rigor para los crímenes de lesa humanidad y por otro lado se les paga a los presos más que a los jubilados”.

Dos exponentes que, en el ámbito académico, reivindican el proceso sudafricano son Claudia Hilb, Doctora en Ciencias Sociales de la UBA, y Philippe-Joseph Salazar, profesor de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

Hilb sostiene que en Argentina se ha optado por la justicia, lo cual ha vuelto imposible que los represores revisaran sus acciones y responsabilidades. En cambio en Sudáfrica se optó por la verdad, por una amnistía moderada asentada en la exposición de la verdad. En el primer caso se habría pagado un precio en verdad y en el segundo en justicia. Otra de las diferencias señaladas por Hilb es que en Argentina los juicios instauraron una distinción tajante entre victimarios militares y víctimas civiles. Mientras que en Sudáfrica, en cambio, el llamado a la amnistía a través de la exposición completa de la verdad, atañe tanto a los agentes del apartheid como a los militantes que se han opuesto al régimen criminal.

Salazar argumenta que los crímenes de lesa humanidad requieren el diálogo político más que el testimonio judicial, porque según él, una palabra controlada como la judicial impide comprender y saber lo que pasó. Da un paso más que Hilb al señalar que, en Sudáfrica, todos se pusieron de acuerdo en que el trabajo de la memoria es antipolítico porque impide avanzar, encuentra fascinante que haya tan poco trabajo de memoria. Salazar subraya que los museos, al igual que los procesos jurídicos, producen pruebas y evidencias, pero ocultan muchas otras, se muestra lo que sirve y se oculta lo que no sirve. Los lugares de memoria según Salazar son lugares cerrados, que se cierran sobre sí mismos, y la reconciliación implica abrir. Siguiendo este razonamiento sostiene que Sudáfrica mira el futuro mientras Argentina está encadenada al pasado.

Habría que preguntarse por qué hoy, a más de 30 años de la recuperación democrática y de consolidación, sobre todo en los últimos 12 años, de las políticas de memoria, verdad y justicia, se realizan estos planteos ¿Por qué el caso sudafricano aparece como el ejemplo de reconciliación y de refundación ética de una nación contraponiéndose al caso argentino?

¿Acaso no existe una correlación entre la consolidación de una democracia que expande sus derechos como la que vivimos hoy en Argentina y el modo en que se resolvió nuestro pasado traumático a través de los juicios a los genocidas?

Política de reconciliación

La discriminación racial en Sudáfrica se remonta a la ocupación iniciada por los primeros europeos en África en 1652, pero fue formalizada legalmente en 1948, cuando gana las elecciones el radical Partido Nacionalista a partir del establecimiento del apartheid. La población blanca no superaba el 15 por ciento, más del 70 por ciemto eran africanos y el resto mestizos.

A partir de 1948 se creó un registro racial obligatorio bajo el control del gobierno. Los matrimonios interraciales fueron prohibidos. Se establecieron zonas segregadas en todo el país que abarcaron sitios como hospitales, escuelas, parques públicos, autobuses separados para blancos y negros. Los negros no podían ocupar posiciones en el gobierno ni votar.

El Congreso Nacional Africano (CNA) se fundó en 1912 con el objetivo de defender los derechos de la mayoría del país. A partir de 1952 tuvo un crecimiento exponencial como consecuencia de la instauración del apartheid.

En 1990 a causa de la inviabilidad política, económica y social y del aislamiento internacional del país, así como de la presión interna de los grupos que resistían el apartheid, el gobierno de Frederik de Klerk comenzó un proceso de negociaciones para poner fin al sistema racista implantado 40 años atrás. En estas negociaciones tuvo un papel protagónico el líder del CNA, preso desde el año 1963, Nelson Mandela.

