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Revista Haroldo

Diálogo con el pasado y el presente

25 de junio de 2017

La masacre que no se pudo ocultar

El 26 de junio de 2002 Darío Santillán y Maximiliano Kosteki se manifestaban junto a otros miles de compañeros sobre el puente Pueyrredón para visibilizar la realidad de los sectores más afectados por la crisis económica que golpeaba al país. Lo que sobrevino fue una cacería y los pibes fueron asesinados por la policía. Los medios intentaron taparlo, pero la mentira duró 24 horas. Se cumplen 15 años de un crimen que marcó la historia política argentina. 

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Puente Avellaneda, a un año de los asesinatos de Darío y Maxi.

Quienes militan por los desposeídos saben que poner el cuerpo es un deber ineludible. Darío Santillán y Maximiliano Kosteki eran conscientes de ello en aquella fría mañana del 26 de junio de 2002, cuando junto a otros miles de sus compañeros de las organizaciones sociales y de desocupados intentaron manifestarse sobre el puente Pueyrredón para hacer visible la realidad de los sectores más afectados por la tremenda crisis económica que entonces golpeaba al país. Pero las fuerzas de seguridad y la Policía bonaerense desataron una feroz cacería en la que perdieron la vida esos dos militantes. Un hecho conocido como “la Masacre de Avellaneda” y que marcó un hito en las luchas de un movimiento piquetero. A quince años, familiares, amigos y compañeros, mantienen viva la memoria de Darío y Maxi y continúan con el reclamo de Justicia.

“Nadie me puede sacar el recuerdo del Dari. No hay un día en el que no piense en él, en las charlas que tuvimos y en los abrazos que nos dábamos. Por eso creo que el mejor homenaje que podemos hacerle es continuar con la lucha y mantener la acción judicial para que paguen los responsables políticos de esa masacre”, señala Alberto Santillán, padre de Darío e integrante de una agrupación social que lleva el nombre de su hijo.

Las palabras de ese padre remiten a la conflictiva Argentina de junio de 2002, conmocionada por el derrumbe que seis meses antes había causado la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en un estallido social que dejó más de 35 muertos.

Tras una traumática transición por la que pasaron tres presidentes en poco más de una semana (Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saa y Eduardo Caamaño), el senador Eduardo Duhalde asumió la primera magistratura de un país en cesación de pagos y con el 51 por ciento de sus habitantes por debajo de la línea de la pobreza.

Ante esta situación, el gobierno de Duhalde destinó un pago de 150 pesos mensuales en concepto de seguro de desempleo, un paliativo con el que se intentaba compensar la caída de la actividad económica y el aumento del costo de vida tras la devaluación del 300 por ciento que había ocurrido en enero, cuando se dejó atrás la paridad cambiaria de 1 peso x 1 dólar, que se conoció como la ley de convertibilidad y rigió la economía por más de una década.

La masacre que no se pudo ocultar- Revista Haroldo
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Esa fría mañana de junio, mientras Brasil se enfrentaba con Turquía por las semifinales de la Copa Mundial de Japón-Corea, el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) se movilizó al puente Pueyrredon -la estructura que se eleva por encima del Riachuelo y une la Ciudad de Buenos Aires con la provincia- para reclamarle al Gobierno el incremento de ese seguro por desempleo. La propuesta era que el subsidio se elevara a 300 pesos por mes. Además, portaban una consigna de solidaridad con los trabajadores de la fábrica recuperada Zanón, de Neuquén, sobre quienes pesaba una orden judicial de desalojo.

Las columnas del MTD intentaron subir al puente por el acceso de provincia, en Avellaneda, pero efectivos de la Policía Federal, la bonaerense, la Prefectura Naval y la Gendarmería lo impidieron con una dura represión,  que prosiguió en las calles aledañas.

Dos días antes, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasoff, había advertido que el Gobierno iba a mantener el orden y no permitiría que la Capital Federal quedara “sitiada”, en sintonía con las palabras de Duhalde, quien días antes había asegurado que concluiría su mandato en diciembre de 2003, tal como estaba previsto en el normal  ordenamiento constitucional.

En un principio, la represión de las cuatro fuerzas de seguridad dispararon balas de goma y lanzaron gases lacrimógenos para repeler el avance de los militantes sobre el puente, y ocasionaron 33 heridos.  

En medio de la dispersión, los policías de la bonaerense tiraron con balas de plomo contra un grupo de militantes que se dispersaba, y en el hall de la estación Avellaneda fue baleado Kosteki, un pibe de 22 años, músico y malabarista, nacido en Lomas de Zamora, que hacía poco se había sumado al MTD.

Santillán, de 21 años, oriundo de Lanús, intentó socorrerlo y fue baleado por la espalda. Los policías que les tiraron arrastraron los cuerpos de estos dos militantes ensangrentados hacía la calle, un accionar que buscaba  acelerar las agonías de estos jóvenes que luchaban por cambiar la realidad de los sectores más postergados.

