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Revista Haroldo

Diálogo con el pasado y el presente

22 de abril de 2019

Como si florecieran entre sus seres queridos y sus memorias

Lucía Presta, trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos, participó de la primera audiencia del juicio por los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la “Contraofensiva montonera”, que se juzgan a 40 años del regreso al país de militantes políticos que estaban en el exilio, quienes buscaban reorganizar la resistencia contra la dictadura. El juicio intentará determinar la responsabilidad de los altos mandos de los batallones 601 y 201 de Inteligencia y del Comando de Instituto Militares en el secuestro -tanto en el país como en Perú, Bolivia, Brasil y España- de al menos 94 víctimas que participaron de la "Contraofensiva".

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Daniel Cabezas. sobreviviente, en su declaración como testigo ante el TOF 4 de San Martín

“Es fundamental que la historia discuta esto porque marca directamente el presente y el futuro. Esta causa interpela a la sociedad. Da cuenta que como personas tenemos el derecho a resistir a un plan económico, a una opresión sistemática de parte del órgano estatal, movilizados por querer algo mejor para todos”.

Daniel Cabezas, sobreviviente.

Cuarenta años más tarde -el pasado 9 de abril- comenzó el juicio de Contraofensiva Montonera, que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín. Por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 94 militantes montoneros (incluyendo menores de edad y mujeres embarazadas) son juzgados un total de 9 represores pertenecientes a los altos mandos de los batallones 601 y 201 de Inteligencia y del Comando de Instituto Militares: Guillermo Pascual Muñoz, ex jefe del departamento de personal del Estado Mayor; Carlos Blas Casuccio, ex segundo jefe del Departamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor; Jorge Eligio Bano, ex jefe de la División Operaciones del Departamento de Inteligencia (G2); Eduardo Ascheri, ex jefe de la División Planes del Departamento de Inteligencia (G2); Marcelo Cinto Courteaux, ex jefe de la Sección Primera de Ejecución del Departamento 201 de Inteligencia, y Alberto Daniel Sotomayor, ex jefe de la Primera Sección del Destacamento 201 de Inteligencia; Roberto Dambrossi, ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas; Luis Ángel Firpo, ex jefe de la Central de Contrainteligencia y ex jefe de la División Seguridad y Jorge Norberto Apa, el ex jefe de la división de Inteligencia “Subversiva Terrorista” del Departamento Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Algunos de ellos gozan de arresto domiciliario y asistirán a las audiencias vía teleconferencia. En tanto, dos de los represores imputados en la misma causa fallecieron antes de que la misma llegara a juicio oral.

Las acciones llevadas a cabo entre 1979 y 1980 por militantes de la agrupación Montoneros buscaban reorganizar la resistencia contra la dictadura genocida. La mayoría de quienes participaron en las dos campañas fueron detenidxs por las fuerzas represivas y, al día de hoy, continúan desaparecidxs. Se estima que alrededor de 600 personas formaron parte de esta ambiciosa -posiblemente la última- lucha para combatir y procurar la caída de la dictadura cívico-militar.

El contexto y la decisión de volver

En 1978 la Conducción Nacional de Montoneros, tras la retirada estratégica de los altos cuadros al exilio en 1977 (en virtud de una reorganización en el exterior, finalizada la etapa de “defensa activa”) evalúa los criterios e implementación para retornar al país en la operación denominada “Contraofensiva Estratégica”. El análisis que desarrolla la conducción señala un debilitamiento de la dictadura genocida, posibles diferencias al interior de la Junta Militar y una potencial capacidad por parte de la “insurrección popular armada” para vincularse con el accionar del movimiento obrero organizado que para esos momentos se profundizaba. Un año más tarde, el triunfo de la Revolución Islámica en Irán y del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, fueron observados como desenlaces que también podrían repetirse en Argentina. Finalmente el retorno se planificó en dos células pequeñas denominadas “Tropas Especiales”: las Tropas Especiales de Agitación (TEA) y las Tropas Especiales de Infantería (TEI). La segunda tenía como objetivo golpear, primero, las redes de transporte y comunicación y luego, efectuar acciones puntuales contra el grupo del gabinete del entonces Ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz; por otro lado, las Tropas de Agitación procurarían la interrupción de señales de radio y otro tipo de métodos para circular propaganda, procurando una articulación con el sector sindical que venía llevando a cabo una resistencia mediante diversas medidas de fuerzas que cobraron mayor intensidad a partir de 1979, como fue la primera huelga general a la dictadura organizada por “los 25” para abril de ese año. La campaña de retorno se llevó adelante en dos instancias, la primera en 1979 y la segunda en 1980. En ambas oportunidades y debido a la generación de información que las fuerzas produjeron, dentro y fuera del territorio Nacional y en complicidad con servicios de inteligencia de otros Estados, se detuvieron ilegalmente a la mayoría de quienes participaron en estos operativos de resistencia.

Impunidad y búsqueda

En Marzo de 1980, 15 militantes de la agrupación Montoneros organizados en lo que sería la segunda Contraofensiva, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad aproximadamente un mes después de su ingreso al país. Ese mismo mes también fueron detenidos, en Brasil, Horacio Campliglia y Mónica Susana Pinus, quienes debían encontrarse con el grupo que ya estaba en la Argentina. Las fuerzas de seguridad de aquel país actuaron coordinadamente con las fuerzas argentinas para proceder al arresto en el aeropuerto de Río de Janeiro. Todxs permanecen desaparecidxs al día de hoy.