El partido CNA de Nelson Mandela y el gobierno del apartheid en Sudáfrica se vieron obligados a reconocer la necesidad de un acuerdo negociado. En ese entonces Mandela declaró ante los generales de las fuerzas armadas sudafricanas: “Si ustedes desean la guerra, debo ser honesto y admitir que no podremos hacerles frente en el campo de batalla. No tenemos los recursos necesarios. Será una lucha larga y encarnizada, mucha gente morirá y es posible que el país quede reducido a cenizas. Pero no olviden dos cosas: no pueden ganar porque somos muchos y no podrán exterminarnos a todos. Y no pueden vencer a causa de  la comunidad internacional, que nos apoyará y estará de nuestro lado”. El gobierno del apartheid deseaba conservar las riendas del poder, pero estaba dispuesto a conceder una mayor participación política al sector mayoritario de la población. El movimiento de liberación quería eliminar de raíz el poder de los blancos. Ninguna de esas aspiraciones parecía realizable sin una guerra sin cuartel. El interés de todos era evitar ese enfrentamiento. Estas declaraciones ilustran uno de los principales factores que motivaron el proceso de transición sudafricano.

El proceso promovido por el gobierno sudafricano se apoyó en la conclusión de que era imposible para las víctimas del apartheid no gobernar junto con los blancos que controlaban la economía, la administración, el ejército y la policía. A partir de allí se pensó que condenar era muy difícil, porque  había que condenar a la mayoría, ya que no se encontraban muchos sudafricanos blancos que no hubieran sido racistas. La política de reconciliación apareció como un paso necesario para la nueva etapa que se abría.

A lo largo de ese período de negociaciones que va desde 1990 hasta la asunción de Nelson Mandela como primer presidente elegido en forma democrática por la mayoría, en 1994, se fue perfilando la refundación de la nación sudafricana.

Dos fueron los procesos centrales en paralelo que llevaron al final formal del prolongado y violento conflicto generado por el sistema del apartheid. La reforma constitucional y la instauración de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

El objetivo de la reforma constitucional, además de igualar los derechos políticos: una persona, un voto; y ciertas reformas institucionales como las de las fuerzas armadas; se planteaba un nuevo concepto de ciudadanía que garantizara el igual acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Todas las leyes que preservaban el dominio de la minoría racista fueron eliminadas.

En lo económico y social se intentó, durante el gobierno de Mandela, iniciar un proceso de reconstrucción y desarrollo a través de la extensión de los servicios públicos, alentando el crecimiento del empleo y la redistribución económica. Este proceso se verá interrumpido a partir de 1996 cuando comienza a aplicarse el programa neoliberal denominado GEAR (Estrategia de Crecimiento, Empleo y Redistribución) abandonando el Programa de Reconstrucción y Desarrollo, progresista y orientado hacia el mercado interno.

La Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR)  fue creada en 1995 y finalizó su tarea en el año 2003. Estaba compuesta por tres comités: un comité de amnistía, un comité de Derechos Humanos ante el cual las víctimas podían presentarse y contar su historia, y un comité de rehabilitación y de reparaciones.

Las investigaciones de la Comisión cubrieron el período comprendido entre los eventos de marzo de 1960, el mes de la masacre de cincuenta y nueve negros en Sharpeville por las fuerzas policíacas, y el 10 de mayo de 1994, día en que asumió Mandela.

La CVR tuvo como tarea preparar un documento sobre las graves violaciones de derechos humanos, “homicidio, secuestro, tortura o los maltratos graves infligidos a cualquier individuo” en el curso de los “conflictos del pasado”, además de emitir recomendaciones, especialmente sobre las reparaciones a otorgar a las víctimas; y conceder amnistías bajo ciertas condiciones (tener la certeza de que fue un acto cometido por un miembro o un simpatizante de las partes involucradas en el conflicto, acto relacionado al conflicto político pasado).

El mandato de la Comisión no preveía ninguna investigación sobre las violaciones resultantes de la aplicación de la política del apartheid, especialmente el desplazamiento forzado de poblaciones, las restricciones a la libertad de movimiento y de residencia impuestas a través de las leyes sobre los permisos de residencia, o la privación del derecho de voto para la gran mayoría de la población sudafricana.

A pesar de que la CVR ha dado a conocer algunas verdades y revelado conocimientos significativos sobre el pasado, ha recibido muchas críticas a la luz de sus resultados. Una de las principales es que no se diferenciaron responsabilidades. Al no ser considerado el apartheid como delito de lesa humanidad, el perpetrador es igualado con el militante que participó en la resistencia al sistema. La figura del perpetrador aparece desligada del Estado.