Mientras tanto, en las calles de Avellaneda, más de 200 personas eran detenidas y una versión difundida por la bonaerense y refrendada por los funcionarios comenzaba a cobrar fuerza: “Los piqueteros se mataron entre ellos”.

Ante las cámaras de televisión, el comisario Alfredo Fanchiotti repetía esta versión en la puerta del hospital Fiorito donde se encontraban varios de los heridos por la represión. De pronto, un contundente golpe de puño impactó en la cara de este oficial. Ese hombre lo había visto tirar en la estación de Avellaneda, y no pudo contener su indignación ante tanta mentira. 

“De lo que estaba seguro era de que Kosteki había sido herido, lo había registrado. Fue un día muy largo, estuve desde temprano por Avellaneda, primero en el puente, luego en la estación, en el Fiorito y en la comisaría. Tomé imágenes de todo. Llegué a mi casa, en Berisso muy tarde y cuando me puse a revelar el material que tenía, me di cuenta que estaba ante una verdad que no podría ser desmentida", afirma Sergio Kowalewski, fotógrafo independiente y militante que cubría desde hacía varios años las actividades desarrolladas por los organismos de derechos humanos.

Kowalewski, el fotógrafo de Clarín Pepe Mateos y un camarógrafo de canal 7 habían registrado lo sucedido, pero la verdad tardó 24 horas en conocerse.  

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“Cuando obtuve el registro de la matanza, me comuniqué con la gente de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) y les llevamos el material. Ellos fueron con las fotos a Clarín, donde decidieron ver las fotos que Mateos había tomado el día anterior y en las cuales se documentaba el accionar delictivo de la policía”, repasa el fotógrafo.

En su edición del 27 de junio, un día después de los hechos, Clarín publicó un ambiguo titular en su tapa: “La crisis se cobró dos nuevas muertes”. Pero el 28, difundió el material tomado por Mateos, y la mentira de enfrentamiento piquetero quedaba desarticulada, hundida por su propio peso.

“Es interesante ver lo que pasó con las empresas de medios por esos días. Hubo comunicadores que días antes de la marcha del 26 preparaban un clima de demonización. Se mostraban tumberas y elementos contundentes en programas de televisión que los piqueteros no usaban en sus marchas y se los tildaba de violentos. Pero tras la masacre, Kosteki y Santillán pasaron a convertirse en pibes buenos que trabajan en los barrios y que construían casas con bloqueras de cemento. Existió una gran manipulación”, sostiene Kowalewski, cuyas fotos de la masacre se publicaron en el diario Página 12.

La instrucción de la causa quedó en manos del fiscal Juan José González, que ordenó el secuestro de más de 120 armas policiales y constató que los dos militantes murieron por disparos de una escopeta Ithaca, calibre 12.70. Kosteki tenía heridas en el tórax, en tanto que el cuerpo de Santillán registraba impactos en la aorta y el coxis.

Testigos del hecho ubicaron a Fanchiotti y al cabo Alejandro Acosta como autores de los disparos y ambos fueron llevados a juicio junto con otros efectivos. En 2006, el Tribunal de Lomas de Zamora condenó a los dos policías a cadena perpetua. Además, sentenció al comisario Félix Vega y los principales Carlos Quevedo y Mario De la Fuente fueron sentenciados a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado.

Otros dos acusados de encubrimiento, el oficial Gastón Sierra y el cabo Lorenzo Colman, fueron condenados a tres y dos años de cárcel, respectivamente.

El expolicía Celestino Robledo recibió la pena de diez meses por «usurpación de autoridad», ya que actuó en la represión aunque no estaba en funciones. Además, se iniciaron causas a los funcionarios Carlos Soria (entonces titular de la SIDE), Jorge Vanossi (Ministro de Justicia que renunció tras la masacre) y Oscar Rodríguez por falso testimonio.

En medio de la conmoción por los crímenes, Duhalde admitió la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, habló de una “feroz cacería” sufrida por las víctimas y decidió adelantar la entrega del poder. Convocó a elecciones para el 18 de abril de 2003 y fijó para el 25 de mayo la fecha de asunción de un nuevo Gobierno. Néstor Kirchner resultó electo presidente luego de que Carlos Menem desistiera de presentarse en la segunda vuelta.

Por iniciativa de los familiares y compañeros de Maxi y Darío, se abrió una causa judicial contra los responsables políticos de la masacre que recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, quien no profundizó más allá de las causas formales y en 2010 cerró el expediente. No obstante, la investigación se reactivó cuatro años después, cuando declaró como testigo la histórica dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.

“Queremos que los responsables políticos de esos asesinatos paguen por lo que hicieron. Pasó mucho tiempo, pero estamos firmes en nuestro reclamo. Sabemos que es una forma de honrar la memoria de Darío y de todos sus compañeros”, subraya Alberto, padre de un pibe nacido en Lanús, consecuente con sus ideales, que puso el el cuerpo y dio la vida por los otros. 

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