“En primer lugar, le pido que me diga su nombre y apellido”,  le indicó el juez Carlos Rozanski, titular del Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata en el que era juzgado por crímenes de lesa humanidad el ex comisario Miguel Ángel Etchecolatz. “Me llamo Jorge Julio López", contestó el testigo, que ese 28 de junio de 2006 revivió ante la Justicia el calvario que atravesó como detenido desaparecido y que comenzó en octubre de 1976 cuando fue secuestrado en su casa de Los Hornos. Contó que una patota de la Policía bonaerense lo llevó al centro clandestino de detención ilegal de Potrerismo, luego al Pozo de Arana, y más tarde a las comisarías 5° y 8° de la capital provincial. Al ser legalizado, quedó detenido en la Unidad Penal Número 9, hasta que en 1979 recuperó la libertad. 

Durante su testimonio, López identificó a sus compañeros de cautiverio y brindó precisiones sobre el rol que Etchecolatz tenía en la dirección de los interrogatorios, la aplicación de las torturas y la determinación de los asesinatos. El público que presenció su relato en aquella sala de los Tribunales platense se puso de pie y aplaudió la valentía de un hombre que había revivido el horror del  andamiaje represivo que lo victimizó.

Tres meses después de aquel valioso alegato, y a 72 horas de que los jueces del Tribunal dictaran sentencia, López desapareció por segunda vez, la noche del domingo 18 de septiembre de 2006, hace ya diez años.

Desde entonces, una causa judicial empantanada en pesquisas infructuosas y testimonios difusos ha sido incapaz de dar con el paradero de un hombre que abocó parte de su vida a reconstruir su paso por la oscuridad de los centros clandestinos de detención con la esperanza de que algún día se castigara a los genocidas.

Ese testigo, trabajador y militante peronista en los 70, nacido en 1929 en la localidad bonaerense de General Villegas, aportó su historia al proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Y su figura sigue ahí, presente, una década después de su segunda desaparición, en la lucha de quienes no se resignan al olvido.

“López demostró en el juicio que era una persona peligrosa para los represores. Su declaración ante el Tribunal fue muy importante para condenar a Etchecolatz y seguramente iba a declarar en otros juicios de lesa humanidad”, conjetura el periodista Miguel Graziano, autor de En el cielo nos vemos, un libro que repasa la vida del testigo y “la frustrada investigación” que en diez años no pudo determinar la verdad de los hechos.

Muchos creen que López pudo ir a encontrarse con alguien entre la noche del 17 de septiembre y la mañana del 18, y que pudo haber “un entregador”, alguien que lo condujera a una cita envenenada. “Es una de las hipótesis que se trabajaron en la investigación, pero no se profundizó como tantas otras líneas de investigación”, sostiene Graziano.

El título de este libro se basa en un comentario que le hizo a López otra víctima de Arana,  Julio Mayor, cuando ambos fueron llamados por los represores para un traslado. “Cagamos, viejo, en el cielo nos vemos”, dijo Mayor, quien sobrevivió a su vaticinio y también aportó su testimonio en los juicios de lesa humanidad que se hicieron en La Plata.

“Lito” como lo apodaban sus amigos y familiares era, según el autor,  “una persona reservada, que había elaborado casi en silencio y soledad una reconstrucción escrita de lo que había vivido durante la dictadura. Sabía que en algún momento iba a tener que contar ante un juez lo que había pasado”.

Desde que recuperó la libertad, en junio de 1979, López se dedicó a escribir lo que vio en Arana y los otros centros clandestinos de detención por los que pasó de forma minuciosa y metódica, en papeles que guardaba en el doble fondo de una valija que se encontraba en lo alto de un placard para mantenerlos resguardados de alguien que quisiera tirárselos. “En uno de esos materiales escribió una frase que daba cuenta de la misión que se había asignado como sobreviviente: ‘Los argentinos tienen que saber’. Es una idea que aparece en más de una ocasión en esos escritos”.

Desde principios de los 80, al poco tiempo de ser liberado, López iba con sus hijos a pescar a los arroyos platenses y en más de una vez anduvo con ellos en las inmediaciones de donde había funcionado Arana, en lo que parecía un ejercicio cotidiano de memoria. “En más de una ocasión se encontró con sus captores en el banco donde cobraba la jubilación y daba cuenta de ello en sus escritos. Tenía fe en que la justicia iba a llegar”, observa el periodista.

¿Cuáles son las principales hipótesis que se barajaron en la investigación en relación a los posibles autores de la desaparición de López? Al plantear este interrogante surgen en principio dos líneas de indagación: una venganza planeada por Etchecolatz y sus allegados o una operación plantada por algunos sectores de la Policía bonaerense, disgustados por la segunda reforma de esa fuerza –más tarde frsutrada- que encabezaba el entonces ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, León Arslanian.

“Esas son las líneas principales que hay que seguir. Creo que están imbricadas. Lo que se busca con la desaparición de López es mandar una señal a los testigos de los juicios y otra al gobierno que impulsó la política de llevarlos a cabo. No nos tendríamos que apartar de esos caminos”, señala la abogada Guadalupe Godoy, representante de la querella que llevó a cabo López en la causa contra Etchecolatz.

Lo concreto es que a diez años la causa no tiene detenidos, procesados ni imputados, lo que evidencia la falta de voluntad del Poder Judicial bonaerense para impulsarla, pese a los indicios que figuran en el expediente.