La Comisión ha sido criticada por su enfoque individualista. No es lo mismo una reconciliación individual que la reconciliación política y social. En ese sentido la CVR, al centrarse en crímenes individuales, deja sin relevar una compresión histórica de los procesos y las relaciones estructurales, dificultando una comprensión más amplia de los efectos sociales y devastadores del colonialismo y el apartheid.

Este enfoque, según la profesora de la Universidad de Ciudad del Cabo Fiona Ross, oculta los modos sistemáticos en los que la sociabilidad fue socavada a través de la alienación de la tierra, el confinamiento a bantustans^[1] y el relegamiento a una forma de empleo servil y a una educación inferior. Además oculta los modos en los que los procesos del capitalismo internacional fortalecieron el sistema del Apartheid. Una de las consecuencias más graves es que el informe de la Comisión disimula las continuidades entre el Apartheid, el más temprano gobierno de las minorías y el colonialismo. Aprendemos muy poco acerca de los modos sistemáticos a partir de los cuales la vida social fue socavada durante el apartheid.

Existió una tensión entre la reconciliación individual y la de nivel colectivo. Esto nos lleva al problema de si es posible hablar sobre la reconciliación de una Nación.

El énfasis de la Comisión sobre la violencia obstaculiza una comprensión de los procesos sociales. De esta manera la “memoria colectiva” es insuficiente en la tarea de asegurar la democracia.

Se repetió constantemente que no había victimarios sino víctimas de un sistema represivo, tanto los blancos como los negros eran las víctimas del sistema. Mandela, cuando salió de la cárcel, sostuvo que su misión era liberar tanto al oprimido como al opresor.

En el modelo sudafricano la religión, en este caso el Ubuntu, y su concepción de la reconciliación fue un recurso necesario para la construcción de una identidad nacional inclusiva a partir de la refundación de una nueva nación. Uno de sus objetivos fue el de promover la unidad nacional.

La Comisión empleó una noción de “empate” que funcionó sobre la premisa de que se trataba de partes “iguales” en una lucha contra el apartheid y que ambas partes cometieron atrocidades semejantes. Cualquier semejanza con nuestra “teoría de los dos demonios” es pura coincidencia.

Uno de los mayores críticos del funcionamiento de la CVR, Verne Harris, director de Investigación y Archivo del Nelson Mandela Center y del programa Mandela Dialogues on Memory Work, sostiene que es falso pensar que existe una opción entre alternativas excluyentes, juicios por un lado, comisiones y otras medidas de atención a las víctimas por otro. En otras palabras, no hay una oposición entre justicia y verdad sino que encarar un tipo de acción provoca llevar adelante otras.

La memoria en Sudáfrica

El trabajo de memoria en Sudáfrica constituyó un intento de moldear el futuro, y un medio poderoso a través del cual los nuevos gobiernos se legitimaron a sí mismos, la retórica de la curación y de la educación enmascaró una práctica política.

La construcción de una memoria colectiva se basó en la memoria de las actividades de la Comisión (audiencias sobre las violaciones a los Derechos Humanos), los debates desarrollados en los medios de comunicación acerca del trabajo de la Comisión, sus efectos y consecuencias, más que en la historia de Sudáfrica.

No es casualidad que en la Sudáfrica post apartheid se haya producido una retracción de la historia como disciplina. La matrícula de los estudiantes de la carrera de historia disminuyó notablemente.

En la etapa anterior a 1990 la historiografía sudafricana se caracterizó por su abundante producción. La historia constituía un instrumento del sistema del apartheid en las escuelas creando un nacionalismo contrario a los intereses generales.

