“El contraste entre los casi veinte años de obstáculos a la judicialización de todos los delitos cometidos por el terrorismo de Estado, y la actual etapa de casi diez años de juicios es evidente: de sólo 23 condenados a 645 sentenciados en el marco del nuevo proceso”, señala el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad realizado a diez años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Actualmente son 2051 las personas que están siendo o han sido investigadas en causas por delito de lesa humanidad en todo el país. Sin embargo, sólo un tercio de los imputados han obtenido sentencia. Se registran 592 condenados y 53 absueltos entre 2006 y junio de este año. El informe del Ministerio Público Fiscal muestra que hubo avances, pero que queda mucho por delante: son 300 las causas en las que se investigan los crímenes del terrorismo de Estado que aún no han tenido sentencia, de las cuales poco más del 50 por ciento está en etapa de instrucción.

Abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) durante más de una década, Carolina Varsky asumió en agosto de 2013 como coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que dirige Jorge Auat. En diálogo con Revista Haroldo, traza un balance sobre los logros y las asignaturas pendientes en el proceso de juzgamiento de los delitos cometidos durante la última dictadura.

“Cuando en 2006 se hicieron esos primeros juicios luego del fallo de la Corte Suprema declarando la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no nos imaginábamos lo que iba a suceder en esta década”, explica Varsky. En primer lugar, destaca como el principal avance la propia realización de los juicios y, especialmente, la posibilidad de llevarlos adelante en los lugares donde se cometieron los hechos. En la entrevista, también analiza los obstáculos que emergen en el juzgamiento de los responsables civiles del terrorismo de Estado (empresarios, funcionarios judiciales, miembros de la Iglesia) y responde a los cuestionamientos recientes expresados desde las editoriales del diario La Nación contra el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que vive la Argentina.

-¿Qué significado social y político conlleva el hecho de que los juicios de lesa humanidad se estén llevando adelante allí donde se cometieron esos crímenes?

-Recordemos que hubo muchas discusiones sobre esta cuestión. Por ejemplo, en el caso sobre la masacre de Margarita Belén, era importante que el juicio se realizara en la ciudad de Resistencia, donde ocurrieron los hechos, donde estaban los testigos, donde las personas del lugar sabían lo que había pasado; y no en Rosario, donde se había iniciado la causa por ser la sede del Segundo Cuerpo de Ejército, del que depende el regimiento chaqueño. Es relevante pensar en el universo de testigos, en la inmensa cantidad de hombres y mujeres que pasaron por un debate y en la cantidad de personas que fueron a escuchar las audiencias y todo lo que se logró conocer en esos juicios. Estos debates trajeron nuevos datos y permitieron que el testimonio de las víctimas, sobre todo aquellas que ya habían declarado en el Juicio a las Juntas, fuera mucho más rico.

-¿En qué sentido?

-Esto se logró porque surgió un tribunal que estaba dispuesto a escuchar un poco más allá, no sólo acerca de cómo fue el secuestro de la persona y sobre quién fue el autor del hecho. Apareció un testimonio en primera persona, las víctimas pudieron contar -especialmente, los sobrevivientes- qué fue lo que les pasó, qué significó estar secuestrado en un centro clandestino, qué sucedió después, cómo fue el reencuentro con sus familiares. Hasta el momento nadie le había preguntado sobre estas cuestiones. Comenzó a funcionar un Ministerio Público Fiscal más comprometido, que se interesaba por estos temas y un tribunal dispuesto a escuchar. Lo mismo sucedió sobre los delitos sexuales. En el Juicio a las Juntas, mujeres y hombres declararon sobre estos delitos, pero no había quién escuchara y recepcionara estos temas y quién peleara porque que este delito fuera considerado distinto al de la tortura. La primera sentencia por delitos sexuales fue en 2010. Hoy tenemos doce fallos que dicen que hubo delitos sexuales, que detallan quiénes fueron los responsables como autores directos o mediatos. También fue un gran avance que se comenzara a investigar a los civiles. No es un tema del que no se había hablado antes, pero siempre las investigaciones se centraban en las Fuerzas Armadas y en la identificaciónde los responsables directos y de las víctimas. De esta manera, los civiles y los delitos sexuales quedaron relegados hasta que las investigaciones se focalizaron en esos temas, lo que permitió que se conociera la complicidad de algunos jueces que participaron de determinadas prácticas represivas y los empresarios que permitieron que se instalaran centros clandestinos de detención. Ahora la idea es poder avanzar en los posibles autores y responsables de los delitos de lesa humanidad que no integraban las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. De todos modos, se presentan muchas dificultades, porque cuando se investiga a los funcionarios judiciales, muchos de ellos todavía están relacionados o enquistados en la corporación judicial. Y con los empresarios sucede algo similar. Es ahí donde los juicios se empiezan a demorar y se frenan las investigaciones. Lo mismo ocurre con la Iglesia. Por ejemplo, está imputado el sacerdote Emilio Teodoro Grasselli, secretario del vicariato castrense durante la última dictadura. Dos fiscales pidieron su indagatoria. Pero no se pudo avanzar en esta causa. Hay muchos testigos, particularmente en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés, que relatan que lo fueron a ver a Graselli y que el sacerdote tenía registrados varios nombres en fichas que, durante años, rellenó con datos de desaparecidos. Pero se observan obstáculos que hay que remover y se dan porque se registran complicidades entre los jueces.