El 25 de abril de 1981 el general Cristino Nicolaides, Comandante del III cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba, brinda una conferencia de prensa a la que asisten medios de comunicación, empresarios locales y autoridades judiciales, entre otros. Según las respectivas publicaciones que diarios argentinos realizaron en el mes de abril de ese mismo año, el entonces general Nicolaides informa que “pese al férreo control de fronteras que se ejerce, dos células guerrilleras… consiguieron penetrar en territorio argentino (…) esas dos células fueron desarticuladas y se intervino documentación demostrativa del grado de preparación de esos grupos guerrilleros (…) Yo he tenido oportunidad de hablar con uno de esos delincuentes y les puedo asegurar que tienen un alto nivel de preparación en todos los sentidos” (extractos publicados en el diario La Razón utilizados en la presentación de Ana María Ávalos de Cabilla, en el II Congreso Latinoamericano de familiares de desaparecidos de 1981). La cantidad de personas que conformaban esas células a las que hace referencia Nicolaides, habrían sido entre 10 y 14. Tal como expone Ana María Ávalos de Cabilla en ese congreso, las detenciones a las que se hace mención en esta conferencia (que tuvo lugar un año después de los hechos) “no fueron comunicadas a los familiares de los prisioneros, no se ha publicado la lista con los nombres de los detenidos en ese procedimiento, no se ha hecho público el lugar donde estos ciudadanos están”. La declaración pública del entonces general Nicolaides hace pensar que el grupo de detenidos al que hace referencia, bien podría tratarse del grupo que ingresó en febrero de 1980 en el marco de la segunda campaña de la Contraofensiva. Lo único que consta es que los pedidos de habeas corpus presentados por estos 15 militantes desaparecidxs no tuvieron respuesta por parte de las entonces autoridades militares, ni judiciales.

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Los familiares, amigos y compañeros de las víctimas levantan en alto los carteles con sus rostros en la primera jornada del juicio

La exposición de Nicolaides da cuenta de la impunidad que imperaba aún en los últimos años de la dictadura, la complicidad de los medios de comunicación que no cuestionaron ni indagaron en las declaraciones que, básicamente, exponían una situación irregular de detenciones múltiples por parte del ejército, ya que nunca se dio a conocer la identidad de aquellas personas, ni qué cargos se les imputaba, ni nada que diera cuenta de cómo y por quiénes serían juzgados.

Un intento por que sea Justicia

“Esta es una causa muy distinta a la que estamos acostumbrados a vivir. Siendo querellante por la desaparición de mis padres -Marcela Molfino y Guillermo Amarilla, ambos militantes montoneros- puedo decir que aquí no hay un centro clandestino de detención como epicentro de los testimonios, sino que se está juzgando al aparato de inteligencia específicamente. Es resultado de la lucha de muchas compañeras y compañeros que estuvieron trabajando duro a lo largo de años para llegar a esto, y a mí todo este trabajo me llena de orgullo”. Guillermo Amarillo Molfino, nieto restituido.

Años más tarde y sin que al día de hoy la tarea pueda darse por concluida, la aparición de informes internos de inteligencia del Ejército evidencian el nivel de conocimiento que la dictadura tenía acerca del accionar de Montoneros en el marco de la denominada Contraofensiva. Desde el hallazgo en Bahía Blanca de documentos de Inteligencia, la Jueza Alicia Vence, a cargo del Juzgado Correccional y Criminal Federal N°2 de San Martín, comenzó la instrucción que hoy, casi 10 años más tarde, permite conocer parte de la red que se montó desde el Estado Terrorista para investigar, recabar información y luego ejercer la represión ilegal sobre lxs militantes que se organizaron para su retorno al país. Además, la información recabada incluye las detenciones efectuadas, no sólo por el Estado Argentino, sino también por autoridades y fuerzas de seguridad de Perú, Bolivia, Brasil y España. Se ha recopilado documentación de inteligencia militar donde consta el conocimiento que esa fuerza tenía acerca de las operaciones de Montoneros, tanto de las características de su organización interna, como de los mandos de cada uno de lxs integrantes y la cantidad estimativa de militantes que se encontraban tanto fuera como dentro del país (entre 191 y 243 en territorio argentino y entre 222 y 243 en el exterior, según los informes internos). Las operaciones de inteligencia efectuadas por el Ejército sobrepasaron las fronteras y su capacidad se vio reforzada por el accionar conjunto con otras fuerzas y servicios. Por caso, en Panamá “estaban asentados oficiales de inteligencia del batallón 601 y de la Marina Argentina quienes podían operar con facilidad en el territorio” (Larraquy; 2006). Esta articulación permitió desplegar la represión a países de la región, lo cual explica las detenciones de Campiglia y Pinus, en territorio brasileño y de María Inés Raverta, Julio César Ramírez y Noemí Gianetti de Molfino en Perú, desde donde son trasladados primero a Bolivia y luego se pierde el rastro de su paradero. Se presume que a Molfino la llevan a Campo de Mayo, Argentina -donde estaba detenida su hija Marcela, embarazada- y finalmente a Madrid, donde aparece asesinada en un apart-hotel.

El juicio comenzó el martes 9. En esa primera audiencia, mientras se leía el enorme listado de víctimas, mientras sus nombres eran pronunciados, sus familiares, sus amigxs y sus compañerxs alzaron las fotografías y llenaron la sala con sus rostros. Como si florecieran, todas y todos, entre sus seres queridos y entre sus memorias.

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