Uno de los objetivos del proyecto post apartheid fue el de crear un nuevo nacionalismo sudafricano. El museo de Robben Island^[2] se convirtió en un ícono de la nueva historia. En un texto sumamente crítico, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Mario Rufer, señala que el punto de vista del guión del museo es moral más que político. Refuerza el imaginario de una nación gestada en reclusión. En su libro La nación exhibida. La historia en el shopping, critica cierta mercantilización de la memoria, habla de “turismo oficial de la memoria” inscripto en la industria cultural que forma parte de la oferta post apartheid. Estamos nuevamente ante un relato que silencia u oculta episodios, sujetos y hechos, el recuerdo colectivo encaja con ciertos compromisos globalizantes, cosmopolitas y por qué no neoliberales.

Si construimos monumentos^[3] para recordar siempre y construimos memoriales para no olvidar nunca, Robben Island como monumento de victoria se construye eludiendo su dimensión memorial. Preocupado en cómo se gestó el futuro más que en el pasado traumático.

La sitación actual

Sudáfrica es un país donde 1 de cada 5 niños sufren hambre, más del 25 por ciento de la población carece de un empleo y los ingresos de las familias negras son seis veces inferiores a los de los hogares blancos.

Lejos del camino de reconciliación que Mandela forjó, las tensiones sociales se acumulan en la actualidad, la primera potencia africana es también el país que tiene el peor coeficiente Gini del mundo, que mide la desigualdad económica de una sociedad. Según datos del Banco Mundial, la población negra, que constituye el 78 por ciento de sus 50 millones de habitantes, acumula el 28 por ciento de los ingresos, mientras que el 9 por ciento de la minoría de origen europeo posee el 61 por ciento de la riqueza.

Por otro lado, pese al fin del apartheid, los diferentes sectores de la población viven juntos, pero sin mezclarse y esa unión social parece lejana. Ya no porque la ley lo imponga, sino porque lo determinan las costumbres.

Y es que la historia de Sudáfrica es una historia intrínsecamente violenta, que en la actualidad se evidencia con una tasa de criminalidad 4,5 veces mayor a la de la media mundial, con 42 asesinatos diarios y la violación de una mujer cada 17 segundos, según datos de 2012.

Al contexto de violencia siempre latente y vertiginosa desigualdad social, se suman otros problemas no menores, como una población de 5,6 millones de adultos infectados con VIH y un estancamiento demográfico por el efecto de la pandemia. Aunque cueste creerlo en el estado más próspero de África la esperanza de vida, en pleno siglo XXI, apenas supera los 50 años.

Sudáfrica, de esta manera, es el único país del continente que se somete voluntariamente a los lineamientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Hace unos pocos meses Marisa Pineau, profesora del Departamento de Historia de la UBA, especialista en temas africanos, en un artículo en el diario Página 12, señalaba un episodio ocurrido en la Universidad de Ciudad del Cabo -donde el porcentaje de profesores negros es significativamente bajo, una tercera parte de los estudiantes son blancos y los trabajadores son mayoritariamente negros- que da cuenta del cambio pendiente en las relaciones raciales en la actualidad. La generación de los born free, los nacidos en el gobierno de Nelson Mandela, con su movilización, usando redes sociales y los medios tecnológicos actuales, comenzó una discusión sobre los límites de la Sudáfrica post apartheid y, a través de una acción directa, demandó la remoción de la estatua de  Cecil Rhodes, el gran armador del imperio británico en África y un importante empresario de la explotación y el comercio de diamantes y el hombre de negocios de los ferrocarriles, erigida en un lugar majestuoso a la entrada de la Universidad.

El investigador sudafricano Verne Harris, señala la necesidad de una aproximación holística a la justicia y critica el modelo sudafricano por ocuparse en mayor medida de los derechos humanos de primera generación, que de los derechos económicos, sociales y culturales.

Hacia el futuro

Las opciones que cada país transitó con el fin de resolver su pasado traumático son muy variadas e incomparables y reconocemos la imposibilidad de la migración o exportación de “soluciones”.

Aquí nos propusimos repasar el tan mencionado modelo de transición sudafricano, no con el afán de criticarlo -cada país en su contexto histórico encuentra sus caminos más viables- sino para tratar de entender por qué en la actualidad, a más de 30 años del final de la dictadura cívico militar en Argentina, ciertos sectores políticos y académicos proponen una solución como la reconciliación sudafricana.

