En 1983 el clima político cultural había cambiado de manera sustancial. La mayoría de la población rechazaba a la dictadura y clamaba por la reconstitución de las instituciones republicanas. La información sobre el conjunto de los crímenes cometidos y sus responsables era parcial, sostenida por los organismos de derechos humanos y los sectores denominados “progresistas”. Pero el negacionismo estaba ya instalado y pronto se atrevería a asomarse discutiendo la verdad de los 30.000 desaparecidos. No solamente en espacios públicos, sino en las profundidades de la sociedad, nunca cesó totalmente la controversia, desde el primer acto de Alfonsín abriendo los juicios a los responsables del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, hasta la decisión de Néstor Kirchner de juzgar hasta el último implicado en los hechos de lesa humanidad. Así como en Europa la semilla del nazismo, en algún lugar de la Argentina esperaban símbolos de la muerte. ¿Acaso el negacionismo no es una elemental manifestación de las tendencias agresivas que están siempre presentes en los humanos? 

Cabe plantear la discusión sobre el contenido del término “democracia”, cuál es su alcance, qué tendencias y posturas cobija. Con la democracia se come, se cura y se educa, sostuvo Raúl Alfonsín. En las décadas siguientes, para las generaciones jóvenes había quedado clara la oposición entre democracia y dictadura, pero persistían enormes problemas económicos y sociales. No solamente: El “designio de la cultura” (es un poderoso término de Freud) no había vencido a la “hostilidad de uno contra todos y todos contra uno”, que en la actualidad se proyecta en ese sujeto impersonal y descalificado al que se ha dado en llamar “la política”. “La política” es un ente sin memoria y un significante vacío que puede dar lugar a usos infinitos, a la vez que ocultar las acciones y las luchas políticas situadas, territorializadas, de los ricos, sanos, blancos, heterosexuales (preferentemente machos) y los pobres, los desposeídos y marginados de todos los órdenes. La idea ingenua de democracia ha sido barrida por el neoliberalismo que, en sus expresiones más extremas, pretende cerrar las instituciones de la democracia y la vigencia de la Constitución, y en las expresiones menos atrevidas privatizar los organismos del Estado que prestan servicios públicos, vender las riquezas de los argentinos y renunciar a la soberanía nacional.  

^{Collage: Juan del Mármol}

La democracia es una característica, un atributo de la relación de poder entre las personas, que afecta a las instituciones, que determina formas de organización institucional, maneras de pensar, que constituye subjetividades. No hay democracia en abstracto, esta es definida de maneras aproximadas a intereses, valores, momentos históricos. En 1983 el retorno a la Constitución Nacional, pacto de convivencia de los habitantes del suelo argentino, fue un enorme acto democrático. La reforma constitucional de 1994 fue votada y consensuada por amplia mayoría. Pese a las restricciones a los cambios impuestas por el “Pacto de Olivos”, acordado entre Alfonsín y Menem, se introdujeron nuevos derechos y garantías que habilitaron a sectores excluidos y se otorgó carácter constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, entre otras cláusulas positivas (Art.75). Es contra esos derechos que se manifiestan los sectores neoliberales que hoy disputan el poder en el país: contra los pueblos aborígenes, los trabajadores, los “niños en situación de desamparo”; contra los inmigrantes, “hombres del mundo” que quieren “habitar el suelo argentino”.

