En las últimas décadas se han producido transformaciones significativas en la vida de las mujeres, y un cuestionamiento profundo del binarismo varón/mujer que lleva a una apertura hacia géneros múltiples. Son esas corrientes de cambio las que habilitaron el paquete de leyes de avanzada que empezaron a regir en los últimos años, incluida Argentina. Pero estos cambios coexisten con formas antiguas y nuevas de desigualdades de género, que escapan a la voluntad inclusiva de políticas económicas y sociales.

Este año 2015 quedó marcado por la jornada del 3 de junio, en respuesta a una escalada de femicidios en el país, cuya consigna “Ni una menos” signó el XXX Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata los días 10, 11 y 12 de octubre. A los dos femicidios en Mar del Plata ese fin de semana, un tercero en Ramos Mejía y un cuarto en Salta, se sumó hace pocos días el asesinato en Buenos Aires de la dirigente travesti Diana Sacayán, a quien sus compañeras de activismo esperaban en el Encuentro Nacional de Mujeres. Al incremento y vitalidad del movimiento de mujeres en el país corresponde un alto y sostenido porcentaje de violencias que alcanzan su expresión máxima en el aniquilamiento de adolescentes y mujeres por parte de parejas o ex parejas. No hay respuestas ciertas a las preguntas que rondan estos episodios: ¿Hay realmente más femicidios? ¿O hay otra sensibilidad ante hechos que hasta hace pocos se subsumían en otros o eran nombrados mediante eufemismos? ¿Por qué ese odio masculino? ¿Es una manifestación de la decadencia inexorable de la lógica patriarcal, que se subleva contra transformaciones irreversibles en la condición de las mujeres? ¿O indica por el contrario la reversibilidad de las conquistas de las mujeres, la capacidad infinita del machismo para seguir manifestándose bajo antiguas o nuevas formas?

Hay una certeza: las feministas de la “segunda ola”, esto es, las que vivieron el apogeo de la contracultura de los años 60 en el Occidente desarrollado, suponían que los varones a corto o largo plazo verían ellos mismos los beneficios de una liberación de la camisa de fuerza en que los amarra la virilidad; y que las mujeres aprenderían a ejercer  entre ellas una solidaridad activa, en la que encontrarían más placeres que en las supuestas “ventajas” de la dependencia. Pero esto no fue así. Los varones no parecen encontrar un lugar claro fuera de la virilidad heredada de milenios de patriarcado, y a la ley de dominio a la que no renuncian suman un profundo resentimiento por las transformaciones que la condición de las mujeres ha registrado en las últimas décadas, introduciendo contradicciones en la hegemonía masculina hasta hace poco incuestionable. Por otra parte, hay muchas mujeres para quienes las jaulas de oro de la dependencia les resultan más soportables que las consecuencias de la transgresión.

La culminación de las violencias

Si bien es difícil encontrar expresiones, al menos públicas, complacientes ante los femicidios, un difundido “sentido común” comenta que sólo se destacan las violencias de los hombres hacia las mujeres, cuando en realidad existen también violencias en sentido opuesto. Algo muy similar al comentario inevitable en los 8 de marzo: “¿Por qué un día de la mujer? No hay ningún día para el hombre”. La tendencia es en todo caso a circunscribir los femicidios al episodio mismo, y no verlos como la culminación de un amplio continuum de violencias, cotidianas y aceptadas; lo cual implica negar la violencia implícita en múltiples conductas como el control familiar sobre la vida de las mujeres, la subestimación de sus actividades cuando no se refieren al orden doméstico y a la atención a los familiares, la suspicacia ante las mujeres que no se atienen a los roles asignados, la omisión de su voluntad en todas las instancias de la vida, desde las íntimas a las públicas. Dicho de otro modo, no hay en realidad acuerdo sobre qué significa “violencia de género”, aunque esté acabadamente descripta en la Ley 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer; concebir esa violencia en su integralidad, en todos sus avatares,  implicaría cambiar conceptos y prácticas aceptados y defendidos, o considerados tan irrelevantes que no valdría la pena ocuparse de ellos.

Hay ejemplos contundentes de estas discrepancias respecto de la noción de violencia hacia las mujeres. La presidenta Cristina Fernández en su discurso ante la ONU el 27 de septiembre, al conmemorarse los 20 años de la Conferencia sobre la Mujer en Beijing, había aludido a la persistente discriminación de las mujeres: “Es necesario romper fronteras culturales que han considerado a la mujer durante siglos un ser inferior o menos inteligente que los hombres…”. Poco tiempo después, el 14 de octubre, al entregar el premio internacional L’Oréal Unesco “Por las mujeres en la ciencia” a la científica argentina Andrea Gamarnik por sus investigaciones sobre el virus del dengue, la presidenta avaló las palabras de la científica que se refirió al XXX Encuentro Nacional de Mujeres y a la realidad de la discriminación de las mujeres también en los ámbitos científicos. Cuando se refirió a la discriminación, la presidenta fue aplaudida por las pocas mujeres que había en el público, la mayoría donde predominaban los hombres sólo aplaudió cuando ella se refirió a la discriminación que suelen practicar las mujeres entre ellas mismas.