Tanto en Sudáfrica como en Argentina la salida de regímenes opresores fue a través de la vía democrática. En ambos países la democracia está consolidada y logró uno de los principales objetivos, que no se repita un pasado en el que el crimen fue política de Estado.

El sistema opresivo en ambos casos sostenía y profundizaba un modelo económico de explotación de una minoría sobre las grandes mayorías populares, y era mediante el uso del aparato estatal y el monopolio de la fuerza pública que se garantizaba su mantenimiento.

Las transiciones democráticas se resolvieron de diferentes maneras; dadas las condiciones, características y contextos diferentes en Argentina y Sudáfrica, esto incidió en el posterior desarrollo de ambos sistemas democráticos. La búsqueda de reparación y verdad sobre los hechos del pasado tienen consecuencias directas sobre los marcos políticos de acción del presente.

Si bien asumir que la memoria colectiva es de algún modo capaz de prevenir y resguardar problemas y legados que perduran de los regímenes dictatoriales del pasado, como los patrones de pobreza, el acceso deficitario a los servicios y los altos niveles de violencia contra las mujeres, resulta un poco ingenuo, es indudable que existe alguna relación entre memoria y futuro democrático. Así como resulta difícil hablar de la “memoria” en un sentido singular, es también muy complicado hablar de la “democracia” en un sentido unívoco. No se trataría de entender si más o menos memoria contribuye a construir más o menos democracia, sino de entender qué memorias ayudan a construir qué democracias.

¿Existe una relación entre la calidad de vida de los ciudadanos y la resolución del pasado traumático? ¿Entre el proceso de reconciliación sudafricano y la justicia económica? El dos veces presidente de Sudáfrica Thabo Mbeki, cuando aún era vicepresidente señalaba en uno de sus discursos una relación entre reconciliación, alivio de la pobreza, y la reconstrucción de la sociedad a todo nivel. Sostenía que “para que las palabras de la reconciliación sean escuchadas, deben estar acompañadas de justicia económica”.

La versión en relación a los procesos de memoria que se difunde en Argentina sobre Sudáfrica falsea algunos hechos e ignora lo fundamental: en Sudáfrica fue necesaria una negociación entre las dos posiciones ya que ninguna podía obtener una victoria definitiva. Esto fue lo que limitó las posibilidades de avanzar con la Justicia en ese país.

Esta propuesta está más ligada a un proyecto político futuro que a una revisión del pasado. Cuando en los juicios se juzga a los partícipes civiles de la dictadura, vinculados a ciertos sectores económicos, mediáticos, eclesiásticos y judiciales, no sólo se busca una condena penal sobre los responsables individuales sino que es obvio que implican una visión crítica y una condena a la dictadura y sólo se pueden hacer desde las antípodas políticas, económicas e ideológicas.

Cuando se condenó a Martínez de Hoz, de algún modo, se sancionó un proyecto económico que excluyó a gran parte de la población. Los juicios en general desnudan, también, el sentido y objetivo político, social y económico de la represión.

Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que  impulsan los organismos de derechos humanos desde siempre, y que desde hace doce años llevan adelante los gobiernos kirchneristas a través de políticas públicas con gran arraigo en la ciudadanía, están vinculadas a un proyecto de transformación social y ampliación de derechos actual y son su reaseguro ético. Lo que está en juego en esta discusión no es sólo la interpretación del pasado reciente sino el modo en que el país enfrenta su futuro.

¿Avanzamos en un proyecto democrático que se imponga a los factores económicos que facilitaron la emergencia y el mantenimiento de un régimen dictatorial y excluyente o retrocedemos a un modelo que no sólo no condene a estos sectores sino que además los integre en su seno? Esa es la gran disputa en la actualidad.

Cuando se plantea el caso sudafricano como ejemplo a seguir, lo que se está proponiendo es un retroceso en las transformaciones, por tanto no estamos frente a una polarización en el panorama político argentino entre los partidarios de los Derechos Humanos del presente y del pasado, sino frente a la confrontación de dos modelos de país.

Director de Proyectos Culturales del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti/ Docente UNTREF