“La inmovilidad de esta causa me motivó a escribir una investigación sobre este tema. Durante un año y medio, la Bonaerense manejó las pericias e indicios y no aportó nada, al contrario sembró dudas y pistas que no llevaron a ningún lado”, remarca Werner Pertot, periodista de Página 12 y coautor junto a Luciana Rosende de Los Días sin López, un trabajo que se propuso seguir cada una de los indicios que figuran en el expediente.

La historia de la “Mujer Pájaro” es una de las pistas que aportó la policía provincial y exhiben la manera en la cual la institución obró en el caso. Una testigo, arrimada por uniformados, declaró en la causa que su hermana, residente en Perú, soñaba que de noche se convertía en Pájaro y volaba por la provincia de Buenos Aires. En una de sus incursiones aéreas, la mujer aseguraba que había visto a López y precisó una zona rural que efectivos rastrillaron sin resultados.

Otra pista aportada por la bonaerense sugería que López había sido visto en la Antártida, un hombre apareció con un billete de 50 pesos que tenía escrito un método para hallar al desaparecido y otro sujeto aseguró haberlo visto en un colectivo, y al sentirse reconocido le confió: “Te felicito, te ganaste la recompensa”, en referencia del estímulo de 200.000 pesos que el Estado ofreció para quien aportara datos concretos a la investigación. Todo esto configuró un escenario de “negligencia manifiesta” que determinó que la policía en la que había reportado Etchecolatz resultara apartada de la causa.

En 2009, el juez Arnaldo Corazza dejó el caso al alegar que los familiares de López lo denunciaron por no “haber protegido” a López en su condición de testigo en juicios de lesa humanidad.

La denuncia la formuló el abogado Alfredo Gascón en representación de la familia, e incluía a los abogados de los organismos de derechos humanos que querellaron en el juicio contra el comisario genocida, a los jueces del TOF número 1 y al fiscal Carlos Dulau Dumm.

Gascón tiene un antecedente en materia de causas de derechos humanos y no precisamente en la defensa de las víctimas. El letrado patrocinó en los Juicios por la Verdad a un ex jefe de personal de Siderar, sindicado por  sobrevivientes del Terrorismo de Estado como un marcador de trabajadores que serían secuestrados.

“Esa denuncia le restó aún más fuerza a los esfuerzos para encontrar a López. Se perdió tiempo en analizar si los organismos o determinados funcionarios eran culpables de desproteger a un testigo”, afirma Pertot.

Al respecto, Graziano asegura que “López, por su historia como sobreviviente, no se habría sentido seguro con la protección de la Bonaerense. Esto era algo común a los ex detenidos desaparecidos, que aún hoy rechazan la presencia de uniformados cerca de sus vidas”.

Tras un largo peregrinaje por los Tribunales que se extendió por seis años, la Sala IV de Casación confirmó un fallo de primera instancia y de la Cámara Federal de La Plata, y sobreseyó a Myriam Bregman, Guadalupe Godoy, Liliana Mazea y Fernando Molinas, abogados querellantes en el juicio al lugarteniente del coronel Ramón Camps, jefe de la Bonaerense en tiempos del Terrorismo de Estado. La sentencia benefició también a los jueces Corazza,  Rozanski, Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo,  y el fiscal Dulau Dumm.

Raúl Chicano es un ex integrante de la Bonaerense que en la dictadura se desempeñó en la secretaría privada de Camps. Un video registró un acto organizado por la abuela de Plaza de Mayo Chicha Mariani, y en el que estuvo López. Chicano aparece entre el público, y en vez de prestar atención a lo que dice el orador, mira fijamente al desaparecido.  

Este material, con varias fotos, se aportó a la Justicia. En una declaración como testigo en el Juicio por la Verdad, cuando le preguntaron qué hacía en ese acto, Chicano dijo que pasaba por casualidad. Tuvo comunicaciones previas a esta declaración con el jefe de los Sin Gorra, Edgardo Mastrandrea, que aparece en la agenda de Etchecolatz.

Un testigo de identidad reservada aportado por la Bonaerense lo vinculó a un grupo de carapintadas, pero luego no se encontraron conexiones entre Chicano y ese grupo, al que se investigó en la causa López.

En tanto que Julio César Garachico fue identificado por López entre "el grupo de los picaneadores" que actuaban en el Pozo de Arana y al momento de la desaparición del testigo, Garachico vivía en Puerto Madryn y era el gerente de un casino. Cuando se difundió su nombre en el juicio de 2006, el represor abandonó la Patagonia y se trasladó a Mar del Plata. En 2012 estuvo detenido por los asesinatos de Luis Sixto Bearzi y Marcelo Bettini. Sin embargo, no se investigó el rol que pudo tener en la desaparición de López.

El juez Manuel Blanco tiene en manos la causa que sigue sin producir avances significativos, más allá de algunos allanamientos que se realizaron en el penal de Marcos Paz donde se encuentra detenido Etchecolatz, mientras en la justicia se debate si el genocida accede al beneficio de la prisión domiciliaria.

En 2013, se requisó la celda del represor y se encontró una agenda en la que se mencionaba a López. En el juicio del Circuito Camps, en el que resultó condenado, el ex policía aseguró que Jorge Julio era “un testigo aleccionado” por los organismos “pseudodefensores de los derechos humanos”. Para los investigadores de la causa y los letrados que tuvieron acceso al expediente, Etchecolatz es el principal sospechoso de la desaparición.

“Sabemos que el tiempo nos juega en contra, pero como integrantes del movimiento de los derechos humanos no podemos dejar de ser optimistas y seguir buscando hasta conocer la verdad. Es lo que nos enseñó la historia”, enfatiza Godoy…

Mientras tanto, López sigue allí, presente, cada vez que la memoria colectiva lo trae a la actualidad para reclamar por él.