-¿Qué otros casos similares se pueden mencionar?

-Otro ejemplo paradigmático es Bahía Blanca, donde se observa la complicidad civil para obstaculizar y frenar las investigaciones, como ocurrió con los llamados a indagatoria del titular del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y del presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, ambos vinculados con la última dictadura. De todos modos, el Consejo de la Magistratura de la Nación investigó estas dilaciones y luego hubo una Unidad Fiscal que insistió en los llamados a indagatorias.

-¿Se observan disparidades en los avances judiciales de acuerdo a las diferentes provincias?

-Hay jurisdicciones en las que se dan situaciones complicadas porque es difícil integrar un tribunal. Santiago del Estero hoy no tiene tribunal porque los jueces son recusados por las querellas o por las defensas. Sin embargo, en esta provincia ya hubo sentencias. En todas las jurisdicciones hay investigaciones en trámite. Si bien hay distritos problemáticos, las causas tienen movimiento, aún en los más difíciles. Hay juicios en San Luis, San Juan, Mendoza, San Rafael, La Rioja, Córdoba, Rosario, La Plata… Catamarca comienza un debate ahora; y Entre Ríos está terminando un juicio. Santiago del Estero no tiene tribunal pero está todo preparado para comenzar un juicio. Lo que sucede es que a veces pasan meses en los que no hay actividad porque no hay tribunal. En San Martín, provincia de Buenos Aires, hay 16 causas que están esperando juicio. Es la jurisdicción que más elevaciones tiene, pero no hay tribunal. Entonces el gran problema es la integración de los tribunales.

-¿Por qué se genera este problema?

-Existen tribunales que no fueron integrados porque las defensas muchas veces impugnan a los integrantes sosteniendo que ya participaron de otros juicios. Son planteos dilatorios, pero generan pérdidas de tiempo.

-¿Qué instrumentos jurídicos utilizaron para optimizar y agilizar los juicios?

-Una alternativa que encontramos fue acumular datos. Los primeros juicios tenían un imputado y una víctima. Y era un dispendio jurisdiccional porque teníamos que convocar a los testigos, producir las pruebas y luego venían los residuales, que son inevitables porque todos los juicios traen nuevas verdades, aportan nuevos datos y vislumbran nuevos casos. En ese sentido, se pensó en poder tener un juicio único con la mayor cantidad de imputados y de casos posibles que tuvieran prueba conjunta. A esto se sumó también la acordada de Casación que propuso evitar la revictimización de los testigos y permitió utilizar las declaraciones realizadas en juicios anteriores a través de videos. Esta producción de prueba más resolutiva permitió llevar adelante juicios más grandes y acumular hechos. Pero hoy existen ciertas dificultades que se presentan en muchas jurisdicciones, lo que está relacionado con la poca frecuencia de audiencias que tienen los juicios.

-¿Qué ocurre en esos casos?

-Realizan una audiencia cada 15 días y la proximidad se pierde. Tampoco es bueno para el testigo que está esperando el momento para declarar. Nosotros reclamamos por estas demoras y la respuesta que nos dan es que hay muchos tribunales que se integran con jueces que no son de la misma jurisdicción. Una alternativa posible que encontramos es que el cuarto juez pueda seguir la audiencia por videoconferencia. Por eso insisto en que necesitamos tener juicios con más audiencias. En esa línea, hay que tomar como ejemplo el Juicio a las Juntas, que contaba con más de 700 casos... ¡y se realizó en ocho meses! Hoy el escenario es distinto, hay otras herramientas tecnológicas, por eso pedimos que aumente la frecuencia de audiencias, que se puedan realizar semanalmente.