En los años 90´ estaba fresca la memoria de la Dictadura y de la Guerra de Malvinas, en tanto el neoliberalismo se expandía controlando políticas públicas, instituciones y afectando las subjetividades. Las grandes corporaciones propietarias de los medios de comunicación tomaban la delantera y la cultura del mercado alcanzó a ocupar casi todo el tiempo libre de las personas. Aquello que pareció una adicción de niños y adolescentes, se fue tornando una forma de vida de todas las edades. No solamente la lectura de libros fue perdiendo interés, sino la del periódico y, en estrecha vinculación, en la mesa familiar o con los vecinos, se fue abandonando la discusión política, la crónica del pasado, el brindis por las fechas patrias. En la crisis de 2001 todas las acusaciones se dirigieron a “la política”, sin que se llegaran a discutir a fondo las “deudas de la democracia”. Fue Néstor Kirchner quien les puso nombres, bajando el retrato de Videla, abriendo los juicios a los responsables del genocidio y llevando adelante una política de justicia social y de defensa de la soberanía nacional y los derechos humanos. Cristina Fernández de Kirchner consolidó esa política y durante doce años avanzamos  saldando “deudas de la democracia”. Al terminar ese ciclo kirchnerista, el gobierno de Mauricio Macri habilitó el despliegue de las fuerzas neoliberales en todos los órdenes de la vida económica, política y social.

La reforma constitucional de 1994 había introducido entre las atribuciones del Congreso sancionar leyes de educación que promovieran “los valores democráticos y la igualdad del oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna”, el principio de gratuidad en la educación pública y la autonomía de las universidades nacionales(Art. 75 inc. 19), así como la garantía del “respeto a la identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural” a las comunidades aborígenes.(Art. 75, inc.17).  El principio de gratuidad, sin embargo, fue limitado con el de equidad respondiendo a la presión del Banco Mundial, que buscaba maneras de introducir el arancelamiento en todos los niveles de la educación pública, comenzando por el nivel superior. La equidad es un principio ambigüo que puede ser interpretado de maneras distintas, afectando la universalidad de la educación gratuita: el gobierno de Menem dictó leyes que abrían la posibilidad de arancelamiento; los gobiernos kirchneristas tuvieron como política educativa central la inclusión de todos en la educación gratuita; el gobierno neoliberal de Macri en la Nación, de Larreta en la ciudad de Buenos Aires y los gobiernos en las demás provincias gobernadas por la alianza Juntos por el Cambio descalificaron y desfinanciaron la educación pública y promovieron al mercado educativo. Las corporaciones, de manera directa y a través de sus fundaciones, se consolidaron en el terreno de la educación. Los programas que alcanzaron mayor difusión se dirigen a formar sujetos que vean con naturalidad todas las formas de la violencia y de su represión, que adapten su ética y su estética, sus opciones políticas y costumbres, sus diagnósticos de la realidad, a un modelo ahistórico, desterritorializado, sometido a voluntades ajenas.

Los tiempos corren y no es posible que las generaciones jóvenes tengan los mismos recuerdos que sus padres y abuelos. Sin embargo, su ubicación como sujetos requiere de la ayuda de la memoria familiar, grupal, local, nacional y de la conciencia de la situación de su país en el mundo. Se trata de un proceso inverso al impulsado por la educación neoliberal, que limita la perspectiva de las personas al puro presente. En tanto, la escuela aún sigue formateada con formas y contenidos acordes a la época moderna; el Siglo XX sobrevive en los establecimientos educativos y se enfrenta o busca articularse con la tecnología que atravesó sus muros. Los docentes incorporaron programas digitales, pero la fuerza cultural del mercado acompaña esos cambios y las políticas estatales son aún insuficientes para contrarrestarla. Es necesario terminar de extender la red óptica, dotar de equipos a docentes, alumnos/as, administrativos/as, capacitarlos y extender la educación digital a las familias. Pero no termina en esas acciones lo que está por hacer desde una postura democrática. ¿Qué es, entonces la democracia?, podría preguntarse.

He señalado antes que la democracia se llena de contenidos en el curso de la historia. Pero nunca abandona su referencia principal, que es la universalidad de los derechos, la igualdad ante la ley, el proceso permanente de inclusión de los marginados, la justicia social. En alguna medida la democracia es una meta permanente que ilumina caminos, que otorga sentido a luchas políticas y, en particular a opciones político pedagógicas. Para entender no solamente las limitaciones circunstanciales de la democracia sino sus posibilidades, aquello que podemos imaginar y en muchas ocasiones llevar a cabo, necesitamos tener una visión histórica, situarnos como sujetos en el devenir y liberarnos de las fuerzas que nos atan al puro presente.