Pero la misma presidenta no vincula en los hechos la discriminación ni otras formas de violencia, con la negativa a legalizar el aborto, por ejemplo, y en ese punto no está sola: todavía grandes sectores de población no ven como violencia la maternidad forzada, el hecho de obligar a una adolescente o a una mujer a llevar a término un embarazo no deseado. Sólo se acepta como tal la violencia de obligar a una mujer a un aborto que ella no desea ni decide (éste parece haber sido el disparador del asesinato de Chiara Páez, de 14 años, el 10 de mayo en Rufino, por su novio de 16, así como el de Julieta Mena, la joven de 23 años asesinada en Ramos Mejía el domingo 11 de octubre por su compañero, 10 años mayor). La lucha por el derecho al aborto toca una cuerda que muchos no quieren oír sonar, dado que pone en cuestión la equivalencia entre mujer y madre, equivalencia que conserva toda su fuerza en nuestra cultura, la idea de la maternidad como destino, idea cuya violencia es envuelta en su idealización como condición de la felicidad, desmentida en la realidad cotidiana, y que coexiste con tantas formas de maltrato personal e institucional a las madres de carne y hueso.

Hay otra grave cuestión que está en el aire pero es objeto de todo tipo de confusiones y tergiversaciones: se trata de la explotación de la prostitución. En un país donde la última dictadura cívico-militar recurrió entre otros crímenes a la desaparición forzada de personas, que la Argentina exitosamente llevó al seno de la ONU para que fuera reconocida como crimen de lesa humanidad, se esperaría una mayor sensibilidad a la cantidad de “desapariciones” consumadas en democracia. “Búsquedas en democracia”, un informe reciente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) junto con la ONG Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT), calcula en 3231, sobre un total de 6040 personas, las niñas, adolescentes y mujeres buscadas, esto es, cuyas “desapariciones” no han sido resueltas desde 1990 hasta 2013. La mayor parte de esas “desaparecidas” tenían entre 12 y 18 años al momento de su desaparición.

Trata y proxenitismo

Se ha difundido la consigna militante “No a la trata” como violencia admitida contra las mujeres o los géneros “feminizados” que son la presa favorita de explotación sexual; se utiliza el término “trata” con fines de explotación sexual como sinónimo de “prostitución forzada”, como si fuera la única condición en que la explotación de la prostitución sería delito, pero prácticamente no se menciona el proxenetismo. Esa distinción no es inocente: deja el camino abierto a la regulación de la prostitución y al blanqueamiento de la llamada industria del sexo, objetivo de un fuerte embate internacional, precisamente en momentos en que un país legalmente abolicionista como la Argentina empezaba a cumplir la legislación abolicionista convertida durante décadas en letra muerta: la que prohíbe la instalación de prostíbulos, en tanto sede por excelencia del lucro mediante la prostitución ajena. La empezó a cumplir la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) y su continuación, la PROTEX, a partir de la ley de trata 26 364, de 2008, que en su reformulación de diciembre de 2012 (Ley 26842) eliminó el consentimiento como relevante para el delito de trata y extendió la condición de delito a la explotación sexual.

Pero aun con esa suma de desapariciones de niñas y adolescentes, las clausuras de prostíbulos consecuencia de la detección de casos de trata son atacadas por la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR), que se autodenominan “trabajadoras sexuales”, en contraposición a las personas nucleadas en la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH), que se niegan a considerar su actividad como trabajo y se presentan como desocupadas en busca de empleos genuinos, que recurren a la prostitución para subsistir. Aunque AMMAR reivindica como su objetivo la autonomía y el carácter autogestivo de su organización, se opone al cierre de burdeles como pérdida de fuentes de “trabajo” para otras mujeres que no pasaron por procedimientos de trata. Lo que significa de hecho considerar que el proxenetismo es una actividad lícita, a pesar de que resulta inseparable de la trata.

La imposición de la fórmula “trabajador/a sexual” para designar a quienes ejercen la prostitución, una imposición de un fuerte lobby internacional que financia generosamente en todo el mundo a las agrupaciones que se pliegan a ese concepto, significa el blanqueamiento de la explotación de la prostitución como una empresa entre otras.