-¿Cómo sistematizan desde la Procuraduría el seguimiento de las causas?

-Es importante que exista una coordinación entre todo el Ministerio Público para evitar que la información se repita o se superponga. En ese sentido, firmamos recientemente un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para poder utilizar el software “Presentes”. Esta herramienta informática permite optimizar el registro que se realiza desde la Procuraduría sobre el avance de las causas en todo el país, así como potenciar la capacidad de sistematización y procesamiento de la información, lo que resulta fundamental a su vez para las investigaciones en trámite. “Presentes” acumula y sistematiza la información sobre las víctimas, los responsables, los centros clandestinos, las causas judiciales y las fuentes documentales. Con esta herramienta pretendemos también conocer el universo de víctimas judicializadas, que es toda aquella víctima que es caso en un expediente judicial y que no necesariamente coincide con los registros de la Conadep o con el Registro Únicos de Víctimas. Hay muchas víctimas que fueron judicializadas pero no hicieron el reclamo administrativo. Por eso la idea es unificar esa información y aunar esfuerzos para tener un universo real de las víctimas judicializadas.

-Como señaló antes, una de las grandes demoras judiciales se da con respecto a la investigación de la complicidad de civiles en el terrorismo de Estado, especialmente con funcionarios judiciales y empresarios. ¿Se podrá avanzar en esas causas?

-Hay resistencias, pero también es cierto que hay algunos avances. Si uno piensa en la jurisdicción de Jujuy, con el caso de Carlos Pedro Blaquier, el problema no fue jurisdiccional, porque hubo un juez -y luego una Cámara- que confirmaron su procesamiento. Ahí la dificultad estuvo en Casación, que hizo algo que jamás había hecho y que, de hecho, no volvió a hacer: analizar la prueba, en el marco de un procesamiento, cuando es algo que no le corresponde. Pero la relación de ese empresario con los tres jueces de la Cámara de Casación son indicios que uno tiene... Fue algo realmente inédito. Por eso, los abogados querellantes denunciaron a los tres jueces que firmaron esa resolución, porque se excedieron en sus funciones y sus facultades. Hoy el caso está en el Ministerio Público, porque la Corte lo remitió a la Procuración para que dictamine. Pero en jurisdicciones como Bahía Blanca se atrevieron a avanzar en el caso Massot, con todo lo que eso implicó, porque hubo un juez cesanteado injustamente por un juez de Cámara que hoy está con un jury abierto. También la causa Ford ya está para que se inicie el juicio, aunque falta que se integre el tribunal. Además se dispusieron varios allanamientos en otras causas. Pero hay que tener en cuenta que probar la responsabilidad empresarial es complejo.

-¿A qué se debe esa complejidad?

-Cuando uno tiene que investigar a un integrante de las Fuerzas Armadas, hay un plan, un reglamento y unos legajos que permiten construir la responsabilidad que ese señor tuvo en determinada jurisdicción. Pero probar la responsabilidad empresarial es más complejo en términos de la documentación. Por eso hubo que aggiornarse con respecto a la documentación que se incorpora a los expedientes. Es decir, hubo que empezar a leer otros documentos que podían traducir el accionar de una empresa: indagar en los libros contables, los libros de salarios… Así es que se llega a entender, por ejemplo, qué pasó con el fondo de indemnizaciones que tenía Loma Negra al momento que desaparece (N de R: el abogado laboralista Carlos) Moreno. Ese tipo de entrecruzamientos fue algo que tuvimos que aprender en el transitar de esos casos. No son elementos que un abogado tenga a mano. Hubo que convocar a expertos contables que pudieran traducir esos lenguajes, crear equipos interdisciplinarios, abriendo formas de investigación que no se habían utilizado hasta el momento.

-¿Qué dificultades encuentran para avanzar en la investigación de la responsabilidad de los funcionarios judiciales?

-El problema que encontramos en esos casos es que el juez que debe investigar quizás es conocido, entonces se tiene que excusar… y el fiscal fue empleado… Mendoza es paradigmático en ese sentido. Pero, insisto, el tipo de prueba que estamos acostumbrados a analizar en el marco de las causas en las que se investiga a las Fuerzas Armadas o de seguridad es distinto al que hay que analizar para determinar la responsabilidad de un funcionario judicial, un empresario o algún miembro de la Iglesia. Que un sacerdote confesara a un integrante de las Fuerzas Armadas no es suficiente como para dictaminar en términos judiciales su complicidad. Y eso es lo más difícil y es lo que se debate actualmente en los expedientes.