La educación tiene mucha tarea por delante al respecto. He mencionado el abandono de la transmisión intergeneracional en los ámbitos familiares y su sustitución por el relato de los medios de comunicación acaparados por las corporaciones. El sistema educativo conserva aún cierta autonomía que lo caracterizó desde su organización, allá por las últimas décadas del Siglo XIX. La educación pública está ligada a la soberanía nacional, a los símbolos patrios, al derecho a la educación y, actualmente, a los sectores más desfavorecidos. La escuela es una plataforma de la Patria. Es allí donde las nuevas generaciones pueden recuperar la historia y adquirir los conocimientos necesarios para construir futuros. Temas como los efectos de formas de explotación del suelo, las minas, los mares, los ríos que amenazan la vida en la tierra y, de manera local, la vida de los alumnos, docentes y sus familias, deben ser abordados en su integridad y no relegados a contenidos en un rincón del curriculum. El negacionismo ambientalista está en la misma línea ideológica que la negación de la barbarie. Restringir el conocimiento de los chicos en materia de medio ambiente es un acto profundamente antidemocrático. Lo mismo ocurre con la educación sexual integral, obligatoria por la Ley 26150/06. Evitar su aplicación, recortar los contenidos, tergiversarlos, es un ataque al derecho de toda persona al acceso a conocimiento en materia de sexualidad.

Muchas son las “deudas” relativas a aquel concepto de democracia, reducido a la forma republicana de gobierno. No obstante, muchos otros procesos económicos, sociales, culturales demandan atención para que nuestra sociedad sea más democrática. E incluso para que la “democracia” que hemos alcanzado se reafirme. La educación política de la población resulta indispensable al respecto y las instituciones educativas la tienen que incorporar, haciendo frente a los prejuicios e intereses que rechazan esa posibilidad. Estos últimos son los que, al mismo tiempo que niegan la legitimidad de la educación política, despliegan su discurso político en los ámbitos educativos. La discusión entre ambas posturas ha afectado la enseñanza de las leyes, de las normas y los derechos. Éste es un problema grave para la construcción de una sociedad democrática. No son solamente los jóvenes sino también los adultos quienes desconocen sus deberes y derechos, incluso la existencia de normas que los regulan y garantizan. El conocimiento de los propios derechos tiene efectos subjetivos importantes, permite encontrar los alcances y límites propios, y por lo tanto descubrir la ajenidad de los contenidos que nos penetran mediante la publicidad, los modelos de “normalidad” que se imponen, los límites ilegítimos al acceso a los bienes materiales y culturales.  

El derecho universal a la educación está siendo cuestionado. Aquellos que concentran la riqueza que produce toda la sociedad prefieren a esta última ordenada de manera meritrocrática. Hoy, como en casi todas las épocas, ser rico es considerado un mérito, aunque se alcance a costa de los otros y ser pobre una característica o un defecto propio. A esa ideología corresponde el establecimiento de escalas de mérito, basadas en los modelos del neoliberalismo y aplicadas a la educación. La legislación argentina vigente en materia de educación es contraria a esa concepción. La Ley de Educación Nacional (26.206/06) y numerosas leyes complementarias garantizan una educación democrática. La Ley de implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de Educación Superior (27206/15) evita el arancelamiento de las universidades e institutos públicos de educación superior, la selección meritocrática de sus ingresantes, la subordinación de la enseñanza y la investigación a intereses ajenos a la Nación y a la democracia. Este conjunto de normas constituye un programa educativo democrático que requiere aún cuantiosos esfuerzos políticos y campañas educativas para seguir desplegándose en programas específicos. En los actuales momentos preelectorales, crear conciencia sobre su importancia para las grandes mayorías es una interpelación democrática para todos aquellos que rechazan la ficticia libertad apoyada en la injusticia, que lleva consigo programas de entrenamiento que pretenden suplantar la educación.