La regulación de la prostitución, al abrigo del lobby internacional y de las corrientes académicas que la promueven, se ha convertido en la Argentina en insignia de “progresismo” y de actualización de las mentalidades, y gana terreno en la opinión pública, encantada de que nadie toque los prostíbulos, y de que el recurso a la prostitución se mantenga en la discreción, excluyendo la prostitución callejera. Nadie parecería ver la paradoja de que una actividad tan encomiable y lícita deba permanecer oculta. Ni la paradoja del hincapié en respetar la vocación prostibularia de las mujeres y adolescentes en momentos en que los secuestros se suman a las múltiples formas más sutiles de reclutamiento que siempre han desplegado las redes de explotación de la prostitución. La defensa del proxenetismo arropada en un discurso de “derechos” (derecho del consumidor a ejercer de ese modo su sexualidad, derecho de cada persona a elegir voluntariamente la prostitución como “oficio”), parece partir de que la institución de la prostitución, uno de los negocios más rentables del planeta, podría sostenerse sobre la base de la libre voluntad de un puñado de personas. En realidad es una consecuencia directa de la hegemonía mundial del neoliberalismo, con su invasión del mercantilismo en todas las áreas de la vida, y con su concepción contractualista que llega a promover en sus vertientes más extrema “pactos de esclavitud voluntaria”. Así es como la prostitución organizada, una institución puntal del patriarcado, paradigma de la desigualdad de género, es presentada como ejercicio de libertad y como conducta insurgente, cooptando los desarrollos de la cultura de los derechos humanos y del feminismo.

Pantalla chica y campañas electorales

Otro termómetro ha sido la campaña electoral, donde la fuerza de las circunstancias ha obligado a los candidatos presidenciales a referirse a la “violencia de género” como una cuestión para la que ya tienen preparadas todas las soluciones, el modo más contundente de demostrar que no saben de qué están hablando. Sergio Massa (FR) subsume delitos como la violencia física o las violaciones en su prédica securitaria, que incluye el ingreso de fuerzas militares en los barrios marginales. Con la misma ligereza con que remeda el discurso peronista sobre la justicia social, y hasta levanta los brazos como Perón, Mauricio Macri (Pro) promete soluciones a la violencia de género “como lo hicimos en la Ciudad”, pero en la Ciudad no solo no dio ninguna, sino que debilitó lo logrado por las gestiones anteriores, a fuerza de recortes presupuestarios y desmantelamiento de programas sociales. Daniel Scioli (FpV) se refería al tema con una retórica papal: “Quien ataca a la mujer ataca al corazón de la sociedad”, pero el Vaticano es una de las instituciones más opuestas a los derechos de las mujeres.

Acorde con una lógica persistente, según la cual cuanto más lejos se está del poder real se defienden con más énfasis los derechos de las mujeres todavía a conquistar, candidatos como Margarita Stolbizer, de Progresistas, y Nicolás del Caño,del Frente de Izquierda, se presentaron en sus campañas como fuerzas que escuchan los reclamos, en el caso del FIT mediante una defensa explícita del derecho al aborto.

Un caso aparte es Adolfo Rodríguez Saa: ni menciona los derechos de las mujeres, tal vez porque en la utopía social alcanzada por la provincia de San Luis la discriminación y la violencia son detalles ya superados.

Dado el escenario del ballotage entre el Frente para la Victoria y el frente Cambiemos para el 22 de noviembre, parece difícil que las respectivas campañas actualicen las cuestiones de género, teniendo en cuenta el carácter profundamente conservador y aun policíaco de la tercera fuerza, el Frente Renovador, cuya adhesión buscarán ambos candidatos.

La conducta de los candidatos, sus ligerezas y omisiones, tal vez no sean tan importantes en sí mismas, sino como indicios de la respuesta social. La dirigencia política es responsable, sí, de las prioridades que establece y de las cuestiones que desplaza a planos secundarios, pero en buena parte sus conductas reflejan las prioridades de la opinión pública, dado que las campañas electorales giran en torno a la disputa por el favor y la aceptación de sectores numerosos de la población. El hecho de que la discriminación sexual, la maternidad, el ejercicio de la prostitución, cuestiones básicas que hacen a la vida cotidiana de la mitad de la población del país, no merezcan un tratamiento más preciso y profundo, está indicando que tampoco ocupan un lugar significativo en las expectativas de los votantes.

Las tres últimas gestiones presidenciales avanzaron en el terreno de la igualdad, a través de la presencia de mujeres en altos cargos políticos (empezando por la presidencia de la Nación) y en instancias de formación y de profesiones que escapan a la división tradicional de roles sexuales. También a través de un conjunto de leyes de avanzada, que aparecen por delante de las prácticas sociales. La presidenta acierta al decir que “soñar con la igualdad de género en un país inequitativo, en un país con grandes brechas sociales, es simplemente retórica o ilusión. Por eso hemos desarrollado un fuerte proceso de inclusión social que ha traído aparejado también obviamente la mayor oportunidad de igualdad para la mujer…”. Pero ella misma reconoce que hay algo más en la desigualdad de género, un núcleo profundo que no ha sido alcanzado todavía: “…por fuera de la discriminación política, económica y social persiste fuertemente en todas las sociedades una discriminación cultural hacia la mujer.” Cuando la presidenta dice “cultural” alude a la batalla primordial, la más ardua, la que todavía hay que dar. Esa es la batalla que nos espera, la más opuesta a la lógica militar, la más sutil, la fundamental.