-¿Y con los delitos sexuales?

-En el caso de los delitos sexuales hay quizás un avance mucho más notorio en términos de si cuantificamos por sentencias. Es decir, hay un mayor número de personas condenadas por delitos sexuales que empresarios. El desafío es avanzar en la acumulación de las causas, evitar que se fragmenten, para poder mostrar de manera conjunta el universo de delitos posibles. Que la víctima pueda relatar que fue secuestrada, que fue violada y que le robaron la casa. Y no, como ocurre ahora en muchos casos, que sea citado y que testimonie que fue secuestrado. Y que en otro juicio declare que lo violaron. Necesitamos que el relato de los testigos sea único, lo más completo posible, de manera tal de que no se lo vuelva a convocar.

-Desde el diario La Nación se ha objetado el estado en el que se encuentran privados de la libertad los imputados y señalan que hubo más de “trescientos muertos en condiciones de cautiverio”. ¿Qué han podido relevar en ese sentido?

-Hay fiscales que han asistido a los lugares de detención. Pero lo cierto es que nunca hubo una denuncia formal.

-¿Nunca presentaron una denuncia judicial?

-No. Lo que sí hay es una queja permanente de que “los levantan temprano”, pero lo cierto es que muchas de las personas que están detenidas en los complejos penitenciarios tienen mejor acceso a los servicios de salud que otro tipo de presos. Y hay muchos arrestos domiciliarios, porque hay jueces que los conceden por el sólo hecho de tener más de 70 años, aunque el imputado no tengan ninguna dolencia. En ese sentido, sí hay una pelea para que no haya una concesión automática de la prisión domiciliaria, sobre todo de aquellos que se fugaron de la justicia o en los casos en los que se pueda inferir que actualmente conserva contactos con prófugos. La ley dice que el juez “podrá” conceder el arresto domiciliario. No dice que “debe”. Lo que pedimos siempre es que, si alegan una dolencia, se realice un estudio médico para certificarla. El problema es que muchas veces se presentan certificados de sus hijos o yernos, que son médicos. Pero si se certifica esa dolencia y le corresponde el arresto domiciliario, se irá a su casa. Hoy en día hay mecanismos para poder controlar esos arrestos domiciliarios.

-Otro de los argumentos contra el avance en el proceso de juzgamiento es que la gran mayoría de las causas actuales “se basan en las pruebas que ya había presentado la Conadep hace más de treinta años”.

-Me enoja mucho ese argumento, porque proviene de una persona que ha asistido a juicios y sabe fehacientemente que hoy las pruebas son mucho más ricas. Que sabe que el Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa, de la Cancillería, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Programa Memoria, Verdad y Justicia tienen equipos desde hace muchos años que se encargan de producir información en función de los documentos que aparecen o de la lectura de los legajos de los imputados. Se han encontrado informes en el Ministerio de Seguridad sobre hechos ocurridos en una calle determinada que, a la vez, coincide con la dirección de una víctima X. Esos cruces no son de la Conadep, ¡son recientes! Y ni hablar de los testimonios: en los ochenta no declaraban los colimbas. Hubo convocatorias a los vecinos, fiscales que se acercan a los lugares donde se produjeron los hechos y los entrevistaron y luego esas personas se acercaron a declarar. A la vez, la propia realización de los juicios trae verdades nuevas: hay pibes que pudieron restituir su identidad después de declaraciones de testigos que hasta el momento no habían hablado. También por las declaraciones de los imputados: hace un par de meses (Gonzalo) Torres de Tolosa habló en la megacausa ESMA cómo fue el operativo en el que asesinaron a Mario Koncurat y Claudia Urondo y qué sucedió con los niños de ambos, que luego fueron entregados a sus abuelos. Y esos son elementos que generan los juicios, no la Conadep de los ochenta.

-El diario La Nación planteó en una editorial reciente: “Lo cierto es que, después de más de una década de siembra constante y perversa de resentimientos, odios, divisiones y enfrentamientos entre los argentinos, nuestro país tendrá pronto una oportunidad para promover la reconciliación”. ¿Considera que este proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad continuará luego del cambio de gestión presidencial?

-El proceso abierto en 2006 hoy es una política de Estado y no puede haber una marcha atrás. Por eso celebro que en la reunión de la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad hayan coincidido la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Justicia, la presidenta del Consejo de la Magistratura y el Congreso de la Nación en que los juicios son una política de Estado. Y creo que la única reconciliación posible es con las instituciones de la democracia.